POLITICA
La obra pública en los tiempos de Javier Milei: se demora un proyecto clave para mejorar la calidad de vida de 4,5 millones de personas
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El cambio de gestión y la orden del presidente Javier Milei de ajustar al mínimo –y en lo posible, eliminar– las partidas para obra pública ya dejaron secuelas: dejaron al borde de la parálisis el “Sistema Riachuelo”, un megaproyecto de AySA que al ponerse en funcionamiento podría mejorarle la calidad de vida a un millón y medio de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios. Con un dato adicional: el Banco Mundial giró a la Argentina los fondos para terminar las tareas, pero los contratistas cobran en cuentagotas y pueden quedar en condiciones de rescindir el contrato, según confirmaron a cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido durante estos meses.
Las miradas apuntan al Ministerio de Economía, que demoró las partidas para concluir el “lote 2″ del megaproyecto. Llegó a adeudar varios certificados de obra, incluidos los de abril ($1700 millones), mayo ($6000 millones) y junio ($4800 millones). Hasta que destrabó una transferencia a mediados de septiembre con el que evitó llegar a los 90 días de incumplimiento. Superar ese plazo hubiera habilitado a los contratistas a demandar en los tribunales al Estado nacional, aunque con ese desembolso parcial el Palacio de Hacienda sólo ganó unas semanas. El 1 de este mes debía afrontar otro vencimiento, que ante la consulta de afirmaron que cancelarán en los próximos días.
“El problema no es que se hayan desviado los fondos [que giró el Banco Mundial], ni tampoco es un problema de AySA o de Acumar [por la Autoridad de Cuenca Riachuelo Matanza], sino el límite del crédito presupuestario. Y eso es algo que define Economía”, indicó una fuente que conoce, desde adentro, el desarrollo y ejecución del megaproyecto.
Desde el Palacio de Hacienda confirmaron a las demoras en los pagos, pero cargaron contra la anterior gestión, liderada por Sergio Massa. “Al asumir, la obra se encontraba parada por falta de pago desde agosto del 2023″, indicaron. En marzo se pagó deuda por $15.460.957.664,78″, precisaron. ¿Y qué pasó con los pagos pendientes desde marzo en adelante? Respuesta oficial: “Se encuentra en retraso el pago del certificado de junio que tenía como cronograma de pago previsto el 1 de octubre por $4.820.612.888. El retraso se produjo por falta de reconocimiento de número SWIFT de la casa de origen, más demoras en la acreditación en la cuenta designada para su erogación; previendo regularizar su erogación el 7 de octubre”.
Desde AYSA, en tanto, ofrecieron una respuesta similar, pero distinta: tras aclarar que la ACUMAR opera como unidad ejecutora que gestiona el préstamo y los fondos, para que luego AySA dispone para realizar los pagos, indicaron a los certificados que vencieron en julio y agosto ya fueron cancelados. Ahora, abundó, está “a la espera de que la Acumar transfiera los fondos en las próximas semanas para regularizar el certificado que vencía en septiembre”, para luego indicar que “a pesar de estos retrasos, la obra continuó su ejecución” y que la ACUMAR “está gestionando con el Ministerio de Economía las ampliaciones de crédito presupuestario, a fin de garantizar la continuidad del proyecto”.
Radiografía de la obra pública
Concebido durante los albores del kirchnerismo, el “Sistema Riachuelo” resulta una radiografía precisa de cómo funciona la obra pública en la Argentina. Comenzó a gestarse en 2008 con la promesa de terminarlo en cuatro años, pero se licitó en 2011, se firmó en 2014 y la inauguración se planeó para 2019. Pasó luego para 2022. Y en septiembre de 2023, la entonces titular de AySA, Malena Galmarini, y su marido, el entonces ministro Massa, celebraron el “inicio al proceso de puesta en marcha”, en plena campaña presidencial de Massa. Pero el “inicio” no fue tal. El “Sistema Riachuelo” sigue hoy sin funcionar.
Por su complejidad, el megaproyecto se concibió en tres partes o “lotes”. El 1 y 3 quedaron desde su inicio bajo control y financiamiento del Banco Mundial, mientras que el “lote 2″ quedó bajo fondeo y control de Néstor Kirchner y Julio De Vido, que lo entregaron a constructoras amigas, afrontó todo tipo de vaivenes y hoy, tras ceder los controles y fondeo al Banco Mundial, mejoró su ejecución y los últimos datos oficiales marcan un 86% de avance, aunque actualizado llegaría al 92 por ciento.
Ahora, los involucrados afirman que las obras podrían completarse “en meses”, siempre que no haya demoras o imprevistos. Así, 2025 podría ser el año inaugural. Pero tampoco pueden garantizarlo, ya que dependen de las partidas que debe liberar el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien sigue las directrices restrictivas de la Casa Rosada.
Las pautas que fijó Milei son claras. “La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Hay que recortar, porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó a fines de noviembre, ya como presidente electo. Y Caputo actuó en consecuencia: redujo al mínimo el flujo de partidas, con la consiguiente ralentización o paralización de obras públicas en distintos puntos del país.
El “Sistema Riachuelo” es, sin embargo, distinto. Porque su financiamiento no proviene de las arcas del Estado nacional, sino del Banco Mundial, que ya giró los fondos para completar las obras, a las que asigna prioridad, por los años de retraso y por la cuantía. Son cerca de US$1227 millones, su financiamiento más grande en toda América Latina y el Caribe.
Para los ejecutivos del Banco Mundial, en tanto, el megaproyecto conlleva desafíos y dolores de cabeza recurrentes. Deben lidiar con la realidad argentina y con las preguntas que llegan desde Washington, donde exigen respuestas y resultados. Pero prefieren mantener la vista en la meta: “El proyecto se sigue ejecutando, hubo algún retraso dado el cambio de administración, pero la obra continua y esperamos que se inaugure en 2025″, indicaron ante la consulta de .
Los resultados durante los últimos años, sin embargo, distan de ser los esperados, como consignaron los informes que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitieron en 2018 y 2021.
El informe de la Sigen expuso, entre otras falencias, el “deficiente grado de planificación y programación de las tareas” del Sistema Riachuelo, las “sucesivas modificaciones” que sufrió el megaproyecto, sus “significativos retrasos”, “las redeterminaciones de precios generadas en consecuencia” durante las presidencias de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y hasta una contratación directa por 14 millones de euros.
Tres “lotes” con recorridos muy distintos
Los tres tramos o “lotes” registraron problemas, pero con diferencias evidentes de avance y transparencia, además de modificaciones periódicas de plazos y costos:
- Lote 1: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la excavación de un túnel a entre 12 y 24 metros de profundidad, a lo largo de 30 kilómetros del llamado Colector Margen Izquierda y Desvío Colector Baja Costanera, más obras complementarias. Transportará los efluentes provenientes del margen izquierdo del Riachuelo y la ciudad de Buenos Aires, más una ampliación del sistema Baja Costanera, hasta Dock Sud. Consorcio ganador: la italiana Ghella y la argentina IECSA, la constructora que era de Angelo Calcaterra, luego procesado en el tramo local de Lava Jato y el caso Cuadernos, en el que acaban de beneficiarlo. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en diciembre de 2022.
- Lote 2: controlado y financiado por el Estado nacional y, tras años y marchas y contramarchas, por el Banco Mundial. Abarca la construcción de una estación elevadora de entrada de los efluentes que llegan a Dock Sud por el túnel del Lote 1, más una Planta de Pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida de esos efluentes. Todo, en terrenos ganados al Río de la Plata. ¿Consorcio ganador? Esuco, JCR, CPC y C&E –todas cercanas al kirchnerismo-. Ya en tiempos del macrismo, se convocó a Ghella y se sustituyó a CPC, la constructora de Cristóbal López, por Impregilo, el grupo italiano socio de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses. Avance de la obra: 92%.
- Lote 3: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la construcción del Emisario Riachuelo que trasladará los efluentes pre tratados en las obras del Lote 2 en Dock Sud a lo largo de 12 kilómetros emisario subfluvial hasta su difusión en las aguas del Río de la Plata. Consorcio ganador: Impregilo SpA, Chediak –cuyo titular, José Chediak, fue luego procesado en la causa Cuadernos– y Healy Company. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en marzo de 2023.
Hoy, con las obras finalizadas, los “lotes” 1 y 3 afrontan otros desafíos: registran períodos de garantía originales vencidos y extendidos ya por segunda vez, a la espera de completar los trabajos del “lote” 2, que a su vez está próximo a comenzar las pruebas finales con líquidos cloacales. Pero la paralización de las obras y las demoras en el pago de los certificados amenaza con postergar, otra vez, el final.
¿Un ejemplo? Según indicaron fuentes al tanto de las negociaciones a , el consorcio contratista avisó que si para el 16 de septiembre no le pagaban los certificados de junio, se cumplirían los 90 días de incumplimiento e iniciaría las acciones de rescisión contractual, imputable al comitente. Es decir, al Estado nacional.
El problema es que el dinero para obras públicas no abunda durante los primeros meses de la gestión Milei. Y conlleva el dilema de la frazada corta. Y así es como el Ministerio de Economía retacea partidas y Acumar giró los pocos fondos de los que disponía a afrontar vencimientos en las obras de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos (Pteli). Al 31 de diciembre, ese proyecto registró el 79% de avance, según el monitor PISA de Acumar.
Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política
El Gobierno incorporó un nuevo funcionario a la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional, que ocupará un lugar clave en la lucha contra la criminalidad en todo el país.
Mediante el decreto 1044/2026, se oficializó el nombramiento del abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal, dentro de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.
Anteriormente, el cargo era ocupado por Marcelo Carlos Romero, quien fue designado en 2025 en el cargo. Mientras tanto, Argibay Molina se desempeñó como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y ocupó luego de manera transitoria la conducción de la dirección de Investigación Criminal.
En su nuevo rol, el funcionario deberá hacerse cargo de varios proyectos que impulsó el Ministerio de Seguridad, como el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial.
Este organismo funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.
Para tal fin, el consejo cuenta con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.
La recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.
El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.
No obstante, los integrantes buscan optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.
Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.
Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.
Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.
En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.
Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.
POLITICA
Revelaciones de una auditoría en la UOM: el gremio pagó $2400 millones a una microempresa de 5 empleados
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contrató a la empresa USEM para administrar cuentas y ejecutar pagos apenas 82 días después de la creación de la firma, una microempresa de 5 empleados que percibió $2.466.334.995 en honorarios durante 31 meses. Así lo revela una auditoría preliminar encargada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y cuyo contenido sobre el convenio firmado durante la gestión de Abel Furlán en el gremio fue trasladado al fuero penal.
Es que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, lleva delante la causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos provenientes de los aportes de afiliados de la UOM. Allí están involucrados Furlán y María Soledad Calle, la militante kirchnerista que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner y que fue, en forma simultánea, empleada de la UOM y una de las dueñas de la empresa USEM.
La auditoría, realizada por BDO Argentina y encargada por la intervención judicial del sindicato, identificó conflictos de intereses, debilidades en los controles internos y una estructura contractual que habría dejado a la UOM y a su obra social en una posición de desventaja.
Uno de sus principales capítulos, que figura en el primer informe de gestión de Biglieri, es el referido al polémico acuerdo firmado con USEM el 27 de febrero de 2023, con una vigencia de 10 años, y que entregó a la empresa vinculada con La Cámpora funciones sobre cuentas, obligaciones y desembolsos de la UOM y de la obra social, e incluso preveía que la firma podía rescindir unilateralmente el contrato con un preaviso de 30 días, mientras que el sindicato metalúrgico no contaba con una facultad equivalente, excepto ante concurso o quiebra del proveedor.
La consultora BDO emitió el 28 de agosto de 2026 un informe de investigación especial de carácter preliminar, que, se aclara, no constituye una auditoría integral ni determina responsabilidades civiles, penales, administrativas o laborales, pero relevó contratos, movimientos financieros, rendiciones, comunicaciones y antecedentes de las personas involucradas.
En el informe figura que USEM S.A. fue constituida el 7 de diciembre de 2022 por Adalberto Raúl Braconi, presidente de la sociedad, y María Soledad Calle, directora suplente. Cada uno suscribió el 50% del capital social, sin cambios posteriores identificados.
La compañía no registraba actividad comercial relevante fuera de los contratos con la UOM y su obra social, asegura el informe, y aun así se le asignaron tareas como analizar, auditar y validar obligaciones de pago, administrar cuentas, efectuar desembolsos, rendir cuentas y destinar personal con exclusividad.
La revisión halló que la intervención concreta de USEM habría sido principalmente operativa: recibía instrucciones previamente autorizadas, precargaba archivos, gestionaba pagos bancarios y remitía comprobantes. No se encontró prueba suficiente de que hubiera realizado las funciones de análisis, auditoría y validación previstas en el contrato.
La auditoría realizada sobre el contrato con USEM también advirtió inconsistencias sobre la dotación comprometida. Braconi habría mantenido en períodos coincidentes una relación laboral con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, mientras que 7 integrantes de áreas vinculadas a la operatoria de pagos dijeron no conocer ni haber trabajado con Rodrigo Braconi, identificado por USEM como responsable de pagos extraordinarios desde comienzos de 2026.
El principal conflicto de intereses documentado en la auditoría involucra a Calle, empleada de la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, al mismo tiempo, dueña del 50% de USEM. La contratación efectuada por el gremio no contó, según el relevamiento, con una compulsa competitiva de empresas, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes, declaración de conflicto de intereses ni mecanismos suficientes de independencia entre las partes.
La remuneración de USEM, de acuerdo con el informe, equivalía al 0,50% de los fondos ingresados a los fideicomisos, sin una relación establecida con la cantidad de operaciones, la complejidad de las tareas, el personal involucrado ni resultados verificables. El mecanismo permitía que el cobro creciera junto con la recaudación de la UOM y de la obra social, aunque la prestación no aumentara en la misma proporción.
Las cotizaciones de mercado consultadas por los responsables de la auditoría llegaban hasta $40 millones mensuales para una estructura comparable. El costo de un proveedor idóneo, aseguran, podría haber representado el 50% o menos de lo abonado a USEM.
Los balances de la empresa mostraron márgenes de rentabilidad antes de impuestos de entre 52% y 63%, dividendos en efectivo por unos $223,48 millones a valores de diciembre de 2025 y la compra de un inmueble por aproximadamente $150 millones. La documentación de esa adquisición no fue entregada a la intervención.
El análisis también estimó un impacto potencial de $901.501.216 para la UOM y de $ 2.011.316.033 para la obra social por el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, entre enero de 2024 y mayo de 2026. La cifra deberá validarse desde el punto de vista fiscal y operativo, pero el informe considera que la carga podría haberse evitado sin la estructura de USEM.
En el informe figura, además, que los estados contables al 31 de diciembre de 2025 registraron saldos a favor de Ingresos Brutos por $196.927.433,36 cuya composición, origen, recuperabilidad y titularidad económica no pudieron establecerse. También se detectó un monto aproximado de $389 millones expuesto simultáneamente como activo y pasivo por créditos vinculados al impuesto bancario de terceros.
Parte de esos fondos, señala la auditoría, habría sido utilizada para cancelar obligaciones propias de USEM en el impuesto a las ganancias y luego devuelta. Una rendición de mayo de 2026 identificó un reintegro cercano a $34 millones, una operatoria que el personal administrativo y contable de la UOM dijo desconocer.
Las rendiciones y registraciones revisadas mostraron deficiencias en las autorizaciones previas, los comprobantes de respaldo, la identificación de beneficiarios y la separación de funciones entre quienes preparaban, aprobaban y ejecutaban los pagos.
La auditoría realizada por BDO detectó asientos manuales por pagos a proveedores sin documentación suficiente por unos $149.003.348 en la UOM y $40.041.398 en la obra social. También identificó transferencias a cuentas de personal de USEM por $3.760.919 para gastos operativos y peajes sin comprobantes o solicitudes institucionales que las justificaran.
Entre las operaciones bajo revisión figuran pagos por $98 millones registrados en mayo de 2026 con el concepto “Aires del Sur”. El dinero fue distribuido mediante múltiples transferencias de $1 millón a distintas cuentas, sin respaldo que permitiera determinar el objeto de los desembolsos, las autorizaciones otorgadas o los beneficiarios finales.
La revisión encontró, además, que una misma persona de USEM preparaba y autorizaba transacciones bancarias. Esa concentración de tareas, junto con conceptos genéricos en las rendiciones y reposiciones de caja chica sin criterios uniformes, impidió reconstruir una trazabilidad transparente de los fondos.
La intervención judicial suspendió preventivamente la operatoria de USEM y recuperó la administración directa de los fondos. En la próxima etapa, como explica en el informe de gestión de Biglieri, deberá preservar pruebas, reconstruir circuitos de autorización, conciliar fondos y rendiciones, validar el tratamiento tributario y requerir explicaciones a los involucrados antes de evaluar la resolución de los contratos, el recupero de sumas y eventuales acciones administrativas, civiles o penales.
Contraofensiva de Furlán
Hace 24 horas, como anticipó Infobae, el abogado de Furlán, Alejandro Rúa, reclamó al juzgado de Ercolini el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.
El escrito sostiene que la intervención de Biglieri no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas, según se afirma, desmienten todas las sospechas.
La defensa de Furlán señaló que la contratación de USEM respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de la empresa 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.
El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.
Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto.
Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para el gremio metalúrgico: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.
La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.
Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente consideró como “matices de opinión” las internas en el Ejecutivo
Dos diputadas radicales denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.
En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.
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Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.
Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.
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La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.
Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.
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El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.
La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.
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Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
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Los últimos cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados abrieron un frente colateral: un nuevo desmarque de Patricia Bullrich. Por lo menos, el tercero de peso desde que asumió como jefa del bloque de LLA en el Senado. Pero ¿qué hay detrás de sus movimientos? ¿Una estrategia con miras a 2027, genuino desgaste parlamentario o un intento de marcarle la cancha a Javier Milei y, de paso, hacer valer su poder de fuego frente a Karina? “Ella juega su juego”, repiten los suyos.
“Todos los peros tienen un porqué”, refuerza la propia Bullrich en el posteo que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente—, un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. Toda una declaración de guerra que la Casa Rosada intentó moderar.
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El presidente Javier Milei definió este domingo como “matices de opinión” a las diferencias dentro del Gobierno, en medio de la creciente tensión entre Patricia Bullrich y los hermanos Milei. Lo hizo al responder a una publicación en X que planteaba que el oficialismo debía resolver sus internas para que la gente se sintiera segura de votarlo.
“Ayudaría mucho si esas MIERDAS HUMANAS MAL CAGADAS que se hacen llamar periodistas (95%) no mintieran tanto ni llamen internas a matices de opinión… pero eso les reduce el tamaño del sobre…”, escribió el mandatario.
Designaron a un nuevo funcionario en un área clave para la seguridad nacional
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