POLITICA
La Justicia le habilitó al Gobierno dejar de pagar el plan social “Volver al Trabajo” y reemplazarlo por vouchers
Los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, revocaron una medida cautelar que había dispuesto el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ordenaba al Gobierno mantener el pago del Plan Volver al Trabajo a unos 900.000 beneficiarios, que cobran $78.000.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, había dispuesto el cese de ese beneficio para reemplazarlo por vouchers de capacitación, y los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) habían impulsado la presentación judicial para evitarlo.
En un fallo de este lunes, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín avalaron el reclamo que presentó el ministerio de Pettovello contra la decisión de Charvay, que el 21 de abril había dictaminado a favor de un amparo colectivo presentado por trabajadores de la economía popular y había ordenado al Gobierno “que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo” hasta el momento en que “se dicte sentencia definitiva”.
Los camaristas de San Martín consideraron que “los diferentes programas sociales que la demandada [por el actual Ministerio de Capital Humano] fue implementando, se encuentran debidamente sustentados en la legislación que dispuso expresamente su instauración, por manera que, el mayor o menor acierto o error, mérito o conveniencia de la solución adoptada por la autoridad administrativa, constituyen puntos sobre los que no cabe al Poder Judicial pronunciarse”.
En su argumentación, los jueces Salas, Fernández y Morán indicaron que el Gobierno “dictó la resolución número 295/26, mediante la cual instituyó un nuevo programa llamado ‘Programa Formando Capital Humano’, buscando con ello promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales de personas con problemáticas de empleo, mediante el acceso a cursos de formación laboral y profesional que les permitiera incrementar sus oportunidades de inserción en el mercado laboral”.
“Si bien la actora pretende la continuidad de la vigencia de las prestaciones económicas percibidas, al entender que su sustitución por eventuales ‘vouchers para capacitación’ no constituye una alternativa idónea ni equivalente, lo cierto es que, al haberse instituido dicho programa en ejercicio de la potestad que prevé el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional [que establece que el Presidente expide instrucciones y reglamentos para la aplicación de las leyes], tales cuestiones deberán ser objeto de un pormenorizado análisis al momento del dictado de la sentencia definitiva”, se aclaró en el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
“Desde esta perspectiva, advirtiéndose además que el órgano ministerial, mediante la resolución número 84/24 (que implementó el “Programa Volver al Trabajo”), ya había instituido su finalización al transcurrir los 24 meses a partir de su aprobación -no habiendo ello sido oportunamente cuestionado por los actores-, en el ‘sub-lite’ la acreditación del presupuesto de la verosimilitud del derecho remite a un complejo examen en torno a la razonabilidad de las medidas implementadas por el Gobierno Federal, circunstancia que exige un ámbito de debate y prueba que excede ampliamente el ceñido marco de un proceso cautelar», consideraron los magistrados.
“En este orden de ideas, a raíz de todo lo expuesto precedentemente, en este estado liminar de las actuaciones, no está verificada la verosimilitud del derecho, con el grado de certeza requerido para este tipo de medidas innovativas, por lo que corresponde hacer lugar a las quejas vertidas por la accionada en este punto”, concluyeron los jueces al revocar la medida cautelar de Charvay, juez federal de Campana que, entre otros casos, tuvo a su cargo expedientes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su titular, Claudio “Chiqui” Tapia.
La UTEP, que lidera el dirigente del Movimiento Evita Alejandro Gramajo, criticó la decisión judicial. “La Cámara priorizó la ‘burocracia de las políticas públicas’ y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables. La Justicia avaló, así, el argumento oficial de que el programa tenía un ‘vencimiento de 24 meses’ y habilitó al Gobierno a reemplazar un salario de subsistencia por los ‘vouchers de capacitación’ del nuevo programa Formando Capital Humano, eventuales e insuficientes para cubrir necesidades básicas”, cuestionó la organización gremial de cooperativistas y otros trabajadores de la economía popular, que informó que el plan dejará de cobrarse el mes próximo.
El Gobierno anunció el 17 de marzo el fin del programa Volver al Trabajo (VAT) y su reemplazo por vouchers de capacitación, en tren de impulsar la inserción laboral. Se trata del plan exPotenciar Trabajo. El ministerio prevé engrosar su presupuesto disponible, a partir de este ahorro. Cuando el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales. Uno de ellos fue el exPotenciar Trabajo, que se ancló en los $78.000 desde diciembre de 2023 a la actualidad.
Según datos de la UTEP, la provincia de Buenos Aires concentra la mayoría de los beneficiarios del Plan Volver al Trabajo, con 430.824. La segunda provincia con mayor cantidad de personas alcanzadas por el plan es Tucumán, donde lo perciben 56.421.
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Tras el paro docente, el Gobierno destacó a las provincias que garantizaron el servicio mínimo y criticó la posición bonaerense
La Casa Rosada siguió de cerca este lunes las repercusiones del paro nacional docente y en qué distritos se garantizó el servicio mínimo del 75% de actividad en las escuelas. Además, apuntó contra la provincia de Buenos Aires por “escatimar” la información y evitar las inspecciones de Nación.
“Nosotros nos ocupamos de fiscalizar el cumplimiento de la jornada escolar como marca la ley. Si eso no se logró, seguramente habrá sanciones a los gremios”, enfatizaron a TN desde Balcarce 50, donde aclararon que las eventuales consecuencias no alcanzarán a los docentes que adhirieron a la medida de fuerza.
Para dar cuenta del cumplimiento de los pisos de prestación mínima establecidos por la Ley de Modernización Laboral, la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero instruyó a sus inspectores en las 43 agencias territoriales que se despliegan a lo largo del país que realicen un muestreo.
Fuentes oficiales aseguraron a este medio que tanto la Ciudad de Buenos Aires como Mendoza, San Luis y Santa Fe superaron el nivel mínimo de actividad en sus escuelas. En contraposición, que la provincia de Buenos Aires obstaculizó la recopilación de información sobre las escuelas en su jurisdicción.
A su vez, en Entre Ríos, Chubut y San Juan informaron que hubo un “muy bajo acatamiento” a la medida.

Los cuestionamientos de la Casa Rosada al gobierno bonaerense tienen que ver con una comunicación interna de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense dirigida a inspectores regionales, distritales y equipos directivos para fijar un criterio para actuar frente a los eventuales pedidos de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Se informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense realizó una presentación formal ante el área que dirige Julio Cordero para que se abstuviera de solicitar información a las instituciones bonaerenses para realizar cualquier tipo de fiscalización sobre el empleo público del distrito.

En ese sentido, el texto argumentó que el artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente y sostuvo que la medida del Ejecutivo constituye “un avance ilegítimo sobre la autonomía local”.
“El punto es la incoherencia. La provincia de Buenos Aires termina admitiendo lo que el Gobierno dice, (el paro) es un tema de ellos”, replicó un funcionario nacional a TN. En ese sentido, la Casa Rosada cuestionó el accionar de los gremios docentes de realizar un paro nacional cuando las negociaciones salariales son responsabilidad de las provincias. “La medida de fuerza se tornó muy politizada”, remarcaron.
Leé también: Paro docente en todo el país: CTERA dijo que el acatamiento fue “altísimo” y desafía al Gobierno
CTERA justificó la convocatoria al paro de 24 horas en todas las escuelas del país en el rechazo del Gobierno de convocar a una Paritaria Nacional Docente en un contexto donde el sueldo mínimo de los docentes continúa alrededor de los $500 mil.
Así, el sindicato reclamó un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —herramienta para pagar un adicional a los maestros y profesores que fue eliminada en 2024— y un mayor financiamiento para el sistema educativo, entre otros puntos. Para el sindicato, la jornada de huelga tuvo “un altísimo acatamiento en todo el país”.
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Milei abre la puerta a un acuerdo con aliados para definir su compañero de fórmula en las elecciones de 2027
“La política es dinámica, pueden ocurrir acuerdos y en función de eso se puede tomar una opción u otra”, admitió el presidente Javier Milei, el día después de haber revelado que había definido el nombre de su compañero de fórmula para 2027. Aunque el mandatario sostuvo que tenía un nombre elegido, esta mañana admitió que existen alternativas en carpeta y no le cerró la puerta a definir el candidato a Vicepresidente en función de un eventual acuerdo electoral.
Lanzado el operativo por la reelección del libertario, en Casa Rosada garantizan que una de las condiciones para definir al candidato es que responda políticamente al Poder Ejecutivo. En La Libertad Avanza aspiran a evitar un desenlace similar al generado con Victoria Villarruel, de nula relación con el Presidente, por lo que intentarán designar a una persona del entorno del libertario. “Después de lo que pasamos con Villarruel, no vamos a permitir que el Vice no responda a Casa Rosada”, plantearon desde el oficialismo ante este medio.
A diferencia de la estrategia adoptada en 2025, en Balcarce 50 se muestran receptivos a nuevos entendimientos electorales con mandatarios provinciales y con partidos aliados como el PRO y la UCR. En los dos últimos casos, la negociación es aún más compleja, en particular con el partido que lidera Mauricio Macri, donde la discusión sobre la Ciudad de Buenos Aires oficia de parteaguas.
Asimismo, algunos interlocutores violeta ven con buenos ojos contemplar la posibilidad de tener un Vicepresidente que provenga del interior del país, en la búsqueda por otros cuatro años de gestión de Milei, pero aseguran que todavía no hay definiciones al respecto.
Luego de contar que tiene resuelto quién será la persona que lo acompañará en la disputa por un nuevo mandato, Milei planteó que cuenta con un “conjunto de personas” que califican para el cargo, pero evitó dar mayores precisiones debido a que considera que “la política es dinámica”. “Tengo alternativas y tengo orden de preferencia, pero la política es dinámica y pueden ocurrir acuerdos”, precisó el Presidente en declaraciones a Radio Mitre.
Como contó este medio, entre los nombres que evalúa la administración libertaria aparecen la jefa de la bancada violeta en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, quien admitió sus intenciones por competir en 2027, y figuras alineadas con el libertario como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Si bien este medio consultó con esta última, no obtuvo respuesta.
Pese a que desde su entorno lo negaron, el nombre del actual titular de la Cámara de Diputados –Martín Menem- es otro de los mencionados en las filas oficialistas por su cercanía con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por su alineamiento con el Presidente. También el de la menor de los Milei en lo que configuraría una fórmula estrictamente pura de “Milei-Milei”.
La discusión sobre el futuro compañero de fórmula cobra especial relevancia en medio del deterioro definitivo de la relación entre Milei y Villarruel, quien ya no oculta sus diferencias con el Poder Ejecutivo e incluso acusó al mandatario de tener “persecuciones imaginarias”. Esto llevó a que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le sugiriera dar un paso al costado.
Por su parte, el mandatario se hizo eco de las declaraciones de la Vice y evitó confrontar con la que supo ser su compañera de fórmula en 2023. “Cada vez que alguien cambió la realidad lo tildaron de loco. Entiendo que los enamorados del status quo, al que quiere cambiar las cosas, lo traten de loco”, sentenció.
Pese a ello, le facturó a Villarruel el intercambio con los gobernadores peronistas de Formosa, Gildo Insfrán, y de La Rioja, Ricardo Quintela, y el homenaje en el Senado a la expresidenta María Estela Martínez de Perón.
“No es tan importante Victoria Villarruel”, arremetieron por los pasillos de Casa Rosada para desmentir que el anticipo del mandatario respondiera a los chispazos ocasionados en los últimos días. A poco más de dos años de gestión, el vínculo entre el Presidente y la Vice está completamente roto.
ceremonia de investidura – jura de cargo / toma de posesión de javier milei como presidente de argentina – bastón de mando / bastón presidencial,políticos
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Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno cede para conseguir la Ley de Tierras y busca acuerdos para 2027
El reciente Decreto 681/26, que modifica la ley de migraciones para impedir el ingreso o revocar la residencia de extranjeros que hubieran emitido mensajes de odio contra el pueblo argentino, es un excelente ejemplo para ilustrar, por el absurdo, lo que un decreto de necesidad y urgencia no debe ser. Su inconstitucionalidad es flagrante por el contenido, pero lo es más por la vía elegida.
Quienes lo rechazan (una categoría que incluye también a personas que habitualmente apoyan las políticas del gobierno nacional) se han detenido por lo general en el primer aspecto. No les falta razón. Los mensajes de odio a los que se refiere el decreto se vinculan a lo que se ha denominado la “campaña antiargentina”. Los considerandos del decreto no emplean esa expresión, pero la idea está expuesta con claridad: “Que han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. Ese supuesto fundamento se expone en términos dogmáticos, como una verdad que no necesita ser demostrada. Aunque no se lo aclara, es obvio que los “mensajes de odio” son las críticas que despertó en las redes sociales el desempeño de la selección argentina de fútbol y algunas expresiones de personalidades conocidas internacionalmente, como el actor estadounidense Samuel L. Jackson, que acusaron a los argentinos de racistas. Cada tanto surgen ciertas estupideces de este tipo. Hace unos años, el diario The Washington Post señalaba, como si se tratara de un acto de discriminación, que en la selección argentina no había negros.
política, bandera, ley de tierras
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