POLITICA
La Libertad Avanza sigue recorriendo CABA: Karina Milei encabezó una visita a una tradicional empresa porteña

Karina Milei y Pilar Ramírez recorrieron este miércoles la fábrica de muebles Fontenla, ubicada en Villa Lugano, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. La visita forma parte de una serie de recorridas territoriales que el oficialismo viene desplegando en el distrito gobernado por sus aliados del PRO, con la presencia de los referentes libertarios.
Durante el encuentro en Fontenla, Karina Milei y Ramírez conversaron con Roberto, Federico y Fernando Fontenla sobre producción industrial, generación de empleo y los obstáculos que enfrentan las empresas para invertir y crecer en el distrito. La firma nació en 1948 como un pequeño comercio familiar y hoy es conducida por la segunda y tercera generación; su planta integra todo el proceso productivo y genera cerca de 300 puestos de trabajo directos vinculados con la carpintería, la ebanistería, la tapicería, el diseño y la arquitectura.
La actividad se enmarca en una estrategia de La Libertad Avanza (LLA) para ampliar su volumen político en la Ciudad antes de2027. Están previstas próximas recorridas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, entre otros funcionarios. La dinámica apunta a consolidar posiciones propias del espacio libertario en el distrito, en simultáneo con las conversaciones que mantienen Karina Milei y Mauricio Macri sobre una eventual etapa de diálogo entre LLA y el PRO, partido que gobierno CABA desde hace dos décadas.
Ramírez, presidenta del partido en la Ciudad y legisladora porteña, figura entre los nombres del oficialismo que suenan para competir por la Jefatura de Gobierno en 2027.

La visita a Fontenla no fue la primera de este tipo. El martes anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, había acompañado a Ramírez en una recorrida por la sucursal de la cadena de heladerías Lucciano’s en el barrio de Las Cañitas, en Palermo, donde se reunieron con Christian Otero, cofundador y CEO de la compañía. En esa ocasión se abordaron el crecimiento de la firma —que superó los 100 locales en Argentina y otros países— y la marcha general de la economía. Según pudo saber Infobae, hubo menciones al consumo y se ponderó el avance de los últimos años, dado que la compañía casi duplicó sus tickets, de 3,5 a 6,5 millones, durante el año pasado.
En ambas recorridas, Ramírez presentó los ejes de su Ley de Libertad Comercial, un proyecto que propone habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo, silencio administrativo positivo, ventanilla única digital y el derecho a corregir incumplimientos menores antes de una clausura. La iniciativa establece que el Gobierno porteño tendrá 30 días hábiles para resolver un trámite y cinco días adicionales tras una alerta; si no responde, la solicitud quedará aprobada de forma automática.

El proyecto también impide que el Estado vuelva a exigir documentación que ya posee y dispone que las observaciones deberán realizarse de una sola vez, de manera integral, precisa y fundamentada. Entre los ejes figuran además el reconocimiento de permisos válidos de otras jurisdicciones y un catálogo digital que informará previamente todos los requisitos, plazos, tasas e inspecciones de cada trámite. Las actividades consideradas de mayor riesgo —farmacias, establecimientos sanitarios, locales bailables y espectáculos masivos— quedan excluidas del régimen simplificado y mantienen los controles y autorizaciones previas vigentes.

“Cuando alguien quiere ampliar una fábrica, abrir un local o contratar a otra persona, el Estado tiene que preguntarse cómo ayudarlo a hacerlo más rápido, no qué nuevo papel puede pedirle”, afirmó Ramírez durante la recorrida por Fontenla. La legisladora añadió: “Nuestra Ley de Libertad Comercial parte de una idea muy simple: confiar en el que trabaja y controlar lo importante. Nación está avanzando con las reformas de fondo y la Ciudad tiene que hacer su parte con menos impuestos, menos burocracia y más libertad para producir”.
Desde el espacio libertario describen el objetivo de las recorridas como “llevar al territorio las políticas que impulsa el Gobierno de Javier Milei”, con una agenda centrada en actividad económica, producción, comercio y seguridad, y con contacto directo con vecinos, comerciantes y empresarios. Otros referentes, como la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya habían acompañado a Ramírez en actividades anteriores.
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POLITICA
Tras la renuncia de Carlos Terrado, designaron al nuevo vicepresidente del directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear

Tras la renuncia de Carlos Alberto Terrado, el Gobierno nacional formalizó la designación de Flavio Alejandro Andrada Contardi como vicepresidente primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). De esta manera, el nombramiento entró en vigencia desde el 17 de noviembre.
La medida fue establecida mediante la publicación del Decreto N° 1389/2026 en el Boletín Oficial. “Desígnase, a partir del 17 de noviembre de 2026, en el cargo de Vicepresidente Primero del Directorio de la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, al bioingeniero Flavio Alejandro Andrada Contardi”, determinaron.
Previo a que fuera nombrado como integrante del Directorio de la ARN, Andrada Contardi era integrante del primer nivel operativo del organismo. Concretamente, ocupaba el puesto de gerente de Licenciamiento y Control de Instalaciones Radiactivas y Prácticas.
De acuerdo con la Resolución N° 773/2025, el bioingeniero había sido designado en ese cargo en diciembre de 2025 por su antecesor, Carlos Alberto Terrado. En ese documento, se había establecido que no podría superar el plazo de dos años en esa misma función.
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Tal como se presenta en su perfil de LinkedIn, Andrada Contardi combina formación en energía nuclear, seguridad radiológica y gestión de organizaciones con experiencia en tareas regulatorias y de cooperación internacional.
Entre sus estudios figuran especializaciones en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear en el Instituto Balseiro, seguridad nuclear y protección radiológica en la Universidad de Buenos Aires (UBA), además de una maestría en dirección de organizaciones del Instituto Universitario Naval.
En el plano laboral, registra antecedentes en fiscalización y control regulatorio, licenciamiento de instalaciones radiactivas y evaluación de condiciones de seguridad radiológica. También participó en inspecciones de salvaguardias vinculadas con la contabilidad y el control de materiales nucleares.
Por otro lado, se desarrolló como docente en la Especialización en Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación de la UBA. Su trayectoria incluye representación argentina en instancias del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares y en reuniones técnicas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Además, intervino en la elaboración y revisión de guías de seguridad del organismo y actuó como experto técnico en misiones sobre seguridad radiológica, ciclotrones, radiofarmacia y protección ocupacional en América Latina.
La designación se produjo menos de una semana después de que el Poder Ejecutivo aceptara la salida de Terrado. La dimisión fue oficializada a través del Decreto N° 1351/2026, aunque no precisaron los motivos de su alejamiento ni anticipó quién sería su reemplazante.
Terrado había asumido como vicepresidente primero de la ARN el 1 de marzo de 2024, luego de haber sido designado por el Decreto N° 237/2024. Con la publicación del nuevo decreto, el Gobierno completó el reemplazo en la cúpula del organismo.
Según pudo confirmar Infobae, el ex funcionario era ingeniero nuclear egresado del Instituto Balseiro, ingeniero militar, general de brigada retirado y veterano de la Guerra de Malvinas. También integraba el Comité Orientador de Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Antes de volver a la ARN como vicepresidente de su directorio, Terrado se desempeñó entre 2016 y 2019 como director y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina. Entre 2010 y 2016 trabajó en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en tareas vinculadas con la seguridad tecnológica y la seguridad física.
Su carrera dentro del organismo regulador se remontaba a 1994, cuando la entidad funcionaba como Ente Nacional Regulador Nuclear. En ese período ocupó puestos como subgerente de Reactores Nucleares, jefe de la Unidad de Coordinación Técnica y responsable del licenciamiento del Reactor Prototipo CAREM.
Además, participó en proyectos sobre confiabilidad de sistemas digitales, seguridad de centrales nucleares y elaboración de normas regulatorias. Entre 1997 y 1998 formó parte de un proyecto conjunto con investigadores de los Estados Unidos en el Electric Power Research Institute, en California.
Autoridad Regulatoria Nuclear
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El Gobierno busca bajar la tensión con Chile por el buque que viajará a Malvinas y descarta una controversia diplomática

El Gobierno busca bajar la tensión con Chile y descarta que exista una controversia diplomática por el buque que reabrirá la conexión comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas. En la Casa Rosada sostienen que la relación con la administración de José Antonio Kast se mantiene en buenos términos, pese a los cruces públicos entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna por las condiciones de navegación del carguero Danstar. La posición del Ejecutivo es preservar el vínculo bilateral mientras sigue los preparativos de la embarcación, que tiene previsto realizar su primer viaje en diciembre.
La interpretación política que circula en Balcarce 50 apunta principalmente hacia Londres. En sectores del Gobierno sospechan que el Reino Unido busca provocar tensiones entre la Argentina y Chile antes de que se concrete la primera navegación. Consideran que una confrontación bilateral podría favorecer los intereses británicos al desplazar la discusión sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur hacia un enfrentamiento entre dos países que mantienen una relación estratégica.
En el Ejecutivo aseguran que la comunicación entre ambas Cancillerías es fluida y permanente, pero evitan precisar si existieron intercambios específicos sobre el viaje del Danstar. No niegan conversaciones recientes entre Quirno y Pérez Mackenna por el tema. La posición oficial es que los dos países cuentan con marcos normativos para abordar situaciones de estas características y que las diferencias expresadas públicamente no constituyen, por el momento, un conflicto diplomático.
El principal dato que manejan en la Casa Rosada está relacionado con el contenido del cargamento. En Nación sostienen que la información disponible indica que el Danstar no transportará suministros destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La evaluación coincide con la postura de la empresa chilena Easter Island, que negó cualquier participación en el abastecimiento de la explotación hidrocarburífera. Sin embargo, no se difundió una verificación oficial independiente sobre el destino final de la totalidad de las mercaderías.
El buque llegó este lunes a Punta Arenas después de partir de Valparaíso el 29 de octubre y completar su navegación por los canales australes. Antes de iniciar las operaciones comerciales, ingresó a instalaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada chilena para realizar trabajos técnicos. El primer viaje hacia las Malvinas está previsto para el 17 de diciembre, según el cronograma difundido para la reactivación de una ruta marítima directa que dejó de funcionar en 2011. La conexión permitirá transportar alimentos, materiales de construcción y otros productos de consumo hacia las islas.
La evolución del recorrido había generado inquietud en ámbitos militares argentinos. La semana pasada, antes de confirmarse su llegada a Punta Arenas, fuentes vinculadas con el seguimiento marítimo advirtieron que el carguero había dejado de aparecer temporalmente en los sistemas públicos de localización. En ese momento circulaban especulaciones sobre la posibilidad de que adelantara su salida y comunicara el viaje con poca anticipación. La confirmación posterior de su arribo y del cronograma de diciembre modificó ese escenario.
Los cruces entre los gobiernos comenzaron a tomar dimensión pública después de las declaraciones de Quirno sobre el régimen de navegación hacia las Malvinas. El canciller argentino sostuvo que las embarcaciones deben cumplir las exigencias previstas en la legislación nacional cuando atraviesan aguas jurisdiccionales argentinas. Pérez Mackenna respondió que Chile reconoce el derecho de libre navegación establecido internacionalmente y descartó que su país deba solicitar un permiso por una operación comercial privada. La discusión gira alrededor de las obligaciones que debe cumplir el buque, sin que se haya anunciado una medida diplomática contra alguno de los dos Estados.
POLITICA
Identificaron irregularidades de más de $82 millones en un registro automotor y el ex titular enfentaría acciones penales

El Gobierno nacional identificó una serie de irregularidades vinculadas al manejo de fondos, que debían ser depositados a favor del Estado nacional, en uno de los registros automotores de Rosario, provincia de Santa Fe. La deuda total supera los 82 millones de pesos.
De acuerdo con lo establecido por la Resolución 559/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el monto corresponde al dinero que el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 12, a cargo de Alejo Uribe Escobar, tenía que girar al Ejecutivo nacional.
De hecho, dado que Uribe Escobar había renunciado a su función antes de la conclusión del expediente, el Ministerio dispuso registrar en su legajo personal la sanción que habría recibido de mantenerse en el puesto, que sería la remoción. Además, ordenó a sus áreas competentes avanzar con las medidas administrativas o judiciales necesarias para procurar el recupero de los fondos.
El procedimiento fue abierto mediante la Resolución N° 224/2024 del Ministerio de Justicia, con el objetivo de establecer la eventual responsabilidad del entonces titular del registro en la provincia de Santa Fe.
La investigación se centró en la falta de depósito íntegro y oportuno de remanentes de recaudación que correspondían a la Administración Central. En particular, las actuaciones examinaron liquidaciones vinculadas con los meses de marzo, abril y mayo de 2024.
De acuerdo con la resolución, a Uribe Escobar se le atribuyó haber retenido importes que debían transferirse al Estado nacional dentro de los plazos previstos por la normativa aplicable. El régimen interno establece que el remanente mensual debe depositarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre del mes en que fue percibido.
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios había reunido documentación sobre esas irregularidades. Luego, durante la instrucción del sumario, se produjeron informes técnicos y se incorporaron distintas medidas de prueba.
La renuncia de Alejo Uribe Escobar fue aceptada por medio de la Resolución N° 310/2024. Durante el trámite, el exfuncionario cuestionó la continuidad del expediente y planteó nulidades. Entre sus argumentos, sostuvo que la aceptación de su renuncia impedía imponerle una sanción disciplinaria o dejar asentada una remoción de carácter virtual en su legajo.
También afirmó que la prosecución del sumario podía ocasionarle un perjuicio moral y económico. Sin embargo, el Ministerio rechazó los planteos de nulidad y sostuvo que la desvinculación del cargo no impedía continuar la investigación, especialmente ante la existencia de un posible daño patrimonial al Estado.
La resolución citó doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación para sostener que el registro de la sanción que habría correspondido no constituye una medida punitiva en sentido estricto. Según ese criterio, se trata de una previsión de carácter preventivo ante la posibilidad de un eventual reingreso a la función.
El expediente también indicó que Uribe Escobar pudo consultar las actuaciones y acceder a las instancias previstas para ejercer su defensa. El Ministerio consideró que no se afectaron sus garantías, dado que tuvo vistas del material documental y pudo solicitar el acceso a instrumentos existentes en el registro.
En sus descargos, el exencargado sostuvo que había sido objeto de una “persecución política”. Además, atribuyó la falta de depósitos a una situación económica que, según su postura, afectaba al Registro Seccional de Rosario N° 12 y al sistema registral en general.
La instrucción administrativa analizó la prueba ofrecida por la defensa y concluyó que no se verificó esa hipótesis. El acto señaló que tampoco se acreditó un deterioro generalizado de los registros seccionales que justificara el incumplimiento de las obligaciones de depósito.
La resolución remarcó que el derecho de retención propio del ámbito privado no puede ser aplicado de forma unilateral por quienes ejercen funciones delegadas por el Estado, ni utilizarse como mecanismo de compensación frente a dificultades económicas.
En una etapa previa de la investigación, la instrucción había calculado un perjuicio fiscal nominal de $45.999.117,61, sin incluir intereses. Ese monto correspondía a los períodos que integraban de forma precisa el objeto del sumario administrativo.
Sin embargo, la Sindicatura General de la Nación revisó la situación y, en su Informe Técnico N° 72/2026, fijó el daño económico en $82.557.801,47 al 26 de agosto de 2026. La cifra fue considerada de relevante significación económica conforme a los criterios previstos en una resolución del organismo de control.
La resolución señaló que existían períodos adicionales con deuda, aunque algunos no formaban parte del objeto específico que motivó la apertura del sumario.
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Con base en esa determinación, el Ministerio instruyó a sus áreas competentes para que impulsen las acciones destinadas a recuperar el menoscabo patrimonial.
La medida también establece que la vía administrativa no quedó agotada. Uribe Escobar podrá optar por presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a la notificación o un recurso jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.
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