Karina Milei decidió en la reunión de la mesa política de la semana pasada que viajará a Chaco para ser la figura principal del oficialismo en una cumbre con gobernadores del Norte, todos preocupados por el riesgo inminente de las crecidas por el fenómeno climatológico de El Niño. Será una de las apariciones con jefes provinciales que se suma a otras que ya tuvo y que la consolidan en un rol más proactivo desde lo político, incluso con figuras de la oposición dialoguista.

“Me parece que lo que comunica esto es que hay actores al interior del oficialismo que saben que toda la decisión política que ocurre acá fluye por ella. Y eso se transmite en miembros de la oposición, que ven que por ahí tiene que ser el diálogo fundamental”, afirma una fuente inobjetable del Gobierno a Infobae.

Las visiones en el oficialismo varían según a quién se le consulte. Cerca de la Secretaría General de la Presidencia opinan que su rol con los gobernadores comenzó a tomar una preponderancia aun más relevante que en tiempos anteriores.

Quienes opinan de esta manera alegan que es una cuestión lógica. En la medida que fue ganando poder político al interior del esquema decisorio del gobierno, eso tuvo una correlación con una colonización en áreas clave en las cuales los gobernadores miran con atención.

Ya no fue solo la Presidencia de la Cámara de Diputados (con Martín Menem a la cabeza) o del partido nacional de La Libertad Avanza (con Lule Menem como armador territorial), sino que aquello se le sumó la Jefatura de Gabinete, ahora con Diego Santilli como un funcionario más activo y con más muñeca que la que tenía Manuel Adorni. No es menor el interés que genera en las gobernaciones las selecciones que pueda llegar a hacer el Ministerio de Justicia, con Juan Bautista Mahiques como responsable, sobre las vacantes de jueces y fiscales federales de diferentes provincias.

“Ella es la cabeza política y nosotros somos los implementos”, indicó uno de ellos a Infobae.

Pero también hay alfiles de responden a ella que juegan un rol silencioso en esa interlocución. Un ejemplo es lo que sucede en el Banco Nación: su presidente, Darío Wasserman, fue junto al Directorio días atrás a Catamarca para participar en un encuentro con el gobernador Raúl Jalil, al que las dos partes caracterizaron de muy productivo: ratificaron que el BNA que se accederá a una tasa preferencial para el acceso al crédito y que seguirá vigente el Marcatón, programa único a nivel nacional con la entidad. En efectos prácticos, el BNA funciona como un mecanismo más para realizar políticas proactivas. Hoy por la mañana se conoció que Javier Lanari, exsecretario de Comunicación y Prensa, fue designado como director del banco. Fue una decisión que provino de los Milei.

Hay quienes no creen que la hermana presidencial tenga mayor intención de participar en el diálogo con los gobernadores, sino que era algo que ya estaba presente. “Desde siempre ella participó, no es novedoso para mi punto de vista”, afirma una de sus personas de mayor confianza.

Justifica esa visión en encuentros con gobernadores como los que ella tuvo en años anteriores. Un ejemplo es el viaje que realizó en abril de 2024 a la provincia de Salta en donde fue recibida por Gustavo Sáenz y se hablaron de las necesidades que tenía la gobernación en materia de políticas y fondos nacionales. No son pocos los que recuerdan un encuentro que Karina, Lule y Santilli recibieron a Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Se la bautizó como la primera edición de la mesa electoral para 2027.

“Puede que después de la elección pasada se le preste otra atención a sus actividades. De cualquier manera, definitivamente es representativo que esté en reuniones. Es la que conduce la mesa política”, marcan desde su riñón.

Hay novedades para esta semana que abona a la visión de que Karina está cada vez más abocada en asuntos relativos a los gobernadores. Además de presidir la reunión de la mesa política esta tarde, Karina también estará este miércoles al mediodía junto a Santilli para presidir un acto para la firma del convenio para el traspaso de obras viales de la Nación a la Provincia de Santa Fe, junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

Ese distrito subnacional es uno de los cinco que recibió transferencias discrecionales en el último mes por decisión de Santilli, quien comienza a configurarse como un formulador claro de la estrategia del karinismo en el diálogo con las provincias, con más autonomía que en otras épocas. Un informe de la consultora Politikon Chaco marca que en las dos primeras semanas del mes el Ministerio de Economía de la Nación distribuyó $5.000 a Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. Jujuy tiene un ATN devengado por el mismo monto que todavía no fue abonado.

El encuentro con Pullaro y el viaje a Resistencia que tendrá lugar en la primera semana de agosto vienen a instalar, posiblemente, una nueva dinámica. Todavía no se sabe si Karina y su hermano irán en los próximos días a la Fiesta Nacional del Poncho que se realiza en Catamarca. El Presidente solo espera la venia de su hermana, según indica en privado. A priori, se espera que Santilli asista.

El jefe de Gabinete recibió ayer por la tarde al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en donde analizaron la agenda política-legislativa a nivel nacional. Entre otros temas, el ministro coordinador y el gobernador conversaron sobre la importancia de que Nación otorgue aval a la provincia de Corrientes para las obras para el puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión.

14 de octubre de 202303:057‘minutos de lectura

La casa no es una casa. Es la mansión de Tony Montana. O un trasatlántico acorde a los gustos del protagonista de “Scarface”, encallado en el corazón del conurbano bonaerense. Una mole blanca con mármoles rosados de casi 750 metros cuadrados cubiertos, 8 ambientes, 5 baños, una habitación antipánico, parque, quincho, pileta, barras, hidromasaje y mil chirimbolos más que no ocultan una verdad a gritos y una leyenda que corre en susurros. ¿La verdad? La casa figura a nombre de familiares de Jesica Cirio, a los que la Justicia investiga como presuntos testaferros de Martín Insaurralde en una megacausa por lavado de activos por cerca de US$100 millones. ¿La leyenda? Que la compró, por US$1.800.000, uno de los políticos más encumbrados de la provincia de Buenos Aires.

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La casa queda en la calle José María Penna al 1700 de Banfield Oeste, a 15 cuadras de la estación y a 17 kilómetros al sur del Obelisco porteño. Sobresale como una ballena blanca en el barrio de clase media que ve con malos ojos a sus moradores. Por sus hábitos de nuevos ricos, por sus horarios exóticos, por sus movimientos sigilosos en camionetas negras con vidrios polarizados y porque exudan poder, aunque se esfumaron, cuentan los vecinos, desde que estalló el escándalo del yate “Bandido”.

¿Quiénes figuran como dueños de la casa que no es una casa? En el Registro de la Propiedad Inmueble provincial aparecen los Ferrante, según cotejó . Él es Andrés Ferrante, 65 años y otrora dueño de “París”, un boliche icónico de Lomas de Zamora, que en 2016 fue condenado a 5 años de prisión por “lesiones graves calificadas por el vínculo y el ensañamiento” contra su pareja. Y ella es su hija, Priscila Daiana Ferrante. Con 33 años y abocada a los servicios de entretenimiento, Jesica Cirio la presentó en varios reportajes como su sobrina y en otros apareció como su prima, mientras que en su cuenta de Instagram la anunció como la madrina de su hija con Insaurralde. En entrevistas a revistas del corazón de hace una década, la joven Ferrante contó que conocía a Insaurralde desde chica y que fue quien se lo presentó a Cirio.

Pero más importante que el parentesco y las relaciones sociales es un expediente penal: la Justicia federal la investiga a Priscila como presunta testaferro del ahora exjefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof, confirmaron fuentes judiciales.

El expediente judicial resulta demasiado incómodo para demasiadas personas. La tiene el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y se centra en una presunta asociación ilícita abocada al lavado de activos de la corrupción y otros delitos como la intermediación financiera no autorizada por el Banco Central (BCRA). Sus ramificaciones son explosivas. Hay testigos e imputados que señalan al supuesto jefe de la banda, Heber Ariel Russo, que es o fue pareja de Priscilla, como testaferro de Insaurralde; aunque las derivaciones llegan hasta el entonces gobernador Daniel Scioli, al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y de manera más larvada, al candidato a presidente Sergio Massa.

La investigación, sin embargo, se dividió en tramos. El juez Armella ya remitió el primer tramo a los tribunales federales de La Plata para que 28 acusados afronten un juicio oral. Los procesó tras encontrar evidencias de que habrían evadido más de $4000 millones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a mediados de la década pasada, por lo que el monto bajo sospecha superaría los US$100 millones, bajo el mando de Heber Russo y Claudio Gómez, dueños en los papeles de dos constructoras: CFS Construcciones y Construcciones Viales.

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Durante años, Russo y Gómez se dieron la gran vida. El hombre vinculado a Priscila compró al menos 77 propiedades, entre las que figuran campos, chalets en Pinamar, pisos en Puerto Madero y dos departamentos en Miami, además de más de 200 rodados que incluyen autos, camiones y motos, sin contar ocho embarcaciones, joyas y montañas de dinero en efectivo.

¿Cuál era la fachada de Russo? Ser empresario. Pero en la práctica, según reconstruyó la AFIP en tiempos de Alberto Abad, era prestamista y “panadero”, además de presunto testaferro. Pero no amasaba pan, ni horneaba medialunas. Operaba una usina de facturas truchas –“panaderías”, en la jerga de los sabuesos tributarios–, que ayudó a evadir a más de 3500 contribuyentes. Desde clubes de fútbol y grandes empresas, hasta al sindicato de camioneros de Hugo Moyano y al contador de Daniel “Tano Angelici”, entre otros.

Tras la denuncia de la AFIP, la investigación judicial abarcó a decenas de sospechosos y abordó también las actividades del presunto lavado de activos, que también provendrían de supuestas actividades ilícitas que podrían llegar hasta las orillas de Scioli, Ishii, Massa y, por sobre todos, de Insaurralde en sus tiempos de intendente de Lomas de Zamora.

Esas presunciones quedaron plasmadas en el expediente, según reconstruyó . Escuchas telefónicas, testigos e incluso imputados esbozaron para quiénes trabajaría Russo, lo que él negó durante sus indagatorias. Negó conocer a Insaurralde o a Scioli, y negó haber puesto bienes a nombre de Priscila, quien también aparece vinculada a una sociedad comercial en el extranjero: Muriel LLP, del Reino Unido, según corroboró . Russo, en tanto, sí admitió que le compró un auto a Jesica Cirio que no declaró ante el fisco, pero negó que uno de los campos que regenteaba fuera, en realidad, del luego jefe de Gabinete de Kicillof.

Las sospechas sobre el ida y vuelta entre la banda y la dirigencia política son más amplias. Los investigadores sospechan que algunos involucrados, como Gómez, quien se presentaba como asesor de Unidad Ciudadana y era invitado a los actos de Cristina Fernández de Kirchner, podrían haberse reunido con una frecuencia de una o hasta dos veces al mes con miembros de los entornos de Massa e Ishii. Pero eso integra el segundo tramo de la investigación judicial, que también abarca a Priscila, y que Armella todavía mantiene en su Juzgado.

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Cuadrillas municipales

Mientras tanto, la casa que no es una casa muestra hoy una quietud llamativa. Cuentan los vecinos que las cuadrillas municipales entraban y salían del lote como si fuera un edificio público más que una propiedad privada. Pero que desaparecieron cuando estalló el escándalo de Insaurralde a bordo del yate “Bandido” con la escort Sofía Clerici. Esos mismos vecinos chismorrean que hace unas semanas los Ferrante vendieron la casa en US$1,8 millón. En el Registro Propiedad Inmueble provincial, sin embargo, el dato es inamovible: la casa que no es una casa sigue a nombre de los Ferrante.

En los tribunales federales de La Plata, mientas tanto, se registraron ya dos intentos por evitar el juicio oral. Primero con unas probations; luego con un juicio abreviado. Pero no prosperaron. Ahora hay un ida y vuelta sobre cuál es el tribunal oral que deberá quedarse con el expediente y llevar adelante el juicio oral. Mientras tanto, Heber Russo, quien pasó una temporada en el penal de Ezeiza tras un año prófugo, calla y espera. La sobrina de Cirio, también.

Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política

Este jueves por la mañana, Kueider y su pareja Iara Guinsel volverán a ser llevados al Palacio de Justicia de Asunción. De allí salieron la semana pasada con una sentencia en contra. El exlegislador recibió dos años. Ella, un año y 10 días. Fue por haber intentado ingresar a Paraguay con USD 200 mil sin declarar.

El exrepresentante de Entre Ríos en el Senado estará frente a frente con una cara conocida. Se trata del juez de Garantías Humberto Otazú. Fue quien llevó adelante la primera etapa del caso por contrabando. El magistrado tiene ahora la causa por lavado de activos en contra de Kueider y Guinsel.

Ambos están imputados por ese delito debido a la compra de seis departamentos con sus cocheras. Los inmuebles están en un edificio de lujo ubicado en el centro de Asunción. La sospecha de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez es que fueron adquiridos con “dinero de procedencia ilícita”.

Las funcionarias judiciales entienden que el exsenador y su pareja compraron las unidades en el edificio Innova Las Mercedes, con plata negra introducida por ellos al circuito financiero y comercial de Paraguay. Dos ciudadanos del país vecino aparecen como posibles testaferros. Son los presuntos titulares de la empresa Golsur, firma que adquirió los departamentos. Los inmuebles quedaron embargados por orden de la Justicia.

En esta etapa, el juez Otazú deberá definir la imposición de medidas para Kueider y Guinsel. Ambos permanecen en prisión domiciliaria y con tobillera por decisión del mismo magistrado en los comienzos de la causa por contrabando. La resolución se prorrogó en la condena. Rolando Duarte, el juez que tramita el juicio de extradición a la Argentina del ex senador, también ordenó esas medidas en su momento.

Si Otazú considera que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, el exlegislador no tendrá que mudarse a un calabozo. Hoy por hoy está alojado en un departamento de un barrio de Asunción.

La jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, fue quien pidió que Kueider sea extraditado. La magistrada argentina también lo investiga por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la mira hay una maniobra similar a la registrada en Paraguay. El uso de una sociedad fantasma, con testaferros al frente, con la que se compraron departamentos de lujo en un edificio en Entre Ríos.

La audiencia con Otazú debía realizarse el pasado miércoles 15 de julio. Por pedido de las defensas, Otazú decidió reprogramar para el jueves 23. Los abogados Carlos Arévalos Giret y Marcelo Bogado, que patrocinan a Kueider y Guinsel, lo solicitaron debido a la superposición de audiencias en otras causas judiciales.

La causa

El exsenador y su actual pareja fueron imputados en Paraguay durante junio por lavado de activos. Según cuál sea la calificación legal que determine la Fiscalía del país vecino, las penas podrían ir de los 5 a los 10 años.

En el centro de la investigación se encuentran los inmuebles localizados en el edificio Innova Las Mercedes. El complejo de lujo se ubica en la avenida General Santos esquina Marco de Brix en Asunción. Uno de los departamentos es la unidad “G” en el séptimo piso, tiene dos dormitorios y dos baños. Se suman cinco con una habitación y un sanitario. Dos en el sexto (“C” y “D”) y otros tantos en el segundo (“B” y “C”). El último está en el primer piso “B”.

La Justicia decretó además la prohibición de innovar y contratar sobre estas unidades. “Las agentes fiscales intervinientes solicitan la medida en la necesidad de asegurar, salvaguardar y/o garantizar la reparación del presumible perjuicio ocasionado”, marcó el juez Rodrígo Estigarríbia en su resolución, fechada el miércoles 24 de junio.

Luego, puntualizó que el circuito de operaciones bajo investigación se habría instrumentado mediante la utilización de la firma Golsur S.A. “como estructura de fachada, caracterizado por la recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería de forma original a “los imputados extranjeros -Kueider y Guinsel- pero colocados a nombre de la citada razón social con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”.

“La descripción del mecanismo utilizado, así como el volumen de las transacciones, permiten inferir razonablemente una relación directa entre los inmuebles cuya afectación se pretende y los encausados”, agregó el juez. Esto “torna verosímil la hipótesis fiscal en cuanto a la utilización de dicha ingeniería jurídica y patrimonial como instrumento para la comisión del hecho punible o como receptores de sus efectos económicos”.

En la maniobra también están comprometidos e imputados dos paraguayos: Amado Torales Banega y José Fermando Courisat. Ellos aparecieron como dueños de Golsur cinco meses antes del 4 de diciembre de 2024. Ese día, el exsenador argentino fue detenido con USD 200 mil sin declarar en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad.

Habían comprado la empresa a Pedro Roure y María Fernando Sbrocca. A mediados de diciembre, le firmaron un poder plenipotenciario a Guinsel para que manejara Golsur a su antojo. Ese es el principal elemento para sostener la hipótesis de que podrían ser testaferros. La empresa tenía domicilio en un hotel.