POLITICA
“La Libertad Aguanta”: la defensa de Adorni suma complicaciones al Gobierno y genera dudas en el PRO
Manuel Adorni se convirtió, para propios y ajenos, en el símbolo de un capricho presidencial. La política ya no habla del jefe de Gabinete por la cascada, las jubiladas, la escribana o las criptomonedas: su incómoda permanencia en el Gobierno es, en sí misma, la que hoy irradia problemas para el oficialismo en todos los ámbitos.
“Estamos acá, sosteniendo”, soltó esta semana un ministro del gabinete. El factor Adorni tiene sumida a la gestión nacional en un sopor que provoca un hastío en todos. No es solo a Patricia Bullrich, que ya ni se gasta en disimular: numerosos funcionarios, legisladores y dirigentes del oficialismo están agotados de cargar con el tema.
Anoche, el Gobierno consiguió una victoria parlamentaria con la media sanción -ajustada- del Super RIGI en Diputados y con la aprobación del acuerdo con los holdouts. Fue solo una bocanada de oxígeno. El affaire Adorni se estiró tanto (pasaron más de cien días desde aquella primera foto de Bettina Angeletti en Nueva York) que la dinámica en el Congreso pasó a ser muy hostil para el oficialismo y la mayoría de proyectos del Poder Ejecutivo continúan trabados. No solo eso: los logros económicos siguen opacados, las redes libertarias no tienen guion y la estrategia electoral de cara al 2027 permanece en stand by. El clima interno, en definitiva, está cada vez más espeso porque todos los esfuerzos están en salvar al ministro coordinador. “La Libertad Aguanta”.
En ese contexto, esta semana cobraron enorme relevancia las negociaciones con los aliados del PRO para que no avanzara una moción de censura contra el jefe de Gabinete. El partido amarillo camina por el angosto sendero del republicanismo: dice que quiere avanzar con una interpelación a Adorni pero no quiere acelerar la burocracia para no quedar pegado al kirchnerismo.
El PRO tiene, además, sus propias fisuras. Están los colaboracionistas que, como Cristian Ritondo, le quieren dar más tiempo al Gobierno amparándose en lo institucional. El clásico “ayúdame a ayudarte”.
En cambio, aquellos que reportan más directamente a Mauricio Macri —como los diputados Fernando De Andreis o Darío Nieto— se muestran más determinados a avanzar con la interpelación. Son los que advirtieron en el comunicado del bloque PRO: “El caso Adorni se va a tratar”.
¿Y Martin Goerling? ¿A quién responde? Se trata del senador misionero y titular del bloque PRO en la Cámara Alta que ayer, sorpresivamente, presentó un proyecto de resolución para insistir con una interpelación de Adorni el 2 de julio. Hay quienes dicen que responde a Macri. Otros, en cambio, resaltan que en el fondo nunca dejó de responder a Patricia Bullrich, que supo ser su jefa política.
Se trata de la misma Bullrich que el martes negoció con los aliados en el Senado dar de baja el informe de gestión de Adorni previsto, justamente, para el próximo jueves. La cita se había fijado la semana pasada, pero se encaminaba a ser una carnicería: los senadores no enviaron preguntas al Poder Ejecutivo para no convalidar al ministro coordinador en su cargo. No quisieron prestarse a otra puesta en escena como la que tuvo lugar en Diputados a fines de abril, aquella presentación en la que el jefe de Gabinete dijo que no hubo “ocultación alguna” en sus declaraciones juradas.
En su afán por sostener a Adorni (como diría el politólogo Pablo Salinas, se da la anomalía de “un gobierno protegiendo a su fusible y no al revés”) el oficialismo incurre todas las semanas en papelones.
A Bullrich la escucharon insultar el martes a la noche cuando el jefe de Gabinete publicó un tuit para decir que él estaba a disposición del Senado. “Lo hago zafar de que no lo masacren, lo saco del centro de la escena para que empiece una comunicación distinta y él se mete de nuevo. No se puede trabajar así”, se quejó la senadora puertas adentro.
La intención de Adorni fue dejar en claro que él no “arrugó”, sino que fue el Senado el que prescindió de su informe de gestión. ¿Tiene sentido que siga cuidando su imagen con ese tipo de mensajes en redes sociales?
El tuit de Adorni, en tanto, hizo juego con el ánimo que hoy tiene Karina Milei de marcarle la cancha a Bullrich. Las reuniones en la Casa Rosada organizadas esta semana por la hermana del Presidente con los senadores de LLA estuvieron orientadas a ordenar la tropa y recordarles quién manda.
Coletazos
Si se amplía la mirada, los últimos movimientos en el Congreso se proyectan sobre el panorama electoral que seguramente crecerá apenas culmine la fiebre del Mundial: ¿PRO y LLA van a jugar juntos o separados en 2027? ¿Volverán los frenemies de centroderecha a sellar un acuerdo pragmático?
En el karinismo —donde suele imperar la lógica de la imposición— comenzaron a reconocer tímidamente que una alianza con los amarillos será necesaria para allanar el camino de la reelección de Milei. La ecuación en ese campamento es que LLA podría aceptar un acuerdo en la Ciudad (y además sellar una alianza atrás de Diego Santilli en la provincia) si eso garantiza que no habrá un candidato de PRO a la presidencia. “Aunque saquen cinco puntos, nos hacen daño”, reconoció un importantísimo referente cercano a la hermana presidencial. Y admitió: “Toda la estrategia electoral está paralizada. Así como estamos hoy, no nos podemos sentar a negociar con nadie”.
El factor Adorni se cuela en todas las esferas del Gobierno. El próximo lunes, el Ministerio de Justicia estará en condiciones administrativas de remitir al Senado los dos pliegos más trascendentes del año: el de los candidatos a camaristas de Comodoro Py en reemplazo de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Tal como adelantó Infobae, en las ternas que tiene el Poder Ejecutivo hay seis nombres, pero la versión más fuerte es que los elegidos serán el propio Bertuzzi y Pablo Yadarola, juez en lo penal económico. El problema para el titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, es que ahora se enfrenta a un recinto mucho más enrarecido que el que aprobó, por caso, el pliego de su padre Carlos “Coco” Mahiques a mediados de mayo.
La dinámica de las redes también se ve afectada. Ni siquiera los videos de Jesica Cirio, con una cantidad obscena de dólares en efectivo en un placard de Martín Insaurralde, lograron sacar los reflectores encima de Adorni. La consultora Ad Hoc midió que el 18 y 19 de junio, el volumen de conversación del caso Insaurralde-Cirio fue muy similar al generado por Adorni en ese mismo período.
Los tuiteros libertarios intentaron, tímidamente, extrapolar la corrupción de Insaurralde hacia todo el PJ. El diputado bonaerense y cabecilla de la estrategia digital de Las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo, resaltó una gorra de Juan Domingo Perón al lado de los fajos de billetes. Santiago Oria, el videógrafo elegido por Karina Milei como nuevo influencer estrella, apenas retuiteó un mensaje de Marcos Galperin, que subió los videos de Cirio y comparó: “Entre $20 y $40 palos. Pero Adorni tenía una cascada…”.
Un importante referente libertario en la provincia reconoció con resignación: “Teniendo a Adorni adentro, no podemos salir a decir nada de Insaurralde. No nos da la cara”. Si se tiene en cuenta que para Milei la moral es una política de Estado, el paralelismo es muy incómodo.
La preocupación de Milei
Tras varios meses de desasosiego por la caída de la actividad y aceleración de la inflación, por fin los indicadores económicos están mostrando signos de repunte (la economía creció un 0,7% en el primer trimestre). Esos datos de la macro son la base mínima para hablarle a un ciudadano de a pie que no siente alivio en la micro y que sigue padeciendo el ajuste en el bolsillo. El affaire Adorni no está permitiendo reconstruir esas expectativas.
Milei tomó nota y mostró una reacción a medias con el nombramiento de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial y de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa. El martes, en el evento de la Fundación Faro, quedó en claro cuál es la mayor preocupación del Presidente cuando dijo sobre su flamante portavoz: “La experiencia de Adrián como divulgador económico es fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión puedan llegar a todos los argentinos”.
El jefe de Estado también tiene en claro que quiere preservar del barro a Luis “Toto” Caputo. Milei dejó saber internamente que el mensaje económico tiene que ser coherente y prolijo en esta etapa. “Muy cuidado diría”, dijo un colaborador de la Casa Rosada al tanto de ese pedido, que busca no entorpecer la labor del equipo económico.
La otra novedad que arrojaron los nuevos nombramientos en la Casa Rosada es que fue Milei quien seleccionó a los nuevos funcionarios. “Fue una decisión de Javier y él se lo comunicó a Karina. Le avisó, no la consultó”, dijo a Infobae alguien que conoce de cerca a los dos hermanos. El Presidente —que tiene paciencia para Adorni, pero está harto de la puja de poder entre Santiago Caputo y su hermana— quiso que las designaciones no quedaran entrampadas en la interna.
Según informó Infobae, tanto Ravier como Fernández tuvieron, durante sus primeras horas en Balcarce 50, largas reuniones con Karina y con Caputo por separado. La hermana del Presidente se aseguró de mostrarse con ellos en sociedad durante el evento de la Fundación Faro. Pero el asesor presidencial da por descontado que, al final del día, son de su palo.
El cocktail de la Fundación Faro de esta semana tuvo lugar, una vez más, en el Yacht Club de Puerto Madero, que pertenece al Grupo Neuss, holding liderado por los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos de la infancia de Caputo y cuyos negocios se expandieron al calor de la era Milei. Esta vez no fue un evento de recaudación.
Por cierto, en el Gobierno aseguran que es “caso cerrado” el emplazamiento que le hizo la Inspección General de Justicia (IGJ) a la Fundación Faro para que le informe quiénes fueron los donantes que le aportaron casi $5000 millones en 2024. El think tank es coordinado por Francisco Caputo, el hermano del asesor presidencial. Y la IGJ responde a Mahiques, del riñón de Karina. “Al otro día se presentaron los papeles. Está terminado ese tema. Pasó a ser un expediente más”, aseguró un colaborador de ese ministerio.
Fabián Fernández, en tanto, venía trabajando en la comunicación institucional de YPF de la mano de Guillermo Garat, ex socio de Caputo en la consultora Move Group. En la prehistoria, el flamante funcionario trabajó en la comunicación de Néstor Grindetti, en Lanús. Tiene, así, el expertise de lo conurbano mezclado con lo corporativo, sumado a un amplio abanico de vínculos acumulados a lo largo de los años.
Milei apeló a la pecera de Caputo para seleccionar a los funcionarios, pero todo ocurrió en la charla de seis horas que tuvo con Adorni el viernes pasado en Olivos. No sorprende que el jefe de Gabinete haya recomendado a Fernández: el ministro coordinador no llegó con un equipo propio. Importantes colaboradoras suyas, Aime “Meme” Vazquez o Belen Stettler, también vienen referenciadas de Move Group.
Esa es una gran diferencia entre los casos de corrupción que invadieron la agenda política. Insaurralde hoy es un fantasma que conserva mucho poder en la provincia de Buenos Aires. Adorni, en cambio, figura en todas las fotos oficiales, pero no tiene un dispositivo propio. Si dejara el cargo, no generaría mayores huecos en el organigrama.
Un referente libertario analizó: “Nosotros somos bomberos piromaníacos apagando el incendio de Adorni. Insaurralde, al menos, se fue el mismo día que se destapó lo del yate en Marbella”.
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POLITICA
Reforma por falsas denuncias: una especialista advirtió que el proyecto “castiga denunciar” la violencia de género
El Senado abrió el debate sobre un proyecto de ley que propone endurecer las penas por falsas denuncias en causas vinculadas con violencia de género y delitos sexuales. La iniciativa, impulsada inicialmente por la senadora Carolina Losada, despertó cuestionamientos entre organizaciones especializadas, que advierten que la reforma podría tener un efecto contrario al que busca: desalentar las denuncias de quienes sufren violencia.
Esa fue la principal advertencia de Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien analizó la iniciativa en Infobae al Mediodía. Para la especialista, el problema no pasa por la inexistencia de herramientas legales para castigar las denuncias falsas, sino por el riesgo de generar un nuevo obstáculo para quienes intentan acceder a la Justicia.
“El proyecto de ley que se discute en el Senado no es un proyecto que castigue las falsas denuncias, sino un proyecto que castiga denunciar”, afirmó durante la entrevista con Maru Duffard.
Según explicó, el texto incorpora una amenaza penal que puede terminar afectando a mujeres que denuncian hechos de violencia pero no logran acreditarlos judicialmente. “Hay pocos incentivos para denunciar y muchísimos desincentivos, porque buscar ayuda muchas veces recrudece la violencia. Si este proyecto avanza, amenaza penalmente a la mujer que se anima a denunciar y que, por deficiencias de la investigación o por los sesgos de la Justicia, tal vez no logre probar lo que ocurrió”, sostuvo.
Para Gherardi, esa consecuencia resulta especialmente preocupante en un contexto donde la mayoría de los hechos de violencia sexual y de género ni siquiera llegan al sistema judicial. Citó datos elaborados por ELA que muestran que cada año alrededor de 500.000 personas sufren ofensas sexuales en Argentina, aunque solo una de cada diez presenta una denuncia. A eso se suma que apenas el 21% de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia recurre a la Justicia y que, entre las víctimas de femicidio, solo el 18% había denunciado previamente a su agresor.
“Denunciar, pedir ayuda, salva vidas”, resumió la especialista, al explicar que muchas víctimas enfrentan miedo, amenazas, vergüenza y una profunda desconfianza hacia las instituciones antes de decidir acudir a la Justicia. “Muchas veces buscar ayuda recrudece la violencia. Hay una enorme cantidad de obstáculos para denunciar y la revictimización sigue siendo un problema”, agregó.
Uno de los principales argumentos de Gherardi es que el Código Penal argentino ya contempla figuras para sancionar las denuncias falsas. “Ya hay varios delitos bajo los cuales se puede encuadrar esa conducta. Por supuesto que es un problema que alguien denuncie falsamente, en este o en cualquier otro tema. Pero la respuesta penal ya existe y prácticamente no se utiliza”, señaló.
En ese sentido, consideró que el debate legislativo parte de un diagnóstico equivocado. “No va a ser agravando las penas que ese delito se aplique más. El problema no es la falta de herramientas legales, sino el funcionamiento de la Justicia”, afirmó.
La directora de ELA también cuestionó modificaciones incorporadas al proyecto que actualmente analiza el Senado. Según explicó, una nueva versión eliminó la referencia específica a la violencia de género y reemplazó esa mención por la categoría de “delitos dolosos graves”.
“Esa categoría no existe en el Código Penal. Es una redacción que deja un margen de discrecionalidad mucho mayor para la interpretación judicial”, advirtió.
Consultada sobre la dimensión real de las falsas denuncias, Gherardi sostuvo que se trata de un fenómeno excepcional y citó investigaciones del Ministerio Público Fiscal. “Los casos son mínimos y la mayoría ni siquiera están vinculados con violencia de género, sino con conflictos económicos. Se está buscando legislar sobre un fenómeno casi inexistente”, aseguró.
Para la especialista, la discusión debería centrarse en fortalecer la capacidad del Estado para investigar los delitos y acompañar a las víctimas, en lugar de crear nuevas amenazas penales. “Si el Senado tiene una preocupación genuina por la violencia de género, hay muchas medidas que podrían mejorar el acceso a la Justicia: fortalecer los procesos judiciales, mejorar la organización de los tribunales y avanzar en los nombramientos pendientes. Esos son los problemas reales”, afirmó.
En esa línea, también cuestionó el retroceso de las políticas públicas destinadas a la prevención de las violencias. Señaló que la línea 144 “no es una línea de denuncia, sino de asesoramiento e información” y sostuvo que la reducción presupuestaria afectó la red de asistencia para mujeres en situación de violencia.
“Ahora podés tener la voluntad de pedir ayuda y encontrar muchas más dificultades para saber dónde acudir”, señaló.
Sobre el cierre de la entrevista, Gherardi insistió en que la discusión parlamentaria no debería perder de vista el objetivo central de las políticas públicas frente a la violencia de género. “La obligación del Estado es prevenir las violencias, no solamente reducir los femicidios, sino garantizar que las mujeres puedan vivir mejor y con mayor bienestar. Cuando una mujer es asesinada, se destruye una familia entera. Esa responsabilidad es con toda la comunidad”, concluyó.
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POLITICA
La visita del Papa forzó al Gobierno y a la Iglesia a retomar gestos y dejar las diferencias en un segundo plano
Acuerdos en objetivos institucionales y fuertes tensiones en el terreno social. En esa doble lógica se explica hoy la relación entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia, que llevaron adelante un trabajo de acercamiento, en medio de las diferencias, para lograr la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina.
Esa tarea de cooperación, en la que la Santa Sede tuvo una participación decisiva, no impidió que 48 horas después del anuncio volvieran a salir a la luz las diferencias por la crisis social. El viernes, en un duro mensaje en la misa por San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, golpeó en el corazón del ideario libertario, al advertir que “la libertad económica no puede ser absoluta”, además de exigir respuestas para los pobres y los endeudados. Es uno de los tres obispos argentinos que recibirá y acompañará a León XIV en su diócesis.
Las palabras de García Cuerva fueron, quizás, un anticipo de que el mensaje que traerá León XIV en su visita de tres días a la Argentina –del 8 al 11 de noviembre- estará en plena sintonía con la agenda que se referencia con la justicia social y un papel más activo del Estado frente a las desigualdades y el desorden de la economía. Claves y definiciones de una Iglesia cercana a los pobres, como legado del pontificado de Francisco.
Las discrepancias por las políticas sociales derivaron en los últimos años en una relación de frialdad entre la Casa Rosada y la Iglesia argentina. El distanciamiento se reflejó en el hecho inédito de que el Presidente nunca recibió a la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina que asumió en noviembre de 2024, encabezada por el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, mientras el líder libertario no ponía reparos para compartir encuentros y oraciones con pastores evangélicos en el palacio de gobierno.
“Hay que separar el objetivo institucional de alcanzar coincidencias para lograr la venida del Papa de las naturales disidencias que pueden surgir por las políticas en el área social”, explicó a un vocero del Episcopado que siguió de cerca las instancias de diálogo que afianzaron el reciente acercamiento.
El propio arzobispo Colombo declaró a que la Iglesia “no puede renunciar al ministerio profético de dar cuenta de cuando las cosas no están bien, dañan el tejido social o se vulneran los derechos fundamentales”, en relación con la situación de los jubilados, las personas con discapacidad y la crisis de la educación. Y aseguró: “Lo que tenga que decir, el Papa lo va a decir, sin ningún ánimo agresivo y ofensivo”.
Acercamiento silencioso
Desde hace casi tres meses vienen trabajando en reserva la Santa Sede, el Episcopado y el gobierno argentino para lograr el objetivo del viaje del Papa.
Las cabezas de este acercamiento fueron el canciller Pablo Quirno y el arzobispo Colombo, que como presidente del Episcopado ha “inspirado y fortalecido” el interés de que la visita del Santo Padre sea un trabajo conjunto con el Estado.
Pero los brazos ejecutores, que consumieron horas de reuniones y trabajo en común, fueron el secretario de Cuto y Civilización de La Nación, Agustín Caulo, conocedor del paño católico, quien viajó al Vaticano, y –por el lado de la Iglesia- el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro; el subsecretario general, el padre Matías Tarico, y el padre Máximo Jurcinovic, con especial experiencia en el área de comunicación. Se sumaron a los encuentros representantes de las tres diócesis argentinas que recorrerá el Santo Padre: Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El objetivo del viaje del Papa a la Argentina forzó al Gobierno y a la Iglesia a trabajar en función de un objetivo común. El Vaticano hizo un aporte institucional el 14 de mayo con la designación del nuevo nuncio apostólico, el arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, de la misma nacionalidad que León XIV y de reconocida cintura diplomática, en virtud de su experiencia como observador de la Santa Sede en organismos internacionales.
Banach llegó a Buenos Aires el 22 de julio y en los primeros días tuvo una reunión con el ministro Quirno en la Cancillería y presentó sus cartas credenciales al Presidente, que en los momentos preliminares de la confirmación de la visita controló sus apariciones y se manejó con prudencia y cautela.
A fines de junio había llegado la “primera avanzada” del Vaticano para evaluar in situ la posible llegada del papa León XIV, un pontífice que por su anterior recorrido como superior mundial de la Orden de San Agustín visitó más de 40 países. A esta altura, ninguna geografía ni sistema político lo puede sorprender. Se espera que en las próximas semanas se produzca un nuevo desembarco de funcionarios de la Secretaría de Estado del Vaticano y del Dicasterio para la Comunicación.
Iniciativas similares se llevaron adelante simultáneamente en Uruguay y en Perú, los otros países que recibirán al Santo Padre en noviembre.
El trabajo silencioso
En el vínculo entre el gobierno de Milei y la Iglesia existen mesas de diálogo informales en distintos niveles. “En unos temas hay respuestas y en otras no”, admiten fuentes eclesiásticas, que ubican la crisis de los jubilados y del sector de la discapacidad como temas de fuerte preocupación en la Iglesia.
“Puede haber diferencias sobre temas específicos y situaciones coyunturales. Pero prevalece el compromiso de sostener un trabajo en equipo y el deseo compartido de que se pueda recibir al Papa lo mejor posible”, evaluó otra fuente eclesiástica, que admite la coexistencia de visiones encontradas en el terreno social.
Si bien el cronograma puede sufrir modificaciones, se dejó de lado la idea de que el Papa viajara a Santiago del Estero, la diócesis que había recibido una reparación histórica por decisión de Francisco, que la designó sede primada, por ser la más antigua del actual territorio argentino.
El camino que hasta ahora se transitó en reserva, cuidando que los detalles no trascendieran, es solo el primer paso de una empresa gigantesca, definen en la Iglesia. Ahora viene un trabajo de alta complejidad contrarreloj y contra el calendario. Se espera que la Santa Sede y la propia Iglesia argentina aporten su expertise y se confía en el compromiso de miles de voluntarios, como fue reconocido en la organización de la reciente visita de León XIV a España.
“Es un camino que se venía recorriendo y solo ahora se puede empezar a trabajar públicamente”, confiaron en la Iglesia a .
Tareas pendientes
Faltan 92 días para la llegada del pontífice y el trabajo está lejos de haber terminado. “La Santa Sede pone los estándares y revisa todo”, confió una fuente eclesiástica. Se refería, por ejemplo, a cuestiones concretas, como la distancia que debe preservarse entre el Papa y el público en las celebraciones masivas y los anillos de seguridad.
Muchas cosas están en proceso de definición, desde los sitios que visitará el Papa en las tres diócesis que conforman el itinerario hasta la preparación de la infraestructura, los servicios, los espacios celebrativos, la organización, la comunicación y otros aspectos que “requieren del esfuerzo compartido de toda la Iglesia que peregrina en la Argentina”, según expresó el Episcopado al anunciar la realización de una “colecta nacional imperada” –ordenada por la autoridad eclesiástica, para recaudar fondos.
Así, los obispos acordaron que el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realice la colecta en todas las celebraciones religiosas para que la gente contribuya económicamente a la organización de la visita de León XIV.
Como dato de referencia, LA NACIOJN pudo saber que el viaje apostólico que el Papa realizó entre el 6 y el 12 de junio a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias tuvo un presupuesto cercano a los 25 millones de euros, según estimó la Conferencia Episcopal Española. El 45% se financió con aportes de empresas y benefactores, el 30% con fondos de la Iglesia (aportes de los fieles) el 20% con recursos de las administraciones públicas (gobierno nacional y comunidades autónomas) y un 5% mediante colectas realizadas para recaudar fondos. Al mismo tiempo, la Iglesia española estimó que las ciudades recibieron adicionalmente ingresos superiores a 150 millones de euros en materia de turismo y comercio.
“El Gobierno está interesado en que el Papa venga. Pero el que recibe al Santo Padre es la Argentina. Queremos lo mejor y vamos a trabajar por eso”, aseguran en la Iglesia.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Papa León XIV,Conforme a
POLITICA
El reemplazo del histórico FAL: cómo Brasil desarrolló un fusil propio y qué pasó con el FARA 83 argentino
Durante décadas, Argentina y Brasil compartieron el mismo fusil de combate: el histórico FAL. Fabricado bajo licencia en ambos países, el arma diseñada por la empresa belga FN Herstal se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría y en el fusil reglamentario de sus Fuerzas Armadas durante más de medio siglo. Sin embargo, cuando llegó el momento de modernizar ese sistema de armas, ambos países siguieron caminos muy diferentes: mientras Brasil consiguió desarrollar un reemplazo propio que hoy equipa de manera progresiva a su Ejército, Argentina nunca logró llevar a producción el FARA 83.
Ese fue el eje de la columna que Andrei Serbin Pont presentó en Infobae al Mediodía, donde reconstruyó la evolución del FAL y analizó las decisiones industriales y políticas que marcaron el rumbo de ambos proyectos. Durante la charla con Maru Duffard, el especialista recordó que el FAL fue conocido como “el brazo derecho del mundo libre durante toda la Guerra Fría”, una definición que resume el lugar que ocupó dentro de los ejércitos occidentales desde fines de la década de 1950.
En Sudamérica, tanto Argentina como Brasil produjeron el fusil bajo licencia e incorporaron miles de unidades a sus arsenales. Con el paso del tiempo, la evolución tecnológica, la expansión del calibre 5,56×45 milímetros y la necesidad de contar con armas más livianas, modulares y adaptadas a los estándares actuales obligaron a pensar en un reemplazo. Fue en ese momento cuando comenzaron a evidenciarse las diferencias entre ambos países.
En la Argentina, el principal intento llegó con el FARA 83, desarrollado por Fabricaciones Militares a comienzos de la década de 1980. Según explicó Serbin Pont, “era un fusil moderno en calibre 5,56 que no prosperó por las condiciones económicas y políticas de principios de los años noventa y quedó en el abandono”. El proyecto nunca pasó de una producción limitada y el Ejército continuó utilizando el FAL, acompañado por distintos programas de modernización, pero sin incorporar un sustituto nacional.
Brasil, en cambio, “sí logró continuar esa discusión”, resumió el analista al señalar que el país mantuvo durante décadas una política de desarrollo sostenida para su industria de defensa.
En ese proceso fue determinante IMBEL (Indústria de Material Bélico do Brasil), la empresa estatal responsable de fabricar buena parte del armamento utilizado por las Fuerzas Armadas brasileñas. Aunque sus orígenes se remontan a una fábrica de pólvora creada en 1808, desde mediados de la década de 1970 se consolidó como uno de los pilares de la industria militar del país.
A partir de la experiencia acumulada con el FAL, la compañía desarrolló la familia de fusiles MD, integrada por los modelos MD1, MD2 y MD3, hasta llegar al MD97, una plataforma que incorporó soluciones técnicas más modernas y encontró un amplio espacio en distintas fuerzas policiales. “Este fue ampliamente incorporado por muchas fuerzas en sus versiones de carabina, particularmente aquellas que necesitaban incrementar su poder de fuego”, explicó Serbin Pont.
Sin embargo, el Ejército brasileño entendía que el MD97 todavía no representaba un reemplazo definitivo para el FAL y decidió avanzar con un desarrollo completamente nuevo. Así nació el IA2, presentado hacia 2010, homologado en 2012 y adoptado oficialmente al año siguiente. “En 2013 tienen la adopción oficial y empieza un proceso paulatino de reemplazo”, señaló el especialista. El nuevo fusil comenzó a fabricarse en versiones de 5,56×45 mm y 7,62×51 mm, una decisión que permitió mantener la potencia del calibre tradicional del FAL y, al mismo tiempo, incorporar una plataforma adaptada a los estándares modernos de ergonomía, modularidad y mantenimiento.
Para sostener esa transición, Brasil destinó alrededor de diez millones de dólares a ampliar la capacidad industrial de IMBEL y modernizar sus cinco plantas principales, con el objetivo de alcanzar una producción cercana a los diez mil fusiles por año. Aunque el proceso avanzó más lentamente de lo previsto, el IA2 se fue incorporando de manera gradual a las unidades del Ejército brasileño. “Hoy en día hay muchísimos IA2 en servicio, como todavía hay bastantes FAL en servicio”, afirmó Serbin Pont al describir una transición que continúa desarrollándose mientras el histórico fusil sigue presente en parte del arsenal.
El especialista sostuvo que ese proceso no puede entenderse únicamente como la incorporación de un nuevo fusil, sino como el resultado de una política industrial sostenida durante décadas. En ese sentido, explicó que IMBEL produce actualmente desde armas individuales hasta munición de artillería, explosivos y sistemas electrónicos para defensa, además de abastecer a distintas fuerzas de seguridad brasileñas. En la planta de Itajubá, por ejemplo, también se fabrica la nueva pistola MD1 GC, una variante basada en la plataforma 1911 y adaptada al calibre 9 milímetros que reemplazará modelos anteriores de servicio. Según señaló, el modelo fue seleccionado tras competir “par a par con opciones extranjeras y privadas”, una decisión que volvió a reforzar el papel de la empresa estatal como proveedor estratégico del Estado brasileño.
La experiencia brasileña contrasta con la argentina. Más de cuarenta años después de que ambos países iniciaran la búsqueda de un reemplazo para el FAL, Brasil logró convertir ese objetivo en un programa industrial sostenido que hoy equipa a sus Fuerzas Armadas con un fusil de desarrollo nacional. Argentina, en cambio, no consiguió darle continuidad al FARA 83 y terminó dependiendo de sucesivas modernizaciones del histórico FAL. “Argentina no buscó con el FARA 83 convertir el FAL, sino que se inspiró en diseños como el HK33 alemán”, explicó Serbin Pont. Para el analista, la diferencia entre ambos casos no estuvo únicamente en las características técnicas de los fusiles, sino en la capacidad de sostener durante décadas una política de desarrollo para la industria de defensa.
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