POLITICA
El oficialismo en Diputados acelera el tratamiento para las leyes de Lobby y super-RIGI: busca llevarlas al recinto antes de fin de mes
Este miércoles, la Cámara de Diputados retomará los tratamientos de los proyectos que interesan a la Casa Rosada, el nuevo super-RIGI y la novedosa ley de Lobby. Dos iniciativas que La Libertad Avanza planifica dictaminar y llevar al recinto en una sesión prevista para el cierre de este mes, posiblemente el 24 de junio.
Los proyectos ya tuvieron sus primeros plenarios la semana pasada, allí quedó claro que hay propuestas alternativas desde los diferentes sectores políticos. Martín Menem, jefe de los Diputados, ya tuvo una reunión con los legisladores dialoguistas y programa una sesión con un amplio temario que incluya, de ser posible estas dos propuestas.
“Comenzó junio y la actividad será muy intensa”, dijo la diputada libertaria Silvana Giudici, quien nombró los proyectos que están en plena discusión en ambas cámaras legislativas. “El super-RIGI apunta a atraer inversiones en el sector tecnológico se complementa con el Régimen del RIGI que ya lleva exportado más de 10.000 millones de dólares”, aclaró Giudici.
Ley de Lobby
En el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, el director de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marías, destacó que desde el año 2003 a la fecha se presentaron 29 proyectos para regular el lobby, “abarcando prácticamente todo el arco político”.
Este miércoles habrá otra reunión informativa con representantes de ONG’s, asociaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias.
La iniciativa del Poder Ejecutivo sostiene que el Lobby es una actividad legítima y presentan la iniciativa como un “Régimen de Gestión de Intereses destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales”.
Entre las actividades alcanzadas figuran la elaboración, aprobación, modificación o derogación de leyes, actos administrativos y políticas públicas; procedimientos de contratación estatal; concesiones, permisos, licencias y habilitaciones; además de la asignación o modificación de partidas presupuestarias, subsidios, beneficios fiscales o regímenes promocionales.
El proyecto prevé además la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, de acceso abierto, destinado a identificar a las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividades de lobby ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La oposición cuestioní la ley de Lobby del oficialismo y presentó proyectos propios
En relación a la propuesta sobre ley de Lobby, el diputado del peronismo Sebastián Galmarini cuestionó: “Es más humo que otra cosa, tenemos una contraoferta con la propuesta de una regulación integral, que incluya a los tres poderes del estado y a la autoridad de aplicación autónoma, que esté en manos de la oposición”.
El proyecto de Unión por la Patria (UxP) propone la creación del Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública, un marco integral que alcanzará a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público, buscando reemplazar la lógica exclusivamente reactiva frente a los hechos de corrupción por un modelo preventivo, basado en políticas públicas de integridad, mecanismos de detección temprana, transparencia activa y rendición de cuentas. El proyecto establece que el nuevo sistema estará integrado por instituciones, procedimientos y herramientas destinadas a prevenir, detectar y sancionar irregularidades en el Sector Público Nacional.
Crea, además, el Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales y de Intereses, orientado a prevenir conflictos de intereses y aumentar la transparencia de la función pública, debiendo incluir información patrimonial detallada, antecedentes laborales, participaciones societarias, vínculos de interés y posibles incompatibilidades. Con acceso público mediante plataformas digitales y formatos abiertos.
También, entre otros puntos, imponiendo limitaciones a quienes abandonen cargos públicos para desempeñarse en empresas o actividades vinculadas con las áreas que regulaban o supervisaban desde el Estado.
Lee También: La decisión de Bullrich que inquieta a Milei, la encrucijada de Adorni y los candidatos sorpresa para 2027
Otro proyecto presentado fue el de Miguel Pichetto: “En la Argentina hay una característica que se repite, que es el tema de la gestión de negocios, especialmente los vinculados con el Estado”.
El diputado de Encuentro Federal expresó: ”La figura del lobista o cabildero al estilo americano tiene que tener transparencia, tiene que estar individualizada y, fundamentalmente, tiene que saberse qué intereses representa”.
Además, explicó cuál es la principal crítica al proyecto oficial: “El Poder Ejecutivo no lo define como lobby. Usa un mensaje medio ambiguo en el título de la ley: ‘Transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.
Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente, invitaron, además, a los exdiputados que presentaron iniciativas, ya que no es un debate nuevo que llega al Congreso. Entre los participantes estuvo Oscar Agost Carreño.
“La gestión de intereses existe siempre en la política. No hay que prohibirlo ni demonizarlo. Acá constantemente hablamos de lobby: fue una palabra que utilizamos mucho en el caso Libra, con los octógonos, con el tema del tabaco, con energía, minería y también en la Ley Bases, donde había muchos intereses cruzados”, dijo el exlegislador por Córdoba.
Mientras que Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), le dijo a TN: “Es importante que el Gobierno asuma la agenda de fortalecimiento institucional porque no hay un plan económico que pueda funcionar si no hay instituciones fuertes, dicho por los propios economistas del mundo. En el ecosistema de leyes institucionales, como la Ley de Acceso a la Información Pública, es importante debatir una ley que regule la actividad del lobby que hoy existe”.
Super-RIGI
Las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, lideradas por Bertie Benegas Lynch, jefe del plenario, quien ya citó para este miércoles a las 11 a un nuevo encuentro informativo con invitados.
La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversion llega a US$1000 millones.
Con este nuevo régimen, el Ejecutivo busca promover el desarrollo económico; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios y favorecer la creación de empleo. Además, apunta a coordinar el trabajo entre el Estado, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales y fortalecer las cadenas de producción locales vinculadas a estos proyectos.
Diputados, debates, Martín Menem
POLITICA
Elisa Carrió cuestionó a Javier Milei y analizó la interna con Patricia Bullrich: “Ella busca el poder”
Elisa Carrió volvió a marcar distancia del gobierno de Javier Milei y se refirió a las diferencias que comenzaron a hacerse visibles entre el Presidente y Patricia Bullrich. En una entrevista con Radio con Vos, la dirigente de la Coalición Cívica reconoció las cualidades personales de la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, aunque describió su perfil político con una definición contundente: “Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”.
La exdiputada se expresó sobre la posibilidad de que Bullrich esté construyendo un proyecto propio y eventualmente tome distancia del oficialismo. “Ella es así y lo fue siempre”, sostuvo en diálogo con Lorena Maciel, en el programa Futuro Imperfecto. Para explicar esa característica, recordó un episodio de la etapa en que compartieron espacio político: después de una derrota electoral, Bullrich le manifestó que quería sumarse al sector de Mauricio Macri.
“Me dijo: ‘Quiero que me echen, Lilita, porque me quiero ir con Macri’”, relató Carrió. Según contó, su respuesta fue: “Bueno, querida, arreglá con Adriana. Al final se fueron los dos”.
Aunque destacó la lealtad que Bullrich tuvo con ella, la dirigente aclaró que esa valoración no significa que acompañe electoralmente al partido gobernante. “Que yo diga que Patricia es buena no quiere decir que voy a votar a La Libertad Avanza”, afirmó. Y fue tajante al referirse al jefe de Estado: “Jamás votaría a Milei”.
POLITICA
Para el mercado, el Gobierno deberá revisar su plan financiero para afrontar los pagos de deuda de 2027
En el mercado se instaló un consenso: el programa financiero que el Gobierno presentó en julio pasado para atravesar el año electoral quedó obsoleto. Los supuestos sobre cuántos dólares iba a conseguir el Tesoro y con cuántas reservas iba a arrancar 2027 no se cumplieron en su totalidad y esa certeza se convirtió en un nerviosismo que se refleja en el precio de los bonos argentinos.
El riesgo país —el indicador que mide la sobretasa que exigen los inversores para prestarle a la Argentina en lugar de a Estados Unidos— cerró el viernes en 830 puntos básicos. Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció su plan, rondaba los 400 puntos, el nivel más bajo del año. En cuatro meses se duplicó, con un pico de 939 puntos el 6 de este mes.
Hubo factores externos que empujaron, como el triunfo de Luiz Lula da Silva en Brasil y la victoria demócrata en las elecciones en Estados Unidos. Pero el ruido principal es local. “Se había planificado un programa financiero que parecía muy razonable hace tres meses”, dijo la semana pasada Fernando Sedano, de Morgan Stanley, para quien ese esquema “quedó un poco obsoleto”.
El plan suponía que el Tesoro conseguiría US$6000 millones este año con la colocación de bonos en dólares bajo ley local y otros US$5000 millones en 2027. Sin embargo, desde agosto no se coloca el AO29, el título con el que se buscaba completar esa meta, y todavía faltan unos US$800 millones para alcanzarla, según la consultora Invecq. Con el riesgo país en estos niveles, salir a buscar ese financiamiento es bastante más caro.
El otro supuesto que quedó lejos es el de la caja. El programa preveía que el Tesoro cerraría el año con US$3700 millones depositados en su cuenta del Banco Central, un colchón para empezar 2027 con más margen. Hoy esos depósitos están en US$59 millones después del último pago de intereses al FMI. Y en enero llega un vencimiento de unos US$4500 millones con los tenedores de bonos.
Las privatizaciones, otra fuente de dólares del plan, también avanzan más lento. Antes de presentar el programa, el Gobierno ya había obtenido US$707 millones con cuatro hidroeléctricas del Comahue y US$356 millones con la venta de su participación en Transener. En julio, calculaba que ingresarían US$800 millones este año y US$1500 millones en 2027. Desde entonces, la mejor oferta por AySA fue de US$340 millones, por debajo de los US$450 millones que esperaba Economía. El resto de las licitaciones, como las de AMBA I, el Belgrano Cargas y las centrales eléctricas, se atrasaron.
En el mercado nadie pone en duda el compromiso del Gobierno de pagar sus deudas. Lo que se discute es de dónde saldrán los dólares para hacerlo. Según Sedano, el país necesitará conseguir al menos US$10.000 millones durante 2027. Los funcionarios, contó el economista, le aseguraron que el programa “ya está cerrado” y que hay fuentes alternativas de financiamiento. “Si eso es así, es un problema menos”, señaló.
Consultados por , en el Ministerio de Economía no respondieron si planean presentar un nuevo programa financiero.
Vencimientos concentrados
La Argentina no tiene un problema grande de deuda. Según datos oficiales, esta representa menos del 70% del PBI. La dificultad está en el calendario. En 2027, entre el Tesoro y el Banco Central deberán pagar US$21.300 millones en moneda extranjera a privados y al FMI, y US$27.700 millones en 2028. Y el país todavía no recuperó el acceso al mercado internacional de crédito, uno de los objetivos que se había planteado el Gobierno al asumir.
Tampoco queda margen del lado del FMI. El organismo ya le prestó a la Argentina más de US$57.000 millones y el país es su principal deudor. En julio último, durante su visita, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, dijo que no veía necesario que la Argentina pidiera financiamiento adicional. Por eso, si el Tesoro no vuelve a colocar bonos en el mercado local, la variable de ajuste serán las compras de dólares al Banco Central. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), en ese escenario deberían pasar de los US$4900 millones previstos en el programa a US$13.100 millones.
A todo eso se suma la dolarización de los ahorristas. Según cálculos del mercado, en 2027 las personas comprarían unos US$2600 millones por mes, lo que daría US$32.000 millones en el año electoral. La referencia es lo que ya ocurre sin elecciones de por medio. En agosto, las personas compraron US$2853 millones en billetes y en septiembre, US$2896 millones, según el Balance Cambiario del Banco Central. Es una demanda que compite con el Tesoro por los mismos dólares.
Para el expresidente del Banco Central Martín Redrado, lo ideal hubiera sido salir a buscar financiamiento afuera a principios de julio, cuando el riesgo país estaba en torno de los 400 puntos. “Se perdió esa oportunidad”, dijo.
Lo llamativo es que, mientras el riesgo país se duplicó, el dólar casi no se movió. El oficial minorista se mantiene en $1570 en el Banco Nación y en lo que va del año subió apenas 6,1%, frente a una inflación acumulada de 26,3%.
Desde la consultora 1816, en tanto, señalaron que no es habitual que los bonos y el dólar vayan por caminos tan distintos. Una de las explicaciones es que quienes venden bonos argentinos son, sobre todo, inversores extranjeros que operan desde Wall Street, y esos dólares no pasan por el mercado local.
La otra explicación está en el Banco Central. En lo que va del año, compró más de US$16.000 millones en el mercado de cambios para engrosar las reservas y, al mismo tiempo, mantuvo bajo control la cantidad de pesos en la calle, lo que dejó menos margen para que los ahorristas se pasaran al dólar. Pero en lo que va de noviembre el ritmo de compras se frenó.
Para Invecq, la clave de las próximas semanas será la respuesta del equipo económico. Mientras dure la incertidumbre electoral, advirtió la consultora, los inversores seguirán pidiendo un premio para prestarle a la Argentina más allá de 2027.
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POLITICA
El Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios para continuar con el cierre de la ex obra social de las FFAA
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que afronta una grave crisis financiera en los últimos años, puso en marcha un régimen de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente que prestan tareas en ese organismo. Es una decisión que avanza con la “motosierra” y liquidación de la estructura que desde 2013 funcionaba como obra social de los militares y de sus familiares.
La medida, que se publicó hoy en el Boletín Oficial a través de la Disposición 721/2026, ofrece a los empleados públicos una “gratificación” de hasta 30 sueldos y seis meses de cobertura médica para el grupo familiar como compensación por la desvinculación, según l edad, antigüedad y situación jubilatoria. El régimen para solicitar el retiro estará abierto por una ventana estrecha de tiempo, entre el 12 y 26 de noviembre, sin posibilidad de prórroga.
La expectativa del Gobierno es que una dotación menor de agentes sea transferida a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), el nuevo organismo que absorberá las funciones de IOSFA. El instituto emplea un personal de 2.450 personas, abarcando todo tipo de contrataciones, según los últimos datos oficiales.
El plan también apunta a desvincular a los trabajadores próximos a jubilarse y sin aportes suficientes. Para ese grupo, “ofrece una alternativa de prestación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta, con continuidad de aportes previsionales y de obra social, por hasta 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios”, señalaron fuentes oficiales.
La decisión se oficializó en el marco del proceso de liquidación y cierre de IOSFA, dispuesto por los DNU 88/2026 y 1286/2026 firmados por el presidente Javier Milei y el gabinete. Ambos decretos reestructuraron el área y crearon la OSFA para cubrir a ese personal, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad para Gendarmería Nacional y Prefectura Naval (OSFFESEG).
La estructura de OSFA busca financiar apenas 8% de sus recursos en gastos administrativos y de funcionamiento, mientras que el resto de las partidas tendrían como destino la atención sanitaria y provisión de medicamentos de los 325 mil afiliados de la institución. Antes de la reestructuración, IOSFA atendía a 550.000 afiliados, que incluía a las familias de prefectos y gendarmes que quedaron bajo la órbita de OSFFESEG.
El nuevo plan de desvinculaciones involucra un régimen específico para su personal de planta permanente de la institución, por tratarse de un organismo descentralizado que no le comprende el régimen general del Estado nacional.
Como ocurrió con otros organismos, y ante el anuncio de cierre, los trabajadores de IOSFA vienen siendo empujados por el Gobierno a terminar con su vínculo laboral. Quien está a cargo de esa tarea operativa es el administrador del IOSFA en liquidación, Gonzalo Secchi.
Secchi también está al frente del saneamiento de la entidad atravesada por deudas con prestadores, reclamos por atención médica y conflictos en farmacias, hoteles y residencias bajo su administración.
Con el decreto 1286/2026, la gestión libertaria definió que el personal no sea transferido de forma automática a la OSFA. De esta forma, el retiro voluntario impulsa las desvinculaciones, ante el panorama incierto de quienes permanecerán y quienes no en la nueva prestadora de salud. Según informaron desde el organismo, las oficinas de RRHH ya está recibiendo consultas e iniciando gestiones de personas interesadas en finalizar su vínculo.
Accediendo al retiro, los empleados podrán gozar de una gratificación de pago único en una cuota si las sumas indemnizatorias no exceden los 20.000.000 pesos. Cuando superen ese importe, el IOSFA podrá dividirlas en hasta tres pagos mensuales y consecutivos de $20.000.000, con el saldo en una última liquidación.
Lo cierto es que se establece una condición dura para quienes acepten e hicieron carrera en el sector público: los agentes cuyo retiro sea aprobado no podrán volver al Estado nacional durante ocho años desde su baja. La prohibición abarca empleos, contratos, asesorías, cargos de autoridad y vínculos con organismos multilaterales de crédito.
Sin embargo, hay resistencias al plan oficial.
Ayer, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un encuentro con más de 50 delegadas y delegados de todo el país para analizar el impacto de la disolución del IOSFA y el régimen de retiro voluntario. El sindicato informó que mantendrá el estado de alerta y movilización permanente, con un plan de lucha que continuará en las próximas semanas.
En varias provincias, donde existen farmacias, hoteles y espacios recreativos que dependen de IOSFA, la protesta sindical tuvo receptividad en concejos deliberantes y legislaturas. Se realizaron movilizaciones San Juan, Santa Fe, Tucumán, Mar del Plata y Punta Alta contra el cierre de los establecimientos, y se impulsaron proyectos de repudio y declaraciones en defensa de los puestos de trabajo.
El corazón del desguace de las plantillas está enfocado en la extensa red de farmacias, mientras que el personal que depende de los hoteles y centros recreativos regresarán bajo la órbita de las FFAA. Esas dependencias pertenecían a los cuerpos castrenses, antes de su unificación en IOSFA.
La incertidumbre laboral crecerá en la medida que se acerque el 4 de febrero de 2027, el plazo máximo previsto que definió el Gobierno para la disolución definitiva de la entidad. Desde la IOSFA aseguran que
Para contener la sangría, ATE anunció acciones gremiales para jueves y viernes en todo el país, además de nuevas jornadas de protesta en la semana del 20 de noviembre. El viernes 27 se realizará una marcha nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Es el último día hábil antes de que venzan los contratos laborales que no están alcanzados por la estabilidad del empleo público.
IOSFA,Argentina,obras sociales
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