El gobierno aceleró en las últimas semanas el proceso de privatizaciones y concesiones previsto en la Ley Bases, con siete empresas públicas en distintas fases de licitación y la expectativa oficial de cerrar la mayor parte de las operaciones antes de fin de año. La meta es captar entre USD 2.000 y USD 3.000 millones adicionales, según precisó el viceministro de Economía, José Luis Daza, en una reciente presentación.

Desde que asumió, el Gobierno recaudó USD 1.081 millones por la venta o transferencia de activos en empresas de los sectores metalúrgico y energético. La suma incluye los USD 27 millones obtenidos por IMPSA —la metalúrgica mendocina vendida a ARC Energy en enero de 2025—, los USD 700 millones correspondientes a cuatro represas hidroeléctricas del Comahue adjudicadas a dos grupos económicos locales, y los USD 356 millones que dejó la venta del paquete accionario de Citelec, controlante de Transener, concretada en abril. Esos fondos, sin embargo, no permanecieron en el Tesoro: la mayor parte se destinó al pago de compromisos con bonistas y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La hoja de ruta para los próximos meses es ambiciosa. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene en carpeta ocho procesos activos simultáneos, más una operación de asociación estratégica con una empresa del sector defensa.

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) es uno de los procesos más avanzados. El 15 de mayo, el ministro de Economía Luis Caputo publicó en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación para vender el 90% de las acciones estatales de la empresa. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP). La apertura de sobres está prevista para el 27 de agosto.

El esquema prevé vender al menos el 51% a un operador estratégico con experiencia en agua y saneamiento, y colocar el resto en bolsas y mercados de capitales. Entre los interesados que circulan en el sector figuran Edison Energía, Mauricio Filibert, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento, además de la chilena Aguas Andinas. El Ejecutivo estima recaudar alrededor de USD 500 millones con la operación.

En tanto, la licitación de Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa en aeropuertos, lleva tres postergaciones. La apertura de la Etapa N° 1 de sobres, debía realizarse el 7 de mayo, luego el 10 de junio y ahora quedó fijada para el 25 de junio, según la Resolución 833/2026 publicada en el Boletín Oficial con la firma de Caputo.

El precio base de la licitación es de USD 45,1 millones por el 100% del paquete accionario, un valor que generó debate en el sector dado que el propio Ejecutivo reconoció, en el informe de gestión presentado por Manuel Adorni ante el Congreso, que la empresa tiene un activo corriente de USD 55 millones, de los cuales unos USD 38,5 millones corresponden a efectivo e inversiones.

Según pudo saber Infobae, al menos tres firmas se presentaron en el proceso: el empresario argentino Horacio Paolini, a través de su compañía Escalum; el Grupo GPS, con su filial Global Service Handling; y la francesa Alyzia, principal operadora de handling aeroportuario de Francia, con presencia en los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly y más de 5.000 empleados. La suiza Swissport, que el sector especulaba como posible interesada, confirmó a este medio que no participó del proceso.

Por su parte, el del Belgrano Cargas es el expediente que más se demoró dentro del primer tramo de privatizaciones. Los pliegos estaban previstos para mayo, pero definiciones técnicas y administrativas retrasaron su publicación. Desde el Ejecutivo aseguran que la licitación está en la “etapa final de revisión” y que el llamado formal es inminente.

El diseño prevé dividir el proceso entre las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, con ofertas independientes para infraestructura, operación ferroviaria y talleres. La intención oficial es evitar un único paquete cerrado y habilitar que distintos operadores compitan por partes del sistema. El esquema también contempla el modelo de acceso abierto previsto en la Ley 27.132, que permite a diferentes operadores usar la red mediante el pago de un canon o peaje.

En paralelo, el Ejecutivo oficializó mediante el Decreto 282/2026 la venta del material rodante —vagones y locomotoras— de Trenes Argentinos Cargas, cuyo producido irá a un fideicomiso para financiar obras en las vías de las tres líneas a concesionar. El presidente de la empresa, Alejandro Núñez, estimó que la venta del material rodante recaudará entre USD 400 y USD 500 millones, monto que cubriría la mayor parte del “piso de inversión” de USD 800 millones previsto para las obras obligatorias en las tres líneas.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) atraviesa la etapa preparatoria y administrativa previa a su privatización. En una nota con Infobae, Chaher fue tajante al describir la situación de la empresa: “Tiene 3.000 empleados cuando cada central puede funcionar con 600. Y tenemos tres centrales”, señaló, y consideró que el recurso humano calificado excedente debería reorientarse para prestar servicios dentro y fuera del país. “Es una vaca sagrada que se mantuvo por inercia y que hoy es inviable bajo el control exclusivo del Estado”, agregó.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y SOFSA también forman parte de la agenda para los próximos meses, aunque sin fechas concretas aún. Fuentes con conocimiento del caso indican que el avance en ambos casos está previsto antes de fin de año.

La privatización por partes de Enarsa continuará en los próximos meses con las concesiones de las hidroeléctricas restantes, las centrales termoeléctricas —entre ellas Manuel Belgrano y General San Martín— y el gasoducto. A fines de 2025, el Gobierno avanzó con la primera etapa de hidroeléctricas, y la venta de Citelec —que controla Transener— se concretó recientemente por US$356 millones. El consorcio conformado por Genneia S.A. y Edison Transmisión S.A. presentó la oferta ganadora, un 70% por encima de la tasación oficial.

Corredores Viales está en proceso de adjudicación bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, según el Decreto 411/2026. El esquema divide la red vial en tramos y ya se adjudicó la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales que pasarán a operar sin subsidios estatales.

Por su parte, la concesión de la Hidrovía, la vía navegable por donde circula el 80% del comercio exterior del país, también quedó resuelta esta semana con la adjudicación al consorcio Jan de Nul-Servimagnus. El contrato, cuya firma está prevista dentro de un máximo de 30 días, establece una rebaja del 13,5% en los costos logísticos y contempla obras de profundización y modernización de la vía por un período de 25 años. La empresa adjudicataria asumirá los riesgos comerciales sin respaldo estatal, con una ganancia mínima del 6% sobre los peajes cobrados.

El caso de Fabricaciones Militares (FM) tiene un tratamiento diferente. La empresa no figura en la Ley Bases como sujeta a privatización y el Gobierno descartó su venta. La apuesta es un concurso público nacional e internacional para atraer socios industriales que aporten tecnología y capital, con cuatro ejes: químicos y fertilizantes, metalmecánica orientada a defensa, pólvora y explosivos, y municiones y armamento. La cláusula no negociable es que ante cualquier necesidad del Estado argentino, la prioridad en la producción corresponde a las Fuerzas Armadas nacionales.