POLITICA
Por falta de quorum, fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el DNU 70/23 de Milei

Pese a los intentos a contrarreloj para sumar avales, la oposición no logró reunir el quorum necesario para avanzar con la megasesión convocada para hacer caer el DNU 70/23 y tratar la prórroga de emergencia en discapacidad y un proyecto para abordar la creciente morosidad y el endeudamiento familiar. El apoyo de los legisladores del norte y del centro fue clave para el Gobierno, que obtuvo con esta derrota un poco de aire con miras a dos temas que le interesan especialmente a la Casa Rosada: la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027.
Los bloques críticos alcanzaron los 121 votos: les faltaron ocho avales para poder abrir el recinto. Entre las ausencias de peso figuran los tres legisladores de Independencia que responden a Jaldo; los integrantes de Provincias Unidas Gisela Scaglia y José Núñez, cercanos al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Tampoco bajaron al recinto Sergio Capozzi (Río Negro) y Lourdes Arrieta (Mendoza), Alejandra Torres (Córdoba), Jorge Ávila (Chubut) y los radicales Jorge Rizotti e Inés Zingarán, que responden al gobernador jujeño Carlos Sadir.
Hasta último momento, se activó el toma y daca entre el Ejecutivo y las provincias. Desde temprano, referentes de los bloques de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas pusieron la lupa sobre un anuncio del Gobierno para convocar a empresas mineras y operadores logísticos con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Belgrano Cargas en Salta y atraer inversiones privadas para reactivar sus ramales ferroviarios.
A ello se suma la maniobra que ensayó ayer el oficialismo al incorporar dos artículos vinculados con la Ley de Tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.
El primero, el artículo 38, “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, mientras que el segundo, el 39, restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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POLITICA
Marcha Universitaria y contra el DNU 70/2023, en vivo: “Agotamos todas las instancias”, advirtió el líder de la FUA

Esta tarde, miles de personas tienen previsto movilizarse a la 5° Marcha Federal Universitaria al Congreso de la Nación, con el objetivo de continuar con el reclamo de la aplicación “inmediata” de la Ley de Financiamiento, ratificada cinco veces en el Poder Legislativo. La jornada cuenta con el condimento de que se le suma el intento de la oposición para derogar el DNU 70/2023, el mega decreto de Milei que desreguló cientos de actividades al inicio de su gestión.
El personal universitario llega a esta instancia de protesta con el aval de la Justicia y del Congreso, pero persiste el bloqueo del gobierno de Javier Milei a la implementación de la norma que actualiza los sueldos, becas y fondos de la educación superior según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
En esta nueva oportunidad, los sindicatos volvieron a denunciar el deterioro salarial. “El cargo testigo que tenemos, que es el de ayudante de primera con dedicación semi exclusiva, percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando según la Ley de Financiamiento Universitario le corresponde haber cobrado $741.111”, señaló Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.
Las que también se plegarán a la Marcha Federal Universitaria serán distintas organizaciones políticas y gremiales, como la CGT, las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), el axelista Movimiento Derecho al Futuro (MDF), entre otros grupos.
La lluvia llegó a la marcha, el valor de los pilotines
En los últimos minutos, comenzaron los primeros chaparrones fuertes en la tarde. De acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las probabilidades de tormenta son de entre 40% y 70%, hasta la noche. Además, hay alerta amarilla para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Algunos manifestantes se amontonan debajo de techos o incluso se desconcentran, aunque son la minoría los que se van. Los pilotines se venden a 15.000 pesos. Desde el escenario, se ve que las banderas siguen firmes. La más grande reza: “Universidad pública siempre – UBA”.
“La universidad cambió mi vida y la de mi familia”

David es abogado. Todavía encabeza su estudio, aunque ya no va todos los días. “Tengo 89 años, a esta altura no cumplo horarios ni conmigo mismo”, dice. Su papá era gallego y su mamá, calabresa. “Ella fue ama de casa, él llegó a tener su taller mecánico. Y yo fui el orgullo de los dos porque estudié y me recibí. Poder ir a la universidad cambió mi vida y la de mi familia, y tuve docentes brillantes y sé que la universidad los sigue teniendo. Yo dicté clases durante más de treinta años y enseñar en esas aulas es mi mayor satisfacción profesional”, contó.
“Vine para honrar el trabajo docente y para reclamar que les paguen lo que les corresponde”, indicó David. Camina despacio por la calle Montevideo, pero firme y decidido a llegar a la Plaza Congreso.
/politica/2026/10/15/la-oposicion-lo-llego-al-quorum-para-derogar-el-dnu-70-los-gobernadores-aliados-aportaron-un-punado-de-ausencias-clave/
Se suman autoconvocados a la marcha

Alrededor de las 14:30, continúa llegando mucha gente a la Plaza Congreso, que se va llenando de a poco. En la última hora, además, empezaron a llegar manifestantes autoconvocados, es decir, por fuera de las columnas partidarias y sindicales que están desde el principio.
En los bares que rodean a la zona de la manifestación hay muchas mesas ocupadas por docentes universitarios en ejercicio y docentes jubilados.
“No puedo creer lo que ganan los docentes”
Victoria tiene 22 años y estudia Medicina en la Universidad de Buenos Aires y hoy pidió salir una hora antes del trabajo. “Trabajo en una oficina y mi jefe tiene dos hijos que van al secundario y que van a seguir la universidad. Van a ser la primera generación de universitarios en esa familia, por eso cada vez que hubo marcha no tuve problemas en el trabajo para venir”, dice.
“En mi casa no tengo que aportar, lo que gano en mi trabajo part time es para mis gastos. Pero no puedo creer lo que ganan los docentes que nos están formando. Son profesores recontra experimentados y especializados, le ponen una dedicación increíble, y todo por un sueldo imposible. Por eso vengo”, cuenta.
El precio de ir al baño y de una bandera malvinera

Como en otras protestas, la venta ambulante de banderas y cotillón con consignas políticas es parte del paisaje. Por ejemplo, entre $15.000 y $20.000 sale una bandera de “Las Malvinas son argentinas”, según el tamaño.
Otro emprendimiento son los “baños-carpa” que son, stricto sensu, un tacho grande de pintura tapado por una carpa individual para resguardar la privacidad. Cobran $1000 por usarlos.
A metros de los baños improvisados, los manifestantes se colocan debajo del gran techo del cine Gaumont, el lugar preferido para refugiarse cuando empieza a llover.

Los rebusques de los docentes: “Arranqué hace un año un emprendimiento de comida”
Rafael y Alejandra son compañeros de cátedra hace más de quince años y novios hace tres. Enseñan los dos en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ella también en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y él, en Quilmes. Hace más de veinte años son docentes universitarios.
“Arranqué hace un año un emprendimiento de comida con dos amigas también docentes porque no llegamos a fin de mes. Y ni siquiera con eso tenemos la tranquilidad de que llegamos con todos los gastos”, dice ella.
Él suma: “Yo salgo las noches de jueves, viernes y sábado con el auto a hacer Didi o Uber. Nos destrozaron el salario y esta insistencia en no acatar la ley es inmoral. No sólo arrasaron con nuestro bolsillo sino con la ley”.
“La emergencia en discapacidad sigue”: el otro reclamo presente
Empiezan a llegar también manifestantes que exigen la regularización del escenario de las personas con discapacidad y de los trabajadores que se ocupan de esas personas.
“La emergencia en discapacidad SIGUE”, advierten sus carteles. Entre ellos están María, Edgardo y Juan Pablo, el hijo adolescente de ambos, que camina por la plaza con unos auriculares que amortiguan los ruidos alrededor.
“Él es autista y la posibilidad de sostener regularmente sus terapias no existe. Todo el tiempo se suspenden, se discontinúan, y eso que sus terapeutas le ponen todo el amor. Desde que estamos en esta emergencia desatendida, mi hijo y muchas otras personas retrocedieron en su calidad de vida y su estado de salud”, se lamentan. Vinieron desde Bernal en colectivo, tren y subte. Juan Pablo necesita una terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga y un psicólogo, además del transporte para ir a esas terapias y a la escuela de educación especial a la que asiste.
Bombos y murga en la Facultad de Económicas

Estudiantes y docentes se movilizaban hoy desde las 13 en la Plaza Houssay, frente a la Facultad de Ciencias Económicas y el Hospital de Clínicas.

Antes de la convocatoria central, la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), el gremio que representa a los trabajadores no docentes, reunió a parte de sus afiliados y dirigentes en la sede de Económicas, ubicada en avenida Córdoba al 2122.

Con bombos y una murga, el sindicato concentraba desde las 12 al interior de la icónica casa de estudios de la UBA, donde se cursa las carreras para obtener la Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Actuario, entre otras.

Los precios de comer al paso y una mayoría militante
En los alrededores de la plaza ya funcionan los clásicos puestos de comida que suelen montarse en este tipo de convocatorias. El choripán se ofrece a $10.000, mientras que el sándwich de bondiola tiene un valor de 15.000 pesos.
Hasta el momento, la presencia en la plaza corresponde principalmente a quienes llegaron encuadrados en alguna de los sindicatos y organizaciones. Todavía no se sumó el público “suelto” o que suele asistir de manera independiente.
En paralelo, los bares y cafés que rodean a la plaza se convertían de a poco en puntos de encuentro para quienes se preparan para sumarse a la movilización.
“Milei cumplí con la ley”, la consigna más repetida

En la plaza, el pasacalle que más se repite entre los manifestantes y a lo largo de la Avenida de Mayo sintetiza el reclamo central de la jornada: “Milei cumplí la ley”, en referencia directa a la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno no termina de ejecutar.
El clima empieza a tomar color. Desde uno de los parlantes instalados en la zona, suena un tema de Los Redondos, mientras continúa el armado de la concentración frente al Congreso.
Calles cortadas y fuerte operativo en la zona del Congreso
Hacia el mediodía, el tránsito estaba cortado en las calles que circundan la zona del palacio legislativo, ante el amplio operativo de seguridad de las fuerzas federales.
La avenida Callao está cerrada con vallas, a la altura de Bartolomé Mitre, que también permanecía clausurada en sentido Microcentro.
Todo avenida Rivadavia, en paralelo al Congreso, se encontraba repleta de uniformados de Gendarmería nacional, camiones hidrantes y equipamiento anti disturbios.
Además, hay fuerte presencia de Policía de la Ciudad. Los efectivos, con cascos en la mano, se ubicaban en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos, sobre las paralelas a Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.
Joaquín Carvalho: “El Gobierno entró en un estado delicado del equilibrio institucional”
El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, repasó en Infobae en Vivo el conflicto entre la educación superior y el Gobierno, tras la multa judicial de $100.000 por día contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli por incumplir la cautelar que ordena a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
Carvalho enmarcó la decisión judicial en un problema que excede lo económico. “Nosotros pensamos que la política no puede estar exenta de eso. ¿Qué le pasa a un ciudadano en la Argentina cuando no cumple la ley?”, planteó en una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Carvalho repasó los antecedentes de la disputa que llevó a la quinta Marcha Federal Universitaria.
El dirigente universitario detalló el recorrido institucional que derivó en la multa. “Hemos agotado todas las instancias, la calle, la vía institucional a través de la ley de financiamiento universitario, que fue votada en ocho oportunidades, que atravesó un veto presidencial y la Justicia llegando a la Corte Suprema de Justicia”, reconstruyó.
En ese marco, Carvalho definió que “el Gobierno entró en un estado delicado del equilibrio institucional” al incumplir no solo al Congreso, sino la responsabilidad de acatar las leyes vigentes.
Llegan las primeras banderas y manifestantes al Congreso
En la previa a la movilización, los primeros grupos de agrupaciones, sindicatos y organizaciones pusieron sus banderas y estructuras para protestar frente al Congreso.
Cerca del escenario se apostaron los lienzos de Conadu Histórica, Apuba, CTERA, Unión Docentes Argentinos (UDA), Aduana, Fedun y Fatun, algunos de los principales gremios universitarios. En ese marco, se colocaron también dos carteles, Educación y Soberanía, en el centro de la Plaza de los Dos Congresos, a espaldas al edificio legislativo y de frente a la Avenida de Mayo.
Alrededor de las nueve, se realizaban pruebas de sonido antes del inicio de la quinta marcha universitaria en la Ciudad de Buenos Aires.
La avenida Rivadavia permanece cortada a la altura de Callao desde las primeras horas de la jornada, según se pudo observar en el lugar. El tránsito de colectivos y autos particulares todavía puede circular por las calles que rodean la plaza, aunque quienes buscan continuar por Rivadavia deben desviarse, ya que se colocó un vallado que impide el paso.
La magnitud del ajuste acumulado en las universidades

Según un informe del centro CEPA, el presupuesto destinado al “Desarrollo de la Educación Superior”, que afecta a las universidades públicas, representa una caída en términos reales que alcanzó 25,2 por ciento.
Si se compara el 2023 con el presupuesto vigente en 2026 – hasta el 14 de octubre (en pesos constantes y con proyección de la inflación hasta diciembre basada en el Proyecto de Presupuesto 2027), los cálculos arrojan que “sin actualizaciones de por medio hasta fin de año”, habrá “una reducción acumulada de 22,0% respecto de 2023″. En ese marco, el proyecto de Presupuesto 2027 prevé un leve crecimiento en términos reales de 1,2%, en comparación con el crédito vigente para 2026, consolidando la pérdida de años anteriores.
Desde el centro de investigación pusieron como ejemplo el salario histórico de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP), y su pérdida salarial. Para la categoría JTP semi-exclusivo sin antigüedad, pasó de cobrar $1.185.861 (noviembre de 2015) a $672.309 (septiembre de 2026) en pesos de septiembre 2026. Se trata de una caída real de 43,3%. Con la Ley de Financiamiento Universitario, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $887.581 (-25,2%).
Continúan las tomas en algunas facultades

La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encontraba tomada hoy, cuando estudiantes, docentes y no docentes se movilizaban hacia el Congreso en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue acompañada por clases públicas y otras actividades que renovaron las críticas al Gobierno por la demora en poner en vigencia la normativa.
Por otro lado, los dirigentes de distintas facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) resolvieron en asambleas interclaustros la ocupación de varias unidades académicas, como la Facultad de Humanidades y Artes, la Facultad de Ciencias Políticas y RRII y la Facultad de Psicología.
Esta modalidad de protesta surgió luego de que el miércoles pasado cientos de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires ingresaran al Palacio Pizzurno, donde se encuentra la Secretaría de Educación de la Nación, para realizar una sentada pacífica en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigiendo el aumento de la Beca Progresar.
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POLITICA
El dueño de la empresa que denunció extorsión calificó la absolución del jefe camionero de “cheque en blanco a la mafia sindical”

El empresario Ariel Rey, dueño, junto a su hermano Gustavo, de Rey Distribución SRL, cuestionó con dureza el fallo que absolvió ayer al sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo del gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano.
En una entrevista con , Rey, quien también es concejal de San Pedro (fue electo por La Libertad Avanza), calificó la sentencia como un “cheque en blanco a la impunidad y a la mafia sindical”. Anunció que apelarán el fallo y expresó su confianza en que será revertido.
El empresario también sostuvo que la decisión envía un mensaje a los empresarios de la zona, quienes ahora temen sufrir nuevos bloqueos y extorsiones. “¿Qué tengo que hacer si viene Cabaleyro y me vuelve a bloquear? ¿Tengo que agarrar un palo? ¿Tengo que agarrar un arma? ¿Qué tengo que hacer?”, se preguntó Rey.
Cabaleyro había sido acusado de realizar dos bloqueos sindicales en 2021 y exigir dinero a sus propietarios. Sin embargo, el juez Alejandro López, del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás, argumentó que el gremialista ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos. Cabaleyro llegó al juicio en prisión domiciliaria y recuperó la libertad de inmediato. Junto a él fueron absueltos seis exempleados de la distribuidora, que estaban acusados de turbación de la posesión.
—¿Esperaban que la Justicia absolviera a Cabaleyro?
—Nos sorprendió el fallo del juez. Hubo una acusación con hechos contundentes y había sido dictada la prisión preventiva de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola [sindicalista camionero que acordó ser juzgado aparte, en un juicio abreviado]. No esperábamos que un juez, cuyo criterio pongo en duda, directamente lo absuelva de absolutamente todo. Con este fallo, le da un cheque en blanco a la impunidad y a la mafia sindical. Pareciera que hay una ley aparte para los poderosos.
—¿Apelarán el fallo?
—Tenemos una instancia de apelación a la que vamos a recurrir. Vamos a llevar a Casación todos los delitos que venimos sosteniendo, de manera urgente y contundente. Vamos a dar la batalla en las instancias necesarias y vamos a recurrir, si es necesario, hasta la Corte Suprema.
—¿Confían en que Casación revierta esta decisión?
—Vamos a revertir el fallo de este juez, claro que sí, porque tenemos delitos comprobados perfectamente. Incluso el juez reconoce los delitos en el fallo, pero le da la derecha porque está dentro del marco del reclamo laboral.
¿Para qué hay normas para un derecho a huelga si, con el fallo de este juez, puede venir un sindicato, bloquear una empresa, coaccionar y extorsionar, hasta tanto no cedas? ¿Qué le decimos a la sociedad después de fallos como este? ¿Qué tiene que hacer el dueño de una empresa que es extorsionado por un sindicato?
A partir de un momento que hay una reforma laboral, este juez no cumplió una norma, con lo cual hay posibilidades de plantear un jury contra un juez que no acata una ley vigente.
—¿Se moverán para plantear ese jury?
—Claro que sí. Vamos a solicitarlo como parte de la sociedad, como privados.
—¿Qué relación tiene hoy la empresa con el sindicalismo?
—La empresa es una distribuidora de productos alimenticios que tiene 36 empleados encuadrados dentro del Sindicato de Comercio: todos los empleados están dentro del encuadre que corresponde, con la categoría que corresponde. Yo estoy a favor de la representación institucional del trabajador a través del sindicato y del derecho a huelga; pero huelga no significa extorsión ni justifica el delito.
—¿Qué consecuencias tiene el fallo de ayer para la empresa?
—¿Qué pasa si Maximiliano Cabaleyro, ahora en libertad, viene otra vez con el colectivo y me bloquea la entrada [de la empresa]? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué le decimos a la pyme que sufre esta extorsión? ¿Qué tengo que hacer si viene Cabaleyro y me vuelve a bloquear? ¿Tengo que agarrar un palo? ¿Tengo que agarrar un arma? ¿Qué tengo que hacer?
—¿Y qué harían?
—Si se vuelve a presentar otra persona, volvemos a denunciar.
—¿Consideran que eso puede suceder, incluso por parte de Cabaleyro?
—Tenemos ese temor, claro que sí. No solo en mi empresa. Ahora, esa persona que extorsiona, que bloquea empresas, está libre.
—¿Es un temor compartido por empresas de la zona?
—Claro que sí.
—¿Cuáles fueron, en concreto, los hechos denunciados ante la Justicia?
—En 2011, en San Pedro, hubo un avasallamiento de seis bloqueos simultáneos a distintas pymes y empresas de comercio por parte del Sindicato de Camioneros. Ahí empezó la persecución con el fin de robar afiliados. En 2017 tuvimos que acceder por presión, por amenazas, por parte del delegado –que en ese momento era Fernando Espíndola–, tuvimos que pasar empleados a la fuerza, obviamente amenazados, [de Comercio] a Camioneros, que no corresponde. Después empezó la extorsión: tener que darle plata a un sindicato para que te deje trabajar en paz y, si no, te bloquean. Esa es la amenaza. Finalmente, en 2021, producto de todas estas presiones, cumplieron con la amenaza. Me bloquearon mi empresa el 15 de enero y después insistieron el 22 de febrero.
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Financiamiento universitario: la Justicia suspendió provisoriamente las multas diarias de $100.000 al Gobierno por incumplir la cautelar

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente la aplicación de las multas diarias que el juez Martín Cormick había impuesto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.
El tribunal admitió la queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y ordenó al juzgado de primera instancia que tramite el recurso del Estado con efecto suspensivo. La apelación cuestiona la decisión de Cormick, quien había intimado al Gobierno a cumplir con la cautelar y fijado una sanción de $100.000 por cada día de incumplimiento.
Noticia que está siendo actualizada.-
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