Satisfechos por los recientes apoyos de Israel, Chile y el Brasil de Lula da Silva- desde el gobierno de Javier Milei van por más: desde la Casa Rosada y la Cancillería aceleran los contactos en la búsqueda de respaldo de los países aliados de la región al reclamo de soberanía por las islas Malvinas.

Fuentes oficiales afirmaron a que, en principio, se trata de una “idea posible” que comenzará a plasmarse en los próximos días. El canciller Pablo Quirno conversó hoy sobre este y otros proyectos vinculados con Malvinas como invitado en la reunión de la mesa política, que nucleó a las principales figuras del Gobierno salvo el Presidente.

La idea de distintos funcionarios es reeditar, con los mismos aliados, una declaración conjunta como la que en mayo del año pasado promoviera el Gobierno por la situación de inestabilidad política en Bolivia. Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá y Honduras firmaron una declaración expresando su “preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, y brindaron apoyo al presidente Rodrigo Paz. Esos mismos países, incluido Bolivia y también Colombia, donde hoy gobierna el derechista Abelardo de la Espriella, podrían apoyar una declaración similar, pero de respaldo a la postura argentina sobre Malvinas y su decisión de sancionar a las empresas que exploten recursos naturales en las islas.

“No nos ha llegado ningún pedido concreto, pero por supuesto lo apoyaríamos”, comentaron desde las delegaciones diplomáticas de dos de esos países. En su conferencia de prensa semanal, el portavoz presidencial Adrián Ravier detalló los distintos apoyos a la posición argentina que en los últimos meses dieron el Mercosur, la OEA, el Comité de Descolonización de la ONU y la Celac, y afirmó que “no hubo un pedido concreto” a los países que se expresaron en las últimas horas, “pero el Presidente sí dijo que espera una reacción positiva de los aliados”.

En las últimas horas, poco antes y poco después de la cadena nacional del jueves pasado, el Gobierno recibió tres respaldos concretos.

En su encuentro con Javier Milei en Chile, el presidente de ese país, José Antonio Kast, aprobó el jueves una declaración conjunta en la que “reiteró el respaldo del gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. El mismo día que Kast estuvo con Milei, el diario local El Mercurio informó sobre un acuerdo entre la localidad chilena de Punta Arenas y el gobierno isleño para abrir a partir de noviembre una ruta comercial marítima. Hoy solamente existe una, y es la que une Montevideo con Puerto Argentino.

Luego de la declaración presidencial, el influyente ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar ben Gvir afirmó que “es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”. De todos modos, explicaron distintas fuentes, no se trata de la posición oficial del gobierno aliado que encabeza Benjamín Netanyahu. La postura oficial de Israel, según pudo saber , es que se trata de “una disputa que debe encontrar una solución mediante negociaciones bilaterales directas entre la Argentina y el Reino Unido”. Una de las empresas petroleras que invierte en Malvinas es de Israel.

Anoche, quien sorprendió no fue precisamente un aliado. El encargado de Negocios de Brasil en el país, Eduardo Uziel, dio una muestra concreta de apoyo al reclamo argentino sobre Malvinas.

En el salón dorado del Teatro Colón, donde se desarrolló el festejo por la independencia del país vecino, el diplomático brasileño –a cargo de la representación brasileña en el país-fue más allá y dio como prueba de la amistad entre Argentina y Brasil “el invariable apoyo, desde 1833, a la soberanía argentina en las Islas Malvinas”. El canciller Quirno sostuvo la semana pasada reuniones bilaterales con sus pares de Uruguay, Mario Lubetkin, y de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, aunque buena parte de lo conversado con sus dos socios del Mercosur se mantuvo en reserva.

Sin comentarios sobre ese sorpresivo apoyo-ningún diplomático de alto rango de la Cancillería participó del ágape—, y mientras el Presidente recibía en su despacho al canciller italiano, Antonio Tajani, Ravier reiteró hoy una frase que el asesor presidencial Santiago Caputo escribió en sus cuentas de X, luego tomada por el propio Presidente. “El Reino Unido es el pasado, Argentina es el futuro”, destacó, y utilizó términos como “potencia ocupante” para referirse a Gran Bretaña, aunque al mismo tiempo sorprendió al no descartar, en una fecha a precisar, un eventual viaje de Milei a Londres.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le advirtió al Congreso que cambiar las leyes electorales en pleno período de comicios va contra los estándares internacionales en el tratamiento de las reformas al régimen electoral. Pareció sugerirle, de ese modo, que la eliminación o suspensión de las PASO se haga, si así lo requiere, antes de fin de año, ya que el próximo habrá elecciones en todo el país.

Según pudo saber , lo que no quieren los jueces es que comenzado el año 2027 se produzcan cambios que impliquen una alteración del calendario electoral, sobre todo en una elección presidencial compleja, con numerosas listas, y donde no se definieron por ejemplo algunos asuntos, como la votación de las categorías de legisladores del Mercosur.

Por eso, si es que avanza una reforma, los jueces entienden que mejor que suceda ahora y no que el Congreso se aboque a esta tarea en las sesiones extraordinarias o recién en marzo próximo, cuando ya arrancó el calendario organizativo de las elecciones nacionales, señalaron fuentes judiciales.

En ese marco, la Justicia electoral pidió prudencia política a través del texto de la acordada, de ocho carillas, que firmaron los camaristas Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, por unanimidad.

Allí pusieron en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de que el eventual tratamiento y sanción de los proyectos de reforma al régimen electoral, de partidos políticos o de financiamiento de campañas “observe los estándares internacionales sobre la oportunidad de este tipo de modificaciones”.

“El plazo idóneo para introducir cambios es de entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso, para otorgar un tiempo razonable y suficiente, tanto a las autoridades electorales como a los actores políticos, de adecuar su propia reglamentación interna para armonizarla con la respectiva modificación legislativa”, dice el Manual para la Observación de Sistemas de Justicia Electoral de la Organización de Estados Americanos, citado por los magistrados federales.

El tribunal recordó que siempre mantuvo “un rol activo en la tutela de las condiciones institucionales” necesarias para garantizar la integridad del proceso electoral y mencionó numerosos precedentes donde se señalaba que alterar la estabilidad del marco legal durante un proceso electoral puede generar más perjuicios que beneficios.

Los jueces destacaron que los estándares internacionales en materia de integridad recomiendan que las reglas estructurales del sistema electoral no sean modificadas en la proximidad de los comicios, a fin de dar certeza a los actores políticos y a las autoridades encargadas de su implementación.

El tribunal subrayó que estas consideraciones fueron compartidas por especialistas nacionales e internacionales, magistrados y referentes políticos durante un seminario organizado en marzo de este año, con motivo de evaluar la implementación del sistema de boleta única que se utilizó por primera vez en las elecciones de 2025.

Frente a la existencia de diversos proyectos de reforma electoral en condiciones de ser tratados por el Congreso, y ante la proximidad del plazo recomendado por las directrices internacionales, el tribunal decidió dirigirse a las autoridades competentes “a fin de resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero; de modo de asegurar el plazo razonable requerido, antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas”.

No obstante, los camaristas aclararon que la acordada no implica “juicio de valor alguno sobre el contenido, la conveniencia político institucional o el mérito” de la reforma política, que es una cuestión privativa del Congreso Nacional.