El defensor de Ariel Fernando García Furfaro, el abogado Gastón Marano, presentó un planteo de nulidad contra lo que él entiende es uno de los principales elementos de pruebas que pesan sobre el propietario de los laboratorios HLB Pharma, los establecimientos que distribuyeron y elaboraron el fentanilo contaminado vinculado con, al menos 90 muertes de pacientes.

El escrito, al que accedió Infobae, apunta contra el ensayo de esterilidad realizado de forma conjunta por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el laboratorio privado Gobbi Novag S.A., volcado en un documento de 991 páginas titulado “Informe ANMAT sobre resultados de muestras”.

La pericia cuestionada analizó “muestras de museo” (testigos que se deben guardar de manera obligatoria) de los lotes 31201, 31202, 31244 y 31245 de fentanilo producido por HLB Pharma, además de material remitido por el Hospital Italiano de La Plata, con el objetivo de aislar bacterias para su posterior secuenciación genética en el Instituto Malbrán.

En ese sanatorio privado, se registraron las primera víctimas fatales relacionadas con el potente anestésico de HLB Pharma. La dirección del Hospital Italiano fue quien realizó la denuncia ante la ANMAT y este organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, lo denunció ante la Justicia a través de la Policía Federal Argentina.

Según el escrito de Marano, ese estudio constituyó “la piedra basal” que llevó al juez federal Ernesto Kreplak a la convicción sobre la identidad genética entre las bacterias halladas en las muestras de museo y las detectadas en los organismos de las víctimas. La defensa sostiene que se trata de “la única vez en que se analizaron, en forma directa, las muestras de museo de HLB Pharma y Ramallo”, lo que a su criterio vuelve decisiva cualquier objeción sobre su validez.

El delito imputado y la ampliación a 90 muertes

García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group y de Laboratorios Ramallo, fue procesado por primera vez el 25 de septiembre de 2025. En esa resolución, Kreplak lo consideró “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud”, en los términos de los artículos 200 y 201 bis del Código Penal. El magistrado dispuso entonces la prisión preventiva del empresario, además de un embargo sobre sus bienes por un billón de pesos.

El 13 de mayo de 2026, Kreplak amplió esa acusación en una resolución de 382 páginas y elevó el número de víctimas fatales judicialmente confirmadas de 20 a 90 muertes, a las que sumó 44 pacientes no fallecidos con secuelas: dos con lesiones gravísimas, 41 con lesiones graves y uno con lesiones leves. Para llegar a ese universo, el juzgado cruzó la cantidad de ampollas del lote 31202 que había adquirido cada hospital con las historias clínicas de los pacientes que recibieron cinco ampollas o más durante el período de sospecha, criterio que la resolución fijó como umbral suficiente de exposición al medicamento contaminado. El propio fallo deja constancia de que la cifra podría ser mayor, dado que “las circunstancias emergentes de la instrucción permiten aseverar con certeza la existencia de un número superior de casos que los que fueran imputados”. Estimaciones de auditorías epidemiológicas y comisiones parlamentarias citadas en la causa elevan el total de víctimas en todo el país a un rango de entre 121 y 173.

Según la resolución judicial, a García Furfaro se le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas que derivaron en la contaminación de los lotes 31202 y 31244 -elaborados en diciembre de 2024 en la planta de Ramallo-, la destrucción de prueba digital mediante el borrado de los servidores de la empresa el 6 de mayo de 2025, y la omisión del recupero farmacéutico de las partidas ya vendidas pese a conocer la situación.

El sustento central de la imputación es la coincidencia genómica confirmada por el Instituto Malbrán entre las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica halladas en pacientes infectados y las detectadas en las ampollas de fentanilo secuestradas, hallazgo que surge justamente del ensayo de esterilidad que ahora la defensa busca anular.

En el expediente también fueron procesados su hermano Diego Hernán García (detenido igual que su hermano Ariel), el director técnico José Antonio Maiorano (detenido) , el director general Javier Tchukrán (prisión domiciliaria), la directora técnica de Ramallo Carolina Ansaldi (prisión domiciliaria), y la madre de los hermanos García, Nilda Furfaro (prisión domiciliaria), entre otros directivos y responsables de control de calidad de ambas firmas, en total suman 13. Las defensas apelaron la ampliación de los procesamientos el 24 de septiembre ante la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que todavía no resolvió los recursos.

En un segundo tramo de la investigación, el juzgado también procesó a las entonces máximas autoridades de los organismos de control involucrados en la pericia cuestionada: Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, ambas fueron detenidas pero recuperaron la libertad después de abonar una caución real de 75 millones de pesos cada una.

El reclamo de la defensa

El primer argumento del planteo de nulidad se asienta en el artículo 258 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Marano explica que el juzgado no notificó a ninguna defensa del pedido de pericia ni habilitó el ofrecimiento de peritos de parte, “ni siquiera -como se estila- a cargo de una defensa oficial”. Según el escrito, para el momento en que se concretó el estudio ya existían sospechosos identificados: los laboratorios HLB y Ramallo habían sido allanados y sus directivos remitían información al juzgado “en un acto de defensa material”.

Desde la fiscalía y el juzgado afirman que se siguieron todos los pasos procesales dando a cada una de las defensas la posibilidad de supervisar cada uno de los pasos a lo largo de la compleja investigación judicial.

El documento agrega que, al no haberse formalizado el acto como pericia en sentido técnico, los profesionales intervinientes no prestaron juramento ni aceptación de cargo en los términos del artículo 257 del CPPN, “estando librado sólo a su conciencia su proceder”. Para la defensa del imputado que puede recibir una pena de prisión de 25 años: “Lo previo, entiendo, implica una inobservancia a lo previsto por el Art. 258 CPPN, la cual está explícitamente sancionada con pena de nulidad (cfr. Art. 166 CPPN), sin desmedro de que, asimismo, implica una afectación a la representación del imputado”.

Un competidor comercial, a cargo del análisis y la opinión de una querella

El escrito señala que el estudio de las “muestras museo” quedó en manos de “peritos que resultaban ser empleados de un laboratorio de la competencia de Ramallo y HLB Pharma, supervisados por peritos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, específicamente del INAME”. Para la defensa, esa combinación “representa la peor pesadilla imaginable para cualquier defensa”, ya que quienes debían establecer la responsabilidad penal del imputado “han sido seleccionados entre dependientes de la querella y dependientes de un competidor comercial”.

El planteo destaca que no existe documentación sobre el criterio técnico seguido para elegir al laboratorio Gobbi Novag S.A. entre otros laboratorios con sistemas validados de esterilidad, por lo que la designación “parece haber sido por completo discrecional”. Según Marano, el director técnico y otros directivos de esa firma estuvieron imputados en una causa de contrabando por connivencia con personal del INAME, de la que luego fueron sobreseídos, y la empresa registra antecedentes recientes de desvíos de calidad, incluida una prohibición dispuesta por la ANMAT el 8 de junio de 2024 sobre un lote de Clindanovag por presentar partículas en suspensión, y otra el 12 de junio de 2026 sobre lotes de Gobbifol/Propofol.

Una de las querellas consultadas por este medio sobre las objeciones que realizó la defensa de García Furfaro, y que aún no fue resuelta por el juez Kreplak opinó: “Es relativamente irrelevante porque igual el Instituto Malbrán detecta identidad genética y bacterias de pacientes de varios sanatorios, con bacterias de ampollas cerradas que quedaron en el Hospital Italiano de La Plata y también las que manda ANMAT son las muestras museo secuestradas en Ramallo, el laboratorio elaborador”.

Las sospechas sobre la ANMAT

La defensa dedica un extenso apartado a cuestionar la imparcialidad del personal del INAME, organismo de control que, junto a la ANMAT, depende del Ministerio de Salud.

El escrito recuerda que, mediante la resolución del 20 de agosto, el propio juzgado le había revocado el rol de querellante a la cartera de Saludal reconocer que “se ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control”.

Para el penalista Marano, esa misma sospecha “con mayor razón” debería extenderse a los dictámenes técnicos producidos por esas dependencias, más aún cuando la entonces administradora nacional de la ANMAT y la directora del INAME fueron luego imputadas en la causa.

El escrito cita declaraciones incorporadas al expediente, entre ellas la de la propia Mantecón Fumadó, quien habría afirmado que ningún informe del organismo podía emitirse “sin que fuese autorizada previamente y evaluada la respuesta y corregida por personal del Ministerio”. Según esa declaración, citada en el planteo, el ministro habría instruido en persona el cierre de los laboratorios de García: “Sí, cerrá, cerrá”.

La defensa de García Furfaro no lo dice pero, en la declaración también queda claro que el apuro por clausurar HLB Pharma y Ramallo se debía a las graves irregularidades que se habían detectado en las últimas auditorías y, sobre todo, en la anterior realizada semanas antes de la producción del fentanilo contaminado.

Contaminación en 15 áreas críticas del laboratorio

El segundo eje técnico del planteo se apoya en un informe del bioquímico Pablo César Ramírez (M.N. 10.700), aportado por la defensa, que según el escrito “releva tres aspectos metodológicos que no se ajustaron a los mandatos de la Farmacopea Argentina”. El primero refiere al incumplimiento de las condiciones ambientales exigidas para el ensayo de esterilidad, que según el protocolo vigente debía realizarse “en condiciones asépticas bajo Clase A o su denominación equivalente”.

El documento detalla que los propios controles ambientales de Gobbi Novag detectaron contaminación microbiológica en 15 áreas, entre ellas la mesada de flujo laminar y los guantes del operador, cuando la normativa exige menos de una unidad formadora de colonias en cada superficie analizada para validar el estudio.

A ese defecto se suman otras presuntas irregularidades: la Unidad de Aire de Microbiología (UMA11) presentaba fallas de calibración y su informe de calificación “quedó sin dictamen final: las casillas ‘APTA’ y ‘NO APTA’ no fueron marcadas y los recuadros de firma están en blanco”. El personal a cargo de la estufa de incubación, según consta en el expediente citado por la defensa, “no tenía capacitaciones realizadas” en su manejo, pese a lo cual el equipo fue declarado apto.

El informe pericial de parte también cuestiona el transporte del material. Señala que, en violación de la normativa de la ANMAT que exige una muestra por envase, se colocaron 16 placas juntas dentro de una misma caja reutilizada, identificada como N° OI 2025/963-INAME 169.

Según el escrito, el análisis de las fotografías reveló que ese recipiente pertenecía originalmente al laboratorio Bioartis, una firma que comercializa cultivos de referencia de Klebsiella pneumoniae, la misma bacteria que la pericia dijo haber encontrado en las muestras de museo. “¿Por qué usar uno de un laboratorio que los utiliza para enviar la misma bacteria que se estaba intentando encontrar?”, plantea el documento.

En este punto, vale recordar que las bacterias contaminantes ya habían sido detectadas por el laboratorio del Hospital Italiano de La Plata, motivo que llevó a realizar la denuncia ante la ANMAT.

La ausencia de cadena de custodia

El tercer pilar del planteo técnico refiere a la falta de cadena de custodia de las muestras. El escrito afirma que no existe “ningún instrumento -planilla, formulario o acta- que registre, tramo por tramo, quién entregó, quién recibió, en qué fecha y hora, en qué estado y bajo qué identificación el material, con firma de los intervinientes”. Según la defensa, tampoco se siguió el procedimiento previsto en el artículo 233 del CPPN ni se tuvo en cuenta la Resolución PGN 74/2024, que establece una guía de buenas prácticas para la preservación de pruebas en investigaciones penales.

El documento cita además una contradicción entre actas: mientras un informe habla de “14 (trece -sic-) ampollas en caja rotulada como muestra original” a fojas 9, el mismo dato se repite de manera idéntica a fojas 14, sin que quede claro si el remanente real fue de 13 o 14 unidades. Para la defensa, estas inconsistencias, sumadas a la falta de registro documentado, impiden garantizar que las ampollas analizadas en Gobbi Novag fueran efectivamente las mismas remitidas en origen por la ANMAT.

Con base en el conjunto de irregularidades descriptas, la defensa solicitó al juzgado que declare la nulidad de las actuaciones realizadas por el INAME y Gobbi Novag, y que, de manera subsidiaria, se repita la pericia “con profesionales de oficio imparciales y con la participación de peritos de parte”, con preferencia por la intervención de universidades públicas. El escrito sostiene que “cada uno de estos vicios, considerado de modo aislado, es suficiente para declarar la nulidad pedida” y que, “considerados conjuntamente, la misma se vuelve insoslayable”.

El documento introduce asimismo una reserva de caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, con invocación de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y deja planteada la eventual intervención de organismos internacionales de derechos humanos en caso de que la prueba cuestionada continúe sosteniendo el procesamiento de Ariel García Furfaro.

Andrés Gil Domínguez,LA NACION,Política

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para este viernes a las 9 a un Acuerdo Extraordinario para emitir un nuevo fallo sobre la Ley de Tierras que podría dejar vigente nuevamente las restricciones derogadas por el decreto del Gobierno, confirmaron fuentes judiciales a TN.

Antes de fijar la fecha, los jueces redujeron a 24 horas el plazo para que las partes presenten las impugnaciones contra la integración de los dos conjueces sorteados para el expediente y habilitó días y horas inhábiles.

El tribunal tiene para resolver un pedido de medida cautelar que, si prospera, pondría nuevamente en vigencia las restricciones a la venta de campos a extranjeros derogadas por el decreto 70/2023.

Este caso fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre los que se incluyen las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Concretamente, los involucrados pidieron una aclaratoria, ya que su amparo colectivo fue tratado como caso conexo al del CECIM y buscan “que se precise” si el fallo produce algún efecto sobre su expediente

Para intervenir en este expediente fueron designados los conjueces Diego Barroetaveña, de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos aceptaron el cargo.

Como suplentes quedaron Jorge Morán, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En la resolución emitida este jueves por la Corte, se aclaró: “en atención a las particulares circunstancias de la causa, corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas”. Habitualmente, el plazo es de 72 horas.

El expediente a resolver llegó después del fallo de la semana pasada, en el que la Corte revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo del decreto 70/2023 por el que Javier Milei derogó la ley 26.737. Los jueces consideraron que el CECIM no cuentan con legitimación activa para cuestionar la medida. El fallo de la Corte generó fuertes críticas de la oposición y la amenaza de tratar en el Congreso, en una sesión especial, la caída de todo el DNU 70/2023.

Por el revuelo que generó la decisión, la Corte emitió un comunicado donde aclaró que solo resolvió “un aspecto procesal”, con una decisión que “se ajusta estrictamente” a sus precedentes. Que no afectaba “a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales”.

“Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”, remarcó el máximo tribunal.