POLITICA
La oposición volvió a la carga contra Adorni, pero otra vez los aliados del Gobierno evitaron el avance
La oposición volvió este miércoles a intentar reactivar en el recinto el caso de Manuel Adorni, pero chocó otra vez contra el muro levantado por el oficialismo y sus aliados.
El Frente de Izquierda (FIT) insistió con una moción de censura para desplazar al jefe de Gabinete y la Coalición Cívica (CC) buscó fijar un plazo para que la Comisión de Asuntos Constitucionales dictamine sobre su situación. Ninguna de las dos iniciativas prosperó. Pro, en cambio, defendió el acuerdo alcanzado con Martín Menem para trasladar la discusión a comisión y rechazó las acusaciones de haber blindado al funcionario.
La primera ofensiva estuvo a cargo de Myriam Bregman. La diputada del FIT volvió a reclamar la remoción de Adorni y cargó contra Pro y la UCR por haber frustrado el quorum de la sesión de ayer.
“Vergüenza la dan los que no vinieron, los que trataron de blindar a último momento a Adorni. Son los mismos que se han pasado horas hablando de Ficha Limpia”, sostuvo. Y agregó: “Cuando se trata de los propios, se olvidan de todo lo que dijeron. Son unos caraduras”.
Bregman también apuntó directamente contra el Presidente. “Adorni es Milei. Están blindando a Milei y el plan de saqueo que están llevando adelante”, afirmó. “Corresponde que se vote la moción de censura. Adorni se tiene que ir”.
Su propuesta fue rechazada por 125 votos negativos contra 105 afirmativos.
Minutos después, Maximiliano Ferraro intentó otra vía. El diputado de la CC impulsó un apartamiento del reglamento para emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y obligarla a dictaminar el martes 30 de junio, el mismo día para el que fue convocada por el oficialismo.
“Este Congreso no puede mirar para otro lado” frente a la situación del jefe de Gabinete, argumentó. “Su situación es insostenible”.
El planteo tenía un objetivo concreto. La convocatoria impulsada por el oficialismo no establece un plazo para emitir despacho, una omisión que la oposición interpreta como una estrategia para dilatar el debate hasta el receso legislativo. El pedido de Ferraro fue rechazado por 122 votos contra 108.
El dato político de la votación fue el acompañamiento de Pro al emplazamiento. “¿Quiere decir que están de acuerdo con dictaminar el 30?”, se preguntaban en los bloques que impulsan el corrimiento de Adorni.
“Una sesión de show”
Tras la votación, tomó la palabra Cristian Ritondo, que salió a defender la estrategia acordada con Menem y rechazó las críticas de la oposición.
“No fuimos convocados al pedir la sesión. La responsabilidad de reunir el quórum es de quien la pide. Queda demostrado que, aunque nosotros hubiéramos estado presentes, no había número. Ayer era una sesión de show”, afirmó.
El jefe del bloque Pro también agradeció a la presidencia de la Cámara por haber convocado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo martes, una decisión que el macrismo y la UCR presentan como el resultado de la negociación con el oficialismo.
Su intervención provocó una inmediata reacción de Germán Martínez. “Nadie te pide nada, Cristian, nadie te pide nada”, lo cruzó desde su banca el jefe del bloque de Unión por la Patria.
Tanto Pro como la UCR difundieron en las últimas horas comunicados para justificar su posición. Ambos sostienen que la negociación con el oficialismo permitió abrir una instancia institucional para discutir el caso Adorni y que, por lo tanto, “el objetivo de la sesión estaba cumplido”. Para los sectores más duros de la oposición, en cambio, la jugada no fue otra cosa que una maniobra para ganar tiempo y evitar que el jefe de Gabinete enfrente una definición política en el recinto.
el muro levantado por el oficialismo y sus aliados,moción de censura,June 24, 2026,pic.twitter.com/OhxdnLKr9C,June 23, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Diputados. El Gobierno logró el quorum con lo justo y busca aprobar dos de sus principales apuestas económicas,,Escándalo del jefe de Gabinete. Ritondo defendió la postura de Pro y evitó afirmar que Adorni mintió,,“Ganar tiempo”. El Gobierno pactó con Pro y la UCR una tregua para salvar temporalmente a Adorni
BUENOS AIRES.–El vínculo entre las gestiones gubernamentales de Estados Unidos y Argentina, encabezadas por Donald Trump y Javier Milei, volvió a quedar en el centro de la polémica debido a la presencia de ejercicios militares conjuntos entre marines y fuerzas de la Armada Argentina, en Tierra del Fuego.
Las maniobras militares que desarrollan ambos países en la Patagonia se difundieron en las redes sociales y no tardaron en viralizarse. Tienen lugar luego del anuncio del gobierno de Milei de fortalecer la presencia militar nacional en el Atlántico Sur. La Armada Argentina confirmó que ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos entrenan en Ushuaia junto al Batallón de Infantería de Marina Nø4 (BIM 4).
Si bien se habían difundido algunas imágenes del operativo en redes sociales, la confirmación del despliegue fue publicada este martes por la Gaceta Marinera, el medio oficial de la fuerza. Según la propia institución, la presencia de la comitiva norteamericana responde a un intercambio de expertos que se lleva a cabo en el lugar desde el año 2017, basado en acuerdos previos entre las conducciones navales de ambos países.
“En el contexto de este intercambio, está prevista la práctica de técnicas de baja montaña y frío extremo, con procedimientos tales como el uso de crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención. También se realizan adiestramientos relacionados con técnicas de supervivencia y movilidad en este ambiente geográfico”, detallaron desde el portal citado.
El entrenamiento coincide, además, con los planes oficiales para reforzar la presencia armada en el Atlántico Sur y reactivar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. En ese marco, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieron la semana pasada el predio asignado para la obra.
La presencia de los marines estadounidenses en Tierra del Fuego generó cuestionamientos políticos y atención en medios locales y nacionales, en parte por el contexto en el que se desarrolla.
Una de las críticas al despliegue de las fuerzas estadounidenses vino por parte del intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó: “La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas”.
La Ley 25.880 exige la autorización del Poder Legislativo para permitir la entrada de tropas extranjeras al país, en sintonía con la Constitución Nacional. “El Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización establecida en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él”, expresa el documento.
La Argentina ya realizó ejercicios combinados con fuerzas estadounidenses durante la gestión de Milei, sin aprobación del Congreso -a sabiendas de que la cooperación entre ambos países sería reprobada por la oposición- y mediante decretos de nececidad y urgencia.
En septiembre de 2025 autorizó por el DNU 697/2025 las prácticas del ejercicio “Tridente”, mientras que en abril de 2026 empleó el DNU 264/2026 para avalar la maniobra “Daga Atlántica” y el paso de navíos norteamericanos en la Zona Económica Exclusiva.
En esta oportunidad, la Armada no informó ningún decreto específico asociado al adiestramiento. El operativo se suma también a las compras de equipamiento concretadas durante las administraciones norteamericanas de Joe Biden y Donald Trump, entre las que destacan los 24 aviones F-16 adquiridos a Dinamarca —de los cuales ya llegaron seis—, además del interés por incorporar vehículos blindados y helicópteros Black Hawk.
Estos antecedentes muestran que la cooperación militar entre ambos países incluye ejercicios combinados y actividades de entrenamiento, aunque el intercambio que se desarrolla actualmente en Ushuaia es presentado por la Armada como una actividad específica de capacitación en clima frío.
Agencia ANSA
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POLITICA
La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en su cargo en la CEAMSE
El juez Lijo impulsó una serie de medidas para investigar a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa contra el presidente de la AFA, denunciado por un incremento patriomonial del 1000% entre 2017 y 2024, mientras ocupaba un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación sostuvo que el presidente de la AFA registró un importante crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo.
En su declaración jurada correspondiente a 2024, en cambio, informó más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
La denuncia también puso el foco en los ingresos declarados por Tapia por sus distintas actividades. Según esos documentos, informó ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem.
El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó la batería de medidas de prueba solicitadas en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y funcionario por la provincia de Buenos Aires de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Así lo informaron a fuentes judiciales que intervienen en el caso.
Pollicita había impulsado formalmente la investigación la semana pasada y reclamado una veintena de medidas destinadas a reconstruir el patrimonio del dirigente.
Entre ellas, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Tapia, requerir sus declaraciones juradas a ARCA, información sobre bienes a los registros de la propiedad y datos sobre cuentas, plazos fijos, préstamos y tarjetas al Banco Central.
Todo este paquete fue aprobado hoy por el juez Lijo.
También ordenó informes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF), otros a la Comisión Nacional de Valores (CNV), información a más de 20 exchanges de criptomonedas solicitando la dirección de posibles billeteras virtuales a nombre de Tapia y legajos a la Conmebol sobre los cargos e ingresos percibidos por Tapia.
Asimismo, el juzgado solicitó a las oficinas públicas de CABA y de la Provincia de Buenos Aires las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia con sus anexos reservados e intimó al Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) a entregar su legajo laboral completo e informe de ingresos
En esta causa, Tapia es investigado como funcionario de la Ceamse, un organismo mixto, encargado de la gestión de residuos en el AMBA, cuya representación bonaerense está en manos de Tapia.
Ese cargo, y no la presidencia de la AFA, habilita que pueda ser investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.
La causa proyecto otra sombra sobre el panorama judicial que tiene por delante el presidente de la AFA. Está procesado en una causa impositiva, en le fuero Penal Económico; fue alcanzado por una causa de posible lavado, alrededor de la quinta ligada a la AFA; y ahora toma forma en Comodoro Py este otro frente patrimonial.
La investigación se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que cuestionó la evolución patrimonial del titular de la AFA entre 2016 y 2025.
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