POLITICA
La Justicia suspendió las multas al Gobierno por no aplicar la ley de Financiamiento Universitario
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió este jueves de manera provisoria la aplicación de multas diarias para el Gobierno por el incumplimiento de la cautelar vinculada con la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.
Así lo dispusieron los jueces Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán al hacer lugar a un recurso de queja que había presentado el Ministerio de Capital Humano.
Los magistrados dispusieron “conceder —en relación el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con fecha 24 de septiembre de 2026, contra la providencia de fecha 22 de septiembre de 2026”, según el fallo al que accedió .
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, había resuelto este miércoles, un día antes de la quinta Marcha Universitaria Federal, la aplicación de sanciones económicas diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, del orden de $100.000 por día por no aplicar la norma.
La Justicia federal había intimado así formalmente al gobierno de Javier Milei a acatar la cautelar que había sido ratificada por la Corte Suprema. A fines de septiembre, el magistrado ya había concluido que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la medida cautelar vigente, que obliga a actualizar salarios y becas universitarias, y había fijado un plazo máximo de cinco días para hacerlo.
Cormick señaló, además, que la decisión se adopta “en concordancia” con lo resuelto en la causa principal: la semana pasada, el juez declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N.º 759/2025 mediante el cual el Gobierno había frenado la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego del rechazo al veto presidencial del año pasado.
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Las inmediaciones del Congreso fueron escenario de un fuerte enfrentamiento entre la Policía y un grupo de manifestantes mientras se desarrollaba la Quinta Marcha Federal Universitaria.
El punto más álgido del conflicto se registró minutos antes de las 16, momento en que estaba pactado el inicio del acto central de la movilización, cuando protestantes encapuchados empezaron a lanzar piedras y elementos contundentes a los efectivos que se hallaban detrás del vallado.
La Policía respondió con gases lacrimógenos y con chorros de agua arrojados desde los camiones hidrantes. Sin embargo, los manifestantes radicalizados no se detuvieron y continuaron con la disputa, destrozando las veredas para armarse de nuevos objetos para tirar.
Los gases que lanzaron las fuerzas de seguridad llegaron hasta el anexo de la Cámara de Diputados, edificio situado a una cuadra del Congreso. Los legisladores Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto se encontraban en las inmediaciones y se vieron notablemente afectados, al punto que la primera se descompuso y tuvo que ser atendida por personal médico.
“Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, manifestó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tras los incidentes.
Debido a los incidentes, y a la intensa lluvia, el acto central se adelantó y antes de las 17 se cerró con la lectura de un documento, con críticas al Gobierno y en reclamo del cumplimiento del financiamiento universitario.
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POLITICA
Kicillof sale contener y mostrar coordinación en medio del pedido por las policías municipales
Son varios los intendentes, sobre todo del conurbano bonaerense, que aguardan que el gobierno de Axel Kicillof gire a la Legislatura un proyecto para reformar y actualizar la actual Ley de Seguridad Pública de la provincia de Buenos Aires. Los jefes comunales esperan con detalle el apartado que, entienden, estará referido al desempeño de las Policías Municipales; un tema siempre presente y que en tiempos electorales, como lo será el año que viene, es materia de debate. Pero en el Gobierno bonaerense salieron en las últimas horas a mostrar que la articulación y el trabajo con los intendentes en materia de seguridad son fluidos, más allá de la pertenencia política de cada jefe comunal.
Este miércoles, Kicillof inauguró una base policial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el municipio de San Isidro donde gobierna Ramón Lanús, un intendente cercano a Patricia Bullrich. Pese a ello, el jefe comunal mostró predisposición y hasta agradecimiento a la Provincia. “Estamos inaugurando una nueva base de la UTOI, como fruto del trabajo que venimos haciendo con la provincia de Buenos Aires desde hace dos años y medio que asumimos la gestión. Nos hicimos cargo de la seguridad de San Isidro, sin querer buscar excusas, y trabajamos muy bien con la provincia estos dos años y medio y hoy vemos que está dando resultados ese trabajo”, dijo Lanús con Kicillof a su lado. También dijo sentirse “muy contento”.
Las palabras del jefe comunal son el muestreo de lo que busca exhibir el Ejecutivo bonaerense: que Kicillof mantiene una agenda de trabajo en seguridad con todos los intendentes, más allá de los requerimientos sectoriales. Uno de esos requerimientos en materia de seguridad tiene que ver con el marco legal para el funcionamiento de las policías municipales.
“Por encima de cualquier pertenencia partidaria, nuestro objetivo como gobierno provincial es llevarles tranquilidad y respuestas a los vecinos y vecinas de cada distrito”, planteó Kicillof y agregó con el caso de San Isidro: “Por eso, asumimos la responsabilidad de planificar y articular políticas con los gobiernos locales que generan resultados concretos en materia de seguridad: ya hay 100 agentes de la UTOI que están desplegados para fortalecer la prevención en los barrios de San Isidro”.
Hoy, varios distritos cuentan con fuerzas de seguridad propias. En rigor, según el caso, tienen mayor o menor despliegue en sus funciones. Algunas, incluso, portan armas de uso no letal. En Escobar, por ejemplo, donde gobierna el kicillofista Ariel Sujarchuk, el cuerpo de seguridad municipal utiliza las Byrna, un dispositivo de defensa personal de letalidad reducida que dispara municiones de calibre .68. En Vicente López, donde gobierna la intendenta del PRO, Soledad Martínez, las fuerzas locales también portan este tipo de armamento. San Isidro, Ezeiza y Tigre son otros distritos.
En su apertura de sesiones, en marzo de este año, Kicillof anunció una reforma a la Ley de Seguridad Pública. En ese gran proyecto marco se iba a incluir un marco normativo para el funcionamiento de las policías locales. En ese momento, los intendentes celebraron el anuncio ya que intuyeron que esa decisión también alcanzaría el envío de recursos de parte de la Provincia para solventar el funcionamiento de las fuerzas. Como contó Infobae, hubo algunas reuniones con el ministro de Seguridad, Javier Alonso, al respecto. Pero hasta el momento, la iniciativa en cuestión no fue girada ni a la Cámara de Diputados bonaerense ni al Senado de la provincia de Buenos Aires.
Días atrás, el municipio de Lanús aprobó la creación de una policía municipal. El intendente, Julián Álvarez (La Cámpora), había anunciado la convocatoria para incluir a 100 agentes en la nueva fuerza. Luego el concejo deliberante de su distrito terminó dándole un marco regulatorio a dicha fuerza de seguridad. Así, se definió que la nueva Policía de Prevención Municipal articulará con las fuerzas policiales para prevenir conflictos, violencias y delitos. Como en otros distritos, los agentes portarán armas no letales y se está realizando la compra de 30 nuevos vehículos para el uso exclusivo de este nuevo cuerpo.
En el mes de agosto, Álvarez inauguró la Escuela de Policía Municipal de Lanús, donde 120 cadetes se están capacitando para, en el mes de diciembre, pasar a conformar el primer Cuerpo de Policía de Prevención y Disuasión. Para eso, indicaron que desde el distrito de la Tercera Sección Electoral se firmaron convenios de cooperación con el Instituto Universitario Vucetich y la Universidad Nacional de Avellaneda; ambos participan de la formación de los cadetes. El objetivo central, consideraron en el Ejecutivo local ante la consulta de Infobae, es profesionalizar la seguridad mediante una formación orientada a la prevención y la proximidad comunitaria. En ese sentido, también se incorporaron 20 Jeep Renegade, que patrullan durante las 24 hs los puntos de acceso de la ciudad.
En vista de la campaña del año que viene, hay distintas posiciones al respecto de este tema en la provincia de Buenos Aires. En el kirchnerismo, el presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, dijo estar en contra de la ley de policías locales. Proyecta que una nueva fuerza a cargo de los intendentes solo complejizará la cuestión y que distintos elementos, como el narcotráfico, podrían encontrar en una nueva fuerza de seguridad un foco donde penetrar y garantizarse su desarrollo.
Hay algunos legisladores no peronistas que empujan a las policías locales y que creen que Kicillof no girará el proyecto anunciado, que ya está “en retirada” y que solo está dejando “pasar el tiempo”, para que el próximo gobernador avance -o no- sobre el tema. En La Plata relucen los distintos fondos de seguridad que el gobernador habilitó para los intendentes en cada negociación presupuestaria, con el objetivo de dar cuenta que la agenda y el rol que deben tener los intendentes son de su incumbencia. El año pasado, el Ejecutivo bonaerense definió en su presupuesto que para este 2026 se destinen $1,6 billones para el área de Seguridad y Servicio Penitenciario. El proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Pública podría girarse antes de fin de año. Su discusión y tratamiento serán otro capítulo.
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POLITICA
El Gobierno identificó a la marcha universitaria con una movida opositora y defendió el operativo de seguridad en el Congreso
El Gobierno se enfrentó este jueves a la quinta marcha federal universitaria, que reunió a una multitudinaria convocatoria frente al Congreso pero que, a diferencia de otras oportunidades, terminó con incidentes.
En la Casa Rosada buscaron ligar el reclamo de las universidades, que demandan a la administración libertaria que cumpla la ley de financiamiento educativo, a una movida orquestada por la oposición. En ese tren, culparon a grupos violentos por los desmanes que se desataron frente al Palacio Legislativo.
“Es un acto opositor”, plantearon fuentes del Ejecutivo respecto de la marcha y el acto central. “Se politizó demasiado”, agregaron.
El presidente Javier Milei no siguió el reclamo desde el país, ya que se encuentra en Washington, como parte de su vigésimo viaje a los Estados Unidos desde diciembre de 2023.
Respecto de la violencia que se desató en las calles porteñas, desde un importante ministerio de la Casa Rosada plantearon a : “Son los mismos de siempre, los que no salen a manifestarse, sino a provocar caos”.
Otra fuente de peso en el Poder Ejecutivo acotó, en el mismo sentido: “Los enfrentamientos siempre son generados por los mismos sectores, lamentablemente”.
En un primer reporte, fuentes oficiales detallaron que hubo tres efectivos de la Gendarmería y uno de la Prefectura heridos con “elementos contundentes”.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, justificó el operativo con un mensaje en la red social X. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, sostuvo la funcionaria, con un video de manifestantes rompiendo las vallas y con las caras tapadas.
Por su parte, el jefe de la bancada de Unión por la Patria (UP) en Diputados, Germán Martínez, denunció la presencia de supuestos “infiltrados”.
Desde ayer, en el Gobierno vincularon el reclamo universitario a una cuestión partidaria. Incluso, afirmaron que están cumpliendo la ley, pese al retaceo de fondos, los reclamos de las universidades y los fallos judiciales adversos. Fuentes de la gestión de Milei acusaron al juez Martín Cormick de nexos con el kirchnerismo.
El magistrado no solo multó al Gobierno por incumplir la ley de financiamiento universitario, sino que también ordenó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pagara $100.000 por día.
En ese momento, fuentes del Gobierno dijeron que el magistrado tenía “pasado y amigos en La Cámpora”, la organización que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. “Se presenta como un cuadro técnico del kirchnerismo y ejerció como síndico general del PAMI en la gestión de Luana Volnovich”, apuntaron contra el juez.
La movilización de hoy, para exigir a la gestión de Milei que cumpla con la ley de financiamiento universitario ratificada por el Congreso, fue convocada por el frente sindical universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
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