A la espera de la presentación de la declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni ante la Oficina Anticorrupción, el Gobierno trabaja en una estrategia para blindar al funcionario y correrlo del centro de las críticas.

En la Casa Rosada reconocen que el operativo tendrá dos líneas centrales: sostener que Adorni “no robó” y redoblar los cuestionamientos contra los periodistas que publicaron información sobre sus bienes, sus gastos y su adhesión al régimen simplificado de Ganancias ante ARCA. La defensa oficial apunta a instalar que el jefe de Gabinete cumplió con la presentación ante la Oficina Anticorrupción y que la causa judicial deberá avanzar sobre documentación concreta.

La estrategia, coordinada por la mesa chica del Ejecutivo, comenzó a desplegarse desde el gabinete y desde el ecosistema digital libertario.

En Balcarce 50 también miran el calendario. Apuestan a que el inicio del Mundial, previsto para este jueves, diluya la atención pública sobre su situación judicial. En varios despachos oficiales creen que la competencia absorberá buena parte de la agenda mediática y permitirá que el oficialismo vuelva a concentrarse en las reformas, el Congreso y la negociación política.

La apuesta no se limita a bajar la exposición del caso. En Nación también buscan que Adorni recupere protagonismo después de semanas de bajo perfil. Este jueves encabezará junto a Karina Milei una nueva reunión de la mesa política, en la que se revisarán poroteos, estrategia parlamentaria y la secuencia de reformas pendientes.

Los cercanos a Javier Milei sostienen que, para el Presidente, el tema está “terminado” y que mantiene el respaldo total al ministro coordinador. En Nación esperaban que el jefe de Estado vuelva a respaldarlo públicamente, con una base similar al gesto que hizo en mayo con José Luis Espert, cuando lo defendió en medio de los cuestionamientos judiciales por su vínculo con Federico “Fred” Machado.

La diferencia es que, en este caso, el Gobierno busca ordenar la reacción después de una presentación formal ante la Oficina Anticorrupción. Desde el fin de semana, los equipos de Adorni trabajaron con el objetivo de completar el trámite y acompañarlo con una explicación pública. Por eso también lo habilitaron a hablar con un periodista distinto a los que suelen entrevistar a funcionarios de alto rango del oficialismo.

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La línea que bajan cerca del jefe de Gabinete es que Adorni no utilizó el régimen simplificado de Ganancias para blanquear bienes. Sostienen que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron ante ARCA a una modalidad que permite acceder a una declaración precargada, revisarla, corregirla si corresponde y pagar el impuesto que surja. En el Ejecutivo remarcan que esa vía tributaria no implica, por sí sola, una exteriorización de activos no declarados.

El caso, sin embargo, seguirá bajo análisis judicial. La causa por presunto enriquecimiento ilícito está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, que investigan propiedades, gastos, deudas, viajes, consumos y movimientos financieros del grupo familiar. La presentación ante la OA puede ordenar la defensa pública de Adorni, pero no cierra el expediente penal.

En el caso de Karina Milei, sus cercanos reconocen que hubo un enojo inicial por la “desprolijidad” del manejo del tema, aunque aseguran que la relación con Adorni ya volvió a estar “en buenos términos”. La secretaria general de la Presidencia mantiene al ministro coordinador dentro de la mesa de decisiones y lo acompañará en la reunión política de este jueves.

El encuentro de la mesa política servirá para retomar la agenda legislativa. El Gobierno busca ordenar el tratamiento del super-RIGI, la ley de lobby, los cambios en etiquetado frontal y ludopatía, además de otros textos en revisión como juicio por jurados, la reforma del Código Penal y el paquete de desregulación sobre seguros, cabotaje, mercado inmobiliario y mercado de capitales.

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En distintos sectores del gabinete, mientras tanto, prefieren evitar definiciones públicas sobre la situación patrimonial de su coordinador. Varios funcionarios sostienen que solo hablan de las políticas que impulsa la gestión y evitan opinar sobre causas judiciales internas. En otros despachos reconocen que la presentación de la declaración jurada era necesaria para impedir que el caso siguiera escalando sin una respuesta formal.

La estrategia oficial será sostener que Adorni cumplió con los pasos institucionales, que no hubo blanqueo de bienes y que la discusión debe correrse hacia la documentación presentada. En paralelo, la Casa Rosada buscará instalar que las críticas responden a una ofensiva mediática contra el ministro coordinador. El primer test será este jueves, con el inicio del Mundial, la reunión de mesa política y el despliegue del respaldo oficial al jefe de Gabinete.

Gobierno, Manuel Adorni

La abogada María Inés Brogin Alba, quien se desempeñaba como subsecretaria de Gestión Administrativa dentro del Ministerio de Capital Humano, fue designada subsecretaria de Culto dentro de la Cancillería.

Así lo dispuso el Poder Ejecutivo mediante el decreto 442/2026, publicado en Boletín Oficial, en donde dispuso que la actual funcionaria del área que conduce Sandra Pettovello formará parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que conduce Pablo Quirno.

Brogin Alba es abogada graduada en la UBA, especialista en derecho administrativo y constitucional. Fue coordinadora de servicios de Casa de Gobierno durante el gobierno de Mauricio Macri; prosecretaria Letrada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y subgerente de Asesoramiento Legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir del nombramiento y mientras dure su gestión como subsecretaria, Brogin Alba tendrá asignada la categoría de embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, a los únicos efectos del rango protocolar. La asignación se encuadra en el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, que regula las equivalencias de jerarquía para funcionarios civiles que ejercen cargos de esa naturaleza.

Antes de su llegada a la Secretaría de Culto y Civilización, Brogin Alba ya había ocupado un cargo en el gobierno de Milei. Mediante el Decreto 121/2024, firmado en febrero de 2024, fue designada subsecretaria de Gestión Administrativa de Educación de la Secretaría de Educación de la Nación.

La reciente medida se sustenta en las atribuciones que confiere el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a efectuar designaciones en cargos del Poder Ejecutivo.

En forma simultánea, el Gobierno emitió otro decreto —el N.° 443/2026— por el cual designó a Ricardo Luis Bocalandro como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante la República de Palau.

El funcionario actualmente se desempeña como embajador ante la República de Filipinas, tras haber sido nombrado mediante el Decreto 67/2022. Sin embargo, este nuevo cargo se produce sin perjuicio de las funciones que Bocalandro ya ejerce. De esta manera, acumula una doble acreditación diplomática para el país insular de Oceanía formado por más de 500 islas y ubicado en la región de Micronesia.

El decreto informó que el Gobierno de Palaus concedió oportunamente el plácet de estilo para la designación, un requisito previo que es indispensable en el protocolo diplomático internacional para que un embajador pueda ser acreditado ante un Estado receptor.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto intervino en el trámite y avaló la legalidad del procedimiento.

Así como en ocasiones anteriores de esta relevancia, los gastos que genere el cumplimiento del decreto serán imputados a las partidas específicas de la Jurisdicción 35, correspondiente a esa cartera ministerial.

Una de las últimas designaciones para representar al país en el exterior fue la de Fernando Iglesias. Lo hicieron mediante el decreto 191/2026, publicado en el Boletín Oficial. De esa manera oficializaron su rol como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea (UE), con sede única en Bruselas.

La medida consolidaba la fusión de ambas representaciones diplomáticas en una sola. El decreto estableció que Iglesias queda nombrado como funcionario de categoría “A” del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con acreditación simultánea ante los dos destinos. La norma aclara expresamente que la designación no altera sus funciones en ninguna de las dos representaciones diplomáticas.

La oficialización llegó tras la aprobación del pliego de Iglesias por parte del Senado durante una sesión realizada en febrero. Hasta ese momento, el diplomático se desempeñaba en el cargo de manera provisional, bajo la figura de embajador “en comisión”.

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Un grupo de diputados nacionales de distintos bloques anunció una estrategia conjunta para volver a impulsar el proyecto de Ficha Limpia en el Congreso y buscar que la iniciativa sea aprobada antes de las elecciones de 2027.

La propuesta apunta a impedir que puedan ser candidatos a cargos electivos quienes tengan condenas por delitos contra la administración pública confirmadas en segunda instancia. Sus impulsores sostienen que se trata de una condición básica de integridad para quienes aspiren a ejercer funciones públicas.

El proyecto había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en febrero de 2025, pero posteriormente fue rechazado en el Senado. Tras ese revés legislativo, legisladores de Adelante Buenos Aires, Provincias Unidas y la Coalición Cívica decidieron coordinar una nueva ofensiva parlamentaria para intentar convertir la iniciativa en ley.

Según informaron, el acuerdo contempla cuatro ejes de trabajo: relanzar el debate reconociendo el papel de las organizaciones ciudadanas que impulsaron la propuesta durante los últimos años, avanzar en la unificación de los proyectos presentados, convocar al resto de las bancadas a sumarse a la iniciativa y solicitar formalmente su tratamiento en el recinto.

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“Ficha Limpia es un compromiso moral que tenemos con los argentinos. Desde 2017 acompaño a Silvia Lospennato en su tratamiento en el Congreso y hoy tomo la posta. Es un requisito electoral más para cualquiera que desee competir por la representación ciudadana”, afirmó la diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.

La diputada santafesina Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, consideró que el Congreso debe avanzar con la iniciativa para que esté vigente para los próximos comicios presidenciales. “Muchas provincias ya avanzaron y en Santa Fe dimos un paso más: la incorporamos a nuestra Constitución como política de Estado. Las instituciones se fortalecen con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”, sostuvo.

En tanto, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, aseguró que la ley “no puede seguir quedando cajoneada” y remarcó que detrás del proyecto existe “un gran movimiento ciudadano que reclama integridad”. “Los argentinos merecen que quienes cometieron delitos no puedan usar los cargos, los fueros o los privilegios de la política para protegerse de la Justicia”, expresó.

La iniciativa de Ficha Limpia fue debatida en distintas oportunidades durante los últimos años y se convirtió en uno de los principales reclamos de sectores de la oposición y organizaciones civiles que promueven mayores estándares de transparencia en la función pública.

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