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POLITICA

La Justicia de San Juan ordenó la continuidad del proyecto minero Vicuña tras el planteo de La Rioja

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La Justicia de San Juan respaldó la continuidad del proyecto minero Vicuña, desactivando el intento de bloqueo impulsado por la provincia de La Rioja y despejando el camino para una inversión estimada en 18.000 millones de dólares en los próximos diez años. La decisión judicial ratificó que no existen impedimentos legales para el desarrollo del yacimiento, considerado uno de los emprendimientos mineros más ambiciosos de la Argentina y clave para el posicionamiento del país entre los principales productores mundiales de cobre, oro y plata.

La sentencia judicial de San Juan marcó un punto de inflexión en el conflicto. El fallo habilitó la continuidad operativa del proyecto Vicuña y desestimó cualquier obstáculo legal a su desarrollo. Se informó que la resolución ordena el conflicto dentro del marco normativo vigente y confirma que la iniciativa no se encuentra frenada ni en riesgo de paralización. De este modo, el emprendimiento quedó institucionalmente encauzado.

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El proyecto Vicuña, impulsado por la alianza entre BHP y Lundin Mining, contempla la exploración y desarrollo de cobre a gran escala. El plan prevé una inversión de 18.000 millones de dólares en una década, con la obtención del primer concentrado de cobre estimada para 2030. El emprendimiento comprende los proyectos Josemaría y Filo del Sol, situados en un distrito minero de alta proyección internacional.

La importancia estratégica del yacimiento ha sido subrayada tanto por el sector privado como por autoridades nacionales y provinciales. Se estima que el desarrollo de Vicuña posicionaría a la Argentina entre los cinco principales productores globales de cobre, oro y plata. El expediente oficial detalla actividades de perforación, extracción de agua, detonaciones y transporte de cargas pesadas, bajo la supervisión de organismos ambientales de ambas provincias.

El gobernador Orrego reafirmó la postura de San Juan frente al reclamo riojano: “Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano, siempre. Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico. La ley es la ley”.

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La Justicia de San Juan habilitó la continuidad del proyecto minero Vicuña, una inversión clave de 18.000 millones de dólares para la minería argentina. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El conflicto entre San Juan y La Rioja emergió cuando la jueza riojana María Greta Decker ordenó la suspensión parcial de las actividades y bloqueó el tránsito de maquinaria por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga. Esta medida, impulsada por la Fiscalía de Estado de La Rioja, exigía la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental ante las autoridades provinciales antes de reanudar las operaciones. El yacimiento, situado a poco más de un kilómetro del límite interprovincial y a 4.000 metros de altitud, depende de rutas que atraviesan suelo riojano para garantizar el abastecimiento logístico.

La disputa escaló rápidamente al plano nacional, con cruces públicos entre los gobernadores Marcelo Orrego de San Juan y Ricardo Quintela de La Rioja. Quintela reclamó la revisión de los límites definidos en 1968 y solicitó la intervención del Senado. Orrego, en respuesta, defendió la legitimidad de la jurisdicción sanjuanina y sostuvo: “Como ya dije, quiero ser claro: la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional. No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años”.

En paralelo al fallo judicial, el Congreso de la Nación comenzó a debatir iniciativas para fortalecer el marco normativo del sector minero. Los diputados nacionales Picón y Jaime impulsaron proyectos legislativos orientados a brindar mayor previsibilidad jurídica, evitar disputas interjurisdiccionales y consolidar reglas claras para inversiones estratégicas. El objetivo es blindar proyectos de gran escala como Vicuña y garantizar un entorno estable para el desarrollo minero.

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Así, el proyecto Vicuña no solo obtuvo aval judicial, sino también buscará contar con respaldo político e institucional a nivel nacional.

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POLITICA

Macri descuenta que Cristina será candidata

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La respuesta resonó el viernes en uno de los salones de la quinta presidencial de Olivos: «No nos comemos ningún amague. Cristina va a ser candidata».

Mauricio Macri acababa de recibir a María Eugenia Vidal con los 69 intendentes bonaerenses de Cambiemos para insuflarles ánimo de cara a una campaña escarpada, y las conversaciones informales después de la cumbre quedaron dominadas por las especulaciones sobre el imprevisto viaje a Cuba de la expresidenta Kirchner.

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La sola mención de la hipótesis de que Cristina abandone la carrera presidencial causa escalofríos en la dirigencia macrista. La lógica de la grieta es el factor que ordena el proyecto electoral de Cambiemos y lo mantiene con expectativas de ganar a pesar de la crisis económica que no da respiro y de los conflictos de convivencia en la coalición.

«Va a jugar», insiste un funcionario muy cercano al Presidente, a mitad de camino entre el análisis y el ruego. En términos generales, la tesis que desarrolló el consultor Jaime Durán Barba es que Cristina Kirchner encarna valores defendidos por una porción amplia de la sociedad, que tiene una base electoral demasiado sólida para entregarla sin nada a cambio y que, en todo caso, no hay nadie que pueda garantizarle un porvenir mejor si abandona la competencia.

En una mirada más microscópica, posterior a la exposición pública que hizo la expresidenta del estado de salud de su hija, en el círculo de confianza de Macri interpretaron que Cristina estaba dando la señal definitiva de que encarará el desafío electoral. Ven detrás del «caso Florencia» una jugada para conectar con sus votantes, similar a la construcción emocional que disparó su popularidad después de la muerte de Néstor Kirchner.

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Como sea, el ecosistema político quedó temblando a partir de las señales ambiguas que emanan del búnker cristinista. La expresidenta resolvió su viaje al Caribe en el más estricto secreto. Solo media docena de personas -su hijo Máximo, Alberto Fernández, Oscar Parrilli, su abogado Carlos Beraldi- supieron con algo de anticipación el movimiento. El resto de los dirigentes kirchneristas se anotició por Twitter. Quedaron a la expectativa de un traductor.

Venían de una semana en la que había fallado severamente la planificación. Cristina llegó a creer en un triunfo de su candidato en Neuquén, Ramón Rioseco, que al final terminó a un mundo de distancia del gobernador Oscar Gutiérrez (MPN). La hoja de ruta presuponía ese resultado como una irrupción triunfal de su figura en la campaña nacional, seguida de horas críticas en los mercados para el Gobierno y coronada por el espectáculo -que igual siguió adelante- del juez Alejo Ramos Padilla en el Congreso para desacreditar las investigaciones de corrupción contra la cúpula kirchnerista .

Al anuncio del viaje a Cuba le sucedió un operativo confusión al que hizo su aporte el operador Eduardo Valdés cuando dijo que «en este clima no tiene sentido que sea candidata» a la presidencia. Juan Grabois hizo su aporte al referirse a una supuesta «evaluación» que estaría haciendo la actual senadora sobre las ventajas y desventajas de presentarse.

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Otros allegados a Cristina enviaron en privado señales contradictorias entre dirigentes propios y opositores con los que tienen trato. Al propio Máximo le atribuyen haber dicho que su madre está «dispuesta a todo» para que pierda Macri. Incluso si eso implicara ceder el testigo a otro aspirante capaz de unificar a la oposición. Creer o reventar.

En La Habana, mientras acompaña a su hija con la intimidad que le garantiza el gobierno cubano, Cristina no se va a desconectar de las noticias de Buenos Aires. En las próximas horas se espera que el juez Claudio Bonadio homologue el acuerdo de colaboración judicial con el contador Víctor Manzanares, que puede desatar una nueva ola de detenciones en la causa de los cuadernos de las coimas . Fuentes judiciales señalan que figuras del entorno más cercano a la expresidenta podrían quedar salpicados por las revelaciones de ese hombre, un verdadero coleccionista de secretos de Estado.

El revuelo del viaje a Cuba ratificó que Cristina Kirchner subsiste como pieza determinante en el tablero de la política argentina. La solo hipótesis de su deserción -por improbable que suene- obliga a pensar todo de cero.

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El peronismo baila al ritmo de esa intriga. Sergio Massa mantiene su candidatura, bastante invisibilizada por la instalación de su (¿ex?) asesor Roberto Lavagna, con la convicción de que Cristina no va a competir y que, entonces, él será el hombre mejor posicionado para atraer votos de todo el arco opositor.

Daniel Scioli preparó su acto de lanzamiento del jueves sin saber nada sobre el viaje de Cristina a Cuba. Pero su plan se sostiene en la fe y el optimismo de que ella ceda el lugar. En la construcción de su precandidatura trabajó el mandamás del PJ de La Matanza, Fernando Espinoza, que no para de ensalzar a la expresidenta, pero se entusiasma con un cambio de guardia que le permita convertirse en un kingmaker, al menos en la provincia de Buenos Aires.

El entorno de Lavagna también testea el ánimo de Cristina. Su proyecto presidencial se funda en la necesidad de una «tercera vía» que supere la polarización y pesque en el mar de los desencantados. Creen sus impulsores que si Macri y Cristina -con sus problemas de imagen a cuestas- van al choque Massa y Juan Manuel Urtubey terminarán por rendirse, al igual que los candidatos filokirchneristas como Scioli, Felipe Solá o Agustín Rossi.

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Si, en cambio, quedara vacante el espacio principal de oposición a Macri la disputa sería feroz y se resolvería en un ambiente demasiado hostil para un hombre como Lavagna, que no tiene estructura política propia y no exhibe especial vocación por embarrarse en una interna peronista por el poder total.

A pesar del mensaje que baja de la cima del poder, en Cambiemos sobrevive la inquietud sobre un posible volantazo de Cristina. «No tenemos plan B. Estamos seguros de que es Macri contra Cristina. Esperemos no estar equivocados», se sincera un integrante de la mesa política de Cambiemos.

La variable Cristina figura hasta en el plan económico. Macri tenía en carpeta medidas financieras para enfrentar el previsible trauma en los mercados que podría causar el anuncio de la candidatura kirchnerista en momentos en que el Presidente fuera todavía incapaz de exhibir cifras de aprobación que garanticen su victoria.

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Pero la crisis es cruel y el Presidente tuvo que jugar las cartas justo en la semana en que se intentó instalar la duda sobre la postulación de Cristina. El anuncio del permiso del FMI para vender hasta 60 millones de dólares por día para evitar saltos en la cotización de la divisa y la extensión del torniquete monetario eran medicinas pensadas para ser aplicadas durante el período de inscripción de listas.

En el laboratorio electoral de la Casa Rosada deslizan que un hipotético renunciamiento de la expresidenta implicará ajustes en la estrategia de campaña, pero no una reformulación total.

El mensaje central seguirá enfocado en que los argentinos tendrán que optar este año entre la normalización económico-institucional del país o el regreso al fracaso populista. El candidato que emergiera como referencia de la oposición heredará la carga de representar los valores kirchneristas, sostienen.

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La tesis se resume en la expresión «son todos lo mismo», que involucra, de acuerdo con el mensaje macrista, a la gran mayoría de los peronistas. Acentuar esa percepción es el objetivo primordial del impulso a medidas como el proyecto de extinción de dominio, la ley de ética pública que obliga a transparentar los bienes de los sindicalistas y la reciente denuncia de Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura.

Sobre esto último se preguntaban ayer en el Gobierno: ¿cómo van a actuar el senador Miguel Ángel Pichetto o la diputada Graciela Camaño, figura clave del massismo? ¿Apoyarán el enjuiciamiento del magistrado que lleva la causa soñada por el kirchnerismo como el antídoto contra los cuadernos de Centeno? ¿O se resignarán a ser señalados como «cómplices» de la corrupción? «Para nosotros es win-win«, dijo un integrante del gabinete.

El Gobierno decidió entrar en esa batalla después de meditar durante semanas si debía o no darle entidad a lo que define como una maniobra de impunidad kirchnerista. Es lo que hay: Macri todavía no encuentra incentivos para jugarse la reelección en el terreno de la economía.

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POLITICA

Edgardo Kueider espera el juicio por contrabando en Paraguay entre expectativas y escepticismo

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El exsenador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se preparan para el inicio del juicio por contrabando que iniciará el próximo 1 de junio en la capital paraguaya de Asunción. Ambos afrontarán el cargo de contrabando en grado de tentativa y se los acusa de haber querido ingresar USD 200 mil sin declarar por el puente que une Ciudad del Este y Foz do Iguaçu.

El exparlamentario por Entre Ríos se mostró con confianza sobre el resultado que podría arrojar el juicio en el país vecino. Apuesta a un veredicto absolutorio. Pero también sopesa que en la Justicia, a la que considera una ruleta, hay mucho de suerte.

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Contra la prensa

En sus proyecciones está poder volver a la Argentina sin el peso de una condena por contrabando. Se imagina regresar con la absolución a su favor para disputar una revancha mediática. El fin de esa lucha es sacarse las etiquetas de que robó al Estado o lavó dinero.

Sin embargo, no es tan optimista con lograr un desquite. Ha dicho y repetido que considera que ante la opinión pública argentina ya fue condenado. Y que no habrá vuelta atrás. Es consciente de que su nombre se asocia con facilidad al adjetivo “corrupto”. Y está al tanto de que la idea que predomina en la sociedad es que durante su reclusión en Paraguay se da la gran vida.

Por eso se ha llamado al silencio en los últimos meses. Tras un intenso raid en canales, radios y streamings nacionales y locales, se ha recluido.

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En su lógica, los medios han sido parciales para con él, ya que se han centrado en información de los elementos que lo incriminan. De allí se decanta que la exposición le resta o, al menos, no le suma a su estrategia defensiva.

Iara Guinsel y Edgardo Kueider

Dardos contra la Justicia

Kueider está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hay dos Juzgados con expedientes abiertos al respecto. Uno es el Federal de San Isidro. La pesquisa allí está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del fiscal Fernando Domínguez. En parte, este caso ya fue elevado a juicio. El restante está en Concordia y lo tienen el juez provincial Ives Bastián y el fiscal José Arias.

Para resolver esta situación, se solicitó la intervención de la Corte Suprema. El máximo tribunal debe definir la competencia, es decir, quién se queda con la causa. El primer paso es el dictamen de la Procuración General. El trámite llegó a ese organismo el 5 de noviembre del 2025 y todavía no hay pronunciamiento.

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En los inicios, la defensa del exsenador evaluó que el mejor escenario es que la investigación se desarrolle en San Isidro. En su esquema de razonamiento, el fiscal Arias era un “gorila” que perseguía peronistas. Como argumentos citaban que había sido corrido de tres causas contra otro dirigente del PJ concordiense por pérdida de la imparcialidad en las pesquisas.

Pero la estimación ha cambiado. Ahora ni la jueza Arroyo Salgado ni el fiscal Domínguez son bien vistos.

Entre los motivos para este cambio figura que la causa en San Isidro en su contra comenzó con dos elementos. El primero, un desprendimiento del caso Securitas. En este expediente se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a compañías y entes estatales. En las escuchas de la investigación a los empresarios entrerrianos vinculados, uno de ellos mencionó a “Cuaider” y su influencia para lograr un contrato.

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A ese elemento, Arroyo Salgado y Domínguez sumaron una denuncia por enriquecimiento ilícito y otros delitos que se presentó en San Isidro. La base documental era la propia declaración jurada como senador que había hecho Kueider. Allí figuraba una empresa, Betail, con departamentos en un edificio de lujo en Paraná, la capital de Entre Ríos. De inmediato, la jueza dictó la conexidad objetiva y subjetiva de ambos casos.

El exsenador fue detenido cuando intentó cruzar a Paraguay con 200 mil dólares

En el entorno de Kueider evalúan que este paso acarreó el armado de una causa. Y se quejan de que, habiendo elementos en las escuchas para implicar a otros dirigentes y empresarios de Entre Ríos, Arroyo Salgado no tuvo el mismo celo.

En la evaluación que realizan, el accionar judicial ha generado un daño terrible.

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El juicio

El exsenador espera que la tercera sea la vencida. El inicio de las audiencias ya tuvo dos postergaciones. Iban a realizarse el 24 de noviembre de 2025, pero se pasaron al 26 de abril de este año. Dos días antes, una complicación de Fiscalía obligó a una nueva reprogramación. La fecha definitiva, por ahora, es el 1° de junio.

Ese lunes, desde las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.

El exsenador nacional y su ex exsecretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.

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Al 1° de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.

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POLITICA

El mensaje de Santiago Caputo en plena interna oficialista: “Llegué acá con el Presidente y me iré con el Presidente”

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La tensión en la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) alcanzó un nuevo pico de intensidad este lunes, dejando al descubierto una fractura expuesta en el denominado “Triángulo de hierro”, compuesto por el presidente Javier Milei, su hermana Karina y Santiago Caputo, quien publicó un mensaje en el que asegura que solo se irá del Gobierno si el Presidente se lo solicita.

Lo que comenzó como una serie de diferencias tácticas sobre la comunicación oficial derivó en una confrontación abierta entre la secretaria general de la Presidencia y el asesor presidencial por el control de los organismos de inteligencia, como telón de fondo, y con el caso Adorni, como catalizador.

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El tuit de Santiago Caputo

“Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei del que sea y me importa poquísimo quien se ofende en el proceso”, escribió Caputo en su cuenta personal de X.

Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, continuó el asesor de Milei, en un posteo que fue interpretado como un desafío directo a quienes buscan su salida del entorno presidencial.

El «Triángulo de hierro» en épocas de bonanza

“Mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez”, cerró Caputo, en un intento de evidenciar su lealtad hacia la figura presidencial y expresar que su permanencia en el Ejecutivo no depende de las presiones de otras facciones libertarias.

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El detonante mediático de esta escalada fue la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito. A esto se le suman las revelaciones sobre el patrimonio y los errores en la declaración jurada de su hermano y legislador bonaerense, Francisco Adorni.

La mesa política libertaria, hoy fragmentada

Este panorama provocó un fuerte malestar en distintos sectores de la Casa Rosada. No solo movió el avispero en el ala de Caputo sino, incluso, empieza a hacer mella en los “karinistas”, como es el caso del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, quienes consideran que el desgaste sufrido por el exvocero presidencial afecta la narrativa de austeridad del Gobierno.

Poco más de 24 horas antes, Santiago Caputo había vinculado a Martín Menem con una cuenta anónima de X desde donde surgieron críticas al Gobierno y a varios de sus integrantes, lo que reavivó la interna oficialista que se convirtió en una guerra en las redes sociales.

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Asimismo, esta disputa por la figura de Adorni es la superficie de un enfrentamiento que cala más hondo en LLA, ya que la interna libertaria se trasladó de manera directa a los servicios de inteligencia. Desde hace varias semanas, el control de la nueva estructura de la SIDE se convirtió en un fértil campo de batalla donde la hermana del Presidente y Caputo dirimen fuerzas.

Mientras el asesor presidencial orbitó con sus influencias en la designación de cuadros técnicos y en la reestructuración del organismo, la secretaria general se empeña en limitar ese avance para evitar una concentración de poder que escape a su supervisión directa.

Martín Menem, una de las voces más escuchadas por Karina MileiSantiago Oroz –

De esta forma el caso Adorni no solo expuso las contradicciones del discurso oficial, sino que también sirvió para que los detractores de Caputo dentro del oficialismo intenten desgastar su influencia.

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El escenario libertario actual plantea una incógnita sobre la estabilidad del esquema de toma de decisiones en Balcarce 50. La advertencia de Caputo en X, lejos de calmar las aguas, fue leída como una declaración de guerra interna en un momento donde el Gobierno enfrenta desafíos económicos y legislativos sensibles.




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