La Cámara de Diputados sesiona este miércoles con un temario atravesado por proyectos sensibles para el Gobierno: endeudamiento familiar, discapacidad y Ley de Tierras.

La oposición había impulsado esos asuntos y el oficialismo convocó una sesión propia para tratarlos, en un escenario donde el número para el quórum y las votaciones aparece ajustado.

Minutos antes de que comenzara la sesión, se conoció una negociación abierta entre el oficialismo, los aliados e incluso el peronismo para aprobar por consenso una nueva ley de Discapacidad.

Se espera un largo debate, de más de 16 horas.

Negocian cambios en Discapacidad

Apenas comenzó el debate por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada muchos diputados de todos los bloques se pararon y se retiraron del recinto.

Esto no tuvo nada que ver con una decisión de vaciar el recinto o de irse a almorzar ya que se fueron a los despachos del último piso del Palacio Legislativo para tratar de acordar un proyecto de ley en Discapacidad. “Si hay acuerdo, se adelanta el tema” que hoy está en el anteúltimo lugar, dejaron trascender.

El acuerdo que se está trabajando es si el oficialismo acepta todos los pedidos del diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. “Si el oficialismo aceptan todo lo que pide Oscar hay que acompañarlo y en todo caso pelear que saquen el recorte del Presupuesto”, señaló un diputado del peronismo. “Si se acepta todo cuando vayamos a debatir presupuesto se cambia ahí”, señaló un diputado de LLA.

Las conversaciones están centradas en los puntos que pide el misionero. En el caso de las pensiones no contributivas (artículos 5° y 6°) sustituye el artículo 9° de la Ley 13.478. Mantiene los requisitos para acceder a la pensión: Certificado Único de Discapacidad (CUD), DNI, ciudadanía argentina (o residencia de cinco años para extranjeros), ingresos netos inferiores a dos salarios mínimos vitales y móviles, no estar amparado por otro régimen previsional y aprobar una evaluación socioeconómica. El monto de la prestación equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio.

El otro punto es que Financiamiento (artículo 7°). El gasto se afronta con partidas del Ministerio de Salud. Si el crédito no alcanza, se cubre con compensación presupuestaria desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, que deberá garantizar la continuidad inmediata de las prestaciones. Se fija que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior en términos reales al del ejercicio anterior.

Además, pide que se mantenga la compatibilidad laboral (artículo 9°). La pensión es compatible con un vínculo laboral formal mientras los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Si se supera ese monto, opera la suspensión automática, pero el beneficiario puede solicitar la rehabilitación inmediata al finalizar el vínculo laboral o si sus ingresos bajan.

Si hay acuerdo, existe la posibilidad que el proyecto obtenga una muy buena cantidad de votos con el fin de mandar un fuerte señal al Ejecutivo que se opone al proyecto que presentó su propio bloque en Diputados.

Distintas organizaciones se manifiestan en la Plaza del Congreso a la espera de que se debata la nueva ley.

El oficialismo defendió el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada

Con una referencia a una leyenda sobre Alejandro Magno y citas de San Agustín, Santo Tomás de Aquino y John Locke, el diputado Santiago Santurio defendió como miembro informante el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

“Violar la propiedad privada y su discusión viene de los griegos, y está mal si lo hace un grupo de individuos o la fuerza”, afirmó. También sostuvo que “el límite del Estado es importante para el goce de los derechos de los ciudadanos” y planteó que el poder público debe garantizar esa protección.

Durante su exposición, Santurio destacó los cambios previstos en materia de expropiaciones. Señaló que el Estado no puede avanzar “de manera caprichosa” y propuso establecer “parámetros claros” para declarar un bien de utilidad pública, reducir el perjuicio sobre la propiedad privada y garantizar una indemnización acorde con el valor del bien.

Sobre los desalojos, afirmó que, ante la ocupación de un inmueble, el derecho del propietario debe ser restituido con rapidez. “El respetar la propiedad privada debe ser una política de estado, para garantizar que no la sacar ni un delincuente ni un burócrata de turno”, concluyó.

Por el dictamen de minoría, se anotaron los diputados Diego Giuliano, Maximiliano Ferraro y Martín Lousteau para plantear una alternativa a la iniciativa del oficialismo.

Minuto de silencio por luto

La Cámara rindió homenaje a Alberto Frade, padre de la diputada Mónica Frade, tras conocerse su fallecimiento.

Los legisladores se pusieron de pie y realizaron un minuto de silencio como símbolo de luto.

Se desestimaron planteos sobre pymes, universidades, ciencia y riesgo climático

El diputado Gerardo Martínez, de Unión por la Patria, pidió tratar como apartamiento de reglamento un paquete de proyectos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La moción fue rechazada: obtuvo 114 votos afirmativos y 122 negativos.

Por otro lado, Mariela Coletta, de Provincias Unidas, propuso modificar la Ley de Administración Financiera, en medio de cuestionamientos al uso de esa norma para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El pedido fue rechazado con 122 votos afirmativos y 116 negativos.

El diputado Diego Giuliano, de Unión por la Patria, solicitó tratar un proyecto de gestión integral del riesgo climático asociado al fenómeno de El Niño. La propuesta prevé un plan de prevención con actualización anual y prioridades definidas para el país. La votación registró 124 votos afirmativos y 113 negativos.

La diputada Adriana Serquis, de Unión por la Patria, pidió el apartamiento del reglamento para girar a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva el expediente 2988-2026, respaldado por 35 firmas. El proyecto establece condiciones para la sostenibilidad y protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) e incluye una recomposición presupuestaria no inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. La moción fue rechazada con 117 votos afirmativos y 123 negativos.

El debate por la emergencia pediátrica: rechazado

Otro pedido de apartamiento del reglamento fue impulsado el del diputado Pablo Yedlin (UP), para tratar la prórroga de la emergencia pediátrica, cuya vigencia vence este miércoles 21 de octubre. La iniciativa contempla la exención del Impuesto a las Ganancias para las guardias médicas y la asignación de fondos para los hospitales pediátricos, incluido el Hospital Garrahan.

La diputada Silvana Guidici (PRO) sostuvo que no es necesario votar una prórroga de la emergencia pediátrica porque el Presupuesto ya contempla recursos para el área. Durante su intervención, realizó una defensa de la inversión prevista por el Gobierno, lo que generó rechazos de Claudia Palladino (UP) Romina del Plá (FIT-PO).

La votación concluyó con 125 afirmativos y 117 negativos, por lo que fue rechazado el apartamiento.

Se rechazaron pedidos por la Ley Segovia y el FAL

Al inicio de la sesión, el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) pidió un apartamiento del reglamento -que requiere una mayoría agravada de tres cuartos de los votos emitidos – para tratar la denominada “Ley Segovia”, una iniciativa impulsada por legisladores de distintos bloques. El proyecto toma su nombre de Yamila Segovia, una abogada que durante años promovió la búsqueda del padrastro de su hermana, acusado de haber abusado de ella cuando era menor de edad.

El imputado, Alberto Martín del Valle, permaneció prófugo durante más de 14 años, lo que abrió un debate judicial sobre una posible prescripción de la causa. La propuesta busca modificar el artículo 67 del Código Penal para establecer que el plazo de prescripción se interrumpa mientras el acusado permanezca rebelde, prófugo o tenga una orden de captura vigente, en casos de delitos sexuales contra menores y en determinadas situaciones de trata de personas.

La solicitud se rechazó con 121 votos a favor y 120 en contra. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, reiteró su compromiso de que la semana que viene citaría a su comisión para iniciar el tratamiento del tema.

Otra de las solicitudes fue retirar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), sancionado durante la reforma laboral, solicitado por la diputada Vanesa Siley. La discusión se centró en si la votación debía realizarse de forma nominal.

Durante el debate, y fuera de micrófono, Siley le gritó al presidente de la Cámara, Martín Menem: “Son burros”.

La moción fue rechazada con 111 votos afirmativos y 126 negativos.

Minutos antes de que comenzara la sesión, los periodistas Maru Duffard y Federico Mayol anticiparon que podría cerrarse un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para aprobar una nueva ley de Discapacidad consensuada.

“El peronismo está analizando los cambios que pidieron los aliados y el Gobierno estaría dispuesto a aceptar en términos de pensiones por discapacidad y nomencladores”, informó Mayol en Infobae en Vivo.

/politica/2026/10/21/el-gobierno-enfrenta-otra-jornada-de-incertidumbre-politica-agravada-por-los-ruidos-economicos/

Cámara de Diputados,DNU 70,Argentina,sesión parlamentaria,oposición

Conforme a

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron citar a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de Suizo Argentina, en la causa que investiga presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La solicitud alcanza a otros cuatro directivos de la compañía y a representantes de otras 14 droguerías que, según la acusación, participaron de un esquema de compras direccionadas y sobreprecios.

El planteo incluye, además, un pedido para ampliar las indagatorias del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y de otros imputados, entre ellos el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini; Pablo Atchabahian; el empresario Miguel Ángel Calvete y el presidente de Génesis, Andrés Horacio Arnaudo.

En un dictamen de más de 300 páginas, los fiscales sostuvieron que Suizo Argentina habría controlado las compras de medicamentos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud entre mayo de 2024 y agosto de 2025, mediante acuerdos ilegales con funcionarios. Según la investigación, la firma obtuvo órdenes de compra por $137.118 millones, cerca del 30% de las erogaciones totales de la agencia durante el período analizado.