Como ocurre cada vez que se cierran nuevas paritarias en el Congreso, los senadores nacionales se verán beneficiados con un aumento acumulado en sus dietas del 6,64% que se pagará en tres tramos y por el que superarán los 12 millones de pesos en bruto a partir del próximo mes de agosto.

Si se suma la cifra de este nuevo acuerdo al 12,5% que percibieron entre marzo y mayo de este mismo año, los ingresos de los senadores alcanzarán a lo largo del año una mejora de 19,97%, por encima del 16,8% que lleva acumulada la inflación.

Esto es así por la polémica resolución que votaron los senadores en abril de 2024 que “enganchó” sus dietas con los salarios de los empleados del Poder Legislativo al establecer el ingreso de los miembros de la Cámara alta en módulos, que es la unidad que se usa para el pago de sueldos en el Congreso, y no en una suma fija como se hacía hasta ese momento.

Así, según el último acuerdo salarial firmado por los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado), el módulo que se utiliza para calcular los salarios legislativos pasará a valer $3.065 en agosto, lo que llevará el ingreso de los senadores a $ 12.260.000 en bruto.

La cifra surge de multiplicar los 4000 módulos que se establecieron los senadores en concepto de ingresos mensuales en la sesión del 18 de abril de 2024, de acuerdo a la siguiente distribución: 2500 módulos de dieta, 1000 por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Aquella polémica resolución (8/24) incluyó un inédito aguinaldo, conocido como dieta 13, y los senadores la votaron a mano alzada después de que tanto Villarruel como Menem dieran marcha atrás con un aumento para los miembros de ambas cámaras en respuesta a una queja pública del presidente Javier Milei. Era la época en la que en la administración libertaria se repetía el “no hay plata” como un mantra.

La última paritaria legislativa estableció, como viene siendo costumbre desde hace varios años, un aumento en tres tramos por los meses de junio (2,4%), julio (2,2%) y agosto (1,9%). Esto da un acumulado del 6,64% en los ingresos de los trabajadores legislativos y, por el enganche, también en la de los legisladores.

Como viene ocurriendo cada vez que se firma un acuerdo salarial en el Congreso, los diferentes bloques reaccionan tomando distancia de la decisión ante la negativa repercusión pública que genera el aumento de sus ingresos.

La última vez, en marzo último, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) informó que sus integrantes no aceptarían el aumento. También mostraron pruritos con el aumento los bloques de la UCR y el Pro.

Villarruel siempre se ha desmarcado del escándalo, aclarando que los aumentos de los senadores no son dispuestos por ella sino que fue una decisión adoptada por los legisladores.

En medio de la última polémica, en marzo último, la vicepresidenta llegó a anunciar que su gestión había firmado un convenio con la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para que los legisladores que así lo quisieran donasen el aumento. Sin embargo, la propuesta fue rechazado por la mayoría de los bloques y senadores, que defendieron su derecho a elegir el destino de sus donaciones.

Desde el año pasado, sólo el kirchnerismo tomó la decisión de aceptar de manera pública los aumentos en su totalidad.

Además de las renuncias voluntarias, hay excepciones de senadores que no cobran el adicional por desarraigo. Es el caso de los representantes de la Ciudad de Buenos Aires: el kirchnerista Mariano Recalde y los libertarios Patricia Bullrich y Agustín Monteverde.

Por su parte, Alicia Kirchner (Justicialista-Santa Cruz), declinó percibir ingreso alguno desde que llegó a la Cámara alta ya que optó por cobrar su pensión como exgobernadora de la provincia patagónica.

Tras un primer semestre en el que acumuló proyectos sin lograr convertirlos en ley, el Gobierno redefine su estrategia parlamentaria para la segunda mitad del año. La prioridad estará puesta en tres frentes: la reforma político-electoral, el Presupuesto 2027 y un paquete de iniciativas económicas con las que Javier Milei busca llegar a la carrera por la reelección con mayor estabilidad financiera.

La primera batalla que el oficialismo no resigna es la reforma electoral, frenada en el Senado desde abril. La Libertad Avanza (LLA) intentará eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la próxima elección presidencial. Si no consigue los votos necesarios, buscará repetir la fórmula de 2025 y suspenderlas de manera transitoria.

“La prioridad por encima de todo es la reforma política”, aseguró un referente legislativo del oficialismo a .

La otra discusión ineludible será la del Presupuesto, que el Presidente deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre. Esta vez, el oficialismo evalúa contemplar parte de los reclamos de los gobernadores para asegurarse su respaldo legislativo, clave para el resto de la agenda parlamentaria.

El tercer eje es un paquete económico que todavía no ingresó formalmente al Congreso. Incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una ampliación del régimen de inocencia fiscal y un proyecto para prohibir el déficit presupuestario que Milei bautizó “shutdown”.El objetivo de estas iniciativas es reducir la volatilidad financiera durante la campaña electoral.

La primera en ingresar al Congreso sería la ampliación del régimen de inocencia fiscal -un esquema de blanqueo-, que el Gobierno prevé enviar “en los próximos días”. Está previsto que este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, comunique su presentación durante una conferencia de prensa. La iniciativa buscará ampliar el universo de adherentes para incrementar el ingreso de dólares al circuito formal.

En tanto, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que prohibirá expresamente la emisión monetaria sin respaldo y el financiamiento del Tesoro, y la ley de “shutdown”, que limitará la ejecución del gasto cuando se agoten las partidas presupuestarias, serían remitidas al Congreso en agosto, según pudo saber .

Su tratamiento estará estrechamente ligado a la negociación del Presupuesto y al vínculo con los gobernadores, cuyos legisladores resultan indispensables para aprobar la mayoría de los proyectos oficiales. En particular, la reforma electoral requiere mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 diputados y 37 senadores.

Ese capítulo también incluye otro objetivo político de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además de eliminar -o volver a suspender- las PASO, el oficialismo trabaja en un esquema de colectoras que permita que distintas listas de categorías inferiores adhieran a una misma candidatura presidencial. La idea es ampliar el respaldo territorial de Milei mediante acuerdos con gobernadores aliados, cuyas listas “colectarían” votos para la categoría presidencial mientras conservan identidad propia en las elecciones legislativas locales.

Otros proyectos en espera

Entre las prioridades también figuran dos proyectos de perfil económico que ya obtuvieron media sanción en Diputados pero permanecen estancados en el Senado: el denominado Súper RIGI, que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a US$1000 millones en “nuevas industrias” o “empresas del futuro”, y la reforma del régimen de subsidios al gas por zona fría.

En un segundo plano aparecen las iniciativas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El paquete sobre propiedad privada -que habilita, entre otras medidas, la venta de tierras nacionales a extranjeros y agiliza los procesos de desalojo- volvió a postergarse en la última sesión por falta de apoyos. Tampoco avanzó el proyecto conocido como “Hojarasca”, destinado a derogar normas que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad económica.

El equipo de Sturzenegger también redactó una nueva Ley General de Sociedades, enviada al Senado a fines de mayo, que propone un régimen societario más flexible e incorpora figuras automatizadas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial. Hasta ahora no registró avances.

Más atrás en la agenda quedaron otras reformas de peso: un nuevo régimen de pensiones por discapacidad para reemplazar la emergencia sancionada por el Congreso, una ley de salud mental, una reforma sobre ludopatía enfocada en combatir el juego clandestino sin ampliar las restricciones sobre las plataformas legales y la derogación de la ley de etiquetado frontal. Todas permanecen en el Senado, a la espera de tratamiento en comisión.

En Diputados, por su parte, siguen pendientes el proyecto para regular la actividad de lobby -que genera resistencias en casi todo el arco político-, la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), demorada a la espera de definiciones de Estados Unidos sobre los compromisos arancelarios asumidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

Melody Rakauskas, que denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, se presentó ante la Justicia para pedir que le impidan salir del país en las vacaciones de invierno sin permiso judicial. Además, solicitó medidas de protección.

El caso iniciado por Rakauskas había sido cerrado por la Justicia debido a la falta de acusación fiscal, por carecer de evidencia y porque la mujer se había quedado sin abogado que la represente como querellante. Pero la semana pasada la Cámara Nacional de Casación reabrió el caso al devolverle a Rakauskas el rol de querellante y ahora se presentó a impulsar la acción penal.

Se presentó ante el tribunal de feria N° 2 para pedir que se mantenga la prohibición que pesaba sobre Espinoza de salir del país sin autorización judicial previa, así como el embargo sobre sus bienes.

La presentación, con el patrocinio del abogado Ignacio Barrios, solicita la habilitación de la feria judicial.

El viernes pasado, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación, con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días y la disidencia de Pablo Jantus, revocó el sobreseimiento que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 había dictado el 18 de febrero, restituyó a Rakauskas como querellante y ordenó que el juicio oral se realice “a la brevedad”.

El mismo día, el caso llegó al tribunal oral y la defensa de Espinoza pidió declarar nula esa decisión. El juzgado dispuso estar a la espera de que este fallo quede firme.

La querella pidió que el tribunal de feria certifique el estado actual de las medidas cautelares impuestas a Espinoza y, comprobada su vigencia, disponga expresamente su mantenimiento hasta la finalización del proceso.

Si alguna de ellas fue levantada, pidió que sea restituida y comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones. La querella subraya que no reclama la detención del intendente, ni prisión preventiva, ni retención de pasaporte, ni una prohibición absoluta de viajar, sino solo que pida permiso antes de hacerlo.

Quiere la querellante que se explique destino, motivo, fechas, itinerario, medios de transporte, alojamiento y documentación respaldatoria, que explique su compatibilidad con las audiencias fijadas y que sea resuelto previa vista a la fiscalía.

Sobre el embargo, pide que se certifique su monto, alcance y registración, que se mantenga hasta la sentencia definitiva y que cualquier pedido de reducción o levantamiento se le dé traslado a la fiscalía y a ella misma.

Con independencia de la discusión sobre la firmeza del fallo, Rakauskas reclamó medidas por su condición de víctima: la prohibición de que Espinoza la contacte, perturbe o intimide en forma directa o indirecta, personalmente, por medios digitales o a través de terceros, la reserva de su domicilio y de todo dato que revele su ubicación, y la canalización de las comunicaciones a través de sus abogados.

La causa se originó en la denuncia que Rakauskas radicó el 10 de mayo de 2021, cuando se desempeñaba como secretaria de Espinoza.

Según su relato, el intendente se presentó en su departamento con una excusa laboral e intentó abusar sexualmente de ella. Espinoza siempre negó los hechos y goza del estado de inocencia; el propio escrito de la querella aclara que su petición “no procura anticipar pena, restringir de modo absoluto la libertad ambulatoria ni alterar el estado de inocencia”, sino “preservar la disponibilidad del imputado para el juicio ordenado por la Sala III”.