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POLITICA

La nueva cruzada de Milei a la espera del milagro

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Los milagros son como los chistes: si hay que explicarlos demasiado es que algo no funciona. Javier Milei libra una batalla obsesiva para convencer a los argentinos de que su modelo económico ha triunfado, que su gestión es “la mejor en 100 años de historia” y que solo un relato malicioso financiado por sus enemigos impide valorar números irrefutables que encaminan a la Argentina a ser la principal potencia mundial en la próxima generación.

Habla como un profeta de lo evidente. Presenta su teoría libertaria como un legado de Dios y promete que no va a cambiar “un ápice” de sus políticas. Lo repitió esta semana en tres discursos regados de estadísticas convenientes, insultos a los críticos y autoelogios grandilocuentes. El abuso de la hipérbole delata un mensaje hacia la propia tropa, en la que se instala un clima de ansiedad por la demora en que se cumplan los pronósticos de prosperidad derivados del ajuste iniciado hace dos años y nueve meses.

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El propio ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró fastidioso ante los cuestionamientos de los industriales por la crisis en el sector. “Me toca defender los intereses de todos los argentinos, no de determinados empresarios”, dijo. Cuando le preguntaron por “los argentinos” se atajó: “Sabemos que lleva tiempo. Hay que tener paciencia. Magia no puedo hacer”. Y le dedicó un involuntario homenaje a Manuel Adorni: “Sepan que nosotros nos deslomamos para que este cambio se continúe y se dé para todos lo más rápido posible”.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, en la conferencia libertaria «Vientos de cambio»Santiago Filipuzzi

Tiempo es la palabra clave. Caputo comparte con Milei la convicción de que el ordenamiento fiscal y la cautela monetaria traerán crecimiento, pero temen que el puente entre la estabilización y el despegue se haga demasiado largo. La inflación baja pero no desapareció en agosto como soñó el Presidente. Los salarios dejaron de caer, pero el poder adquisitivo de las familias sigue afectado por efecto de las subas de tarifas y el endeudamiento. El esmero por negar un estancamiento de la actividad choca con los números de la recaudación: el IVA cayó el 6,1% el último mes y los recursos de la Seguridad Social, el 1,2%. El Tesoro recortó el gasto casi un 10% para compensar la pérdida de ingresos.

A quienes le piden cambios Milei les responde como a herejes. “Las ideas de la libertad se sostienen cuando se las aplica y se las mantiene en el tiempo”, clamó esta semana, antes de prometer por quinta vez en 10 días que se va a atar al mástil para no tentarse con los cantos de sirena de los que le piden gastar más. Es Odiseo atrapado siempre en el mismo capítulo.

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Milei desactivó ante sus ministros el debate sobre quién tiene la culpa. Si es la política que impide reaccionar a la economía o si la carencia de un crecimiento vigoroso afecta la salud electoral del proyecto libertario. Hay que resistir y defender a muerte que “estamos ganando”. Por eso elogió en privado y en público al ministro Federico Sturzenegger por la columna que publicó en en defensa del modelo. Se burló de los que acusan a Caputo de anunciar medidas keynesianas: “Es una estupidez. Pensamos exactamente igual”.

De la necesidad de resistir emergió la idea de comprar tiempo con la jugada nacionalista de incorporar al credo libertario la causa Malvinas.

En la Casa Rosada registraron el impacto negativo que tuvo sobre el Gobierno la ola patriótica desatada por el triunfo de la selección argentina contra Inglaterra en el Mundial, seguida del episodio de la bandera malvinera que exhibieron los jugadores.

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Giovani Lo Celso despliega la bandera de Malvinas después del triunfo de Argentina ante Inglaterra en el Mundial de FútbolJEWEL SAMAD – AFP

Milei había quedado en un lugar embarazoso: su ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había avalado la prohibición a entrar al estadio con banderas que tuvieran consignas políticas como “el mapita de Malvinas”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo dos días después que “siendo un país bananero” la Argentina nunca iba a recuperar las islas. Tuvo que aclarar al rato qué había querido decir. Sin aclarar no sería Ravier. El Presidente bajó poco después la orden de malvinizar el discurso, sin matices.

En ese altar los libertarios debieron sacrificar el proyecto que ampliaba la posibilidad de que extranjeros adquirieran tierras productivas. El canciller Pablo Quirno llegó a decir antes de ese fracaso que si una persona o empresa de otro país quería comprar un pueblo o una provincia entera iba a poder. Ya no.

Un pase de magia

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La furia de Donald Trump con el gobierno laborista británico ofreció el contexto perfecto para la operación isleña. Santiago Caputo volvió a ser el mago de la comunicación al convertir a Milei en un soberanista. Aplicó un manual viejo pero eficiente. Colocó al presidente en el terreno que ocupaban sus rivales y los dejó lógicamente descolocados. Aquellos que lo denunciaban por tibio en su reclamo a Gran Bretaña tuvieron que aplaudirlo en un océano de “peros”.

Javier Milei, durante la cadena nacional por la causa Malvinascaptura

A Milei la contradicción no lo nubla. Vive en un constante presente, en el que condena a conveniencia hasta aquello que él representaba. ¿Cómo se entiende si no que acuse del fracaso económico de Mauricio Macri a los que difundían en 2018 un relato negativo en los medios de comunicación, cuando era él uno de los más activos detractores públicos del plan que ejecutaba el ministro de entonces? Es decir, Luis Caputo. El suyo.

El plan Malvinas incluye un conjunto de medidas ya existentes presentadas como nuevas y el aval a principios de la Constitución del 94. Cambió el contexto: los intereses geopolíticos de Estados Unidos podrían abrir una oportunidad a la negociación de soberanía que persigue la Argentina desde que perdió la guerra. Los vaivenes anímicos de Trump colocan un inmenso signo de interrogación.

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Tensión. Trump volvió a responder sobre Malvinas e insinuó que no ayudaría a Gran Bretaña en caso de conflicto

Los británicos han agitado la amenaza bélica, al decir que sus fuerzas armadas están en alerta. El país en decadencia que describió Milei tiene un gasto militar casi 23 veces mayor que el de la Argentina. Hasta los aliados ingleses del Presidente se mostraron intransigentes. Boris Johnson, el conservador que encabezó la campaña del Brexit, sumó un filoso tono comprensivo. “Milei es anglófilo y thatcherista. No creo ni por un segundo que quiera una confrontación con el Reino Unido por esta cuestión. Pero también enfrenta una difícil campaña por la reelección y puede considerar necesario agitar el sentimiento popular apelando al tradicional nacionalismo”, escribió en una columna en The Daily Mail. Johnson estuvo en 2024 con Milei en la Casa Rosada. Hablaron una hora sobre Margaret Thatcher y la pasión presidencial por Mick Jagger, a quien sueña conocer. Aquel día se informó que la cuestión Malvinas no había estado en agenda.

Boris Johnson, con Milei, en la Casa Rosada, en 2024

Historia antigua. Ahora el Gobierno le imprime urgencia a la cuestión de las islas. Al presentar dos “leyes malvineras”, busca que el Congreso se convierta en una cámara de eco nacionalista justo en momentos en que la oposición brega por aprobar un proyecto de ley que permita asistir a los deudores morosos y otro para renovar la emergencia en Discapacidad.

Será una guerra de narrativas. ¿Qué es más urgente? ¿La causa nacional o la “discusión interesada sobre una crisis económico-social que no existe”?, agita ya el discurso oficialista.

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Hace 15 años Cristina Kirchner hizo algo parecido cuando impulsó la ley que establece sanciones a las empresas que buscan petróleo en el mar circundante a Malvinas. La sacó por unanimidad y ocupó al Congreso durante dos meses en una discusión favorable a sus intereses mientras planificaba su reelección y sus opositores no acertaban a ponerse de acuerdo en cómo enfrentarla.

Ahora el coro mileísta ya señala “traidores a la patria” y demanda gestos desafiantes contra el “imperialismo británico”, palabras incorporadas de urgencia al diccionario libertario. Uno a uno, desfilaron ministros, diputados, senadores e influencers a posar con “el mapita de Malvinas”. Entre ellos se destacó Daniel Scioli, con un giro de 360°: esta vez las circunstancias lo ubicaron en el mismo lugar que en 2011.

El llamado a la unidad que hizo Milei en cadena nacional duró un discurso. Al día siguiente volvió a tratar a quienes le discuten el éxito de su plan de “mierdas humanas mal cagadas”, “imbéciles” o simplemente “zurdos, inmundos, mugrosos”.

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Dilemas de la causa nacional

El afán repentino por liderar la “causa nacional” expone al Presidente a dos peligros. El primero, con la opinión pública. Él ha sido siempre un navegante contra la corriente, que ponía la “autenticidad” delante de la conveniencia. ¿Será capaz de sacar provecho de un posicionamiento tradicional, de lo que él llamaría “la casta”? ¿Podrá vender como genuino un vuelco tan drástico? Justo él, que no tuvo empacho en defender a Thatcher en el debate presidencial con Sergio Massa antes del balotaje.

Milei, en ChileEsteban Felix – AP

El otro riesgo tiene que ver con excitar emociones nacionalistas a la par de un programa de reformas que defiende la apertura al mundo y la concesión de privilegios a los inversores extranjeros. La última semana ya tuvo una señal cuando el proyecto del Super RIGI se frenó en el Senado ante el reclamo de senadores aliados que exigen incluir más salvaguardas a la industria nacional en la provisión de insumos para los proyectos que entren al régimen de beneficios impositivos. La Casa Rosada mandó a no ceder.

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El clima en el Congreso es inestable. Los gobernadores aliados acompañaron la última tanda de leyes, pero se sienten en una trampa: ayudan al Gobierno a achicar el gasto, pero cuando cae la recaudación sufren la poda de transferencias a las provincias. A ellos también los corre la urgencia de resultados.

“Tenemos que atravesar los meses que quedan hasta el verano sin sobresaltos -sostiene una fuente de diálogo permanente con Milei-. No podemos dejar que nos generen inestabilidad con leyes opositoras ni vamos a tomar medidas populistas para que el plan fracase por nuestra propia ansiedad”.

La reelección hoy no parece blindada, como soñó Milei después de ganar las legislativas de 2025. En el Gobierno identifican a los desencantados como integrantes de la clase media baja que no logran recuperar ingresos que perdieron a raíz de la quita de subsidios a los servicios públicos. “No debemos decirlo, pero hicimos una transferencia de recursos de la clase media a la más baja, a la que le subimos la asignación universal por encima de la inflación y le quitamos la extorsión de los piqueteros”, añade un funcionario de la primera línea del Gabinete.

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El mercado y el FMI monitorean el riesgo electoral de una transformación tan veloz que obliga a reconvertirse a porciones muy grandes de la población. Milei insiste en público que su plan solo perjudicó a los “prebendarios”, entre los que incluye a industriales y empleados públicos. Reniega de la “empatía hipócrita” con los que sufren. “Yo ya estoy hecho”, dijo el miércoles, en alusión a que tiene el sustento garantizado por lo que le pagarán como conferencista cuando deje el poder.

Su explicación de los números que no cierran es unidireccional: culpa de “los kukas”. Según ese relato, como enfrente está el kirchnerismo, la inversión no llega en los niveles esperados y los empresarios no toman empleados en blanco por miedo a un cambio de reglas. “El mayor peligro es Kicillof”, lo secundó Luis Caputo el viernes, en Misiones.

Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria, saluda a militantes de La Cámpora que celebraron un acto frente a su casa el martes pasadoHernan Zenteno –

Juntos revelan la necesidad de reforzar la polarización como arma defensiva. El gran temor libertario es que surja una fuerza nueva, desprovista de mochilas del pasado. Sobre todo, con un líder que recoja la condena irrestricta de la inflación y ciertos preceptos liberales que el actual gobierno impuso. Esa figura no aparece aún en el horizonte.

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Thatcher solía decir que su mayor contribución a Gran Bretaña había sido Tony Blair, el premier laborista que en los 90 abrazó las ideas del libre mercado. Milei contó esa anécdota cientos de veces, desbordado de veneración. La política es dinámica: hay reverencias que mejor olvidar y espejos donde resulta ingrato mirarse antes de tiempo.




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Bullrich acusó al procurador penitenciario de trabar el traslado de presos de Devoto y exigió que vaya al Senado

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La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), por las actuaciones del organismo ante el traslado de detenidos desde Devoto al nuevo complejo federal de Marcos Paz. La iniciativa le atribuye una conducta que, según la legisladora, obstaculiza el vaciamiento y cierre de la cárcel porteña.

El proyecto, ingresado por la Mesa de Entradas del Senado el miércoles 14 de octubre, reúne nueve pedidos de información sobre las gestiones de la Procuración, los criterios para asignar plazas, las condiciones de alojamiento y los controles de seguridad. Bullrich solicitó que el funcionario entregue un informe “pormenorizado, documentado y por escrito” dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación de la iniciativa.

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Por ahora, se trata de una presentación parlamentaria. Para que el requerimiento sea formal, deberá contar con el aval de la Cámara. La senadora busca que Cejas Meliare responda, entre otros puntos, por las intervenciones judiciales de la PPN durante la reorganización de la población carcelaria.

Traslado de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

El cuestionamiento central figura en el tercer punto del proyecto. Bullrich le reclama que explique la “flagrante contradicción institucional” entre los reclamos históricos por mejores condiciones de habitabilidad y la oposición judicial al cierre de la cárcel. “Explique la flagrante contradicción institucional de exigir durante años la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto)”, plantea el texto.

La iniciativa define al penal, inaugurado en 1927, como un establecimiento “manifiestamente obsoleto”. Además, cuestiona las mesas de trabajo promovidas por la Procuración, que —según la interpretación de la senadora— demoran la relocalización de los internos e interfieren con el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la clausura.

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La Justicia rechazó el hábeas corpus colectivo, pero exigió notificaciones

La ofensiva de Bullrich se produjo mientras la controversia ya registraba decisiones judiciales en dos instancias. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo y correctivo que había promovido la PPN por el traslado de internos a Marcos Paz.

La resolución fue firmada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López. Los jueces mantuvieron el criterio de primera instancia, aunque ordenaron precisiones sobre la comunicación de los traslados a las defensas y los tribunales, además del acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.

La presentación de la Procuración alcanzó a 326 detenidos. El organismo cuestionó que algunos movimientos se realizaran sin informar con anticipación los destinos a las defensas y a los juzgados intervinientes. También advirtió sobre el impacto para quienes estudiaban en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII, y para los internos con salidas transitorias.

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El juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, rechazó la acción colectiva, de acuerdo con el dictamen del fiscal Pablo Recchini. Entendió que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Añadió que los reclamos por derechos individuales debían ser tratados por los magistrados competentes en cada caso.

La Cámara sostuvo esa decisión. Aunque señaló que las notificaciones no se ajustaron por completo al protocolo, concluyó que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados ya efectuados. Los jueces también consideraron que el regreso de internos a sectores de Devoto inhabilitados por razones de seguridad podía agravar sus condiciones de alojamiento.

Sin embargo, la resolución dispuso garantías para los próximos movimientos. La Cámara encomendó al juez Bignone exigir al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad, que prevén comunicaciones a los órganos judiciales y las defensas con al menos 72 horas de anticipación. También ordenó garantizar de inmediato el ingreso del personal de la Procuración para inspeccionar y monitorear las cárceles.

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Tras la sentencia, la PPN afirmó en un comunicado que no se opone al cierre de Devoto ni a la reorganización de plazas carcelarias. Sostuvo que su intervención apunta a asegurar planificación, transparencia y respeto de la ley y de los derechos de las personas detenidas. Bullrich, en cambio, considera que las actuaciones del organismo afectan una decisión del Poder Ejecutivo para desocupar el penal.

El proyecto reclama explicaciones por las plazas, las camas dobles y los controles de seguridad

El traslado de internos desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, luego de años de demoras en la puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En las primeras dos jornadas, el SPF llevó 609 personas, más del 40 % de la población del penal porteño, al nuevo establecimiento, que tiene capacidad para 2.232 plazas.

Bullrich respalda su planteo en el convenio interjurisdiccional acordado en 2018 y ratificado por la Legislatura porteña mediante la Resolución 100/LCABA/18. En los fundamentos, sostiene que la redistribución de los detenidos debe avanzar hacia establecimientos adecuados y cuestiona que la Procuración busque influir sobre el destino específico de las vacantes del nuevo complejo.

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El cuarto requerimiento le pide a Cejas Meliare que detalle “los fundamentos legales por los cuales la PPN pretende arrogarse facultades de administración penitenciaria exclusivas del Poder Ejecutivo”. De acuerdo con el proyecto, el organismo pretende que el penal de Marcos Paz sea utilizado de manera prioritaria para alojar a detenidos que permanecen en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, un criterio que Bullrich dice que bloquea la reubicación planificada de la población de Devoto.

Los dos primeros puntos de la iniciativa se refieren a las camas dobles en dependencias del SPF. La senadora solicita que se informe si la Procuración pidió, promovió o avaló su incorporación en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza o en el CPF II de Marcos Paz. También requiere conocer los fundamentos técnicos y jurídicos de un eventual cambio de posición frente a advertencias anteriores sobre “la sobrepoblación, el hacinamiento y los estándares mínimos de habitabilidad”.

Otro de los pedidos se concentra en el vínculo de los detenidos con sus familias. Bullrich busca que el funcionario explique cómo compatibiliza los planteos de la PPN sobre los efectos de trasladar internos fuera de Buenos Aires con las gestiones para derivar de forma progresiva a personas alojadas en comisarías y alcaidías porteñas a cárceles federales de distintas jurisdicciones.

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La senadora también reclama precisiones sobre la transferencia a la Ciudad de las competencias penitenciarias por delitos no federales y sobre la construcción de infraestructura modular con 400 plazas adicionales en terrenos del SPF. El proyecto consulta si la Procuración acompañó, objetó o rechazó esas alternativas y bajo qué argumentos. A la vez, solicita comparar las inspecciones y acciones judiciales impulsadas en dependencias de fuerzas federales con las desarrolladas en establecimientos de la Policía de la Ciudad.

Uno de los puntos aborda posibles relaciones institucionales. Bullrich pide identificar si exfuncionarios, exagentes o empleados de la Procuración con licencia cumplen funciones en áreas penitenciarias del Gobierno porteño. Si fuera así, solicita que se informen los mecanismos destinados a “preservar la independencia, imparcialidad y objetividad” del organismo. El texto aclara que el planteo es un pedido de información y no supone, por sí mismo, la existencia de un conflicto de intereses.

El capítulo final se enfoca en las restricciones al ingreso de teléfonos celulares particulares en sectores de máxima seguridad. La senadora reclama que Cejas Meliare explique “los verdaderos motivos por los cuales la Procuración se resiste activamente” a cumplir las disposiciones vigentes. Según el proyecto, el ingreso de dispositivos personales en zonas restringidas “atenta directamente contra las directivas orientadas a desarticular el accionar del crimen organizado desde el interior de las cárceles”.

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Cejas Meliare ocupa el cargo de procurador penitenciario adjunto y conduce el organismo por la vacancia de la titularidad. La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso ratificó su continuidad el 20 de noviembre de 2024. La PPN, creada por la Ley 25.875, tiene autonomía funcional y facultades para inspeccionar cárceles, examinar las condiciones de detención y promover actuaciones de protección de derechos, mientras que el Poder Ejecutivo administra el sistema penitenciario federal.

La iniciativa de Bullrich todavía deberá atravesar el trámite parlamentario. Mientras tanto, el cierre de Devoto seguirá bajo las condiciones fijadas por la Justicia: el rechazo del hábeas corpus colectivo y la obligación de que el SPF cumpla con las notificaciones previas y facilite las inspecciones durante los traslados.

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La Justicia remata camionetas, camiones y propiedades que pertenecieron a Lázaro Báez

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Camionetas, camiones y obradores que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser rematados a través de la plataforma de subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los bienes forman parte de un incidente dentro del proceso de quiebra de la firma, que tuvo una fuerte participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

La quiebra de la constructora tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. En el marco de un incidente de restitución de bienes, la Justicia dispuso que distintos activos de la compañía fueran enviados al área de subastas online de la Corte para su venta.

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Entre los vehículos ofrecidos hay seis camionetas Chevrolet S10, con precios base de $2.200.000; una Mercedes-Benz Sprinter, que parte de $5.100.000; y una Renault Master, con un valor inicial de $7.200.000.

La Justicia remata los bienes de Lázaro Báez. (Foto: Corte Suprema de Justicia de la Nación)

También se subastan 11 módulos Tecnimet que eran utilizados como obradores al costado de las rutas. La oferta está dividida en dos lotes: uno integrado por cuatro unidades y otro por las siete restantes.

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Arrancó la subasta de bienes de la constructora de Lázaro Báez en la página oficial de la Corte Suprema

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Camiones, autos y obradores que pertenecieron a la firma Austral Construcciones SA, del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos para remate a través de la página oficial de subastas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se trata de uno de los incidentes del último capítulo del proceso de quiebra del expediente judicial de la firma de Báez, que realizó gran parte de la obra pública vial que se hizo entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz.

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La causa por la quiebra de Austral Construcciones se abrió en 2017 y se encuentra tramitando ante el juzgado nacional en lo Comercial 28.

Allí se dispuso, en un incidente de restitución de bienes, enviar una serie de bienes a rematar en el área de subastas judiciales, que depende de la Corte Suprema.

En total, se subastan seis camionetas marca Chevrolet S10, que arrancan con un precio base de $2.200.000, una Mercedes Benz Sprinter con un precio inicial de $5.100.000 y otra Renault Máster, por $7.200.000.

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Además, también se rematan once módulos Tecnimet (uno en una subasta con cuatro unidades y otra con las siete restantes) que funcionan como obradores al costado de la ruta.

Se trata de casillas prefabricadas, parecidas a un contenedor, de chapa, con paneles aislantes, puerta, ventanas e instalación eléctrica. Llegan armadas en camión y se apoyan en el terreno sin cimientos.

Lázaro Báez fue condenado a 14 años de prisión por fraude y lavado de dinero en casos ligados con Cristina Kirchner
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Archivo

Se usan como oficinas, vestuarios y baños para los obreros, comedor, depósito de herramientas y materiales o dormitorios en obras alejadas, como las de la Patagonia.

Por decisión judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea. En cada caso, los interesados pueden observar el lugar en donde se encuentran y un detalle del estado de los bienes.

En 2025, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema creó la plataforma online de remates con el fin de transparentar el mecanismo de subastas para hacer más accesible el proceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.

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Días atrás, a través de la página, se remató un departamento de 3 ambientes en el complejo River View de Puerto Madero que tenía como precio base 400.000 dólares y una casa en el country San Diego, del partido de Moreno.

Actualmente, hay en puja desde un departamento de tres ambientes con cochera en la ciudad de Mar del Plata con precio base de 54.000 dólares hasta la estructura de un edificio sin terminar en el barrio de Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza, todos bienes afectados a diversas causas judiciales.

En el caso de Báez, la mayoría de sus bienes ya fueron vendidos en este proceso de quiebra para pagar a los acreedores.

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Además de la justicia comercial, también pugnan por rematar los bienes que quedan en pie de Báez el Tribunal Oral Federal 2, que lo condenó en la causa Vialidad, y el Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó en la causa de la “Ruta del dinero K”.

La empresa quebró en 2018 y su liquidación sigue abierta: hubo unos 45 incidentes de venta, sobre todo, en Río Gallegos.

Lázaro Báez, extitular de Austral ConstruccionesAGUSTIN MARCARIAN – X03747

En abril de 2024, ya fue rematada maquinaria vial (motoniveladoras, palas cargadoras, excavadora), un semirremolque y vehículos. En septiembre de 2025, se subastaron 28 lotes del ex Obrador Central de Río Gallegos.

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Además, en febrero de 2026 se llamó a mejorar ofertas por US$200.000 por un inmueble en Río Gallegos.

Quedan por rematar inmuebles y otros activos de Austral que siguen en liquidación.

En la causa de lavado de la “ruta del dinero K”, el objetivo es recuperar al menos 61 millones de dólares. Ya se remataron dos aviones: un Rockwell Commander y un Learjet.

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Desde diciembre de 2025, en tanto, la Corte transfirió al Estado más de 60 millones de dólares.

Quedaron inmuebles bajo administración judicial hasta que se subasten cuentas en Suiza y Bahamas, y participaciones en nueve sociedades (Badial, Austral Agro, Austral Atlántica, Diagonal Sur y otras).

Por otro lado, está pendiente el decomiso por la causa Vialidad. El tribunal aprobó ejecutar 84 inmuebles, la mayoría en Santa Cruz, para cubrir una condena solidaria de 685.000 millones de pesos. Entre esos bienes se cuentan un campo de 5633 hectáreas en Alto Río Senguer (Chubut), la estancia Los Gurises, de 10.000 hectáreas (Santa Cruz), unos 60.000 metros cuadrados en El Calafate, lotes en Río Gallegos y tierras en Río Turbio.

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