POLITICA
La obra pública en los tiempos de Javier Milei: se demora un proyecto clave para mejorar la calidad de vida de 4,5 millones de personas
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El cambio de gestión y la orden del presidente Javier Milei de ajustar al mínimo –y en lo posible, eliminar– las partidas para obra pública ya dejaron secuelas: dejaron al borde de la parálisis el “Sistema Riachuelo”, un megaproyecto de AySA que al ponerse en funcionamiento podría mejorarle la calidad de vida a un millón y medio de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios. Con un dato adicional: el Banco Mundial giró a la Argentina los fondos para terminar las tareas, pero los contratistas cobran en cuentagotas y pueden quedar en condiciones de rescindir el contrato, según confirmaron a cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido durante estos meses.
Las miradas apuntan al Ministerio de Economía, que demoró las partidas para concluir el “lote 2″ del megaproyecto. Llegó a adeudar varios certificados de obra, incluidos los de abril ($1700 millones), mayo ($6000 millones) y junio ($4800 millones). Hasta que destrabó una transferencia a mediados de septiembre con el que evitó llegar a los 90 días de incumplimiento. Superar ese plazo hubiera habilitado a los contratistas a demandar en los tribunales al Estado nacional, aunque con ese desembolso parcial el Palacio de Hacienda sólo ganó unas semanas. El 1 de este mes debía afrontar otro vencimiento, que ante la consulta de afirmaron que cancelarán en los próximos días.
“El problema no es que se hayan desviado los fondos [que giró el Banco Mundial], ni tampoco es un problema de AySA o de Acumar [por la Autoridad de Cuenca Riachuelo Matanza], sino el límite del crédito presupuestario. Y eso es algo que define Economía”, indicó una fuente que conoce, desde adentro, el desarrollo y ejecución del megaproyecto.
Desde el Palacio de Hacienda confirmaron a las demoras en los pagos, pero cargaron contra la anterior gestión, liderada por Sergio Massa. “Al asumir, la obra se encontraba parada por falta de pago desde agosto del 2023″, indicaron. En marzo se pagó deuda por $15.460.957.664,78″, precisaron. ¿Y qué pasó con los pagos pendientes desde marzo en adelante? Respuesta oficial: “Se encuentra en retraso el pago del certificado de junio que tenía como cronograma de pago previsto el 1 de octubre por $4.820.612.888. El retraso se produjo por falta de reconocimiento de número SWIFT de la casa de origen, más demoras en la acreditación en la cuenta designada para su erogación; previendo regularizar su erogación el 7 de octubre”.
Desde AYSA, en tanto, ofrecieron una respuesta similar, pero distinta: tras aclarar que la ACUMAR opera como unidad ejecutora que gestiona el préstamo y los fondos, para que luego AySA dispone para realizar los pagos, indicaron a los certificados que vencieron en julio y agosto ya fueron cancelados. Ahora, abundó, está “a la espera de que la Acumar transfiera los fondos en las próximas semanas para regularizar el certificado que vencía en septiembre”, para luego indicar que “a pesar de estos retrasos, la obra continuó su ejecución” y que la ACUMAR “está gestionando con el Ministerio de Economía las ampliaciones de crédito presupuestario, a fin de garantizar la continuidad del proyecto”.
Radiografía de la obra pública
Concebido durante los albores del kirchnerismo, el “Sistema Riachuelo” resulta una radiografía precisa de cómo funciona la obra pública en la Argentina. Comenzó a gestarse en 2008 con la promesa de terminarlo en cuatro años, pero se licitó en 2011, se firmó en 2014 y la inauguración se planeó para 2019. Pasó luego para 2022. Y en septiembre de 2023, la entonces titular de AySA, Malena Galmarini, y su marido, el entonces ministro Massa, celebraron el “inicio al proceso de puesta en marcha”, en plena campaña presidencial de Massa. Pero el “inicio” no fue tal. El “Sistema Riachuelo” sigue hoy sin funcionar.
Por su complejidad, el megaproyecto se concibió en tres partes o “lotes”. El 1 y 3 quedaron desde su inicio bajo control y financiamiento del Banco Mundial, mientras que el “lote 2″ quedó bajo fondeo y control de Néstor Kirchner y Julio De Vido, que lo entregaron a constructoras amigas, afrontó todo tipo de vaivenes y hoy, tras ceder los controles y fondeo al Banco Mundial, mejoró su ejecución y los últimos datos oficiales marcan un 86% de avance, aunque actualizado llegaría al 92 por ciento.
Ahora, los involucrados afirman que las obras podrían completarse “en meses”, siempre que no haya demoras o imprevistos. Así, 2025 podría ser el año inaugural. Pero tampoco pueden garantizarlo, ya que dependen de las partidas que debe liberar el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien sigue las directrices restrictivas de la Casa Rosada.
Las pautas que fijó Milei son claras. “La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Hay que recortar, porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó a fines de noviembre, ya como presidente electo. Y Caputo actuó en consecuencia: redujo al mínimo el flujo de partidas, con la consiguiente ralentización o paralización de obras públicas en distintos puntos del país.
El “Sistema Riachuelo” es, sin embargo, distinto. Porque su financiamiento no proviene de las arcas del Estado nacional, sino del Banco Mundial, que ya giró los fondos para completar las obras, a las que asigna prioridad, por los años de retraso y por la cuantía. Son cerca de US$1227 millones, su financiamiento más grande en toda América Latina y el Caribe.
Para los ejecutivos del Banco Mundial, en tanto, el megaproyecto conlleva desafíos y dolores de cabeza recurrentes. Deben lidiar con la realidad argentina y con las preguntas que llegan desde Washington, donde exigen respuestas y resultados. Pero prefieren mantener la vista en la meta: “El proyecto se sigue ejecutando, hubo algún retraso dado el cambio de administración, pero la obra continua y esperamos que se inaugure en 2025″, indicaron ante la consulta de .
Los resultados durante los últimos años, sin embargo, distan de ser los esperados, como consignaron los informes que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitieron en 2018 y 2021.
El informe de la Sigen expuso, entre otras falencias, el “deficiente grado de planificación y programación de las tareas” del Sistema Riachuelo, las “sucesivas modificaciones” que sufrió el megaproyecto, sus “significativos retrasos”, “las redeterminaciones de precios generadas en consecuencia” durante las presidencias de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y hasta una contratación directa por 14 millones de euros.
Tres “lotes” con recorridos muy distintos
Los tres tramos o “lotes” registraron problemas, pero con diferencias evidentes de avance y transparencia, además de modificaciones periódicas de plazos y costos:
- Lote 1: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la excavación de un túnel a entre 12 y 24 metros de profundidad, a lo largo de 30 kilómetros del llamado Colector Margen Izquierda y Desvío Colector Baja Costanera, más obras complementarias. Transportará los efluentes provenientes del margen izquierdo del Riachuelo y la ciudad de Buenos Aires, más una ampliación del sistema Baja Costanera, hasta Dock Sud. Consorcio ganador: la italiana Ghella y la argentina IECSA, la constructora que era de Angelo Calcaterra, luego procesado en el tramo local de Lava Jato y el caso Cuadernos, en el que acaban de beneficiarlo. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en diciembre de 2022.
- Lote 2: controlado y financiado por el Estado nacional y, tras años y marchas y contramarchas, por el Banco Mundial. Abarca la construcción de una estación elevadora de entrada de los efluentes que llegan a Dock Sud por el túnel del Lote 1, más una Planta de Pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida de esos efluentes. Todo, en terrenos ganados al Río de la Plata. ¿Consorcio ganador? Esuco, JCR, CPC y C&E –todas cercanas al kirchnerismo-. Ya en tiempos del macrismo, se convocó a Ghella y se sustituyó a CPC, la constructora de Cristóbal López, por Impregilo, el grupo italiano socio de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses. Avance de la obra: 92%.
- Lote 3: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la construcción del Emisario Riachuelo que trasladará los efluentes pre tratados en las obras del Lote 2 en Dock Sud a lo largo de 12 kilómetros emisario subfluvial hasta su difusión en las aguas del Río de la Plata. Consorcio ganador: Impregilo SpA, Chediak –cuyo titular, José Chediak, fue luego procesado en la causa Cuadernos– y Healy Company. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en marzo de 2023.
Hoy, con las obras finalizadas, los “lotes” 1 y 3 afrontan otros desafíos: registran períodos de garantía originales vencidos y extendidos ya por segunda vez, a la espera de completar los trabajos del “lote” 2, que a su vez está próximo a comenzar las pruebas finales con líquidos cloacales. Pero la paralización de las obras y las demoras en el pago de los certificados amenaza con postergar, otra vez, el final.
¿Un ejemplo? Según indicaron fuentes al tanto de las negociaciones a , el consorcio contratista avisó que si para el 16 de septiembre no le pagaban los certificados de junio, se cumplirían los 90 días de incumplimiento e iniciaría las acciones de rescisión contractual, imputable al comitente. Es decir, al Estado nacional.
El problema es que el dinero para obras públicas no abunda durante los primeros meses de la gestión Milei. Y conlleva el dilema de la frazada corta. Y así es como el Ministerio de Economía retacea partidas y Acumar giró los pocos fondos de los que disponía a afrontar vencimientos en las obras de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos (Pteli). Al 31 de diciembre, ese proyecto registró el 79% de avance, según el monitor PISA de Acumar.
Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política
La marcha semanal de los jubilados al Congreso de la Nación contará este miércoles con la adhesión de los sindicatos y de los piqueteros. Es que la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se sumarán al reclamo para exigir un aumento de los haberes previsionales y le darán músculo político a la movilización.
Con el aumento de julio, la jubilación mínima pasó de $403.302,81 a aproximadamente $411.989. Si se le suma el bono extraordinario de $70.000, congelado en su monto desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $481.989.
“Marchamos para que una jubilación pueda garantizar una vida digna. Para que quienes trabajaron toda su vida no tengan que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida sobre la mesa”, convocó la CGT, que no participa desde el año pasado de estos reclamos. Se trata de un primer paso de la central obrera en su plan de lucha contra el Gobierno. También está previsto adherir a la marcha de San Cayetano, el mes próximo, antes de avanzar a un eventual paro general que se había barajado para antes del Mundial de fútbol.
Con motivo de esta adhesión, la CGT difundió spots que reúnen historias personales de jubilados, imágenes de Diego Maradona con declaraciones en su defensa, y un video de Norma Plá, militante jubilada de los años 90. “Hacé como el Diego, marchá con los jubilados”, escribieron en la previa de la final del Mundial de Fútbol 2026 que enfrentaría a Argentina y España.
La adhesión de la CGT, las dos CTA y la UTEP a la marcha de este miércoles, programada para las 15, se definió en la reunión que mantuvieron las organizaciones el 7 de julio, donde trazaron un plan de lucha “que haga frente a la crisis económica y productiva orquestada por el gobierno nacional”.
El calendario determinó que este 22 de julio sería la primera medida entre los reclamos. Se espera que el 7 de agosto se movilicen en conmemoración del Día de San Cayetano y, semanas más tarde, protesten frente al Ministerio de Economía.
A partir de esta convocatoria, ATE, el gremio que nuclea a los estatales, anunció que también marchará mañana al Congreso “para exigir un urgente aumento de las jubilaciones y el cese de las políticas de ajuste”. A su vez, reclamará la restitución total de la cobertura de medicamentos gratuitos y la recuperación de la moratoria previsional.
Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, sostuvo: “Al Gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción. Las políticas del gobierno provocan un genocidio en nuestros adultos mayores. En este momento, la mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia. Se están muriendo”, agregó.
El gremio advirtió que la movilización también será por la defensa del salario de los trabajadores activos, los despidos en el sector público y privado, el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil y el rechazo a la represión de la protesta social.
ATE también se movilizará el 7 de agosto en San Cayetano.
convocó la CGT,las dos CTA,el gremio que nuclea a los estatales,CGT,Conforme a
POLITICA
Karina Milei crece en un nuevo rol dentro del Gobierno y planifica nuevas actividades con los gobernadores
Karina Milei decidió en la reunión de la mesa política de la semana pasada que viajará a Chaco para ser la figura principal del oficialismo en una cumbre con gobernadores del Norte, todos preocupados por el riesgo inminente de las crecidas por el fenómeno climatológico de El Niño. Será una de las apariciones con jefes provinciales que se suma a otras que ya tuvo y que la consolidan en un rol más proactivo desde lo político, incluso con figuras de la oposición dialoguista.
“Me parece que lo que comunica esto es que hay actores al interior del oficialismo que saben que toda la decisión política que ocurre acá fluye por ella. Y eso se transmite en miembros de la oposición, que ven que por ahí tiene que ser el diálogo fundamental”, afirma una fuente inobjetable del Gobierno a Infobae.
Las visiones en el oficialismo varían según a quién se le consulte. Cerca de la Secretaría General de la Presidencia opinan que su rol con los gobernadores comenzó a tomar una preponderancia aun más relevante que en tiempos anteriores.
Quienes opinan de esta manera alegan que es una cuestión lógica. En la medida que fue ganando poder político al interior del esquema decisorio del gobierno, eso tuvo una correlación con una colonización en áreas clave en las cuales los gobernadores miran con atención.
Ya no fue solo la Presidencia de la Cámara de Diputados (con Martín Menem a la cabeza) o del partido nacional de La Libertad Avanza (con Lule Menem como armador territorial), sino que aquello se le sumó la Jefatura de Gabinete, ahora con Diego Santilli como un funcionario más activo y con más muñeca que la que tenía Manuel Adorni. No es menor el interés que genera en las gobernaciones las selecciones que pueda llegar a hacer el Ministerio de Justicia, con Juan Bautista Mahiques como responsable, sobre las vacantes de jueces y fiscales federales de diferentes provincias.
“Ella es la cabeza política y nosotros somos los implementos”, indicó uno de ellos a Infobae.
Pero también hay alfiles de responden a ella que juegan un rol silencioso en esa interlocución. Un ejemplo es lo que sucede en el Banco Nación: su presidente, Darío Wasserman, fue junto al Directorio días atrás a Catamarca para participar en un encuentro con el gobernador Raúl Jalil, al que las dos partes caracterizaron de muy productivo: ratificaron que el BNA que se accederá a una tasa preferencial para el acceso al crédito y que seguirá vigente el Marcatón, programa único a nivel nacional con la entidad. En efectos prácticos, el BNA funciona como un mecanismo más para realizar políticas proactivas. Hoy por la mañana se conoció que Javier Lanari, exsecretario de Comunicación y Prensa, fue designado como director del banco. Fue una decisión que provino de los Milei.
Hay quienes no creen que la hermana presidencial tenga mayor intención de participar en el diálogo con los gobernadores, sino que era algo que ya estaba presente. “Desde siempre ella participó, no es novedoso para mi punto de vista”, afirma una de sus personas de mayor confianza.
Justifica esa visión en encuentros con gobernadores como los que ella tuvo en años anteriores. Un ejemplo es el viaje que realizó en abril de 2024 a la provincia de Salta en donde fue recibida por Gustavo Sáenz y se hablaron de las necesidades que tenía la gobernación en materia de políticas y fondos nacionales. No son pocos los que recuerdan un encuentro que Karina, Lule y Santilli recibieron a Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Se la bautizó como la primera edición de la mesa electoral para 2027.
“Puede que después de la elección pasada se le preste otra atención a sus actividades. De cualquier manera, definitivamente es representativo que esté en reuniones. Es la que conduce la mesa política”, marcan desde su riñón.
Hay novedades para esta semana que abona a la visión de que Karina está cada vez más abocada en asuntos relativos a los gobernadores. Además de presidir la reunión de la mesa política esta tarde, Karina también estará este miércoles al mediodía junto a Santilli para presidir un acto para la firma del convenio para el traspaso de obras viales de la Nación a la Provincia de Santa Fe, junto al gobernador Maximiliano Pullaro.
Ese distrito subnacional es uno de los cinco que recibió transferencias discrecionales en el último mes por decisión de Santilli, quien comienza a configurarse como un formulador claro de la estrategia del karinismo en el diálogo con las provincias, con más autonomía que en otras épocas. Un informe de la consultora Politikon Chaco marca que en las dos primeras semanas del mes el Ministerio de Economía de la Nación distribuyó $5.000 a Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. Jujuy tiene un ATN devengado por el mismo monto que todavía no fue abonado.
El encuentro con Pullaro y el viaje a Resistencia que tendrá lugar en la primera semana de agosto vienen a instalar, posiblemente, una nueva dinámica. Todavía no se sabe si Karina y su hermano irán en los próximos días a la Fiesta Nacional del Poncho que se realiza en Catamarca. El Presidente solo espera la venia de su hermana, según indica en privado. A priori, se espera que Santilli asista.
El jefe de Gabinete recibió ayer por la tarde al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, en donde analizaron la agenda política-legislativa a nivel nacional. Entre otros temas, el ministro coordinador y el gobernador conversaron sobre la importancia de que Nación otorgue aval a la provincia de Corrientes para las obras para el puente Alvear-Itaquí y el proyecto Puente Monte Caseros-Bella Unión.
POLITICA
La mansión registrada por familiares de Jesica Cirio que alimenta las sospechas sobre Martín Insaurralde
7‘minutos de lectura
La casa no es una casa. Es la mansión de Tony Montana. O un trasatlántico acorde a los gustos del protagonista de “Scarface”, encallado en el corazón del conurbano bonaerense. Una mole blanca con mármoles rosados de casi 750 metros cuadrados cubiertos, 8 ambientes, 5 baños, una habitación antipánico, parque, quincho, pileta, barras, hidromasaje y mil chirimbolos más que no ocultan una verdad a gritos y una leyenda que corre en susurros. ¿La verdad? La casa figura a nombre de familiares de Jesica Cirio, a los que la Justicia investiga como presuntos testaferros de Martín Insaurralde en una megacausa por lavado de activos por cerca de US$100 millones. ¿La leyenda? Que la compró, por US$1.800.000, uno de los políticos más encumbrados de la provincia de Buenos Aires.
La casa queda en la calle José María Penna al 1700 de Banfield Oeste, a 15 cuadras de la estación y a 17 kilómetros al sur del Obelisco porteño. Sobresale como una ballena blanca en el barrio de clase media que ve con malos ojos a sus moradores. Por sus hábitos de nuevos ricos, por sus horarios exóticos, por sus movimientos sigilosos en camionetas negras con vidrios polarizados y porque exudan poder, aunque se esfumaron, cuentan los vecinos, desde que estalló el escándalo del yate “Bandido”.
¿Quiénes figuran como dueños de la casa que no es una casa? En el Registro de la Propiedad Inmueble provincial aparecen los Ferrante, según cotejó . Él es Andrés Ferrante, 65 años y otrora dueño de “París”, un boliche icónico de Lomas de Zamora, que en 2016 fue condenado a 5 años de prisión por “lesiones graves calificadas por el vínculo y el ensañamiento” contra su pareja. Y ella es su hija, Priscila Daiana Ferrante. Con 33 años y abocada a los servicios de entretenimiento, Jesica Cirio la presentó en varios reportajes como su sobrina y en otros apareció como su prima, mientras que en su cuenta de Instagram la anunció como la madrina de su hija con Insaurralde. En entrevistas a revistas del corazón de hace una década, la joven Ferrante contó que conocía a Insaurralde desde chica y que fue quien se lo presentó a Cirio.
Pero más importante que el parentesco y las relaciones sociales es un expediente penal: la Justicia federal la investiga a Priscila como presunta testaferro del ahora exjefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof, confirmaron fuentes judiciales.
El expediente judicial resulta demasiado incómodo para demasiadas personas. La tiene el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y se centra en una presunta asociación ilícita abocada al lavado de activos de la corrupción y otros delitos como la intermediación financiera no autorizada por el Banco Central (BCRA). Sus ramificaciones son explosivas. Hay testigos e imputados que señalan al supuesto jefe de la banda, Heber Ariel Russo, que es o fue pareja de Priscilla, como testaferro de Insaurralde; aunque las derivaciones llegan hasta el entonces gobernador Daniel Scioli, al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y de manera más larvada, al candidato a presidente Sergio Massa.
La investigación, sin embargo, se dividió en tramos. El juez Armella ya remitió el primer tramo a los tribunales federales de La Plata para que 28 acusados afronten un juicio oral. Los procesó tras encontrar evidencias de que habrían evadido más de $4000 millones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a mediados de la década pasada, por lo que el monto bajo sospecha superaría los US$100 millones, bajo el mando de Heber Russo y Claudio Gómez, dueños en los papeles de dos constructoras: CFS Construcciones y Construcciones Viales.
Durante años, Russo y Gómez se dieron la gran vida. El hombre vinculado a Priscila compró al menos 77 propiedades, entre las que figuran campos, chalets en Pinamar, pisos en Puerto Madero y dos departamentos en Miami, además de más de 200 rodados que incluyen autos, camiones y motos, sin contar ocho embarcaciones, joyas y montañas de dinero en efectivo.
¿Cuál era la fachada de Russo? Ser empresario. Pero en la práctica, según reconstruyó la AFIP en tiempos de Alberto Abad, era prestamista y “panadero”, además de presunto testaferro. Pero no amasaba pan, ni horneaba medialunas. Operaba una usina de facturas truchas –“panaderías”, en la jerga de los sabuesos tributarios–, que ayudó a evadir a más de 3500 contribuyentes. Desde clubes de fútbol y grandes empresas, hasta al sindicato de camioneros de Hugo Moyano y al contador de Daniel “Tano Angelici”, entre otros.
Tras la denuncia de la AFIP, la investigación judicial abarcó a decenas de sospechosos y abordó también las actividades del presunto lavado de activos, que también provendrían de supuestas actividades ilícitas que podrían llegar hasta las orillas de Scioli, Ishii, Massa y, por sobre todos, de Insaurralde en sus tiempos de intendente de Lomas de Zamora.
Esas presunciones quedaron plasmadas en el expediente, según reconstruyó . Escuchas telefónicas, testigos e incluso imputados esbozaron para quiénes trabajaría Russo, lo que él negó durante sus indagatorias. Negó conocer a Insaurralde o a Scioli, y negó haber puesto bienes a nombre de Priscila, quien también aparece vinculada a una sociedad comercial en el extranjero: Muriel LLP, del Reino Unido, según corroboró . Russo, en tanto, sí admitió que le compró un auto a Jesica Cirio que no declaró ante el fisco, pero negó que uno de los campos que regenteaba fuera, en realidad, del luego jefe de Gabinete de Kicillof.
Las sospechas sobre el ida y vuelta entre la banda y la dirigencia política son más amplias. Los investigadores sospechan que algunos involucrados, como Gómez, quien se presentaba como asesor de Unidad Ciudadana y era invitado a los actos de Cristina Fernández de Kirchner, podrían haberse reunido con una frecuencia de una o hasta dos veces al mes con miembros de los entornos de Massa e Ishii. Pero eso integra el segundo tramo de la investigación judicial, que también abarca a Priscila, y que Armella todavía mantiene en su Juzgado.
Cuadrillas municipales
Mientras tanto, la casa que no es una casa muestra hoy una quietud llamativa. Cuentan los vecinos que las cuadrillas municipales entraban y salían del lote como si fuera un edificio público más que una propiedad privada. Pero que desaparecieron cuando estalló el escándalo de Insaurralde a bordo del yate “Bandido” con la escort Sofía Clerici. Esos mismos vecinos chismorrean que hace unas semanas los Ferrante vendieron la casa en US$1,8 millón. En el Registro Propiedad Inmueble provincial, sin embargo, el dato es inamovible: la casa que no es una casa sigue a nombre de los Ferrante.
En los tribunales federales de La Plata, mientas tanto, se registraron ya dos intentos por evitar el juicio oral. Primero con unas probations; luego con un juicio abreviado. Pero no prosperaron. Ahora hay un ida y vuelta sobre cuál es el tribunal oral que deberá quedarse con el expediente y llevar adelante el juicio oral. Mientras tanto, Heber Russo, quien pasó una temporada en el penal de Ezeiza tras un año prófugo, calla y espera. La sobrina de Cirio, también.
Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política
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