POLITICA
La Justicia pidió la última declaración jurada del hermano de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y diputado bonaerense de La Libertad Avanza, sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara la última declaración jurada presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción (OA).
La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.
Según la documentación presentada ante la OA, Francisco Adorni volvió a rectificar su declaración jurada. En esta nueva corrección informó que el 50% de la valuación de su vivienda ubicada en City Bell asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, como había consignado en una presentación realizada en mayo pasado.
Además, incorporó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer un total de $2 millones. En la rectificación anterior, presentada en mayo, también había informado el ingreso de una herencia por $21 millones.
La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y fue impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario luego de su desembarco en la administración nacional tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
Tres semanas atrás, la investigación sumó nuevas medidas de prueba ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido de Marijuan. En ese contexto, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación vinculada a los cargos ocupados por Adorni desde 2023, sus designaciones y los ingresos percibidos durante ese período.
Durante ese procedimiento también se requirió información sobre las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el funcionario en los distintos puestos que ocupó dentro de la administración pública.
La documentación incorporada al expediente incluye pedidos de información sobre su historial salarial, eventuales retenciones y actos administrativos relacionados con sus nombramientos. Marijuan había considerado “indispensable” contar con esos datos para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.
La investigación se enfoca especialmente en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni comenzó a desempeñar funciones en el Poder Ejecutivo nacional. En el dictamen que impulsó la causa, el fiscal sostuvo que el objetivo es determinar si existió “un presunto incremento patrimonial no justificado” durante esos años.
Como parte de las medidas de prueba, la Justicia también dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. La decisión permitió avanzar sobre información tributaria y financiera vinculada a sus movimientos económicos.
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Además, la fiscalía libró pedidos de informes a más de 30 organismos y entidades públicas. Entre ellos figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Los requerimientos incluyeron información sobre declaraciones juradas, pagos de impuestos, bienes registrables, regímenes de facturación, operaciones económicas y eventuales sanciones. También se solicitaron datos sobre automotores, inmuebles y la situación tributaria asociada a esos bienes.
La investigación alcanzó además al Banco Central, al que se le pidió información sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad. Asimismo, Migraciones recibió un requerimiento para informar los viajes realizados por Adorni al exterior, sus destinos y, en caso de traslados terrestres, las personas que lo acompañaron.
La declaración jurada rectificativa presentada en mayo había introducido cambios significativos respecto de la versión original correspondiente a 2025. En aquella oportunidad, Adorni incorporó una herencia por $21 millones y modificó el detalle de sus deudas.
Inicialmente había informado una deuda hipotecaria de $130 millones al comienzo del año y un pasivo de $57 millones al cierre del período. Sin embargo, en la rectificación posterior sostuvo que la deuda inicial era de $45 millones, mientras que el monto final permaneció en $57 millones. De ese modo, dejó de figurar un desendeudamiento de $73 millones y pasó a registrarse un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.
Esa misma presentación consignó un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, frente a los $62,3 millones declarados al inicio del año.
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La documentación también reflejó modificaciones en los bienes declarados por el funcionario. Durante 2025 dejó de informar una camioneta Chery Tiggo y pasó a declarar el 50% de titularidad de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. Asimismo, mantuvo la declaración correspondiente al 50% de una vivienda en City Bell.
Francisco Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y en junio de 2025 fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Posteriormente encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
El expediente que lo involucra tramita de manera independiente de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Según la información judicial disponible, en ambos casos la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados a integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.
Francisco Adorni, Manuel Adorni
POLITICA
Mendoza: piden el juicio político para la vicegobernadora por sus dichos contra la selección de Francia

A pesar de que el Mundial 2026 terminó, las polémicas aún continúan vigentes. En este sentido, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, enfrenta un proceso de juicio político tras calificar a la selección de fútbol de Francia como un “equipo africano de flojos modales” durante el certamen. Un grupo de dirigentes radicales solicitó formalmente su destitución por considerar que incurrió en “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”.
La polémica se desató luego de que Casado expresara en redes sociales, tras el partido que enfrentó a Paraguay contra Francia por los octavos de final: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. Estas declaraciones generaron rechazo tanto en el ámbito político local como internacional, y motivaron que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, enviara una carta al embajador francés en Argentina para distender el conflicto. El propio gobernador calificó los dichos de su vicegobernadora como “de carácter discriminatorio” y se distanció públicamente de sus expresiones.
El pedido de juicio político fue presentado por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela junto a otros referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes fundamentaron la solicitud en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza. El documento también fue firmado por Fernando Armagnague, exdiputado nacional, y otros dirigentes partidarios. Según los autores, las declaraciones de Casado “desprestigian la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”.
Las repercusiones diplomáticas no se hicieron esperar. La embajada de Francia en Argentina repudió las palabras de la vicegobernadora y la declaró persona non grata. A modo de defensa, Casado afirmó: “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad”. Además, atribuyó la controversia al “correctismo político” y al “wokismo”, y sostuvo que sus comentarios se dieron en el marco del folclore futbolero.
La denuncia contra Casado también llegó al ámbito judicial. El abogado Alfredo Guevara promovió una causa bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que inicialmente tramitó en la justicia local y luego pasó al fuero federal. Por otro lado, el justicialismo presentó diversas iniciativas en la Legislatura para repudiar las declaraciones de la funcionaria.
El proceso de juicio político deberá seguir el mecanismo previsto en la Constitución de Mendoza. La solicitud fue dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, André Lombardi, y el primer paso corresponde a ese cuerpo legislativo, que debe votar la acusación. El Senado provincial se encargaría del juzgamiento, y en ambos casos se requiere una mayoría calificada de dos tercios. Aunque existen pocas probabilidades de que la destitución avance debido a la composición mayoritaria oficialista, el trámite podría derivar en la separación del cargo de la vicegobernadora.
El caso puso en el centro del debate el alcance de las expresiones de los funcionarios públicos y sus consecuencias institucionales, así como el impacto en las relaciones entre Argentina y Francia. El gobierno provincial se vio obligado a explicar la situación ante las autoridades francesas y la opinión pública, en un contexto de alta sensibilidad por cuestiones de discriminación y racismo, que aún hoy continúan vigentes en el ámbito nacional e internacional.
POLITICA
Lilia Lemoine: “Quieren hacer creer que el mundo odia a los argentinos por culpa de Milei”

Lilia Lemoine rechazó que las críticas dirigidas contra la Argentina tras la final del Mundial respondan a un rechazo generalizado hacia el país y aseguró que forman parte de una utilización política impulsada por sectores de la oposición. Durante una entrevista con Infobae al Regreso, la diputada nacional sostuvo que existe “una campaña internacional antioccidente” y que el kirchnerismo construyó su versión local para responsabilizar al presidente Javier Milei. A su entender, “no hay una campaña internacional antiargentina”, sino un intento por asociar el alineamiento geopolítico del Gobierno con una imagen negativa del país.
La legisladora sostuvo que dirigentes del kirchnerismo y de la izquierda aprovecharon declaraciones de algunas figuras públicas para instalar la idea de que “todo el mundo odia a los argentinos”. Según afirmó, el objetivo es responsabilizar al Presidente mediante acusaciones de racismo que, aseguró, carecen de fundamento. “Quieren hacer creer que el mundo odia a los argentinos por culpa de Milei. Jamás dijo o hizo algo que pudiera hacer pensar que es racista”, afirmó.
En esa línea, argumentó que varios artistas y referentes internacionales críticos del Gobierno militan en espacios políticos vinculados al Partido Demócrata de Estados Unidos o al oficialismo español, a los que relacionó con el “castrochavismo”. Sin embargo, aclaró que esas voces no representan a la totalidad de esas sociedades y rechazó la idea de que exista un sentimiento generalizado contra la Argentina. “No es que todos los españoles o todos los norteamericanos nos odien”, señaló.
Las afirmaciones derivaron en uno de los principales cruces de la entrevista. Diego Iglesias cuestionó cuáles eran las pruebas para sostener la existencia de una campaña organizada y le preguntó si estaba describiendo una conspiración internacional. Lemoine rechazó esa interpretación y respondió que nunca habló de una coordinación global, sino de un fenómeno en el que el kirchnerismo y la izquierda toman declaraciones aisladas de actores y figuras públicas para amplificarlas políticamente. Según planteó, ese mecanismo busca perjudicar la “marca país”, desalentar inversiones y convencer a los argentinos de que el mundo los rechaza por culpa del actual Gobierno.
La diputada insistió en que esos episodios son utilizados para instalar un relato desfavorable sobre la Argentina y sostuvo que el trasfondo excede la política local. A su juicio, la discusión está vinculada con el posicionamiento internacional de la administración de Javier Milei y su alineamiento con Estados Unidos y Occidente, una interpretación que volvió a generar contrapuntos con los periodistas, quienes le pidieron precisiones sobre las evidencias que respaldaban esa hipótesis.
El debate sobre inmigración y la teoría del “gran reemplazo”
La conversación derivó luego hacia la inmigración y la denominada teoría del “gran reemplazo”, una hipótesis según la cual la inmigración masiva modifica la composición demográfica y cultural de los países europeos. Lemoine sostuvo que ese proceso ya puede observarse en distintas naciones del continente y lo vinculó con la caída de la natalidad y las políticas migratorias adoptadas durante las últimas décadas. En ese contexto, afirmó que muchos países “abrieron totalmente las fronteras” y permitieron el ingreso de una población que, con el tiempo, terminará reemplazando demográficamente a la población originaria.

Consultada sobre si esa mirada implicaba una postura xenófoba, la diputada rechazó esa caracterización y aseguró que su preocupación no pasa por el origen de las personas, sino por preservar la identidad cultural y las normas de convivencia. “No es odiar a las personas. Es proteger tu suelo, tu identidad y tu estilo de vida”, afirmó. También manifestó su preocupación por el avance del islamismo radical y la eventual imposición de la ley sharia. “Como mujer, me da miedo la ley sharia”, agregó.
Las declaraciones generaron nuevos contrapuntos con los conductores del programa. Iglesias sostuvo que la teoría del “gran reemplazo” suele ser utilizada por sectores de extrema derecha y advirtió sobre el riesgo de generalizar conductas de grupos radicalizados al conjunto de los inmigrantes musulmanes. Mica Mendelevich, por su parte, planteó que ese razonamiento podía derivar en mecanismos de exclusión similares a los que históricamente afectaron a comunidades perseguidas, como la judía.
Lemoine respondió que diferenciaba claramente al islam del islamismo radical y sostuvo que los musulmanes integrados en la Argentina “no tienen nada que ver” con ese fenómeno. También cuestionó la legislación migratoria argentina, a la que calificó como “una de las más laxas del mundo”, y puso como ejemplo el ingreso de ciudadanos rusos durante la guerra en Ucrania para obtener el pasaporte argentino. Según afirmó, muchos de ellos utilizaron el país únicamente como una vía para acceder a un documento que les permitiera circular hacia otros destinos.

La diputada defendió además que el debate migratorio debe darse antes de que los problemas aparezcan y sostuvo que Europa constituye un antecedente de lo que, a su juicio, podría ocurrir en otras regiones si no se modifican las políticas de ingreso. Esa visión volvió a ser cuestionada por los periodistas, quienes señalaron que se trata de una hipótesis controvertida y sin evidencia concluyente de que responda a un plan coordinado.
La política local: Ley de Tierras, Malvinas y kirchnerismo
En el tramo final de la entrevista, Lemoine abordó distintos temas de la agenda política argentina. Sobre la reforma de la Ley de Tierras, defendió la posibilidad de flexibilizar las restricciones para la compra de terrenos por parte de extranjeros y aseguró que eso no implica una cesión de soberanía. Explicó que las propiedades continúan bajo jurisdicción argentina, siguen alcanzadas por las leyes nacionales y sus propietarios deben pagar impuestos y cumplir la normativa vigente.
“Si un extranjero compra un terreno y se muda, seguirá sometido a la ley argentina. Si no se comporta como un argentino, la ley le caerá encima”, sostuvo. Para la diputada, las críticas a esa iniciativa buscan instalar la idea de que el Gobierno está “entregando el país”, cuando, según su visión, el objetivo es facilitar inversiones privadas sin modificar la soberanía sobre el territorio nacional.
La legisladora también volvió a cargar contra el kirchnerismo, al que acusó de construir relatos falsos sobre la política exterior y la situación económica. En ese sentido, cuestionó la difusión de versiones sobre la posición del Gobierno respecto de las Islas Malvinas y sostuvo que dirigentes, periodistas e influencers amplifican esos mensajes con fines partidarios. Además, puso en duda distintas encuestas electorales favorables al gobernador bonaerense Axel Kicillof y aseguró que responden a intereses políticos.
Sobre la política exterior, consideró además que un mensaje publicado por la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre las Islas Malvinas generó un conflicto diplomático innecesario con el Reino Unido. A su entender, ese tipo de intervenciones pueden tener consecuencias delicadas en el plano internacional y afirmó que “podría ser considerado una declaración de guerra”.
La entrevista, que se extendió durante más de una hora, recorrió algunos de los principales ejes del debate político impulsado por el oficialismo. Entre cruces con los periodistas y definiciones sobre geopolítica, inmigración, soberanía y política exterior, Lemoine defendió las posiciones del Gobierno y desarrolló una visión que vincula buena parte de esas discusiones con una disputa ideológica de alcance internacional.
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lilia lemoine
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Los personajes secundarios del caso AFA que podrían volverse detonantes

El jueves que viene deberá presentarse a declarar ante la Justicia norteamericana un grupo de personas ligadas a la AFA, en el marco de la causa que se abrió en suelo norteamericano contra la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia.
Se desconoce, por el momento, quiénes y cuántos son, pero deberán comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Florida para aportar toda la información disponible que tengan respecto a TourProdEnter, la sociedad ligada a Javier Faroni que actúa como agente comercial de la AFA y recolecta sus ingresos por el mundo.
El FBI analiza el desvío de cientos de millones de dólares de los sponsors de la AFA hacia cuentas sospechadas de encubrir a sus verdaderos beneficiarios.
Pese a que no trascendieron las citaciones de la justicia de Florida, distintos nombres podrían haber sido elegidos por los fiscales del caso para ampliar la información sobre TourProdEnter: Juan Pablo Beacon, que supo ser un hombre de extrema confianza del tesorero Pablo Toviggino; Leandro Petersen, máximo responsable del área de Comercialización y Marketing de la AFA; Diego Adrián Lucero, vinculado al entramado societario relacionado con la entidad; y Erica Gillette, titular formal de TourProdEnter y esposa de Javier Faroni.
Son actores secundarios de la trama que, pero que podrían aportar información valiosa para la pesquisa en los Estados Unidos.
Juan Pablo Beacon
Abogado e hijo de un histórico dirigente del fútbol del interior, supo integrar el círculo chico de la AFA como mano derecha del tesorero Pablo Toviggino, pero la relación se quebró y ambos quedaron enemistados.
Formó parte del entramado de sociedades ligadas a la quinta de Pilar que se investiga en la Justicia local y fue presidente ejecutivo del Consejo Federal, que controla la relación con cientos de ligas y miles de clubes del interior.
Desde hace tiempo circula la versión de que tendría en su poder un pendrive cargado con información explosiva para la AFA, que podría comprometer también a miembros de la Justicia federal.
Por todo eso y porque conoce la trastienda operativa de la estructura que comanda Tapia, su testimonio podría ser clave para los tres fiscales que llevan la causa en Estados Unidos.
Leandro Petersen
Tiene un perfil más técnico, pero su cargo lo pone bajo la lupa: como jefe del departamento de Marketing de la entidad fue el arquitecto de la expansión en los negocios comerciales de la marca AFA por el mundo. Llegó allí, cuenta, reclutado por una empresa de recursos humanos que estuvo a cargo de la búsqueda. Antes se había desempeñado en IBM y Mercado Libre.
Las empresas que trabaron relaciones comerciales con la AFA se manejaron con Toviggino y Beacon, pero también con Petersen, tal como contó un equipo de periodistas de en enero.
Como la investigación en Estados Unidos mira de cerca los movimientos millonarios que hubo en ese país entre la AFA y presuntas empresas “fantasmas” a partir del contrato comercial con TourProdEnter LLC, su testimonio podría ser determinante.
Diego Adrián Lucero
Lo alcanza la sospecha de ser uno de los presuntos testaferros vinculados con la compra de la fastuosa mansión de Villa Rosa, Pilar. Junto con Luciano Pantano, titular formal del terreno, constituyó Central Park Drinks, el primer nombre de la firma dueña de la quinta, que recibió dinero directamente de la AFA. En 2022, Lucero renunció como gerente y cedió sus cuotas a la jubilada Ana Conte, la dueña actual junto a Pantano.
Lucero también fue socio de Malte, una de las sociedades vinculadas con la quinta, y empleado de Servicios Lindor, ligada a Mauro Javier Paz, vinculado formalmente con la estructura de la AFA. Es decir que forma parte de la intrincada malla societaria ligada a la AFA.
Erica Gillette
Es la esposa de Javier Faroni y quien aparece formalmente al frente de TourProdEnter, la sociedad que administró al menos US$260 millones provenientes de los negocios internacionales de la AFA. En diciembre de 2021 presentó la oferta para que la firma se convirtiera en agente comercial de la entidad en el exterior, meses después de su creación en Florida.
Gillette figura como administradora y controlante legal de la empresa y aparece en los registros bancarios autorizando transferencias millonarias desde sus cuentas. Según reveló , también utilizó junto con Faroni tarjetas corporativas de TourProdEnter para afrontar más de US$200.000 en viajes, hoteles y consumos personales. Es, desde ya, una de las personas que más información podría aportar sobre el destino de los fondos recaudados para la AFA.
deberá presentarse a declarar,suelo norteamericano,contó un equipo,Conforme a
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