Este miércoles, el Gobierno decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales, luego de comprobar que no reunía los votos necesarios para aprobarlo en el Senado.

La marcha atrás buscó desactivar las resistencias de gobernadores y bloques dialoguistas, que cuestionaban los cambios propuestos sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.

Con esa concesión, La Libertad Avanza logró preservar el resto de la iniciativa, que incluye reformas al régimen de expropiaciones, desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. En el oficialismo aseguran que, tras el acuerdo alcanzado con sus aliados parlamentarios, cuentan con las mayorías para avanzar hoy con la media sanción del proyecto, mientras el debate sobre la Ley de Tierras quedó postergado hasta alcanzar un mayor consenso.

La oposición de los gobernadores y la marcha contra el capítulo de tierras

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, alejó la posibilidad de ayudar al oficialismo a construir mayorías en el Senado. “He conversado con las dos senadoras nacionales, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley y son personas que no cambian de posición”, señaló el mandatario.

Pese a que La Libertad Avanza había asegurado que contaba con los votos necesarios, a la oposición de Tucumán se sumó la de la representante de Salta, Flavia Royón.

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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, planteó: “Así como enviamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén. No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”.

El proyecto que modificaba la Ley de Tierras trascendió el Congreso y también generó rechazo en distintos sectores de la sociedad que convocaron a una movilización frente al Senado para hoy.

Por unanimidad, los integrantes del bloque de LLA decidieron retirar el capítulo vinculado a la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de continuar trabajándolo y alcanzar un mayor nivel de consenso. “La postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”, dijeron desde la presidencia libertaria.

En la reunión de este miércoles, de la que participaron La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz, también se acordó avanzar con el tratamiento del resto de la propuesta que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que cuentan con amplio respaldo entre los distintos bloques que integran el espacio.

De esa manera tendrían las mayorías, dicen los sectores libertarios, para sancionar el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Los cambios en la Ley de Tierras Rurales

La última versión del proyecto estableció un límite del 25% por provincia para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Además, dispuso que las operaciones deberán contar con la autorización del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno de la provincia donde se encuentre el inmueble.

Actualmente, la Ley de Tierras Rurales permite que hasta el 15% de la superficie rural de cada jurisdicción quede en manos extranjeras. También establece que una persona física o jurídica de otra nacionalidad no puede poseer más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país.

Se incorporó una serie de restricciones. El texto prohíbe la compra de tierras rurales por parte de personas jurídicas, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y otras formas asociativas que tengan participación estatal extranjera directa o indirecta.

La prohibición podrá exceptuarse cuando exista una autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.

El capítulo tercero también establecía “la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del 25% en el territorio de cada provincia”.

Además, señalaba que “toda adquisición deberá ser inscripta en el registro inmobiliario de cada provincia consignando en un asiento especial los datos y la nacionalidad del adquirente”.

Otro de los reclamos planteados por los senadores de provincias fronterizas fue la incorporación de una doble autorización para la compra de tierras rurales. Según el nuevo esquema, deberán intervenir tanto el Gobierno nacional como la administración provincial correspondiente.

El Poder Ejecutivo Nacional tendrá competencia para evaluar cuestiones relacionadas con la seguridad nacional, los objetivos estratégicos y la defensa nacional.

Este debate quedó postergado hasta la búsqueda de mayores consensos.

Rechazo del peronismo

Desde el peronismo anticiparon 25 votos en contra del proyecto. El bloque Justicialista, conducido por José Mayans, tiene entre sus integrantes a la senadora Anabel Fernández Sagasti no estará presente debido al avanzado estado de su embarazo y fue autorizada a votar de manera remota desde su provincia de Mendoza.

La legisladora mendocina le envió una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel para solicitar autorización para participar de manera remota, como ocurrió durante la pandemia. En su presentación, se amparó en jurisprudencia de la Corte Suprema y argumentó que su ausencia dejaría a Mendoza sin representación federal en un debate que considera trascendental por los cambios propuestos en la Ley de Tierras Rurales.

El pedido, autorizado por Villarruel, será puesto a consideración del cuerpo al comienzo de la sesión.

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“No estoy solicitando una dispensa para dejar de trabajar ni procurando anticipar una licencia por maternidad. Es exactamente lo contrario: quiero sesionar y cumplir plenamente con el mandato que me confiaron los mendocinos. El único impedimento que tengo es físico y de distancia: recorrer más de 1.000 kilómetros”, explicó Fernández Sagasti en la nota enviada a Villarruel.

El radical Flavio Fama, recientemente sometido a una intervención quirúrgica, solicitó la misma excepción.

Por su parte, la senadora fueguina Cristina López, del bloque Justicialista, rechazó el proyecto. “No nos vengan a vender que esto es una mejora. Es la misma entrega. Con (Javier) Milei todo es un negociado: la soberanía, el territorio, el agua. Lo único que cambiaron es el porcentaje que están dispuestos a rematar. Los libertarios quieren vender nuestro país”, cuestionó.

ley de tierras, Patricia Bullrich, Senado

El presidente Javier Milei autorizó la entrada de medios y personal de la Marina de Brasil a la Argentina, para participar del ejercicio militar “Fraterno XXXIX” en las Bases navales Puerto Belgrano y Mar del Plata, y las aguas jurisdiccionales del país, entre el 10 y el 24 de agosto. La medida se formalizó en el Boletín Oficial y se produjo en medio de la crisis diplomática con el gobierno de Lula da Silva.

La medida se publicó en el Boletín Oficial, en el decreto 717/2026, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Carlos Presti (Defensa), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

El decreto menciona que el ejercicio “Fraterno” es de “ejecución anual desde el año 1978” y que tiene como propósito aumentar “el adiestramiento combinado y la interoperabilidad en operaciones navales, aeronavales y anfibias de la Armada Argentina y de la Marina de la República Federativa del Brasil, permitiendo estandarizar y simplificar los procesos de planeamiento y conducción”.

El texto destaca que la participación de la Argentina en este ejercicio “señala su compromiso con la seguridad internacional y la estabilidad regional, reforzando su posición como socio estratégico en el continente americano”.

Además, que “permite consolidar la presencia de la Armada Argentina en el ámbito regional y particularmente en el Atlántico Sur, espacio de importancia estratégica para el país, posibilitando el adiestramiento de las unidades de la flota de mar en guerra antisubmarina”.

El decreto aclara que “la no participación en el mencionado ejercicio afectaría significativamente al adiestramiento naval en operaciones combinadas con la Marina de la República Federativa del Brasil, en particular respecto de actividades de elevada complejidad operacional táctica”.

En medio de la crisis diplomática, Quirno anticipó que la Cancillería mantendrá “todos los canales de diálogo abiertos con Brasil”

En medio de la crisis diplomática, el canciller Pablo Quirno dijo en declaraciones a TN que mantendrán “todos los canales de diálogo abiertos” con Brasil. El funcionario dijo: “Vamos a mantener todos los canales de diálogo abiertos. Tenemos un montón de temas en común, temas de seguridad, tenemos acuerdos sobre seguridad nuclear. Todo eso se mantiene sin problemas. La parte comercial también”.

El gobierno brasileño decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y le pidió al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, volviera al país después del cruce de descalificaciones entre Milei y Lula de las últimas semanas. Milei calificó varias veces a Lula de “ladrón” y “corrupto” tanto en la Argentina como en Brasil, cuando asistió en San Pablo al lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Javier Milei, Brasil

En medio del conflicto diplomático con Brasil, Javier Milei autorizó que la Marina de dicho país ingrese a la Argentina para realizar un ejercicio militar en aguas del Atlántico Sur. La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial de la República Argentina a través de un decreto de necesidad y urgencia. La norma habilita el ejercicio no solo de FRATERNO XXXIX con Brasil, sino también de VIEKAREN XXVI con Chile y los despliegues SIFOREX XIV y UNITAS LXVII en Perú, con fechas que abarcan desde el 10 de agosto hasta el 14 de octubre.

Según el texto oficial, la vía excepcional resultó necesaria porque “la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes” antes del inicio de las operaciones. El decreto agrega que el Poder Ejecutivo ya había remitido al Parlamento un proyecto para autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales dentro del Programa de Ejercitaciones Combinadas comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, pero esa iniciativa todavía no recibió tratamiento legislativo.

El primer tramo del cronograma corresponde al ejercicio FRATERNO XXXIX, para el que el Gobierno autorizó el ingreso de personal y medios de la Marina de la República Federativa del Brasil en aguas territoriales argentinas desde el 10 de agosto hasta el 24 de agosto de 2026. La actividad se desarrollará en la Base Naval Puerto Belgrano, la Base Naval Mar del Plata y en aguas jurisdiccionales argentinas.

De acuerdo con el decreto, FRATERNO se realiza todos los años desde 1978 entre la Armada Argentina y la marina brasileña. La norma señala que su objetivo es elevar el adiestramiento combinado y la interoperabilidad en operaciones navales, aeronavales y anfibias, además de “estandarizar y simplificar procesos de planeamiento y conducción”.

El texto oficial también vincula esa participación con la política de defensa y con la presencia naval en el Atlántico Sur. En ese punto, sostiene que el ejercicio “reafirma el compromiso de la República Argentina con la seguridad internacional y la estabilidad regional” y que además permite el adiestramiento de unidades de la flota de mar en guerra antisubmarina.

El segundo eje del decreto habilita la salida de medios y personal argentinos para VIEKAREN XXVI, un ejercicio previsto entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 en aguas del Canal Beagle cercanas a Puerto Williams, en Chile. La práctica se realiza de manera anual desde 1999, de acuerdo con la norma difundida por el Gobierno.

En la fundamentación oficial, ese operativo aparece asociado al control del tráfico marítimo y al salvamento en el área austral correspondiente al límite internacional fijado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre Argentina y Chile. El decreto indica además que el despliegue busca fortalecer la interoperabilidad con la armada chilena y sostener presencia en una zona que define como prioritaria por su proyección austral.

El tramo más extenso de la autorización corresponde a las operaciones en Perú. El tercer artículo del decreto habilita la salida del país de medios y personal argentinos desde el 14 de agosto hasta el 14 de octubre de 2026, aunque los ejercicios se desarrollarán en septiembre. Ese esquema incluye SIFOREX XIV, programado entre el 7 y el 9 de septiembre, y UNITAS LXVII, fijado entre el 10 y el 24 de septiembre, ambos en aguas jurisdiccionales peruanas y en el puerto del Callao.

Sobre UNITAS LXVII, la norma sostiene que se trata del ejercicio de mayor envergadura y relevancia de su tipo y recuerda que se realiza todos los años desde 1960. Su propósito, según el decreto, consiste en “incrementar la interoperabilidad y el adiestramiento combinado en operaciones navales, aeronavales y anfibias” entre armadas de países americanos y otras naciones invitadas.

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El Gobierno afirmó en ese punto que la participación argentina permite estandarizar procedimientos operativos, facilitar futuras operaciones multinacionales y adoptar protocolos de comunicación, procedimientos tácticos y estructuras de comando comunes. También advirtió que no concurrir “afectaría el adiestramiento naval combinado, la actualización de procedimientos propios y la adquisición de experiencias tácticas críticas”.

En cuanto a SIFOREX XIV, el decreto lo describe como un ejercicio de frecuencia bienal organizado por la Marina de Guerra del Perú y la Armada de los Estados Unidos. La finalidad asignada por la norma es elevar la interoperabilidad, uniformar procedimientos y reforzar capacidades para operaciones complejas en el mar.

Para la Armada Argentina, esa práctica funciona como un ámbito de adiestramiento en guerra antisubmarina y antisuperficie, según la publicación oficial. El texto agrega que una ausencia argentina afectaría el desarrollo de capacidades de operación submarina y la obtención de experiencia con unidades navales no disponibles en el país.

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