POLITICA
La Justicia a dos velocidades: por qué Adorni es tapa todos los días y a Insaurralde nadie lo llama a declarar
No sé si les pasa a ustedes, pero yo tengo la sensación de estar viendo dos películas al mismo tiempo. Una que va muy rápido y otra que va muy lento.
Una tiene como protagonista a Manuel Adorni y podría llamarse “Rápido y Furioso”: una causa judicial que va en “Artemis II”, a toda velocidad.
Y después tenemos otra película que tiene como protagonistas a Martín Insaurralde, o a Sergio Massa, o a Matías Tombolini, o a Pablo Toviggino, o a Claudio Tapia, que bien podría llamarse “Manuelita”. Porque sus causas van en triciclo, a paso de tortuga.
Resulta que a Manuel Adorni le conocemos hasta el inodoro del departamento. Pero al patrimonio de Insaurralde lo empezaron a peritar tres años después de ser descubierto el yate.
A ver si esto resume un poco lo que sentimos muchos.
Hace más de un mes que Adorni se convirtió prácticamente en el “mono-tema” de la tele, de la radio, de los portales y de los streamings. ¿Por qué? Porque la Justicia todos los días brinda nueva información. ¿Por qué? Porque el fiscal avanza a toda velocidad. ¿Eso está mal? No. Está bien. ¿Eso es normal en Argentina? No. Pero debería serlo.
¿Cuál es la normalidad en Argentina? Las causas paradas, las causas dormidas, las causas cajoneadas.
Las camionetas de AySA
Malena Galmarini se gastó U$S 25 millones en la compra de 620 camionetas, pero la causa no se movió absolutamente nada. ¿El juez de la causa? Ariel Lijo. El mismo de la causa Adorni.
Enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde
Vimos el yate, vimos los viajes, vimos los pisos, vimos las mansiones, vimos la fiesta. Pero la causa casi no se movió. ¿El juez de la causa? Luis Armella. El mismo de la causa AFA.
Vacunatorio clandestino
Vimos las vacunas, confesaron, echaron al ministro de Salud. Pero la causa no se movió. ¿El juez de la causa? Ariel Lijo. El mismo de la causa Adorni.
Las “SIRA” de Sergio Massa
Empresarios amigos del poder que se forraron gracias a las importaciones truchas que autorizaba la gente de Sergio Massa: empresarios de medios, laboratorios, dueños de aviones, financistas. Pero la causa no se movió. ¿Quién es el juez? Sebastián Ramos. No pasa nada.
Causa AFA
Vimos absolutamente todo: la mansión en Pilar, el avión de Tapia, los sobres con dólares, la Rosadita, los hoteles de Toviggino, el cementerio de Toviggino, las fiestas con modelos, los partidos arreglados, los árbitros pagos, el piso en Miami. Pero la causa importante no se movió absolutamente nada. ¿Quién es el juez? Adrián González Charvay, amigo de Sergio Massa.
¿Se entiende lo que estamos explicando? ¿O hacemos un dibujito?
Ya conocemos hasta el talle de los calzones de Adorni, y está muy bien porque el fiscal actúa acorde a derecho. Pero no vemos la misma intensidad, la misma pasión, la misma celeridad, la misma dedicación para los demás actores del poder.
Por ejemplo, ¿por qué nadie investiga los viajes de Insaurralde? Parece que a Insaurralde le gustaba mucho tomar café. Sin embargo, la Justicia no se mueve.
Acá tengo algunos hoteles de los viajes de Insaurralde:
- Hotel Fontainebleau de Miami: se alojó 22 veces.
- Hotel Epcot Resort de Orlando: se alojó 2 veces.
- Hotel Harbour House de Miami: se alojó 5 veces.
- Hotel Four Seasons de Santa Bárbara: se alojó 2 veces.
- Hotel W de Miami: se alojó 6 veces.
- Hotel Four Seasons de Chicago: se alojó 2 veces.
¿Me explicás por qué la Justicia ya tiene hasta la comida del vuelo de Adorni a Punta del Este, pero ni siquiera llamó a declarar a Martín Insaurralde?
Yo creo que la respuesta es muy simple: en Argentina hay intocables. En Argentina todavía reina una casta de intocables. ¿Por qué? Porque están protegidos por el verdadero poder: empresarios del juego, laboratorios, medios de comunicación, el mundo del fútbol y financieras.
Insaurralde es el hub que conecta todo esto. Tiene nexo con empresarios del juego como Mautone o Angelici, con financieras como Sur Finanzas, con barras de fútbol como La Doce, con complejos informales como La Salada, con redes policiales de Lomas de Zamora, con medios de comunicación y con políticos como Massa o Máximo Kirchner.
Por eso es tan fácil entrarle a Adorni y tan difícil llegar a otros. Eso no lo vuelve inocente al actual jefe de Gabinete. Pero les pido que no seamos ingenuos en los análisis.
¿Qué efecto político está teniendo esto?
El kirchnerismo, oliendo sangre. ¿Qué pasa cuando esta gente huele debilidad? Te quiere comer, cueste lo que cueste.
Miguel Pichetto, otrora vice de Mauricio Macri, hoy es el armador político del nuevo frente anti-Milei: Moreno, La Cámpora, Kicillof, Cristina, Lousteau, Larreta. Todos adentro. ¿Qué extrañan? El poder. Las cajas.
Pregunta simple: ¿cómo le fue a la Argentina hasta ahora con esta gente? Vamos a los datos. El tiempo de gobierno peronista en cada provincia:
- Santa Cruz: 43 años
- Chubut: 24 años
- La Pampa: 43 años
- Buenos Aires: 35 años
- Mendoza: 20 años
- Entre Ríos: 32 años
- Córdoba: 27 años
- La Rioja: 43 años
- Salta: 43 años
- Formosa: 43 años
- Misiones: 39 años
- CABA: 7 años
- Santa Fe: 28 años
- Río Negro: 14 años
- Tucumán: 39 años
Pero por supuesto que no les alcanzó y quieren volver.
Y vos te preguntarás: ¿cuál es la principal consigna de gobierno del peronismo? ¿Qué es lo primero que van a hacer apenas vuelvan? La respuesta es muy simple: “Cristina libre”. Nada más. Volver para liberar a la jefa de la banda.
Son los mismos que se quejan por el departamento de Adorni en Caballito. Pero quieren volver para liberar a una persona que se robó —por lo menos— U$S 547 millones solo en rutas.
Me parece que estos días la Justicia argentina está quedando muy expuesta.
Amado Boudou se robó una imprenta y camina tranquilo por la calle. Sergio Massa le regaló más de U$S 7.000 millones en “SIRA” a sus amigos y camina tranquilo por la calle. Alberto Fernández fajeó a su mujer embarazada y camina tranquilo por la calle.
Es una Justicia rara, que se pone las pilas solamente cuando se quiere poner las pilas.
Ironías del destino: pensar que alguna vez Manuel Adorni justificó el nombramiento por decreto del presidente Milei para que Ariel Lijo sea ministro de la Corte Suprema. Adorni, como vocero del Gobierno, defendió ese nombramiento. Un año después, el juez Ariel Lijo lo tiene contra las cuerdas.
¿Por qué será? Las malas lenguas dicen que quiere ser procurador. Y las lenguas malditas dicen que el “team Lijo” está furioso porque el ministro de Justicia debía ser Guillermo Montenegro.
Probablemente sea mala información.
Las brujas no existen. Pero que las hay… las hay.
Opiniones libres, hechos sagrados.
cristina kirchner, Javier Milei, Manuel Adorni, Martín Insaurralde
POLITICA
Caos por los pliegos judiciales: Santiago Caputo quiso vetar a una candidata ligada a Cúneo Libarona, pero Karina Milei lo impidió
Pese al intento del Gobierno de avanzar en el Senado con una tanda de acuerdos judiciales, el oficialismo volvió a quedar atrapado en sus propias disputas internas. La controversia se concentró en una candidata cuyo pliego Santiago Caputo buscó bloquear, pero su tratamiento terminó siendo avalado por Karina Milei. La pulseada derivó en una decisión de último momento: incluir en el temario la totalidad de los pliegos con dictamen y desatar un fuerte conflicto parlamentario.
El nombre en cuestión es el de Yamile Susana Bernan, postulada para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Su pliego había sido enviado por el presidente Javier Milei y contaba con despacho favorable de la Comisión de Acuerdos.
Sin embargo, Bernan es la esposa de quien fue jefe de Gabinete del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona (Diego Guerendiain), enfrentado con Sebastián Amerio, exviceministro de Justicia y actual Procurador del Tesoro, uno de los funcionarios más cercanos a Santiago Caputo.
Según pudo reconstruir , el conflicto comenzó durante la madrugada, cuando sectores del oficialismo intentaron modificar la nómina de candidatos que serían sometidos a votación. En la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque habían acordado tratar alrededor de 50 pliegos, aunque nunca se difundió el detalle completo de los nombres incluidos.
La falta de precisiones respondía, según distintas fuentes parlamentarias, a que el oficialismo todavía no había logrado unificar criterios sobre qué nominaciones impulsar en el recinto.
La disputa quedó expuesta pocas horas después. El listado previsto inicialmente se amplió de manera abrupta: primero pasó de 50 a 53 candidatos y, apenas media hora antes del inicio de la sesión, ascendió a 73 pliegos.
Tanto fuentes oficialistas como opositoras atribuyeron el desorden a la interna libertaria.
De acuerdo con esas versiones, Amerio y Caputo promovían excluir a Bernan por sus vínculos con el entorno de Cúneo Libarona. En las conversaciones también apareció el nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, otro de los actores alcanzados por las tensiones entre distintos sectores del oficialismo. Caputo, indirectamente, quedó enfrentado con el presidente del máximo tribunal a raíz de los intentos fallidos de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte.
La maniobra fue finalmente desactivada por Karina Milei y su entorno político. Para evitar vetos selectivos y cerrar la discusión, resolvieron incorporar al temario todos los pliegos que habían obtenido dictamen en la Comisión de Acuerdos.
Cruces en el recinto
La decisión, sin embargo, provocó una fuerte reacción en el recinto.
“¿Qué está pasando, presidente? Los acuerdos de Labor Parlamentaria se cumplen. Si no, ¿para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria?”, protestó la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien acusó al oficialismo de incurrir en una “traición parlamentaria”.
En la misma línea se expresó el jefe del interbloque peronista, José Mayans, que reclamó respetar lo acordado previamente entre los bloques.
La propia vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia del episodio y responsabilizó a la conducción libertaria en el Senado.
“Habría que preguntarle a Bullrich. Nos somete a esta situación. Pasamos de 50 a 53 y después a 73 pliegos. No es serio. No estamos juntando caramelos en un kiosco”, respondió a al ser consultada sobre los cambios de último momento.
Más tarde, durante el intercambio con Mayans, Villarruel insistió: “En efecto se habían hablado 50 pliegos. A media hora de la sesión se empezaron a agregar y terminamos con 73, excluyendo a la jueza Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y vetada por Milei)”.
La controversia obligó finalmente a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, a solicitar un cuarto intermedio. La sesión quedó interrumpida en medio de una discusión que expuso, una vez más, las tensiones internas del oficialismo.
avanzar en el Senado,Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Cruce en el Senado. Los K vincularon la condena a Cristina con la violencia de género y Bullrich respondió con la baja de femicidios,,Senado. Se debate la agenda de Milei, pero el conflicto por el caso Michelli sigue abierto,,Debate. El Senado sesionará este jueves, pero no tratará el caso de la candidata a jueza vetada por ser familiar de un periodista
POLITICA
Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales
El cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) graves violaciones a los derechos laborales por parte del gobierno de Javier Milei, en una presentación en la que advirtió sobre una “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales en el país.
“En la ausencia de control estatal promovida por el Gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales -dijo el sindicalista-. Esto no es “modernización laboral”, es precarización del trabajo».
En el discurso ante la conferencia anual de la OIT, en Ginebra, Suiza, que brindó en representación de la CGT y de las dos CTA, Sola criticó en duros términos la “demolición” de décadas de consensos sociales, “todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía”.
La denuncia del sindicalismo argentino sostuvo que lo que ocurre en el país “no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios”, sino “el desmantelamiento sistemático” de la administración oficial de las relaciones laborales, contrario a los convenios internacionales a los que adhirió la Argentina.
Uno de los ejes exclusivos del texto fue la acusación directa al propio Javier Milei de una voluntad explícita de “destruir al Estado”, citando su declaración de verse a sí mismo como un “topo” encargado de destruirlo “desde adentro” y de considerar “la justicia social como una aberración, como el cáncer de la Argentina”.
El discurso efectuado ante la OIT apuntó especialmente a la violación del Convenio 150, que establece los parámetros para la administración del trabajo y exige estructuras estatales con legitimidad social, autonomía y recursos suficientes. Para la CGT y las dos CTA, la transformación del Ministerio de Trabajo en una Secretaría fue la “primera señal inequívoca” de la orientación oficial: “No es sólo una cuestión de organigrama, es una degradación funcional profunda”, señalaron, agregando que al diluir la cartera entre áreas tan dispares como salud y educación, “se ha diluido su capacidad de influencia y coordinación”.
La reducción de estructuras estatales, el despido de personal especializado y la “liquidación de capacidad técnica operativa acumulada durante años”, forman parte según los sindicatos del mismo proceso de debilitamiento. Se denunció que, a partir de la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164), los empleados estables del Estado pueden ser cesados “a criterio discrecional” si se considera que existe un “exceso en la dotación óptima”: “Estamos ante la legalización de la inestabilidad en el corazón del Estado”, dijo Sola durante su discurso.
El otro gran eje señalado es el modo en que el Ejecutivo, según los gremios, desplazó el diálogo social y parlamentario para “imponer unilateralmente una agenda de reformas regresivas”. Según la exposición sindical, el DNU 70/23 representó una de las transformaciones laborales más profundas desde el retorno democrático y fue la antesala de las leyes de Bases y Modernización Laboral (Leyes 27.742 y 27.802). Agrega que estas normas, que los sindicatos califican de “paradigma flexibilizador”, fueron diseñadas e impulsadas sin consulta ni diálogo genuino con los actores sociales. Se argumenta que esto contradice los principios del Convenio 144, basado en la participación tripartita (Estado, empleadores y trabajadores).
En ese sentido, la intervención gremial destaca la respuesta de la propia Comisión de Expertos de la OIT, que fue “clara: las reformas de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos de consulta con las organizaciones representativas”. A diferencia de ese principio, sostienen que en la Argentina “el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición”.
Sola denunció “un patrón sistemático de ataques legales y administrativos a los sindicatos y profesionales del Estado”. Un caso que mencionó fue la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó la reforma laboral el mismo día de inicio de la conferencia de la OIT, lo que interpretó como una muestra de “hostilidad” del Gobierno, con “excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución Nacional, vulnerando nuevamente el convenio 150”.
Además, cuestionó la aplicación de “sumarios administrativos, multas millonarias a gremios como La Fraternidad y UTA por ejercer el derecho de huelga» y mencionó el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyas elecciones fueron anuladas por la Justicia, que nombró un interventor al frente del gremio.
En el plano del control estatal, se denunció la “aniquilación” del sistema de inspección del trabajo, citando a los informes de la OIT sobre la “insuficiencia crítica de inspectores”, en especial en el sector agrícola, donde “la fiscalización es casi inexistente, dejando a los trabajadores rurales en un vacío de control absoluto”.
La presentación de Sola fue más allá del área laboral y enumeró “el desmantelamiento de áreas clave para el entramado social productivo”. En ese sentido, el dirigente destacó la reducción del 29% de empleados del Estado nacional centralizado desde 2023 hasta febrero de 2026, aclarando que el mayor impacto recae en organismos clave para la protección social.
Enseguida ejemplificó la situación en distintos sectores. En el CONICET, principal organismo científico, dijo que se denunciaron “más de 4000 puestos de trabajo perdidos” y la suspensión de ingresos de investigadores, lo que paraliza su funcionamiento. La interrupción de la inversión en obra pública y la afectación de organismos tecnológicos como el INTI y el INTA también forman parte del cuadro, con “cientos de técnicos” puestos a disponibilidad y la “desarticulación” de programas industriales y agropecuarios.
La degradación del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, el despido masivo de personal en la Secretaría de Derechos Humanos (44% de la plantilla), la eliminación del Ministerio de la Mujer (con el 85% del personal desafectado) y el “desfinanciamiento crítico” de la universidad pública —que, según Sola, implicó pérdidas salariales de más del 40% para el sector universitario— fueron otras aristas del diagnóstico sindical.
En materia previsional y de protección de personas con discapacidad, el cotitular de la CGT también advirtió sobre un “deterioro deliberado” de los sistemas de cobertura, la “no actualización” de haberes y el desfinanciamiento de las prestaciones clave.
Sola denunció, además, la “política de criminalización del conflicto social” por parte del Ministerio de Seguridad, señalando la resolución 943/2023 y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos durante protestas. Planteó que esta conducta implica una “clara violación a la libertad sindical y el derecho de huelga” reconocidos internacionalmente en el Convenio 87 de la OIT.
Para Sola, mientras que desde el Gobierno no haya una “rectificación inmediata del rumbo y no se restablezca el diálogo social auténtico”, las organizaciones sindicales recurrirán “a todas las instancias de denuncia por incumplimiento de los convenios 87 y 98”, tras lo cual dijo que “la defensa de la dignidad laboral es una causa irrenunciable que sostendrán en la calle y ante organismos internacionales”.
Por su parte, en representación de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA) denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Durante su intervención, Baradel reclamó que la OIT inste al gobierno argentino a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social tripartito y garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo del Salario, en cumplimiento de los Convenios 81, 129 y 150. “La justicia social no es una aberración como sostiene el presidente de la Argentina; es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la unidad y la lucha de la clase trabajadora”, sostuvo.
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POLITICA
El Gobierno echó a Ricardo Echegaray de ARCA tras ser condenado por administración fraudulenta
El gobierno de Javier Milei determinó este jeuves el cese de acciones de Ricardo Echegaray en la Aduana, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que el funcionario fuera condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Según el documento al que pudo acceder , Etchegaray fue notificado este jueves a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIM).
El organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado dispuso así la desvinculación del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cristina Kirchner y que llevaba más de 30 años dentro de la administración pública.
La condena
La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el 5 de marzo último la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron de manera unánime el recurso interpuesto por la defensa de Echegaray y dejaron firme la condena.
El exfuncionario había sido sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.
La Justicia lo encontró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada, cometida en perjuicio de la administración pública.
La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.
El pasado marzo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a la empresa petrolera argentina Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
El juicio
Los entonces accionistas de la compañía Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos en ese proceso. El fallo permanece en estudio de la Corte Suprema de Justicia y el organismo ya indicó, en una sentencia anterior, que se debe revisar esa decisión.
El exfuncionario fue sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta “violación a la garantía de imparcialidad” por parte de los magistrados del tribunal oral y asegurar que habían valorado de forma doble su cargo como máxima autoridad de la AFIP para agravar la pena.
Al haber quedado firme la condena, el único camino que le queda al ahora exfuncionario para evitar cumplir la pena de prisión es acudir a la Corte Suprema de Justicia y solicitar un recurso extraordinario o una queja. En el caso de que ambos sean rechazados, deberá ir a la cárcel.
Noticia en desarrollo
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