POLITICA
Un senador libertario reveló que Adorni les explicó cuál es su situación judicial durante las reuniones en la Rosada
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni recibió a grupos de legisladores del oficialismo en Casa Rosada a fin de coordinar la agenda legislativa que se impulsa desde el Senado. Mientras, se mantiene el foco en la denuncia por enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario. Bruno Olivera, representante por San Juan, dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodía y brindó detalles de la reunión.
Olivera confirmó que la situación judicial de Manuel Adorni se trató en la reunión. El jefe de Gabinete enfrenta una denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por una diputada, aunque, según Olivera, “no está imputado, no lo han llamado a testificar, no le han pedido que presente documentación”. Olivera aseguró que la causa permanece en la justicia a la espera de resolución.
Respecto a la declaración jurada patrimonial, Olivera explicó que “todos los senadores, todos los diputados, todos los funcionarios tienen que cumplir con esas obligaciones” y subrayó que Adorni “legal y contablemente ya cumplió”.
Sin embargo, admitió que existió una omisión formal relacionada con una propiedad declarada a nombre de la esposa de Adorni, lo que obligó a rectificar presentaciones anteriores. “Hubo una omisión formal que fue una casa que él tiene en un country, que había declarado a nombre de la mujer. Corresponde que, al estar casado, se declare cincuenta y cincuenta”, explicó el senador.
El tema principal de controversia, según Olivera, radica en la omisión de USD 506 mil en la declaración inicial de Adorni. El jefe de Gabinete reconoció públicamente este error y explicó que el monto representa ahorros de veinticinco años. Olivera señaló: “Lo que hizo fue una omisión formal. Tuvo que declarar ese ahorro, que debió haberlo hecho al inicio de gestión y no esperar que salga”.
La idoneidad de Manuel Adorni para ejercer el cargo de jefe de Gabinete generó debate interno. En este sentido, Olivera reconoció la incomodidad que el caso genera en el bloque, pero sostuvo su confianza en la gestión presidencial. “Confío en el presidente y confío en la gestión que viene”, afirmó.
También destacó que la investigación judicial corresponde exclusivamente a la justicia y que el bloque oficialista espera que el proceso se resuelva para “salir fortalecidos”.
Consultado sobre la posibilidad de que la omisión de activos afecte la legitimidad de Adorni, Olivera sostuvo que el funcionario cumplió con sus obligaciones formales. “Como funcionario, cumplió con las declaraciones juradas. Lo que hizo anterior a la función pública con su vida privada, es un tema de él y, en el caso de que la justicia detecte algo, tendrá que responder”, resaltó.
Por otra parte, según precisó el senador, la cita sirvió para fortalecer el diálogo y debatir sobre los proyectos enviados por el Ejecutivo, en un contexto de creciente atención sobre la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales.
“La idea principal era poder tener una reunión con el jefe de Gabinete, pulir la relación que tenemos con el Ejecutivo para todos los temas que vayan surgiendo con estos proyectos, poder debatirlos, hablarlos y que cada senador también pueda proponer alguna modificación o mejora», indicó Olivera. La coordinación entre los distintos ministerios y el Senado se mantiene como un punto clave, según el legislador.
El senador afirmó que Manuel Adorni resulta el interlocutor adecuado para canalizar las demandas legislativas del oficialismo. “Manuel es el jefe de Gabinete, con lo cual es el jefe de todos los ministros. Los proyectos vienen de los ministerios, con lo cual él tiene que ser el interlocutor”, sostuvo Olivera, quien remarcó la importancia de contar con un enlace directo para la gestión de iniciativas y propuestas.
Situación económica y percepciones ciudadanas
Al mismo tiempo, el funcionario abordó el impacto de la economía en la vida cotidiana. Destacó el crecimiento de la actividad minera y el aumento del 12% interanual en el consumo de supermercados como señales de mejora. “Para que el ciudadano de a pie lo perciba, necesitamos tener una macro ordenada. Esos indicadores ya se empiezan a percibir en la micro”, afirmó.
El senador diferenció la situación actual de políticas económicas previas, donde el gasto sin respaldo generaba inflación y desequilibrios. “Hoy tenemos un crecimiento sostenido. Si logramos tres años de crecimiento económico seguido, es algo que no hemos visto en los últimos veinte años”, analizó Olivera.
Coordinación política y gestión legislativa
El vínculo entre el bloque oficialista y la mesa política del Ejecutivo se mantiene, según Olivera. Destacó la labor de Patricia Bullrich como jefa de bloque y la articulación en la aprobación de leyes clave. “Esa articulación con el Ejecutivo, esos proyectos que van enviando y esa jefa de bloque que coordina los 21 senadores, estamos trabajando de la mejor manera para llevar adelante los proyectos que plantea el presidente”, remarcó.
Entre otras cosas, negó que existan tensiones internas en el Senado por la gestión política de Bullrich y valoró la dinámica de trabajo en bloques reducidos para mejorar el diálogo durante las reuniones.
Presentación de Adorni en el Senado y debate institucional
El Senado citó a Manuel Adorni para responder preguntas sobre su gestión, pero la sesión prevista para el 2 de julio podría postergarse. Según Olivera, “ningún senador le había hecho absolutamente ninguna pregunta”, por lo que el encuentro se reprogramaría para permitir la elaboración de consultas. El legislador explicó que la oposición se centró en otros temas y que el procedimiento de interpelación requiere mayoría especial.
Olivera recordó que, en ocasiones anteriores, otros jefes de Gabinete también postergaron visitas o presentaciones, pero consideró inusual la ausencia total de preguntas. “El deseo del jefe de Gabinete es ir al Senado, responder y hacer su informe de gestión, con lo cual él está a disposición”, concluyó.
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POLITICA
Una jueza federal de Río Grande ordenó frenar la explotación petrolera de Sea Lion en Malvinas
La jueza federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, Mariel Borruto, ordenó frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en torno a las islas Malvinas. Notificó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que cesen las perforaciones y las emplazó a que en 10 días informen el grado de avance del proyecto.
De este modo, la magistrada hizo lugar a la medida cautelar solicitada por las asociaciones de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que litiga en este caso.
El financiamiento principal (un 65%) del proyecto proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y el resto de la británica Rockhopper Exploration.
La magistrada, en una resolución de 17 carillas a la que accedió , dispuso además que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar acción del proyecto Sea Lion, que en el fallo es mencionado como León Marino, en castellano.
Además, prohibió eventuales ampliaciones y tareas en los pozos o instalaciones integrados al emprendimiento.
La prohibición alcanza a la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina para extracción o producción, la colocación de conductos, líneas de flujo y estructuras de fondeo.
Además, prohíbe la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga, el inicio de cualquier extracción comercial y también las obras terrestres y portuarias.
La medida regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental nacional el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley 25.675, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.
En paralelo, la jueza intimó a las dos empresas a que, dentro de los diez días hábiles judiciales, informen bajo declaración jurada y con documentación respaldatoria el estado actual del proyecto: el cronograma de construcción y perforación, la cantidad y ubicación de los pozos proyectados, las unidades flotantes y de perforación contratadas.
Quiere saber la justicia, además, la nómina de contratistas y subcontratistas, la estructura societaria utilizada, las entidades financieras y aseguradoras involucradas, los desembolsos realizados y pendientes, los estudios ambientales y de riesgo de derrames ya realizados.
También les ordenó preservar íntegramente, sin destruir, modificar u ocultar, toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada al proyecto.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
Los fundamentos del fallo que ordenó suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas
La jueza federal Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Río Grande, ordenó suspender el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una medida cautelar dictada en el expediente FCR 13706/2026 a pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
En su disposición, la jueza apuntó contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La resolución, además de frenar las obras, desarrolla en detalle los argumentos jurídicos que la sustentan, y está basada en distintos fundamentos.
Eje ambiental
El primer fundamento es ambiental. La jueza tuvo por acreditado que ninguna autoridad argentina había iniciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto: un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Jefatura de Gabinete, de febrero de este año, confirmó que no existía aviso de proyecto ni trámite iniciado con las empresas mencionadas.
La Ley General del Ambiente (25.675) exige esa evaluación previa para toda actividad capaz de degradar significativamente el ambiente y la Ley 26.659 prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Para el juzgado, esa omisión configura por sí misma la conducta antijurídica que permite actuar preventivamente: quien debía evaluar el riesgo ambiental no lo hizo y, aun así, avanzó con la ejecución de la obra.
Ese razonamiento se apoya en el principio precautorio, según el cual la falta de certeza científica sobre el impacto de una actividad no puede usarse como excusa para postergar medidas de protección cuando existe riesgo de daño grave.
La resolución citó también la jurisprudencia de la Corte Suprema en los fallos “Mendoza” —sobre la contaminación del Riachuelo— y “Halabi”, que reconocen al ambiente como un bien colectivo, indivisible y no apropiable individualmente, y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su Opinión Consultiva OC-23/17 estableció que el derecho a un ambiente sano protege ecosistemas como el mar aun sin que exista una persona individualmente afectada. Sobre esa base, el juzgado concluyó que la función judicial ambiental no está limitada a intervenir una vez consumado el daño.
Eje en la soberanía
El segundo fundamento es la soberanía. Al analizar la legitimación de los demandantes, la jueza reconoció que la causa promovida por el CECIM “no se agota en una controversia técnico-ambiental”, porque involucra además la defensa de la soberanía nacional sobre Malvinas, a la que calificó como “bien colectivo indivisible” y “interés federal por antonomasia”.
Ese argumento le permitió sostener la competencia del juzgado sobre dos sociedades constituidas en el extranjero, en base al artículo 2603 del Código Civil y Comercial, que habilita a los jueces argentinos a dictar medidas cautelares aunque los bienes o las personas involucradas no se encuentren en el país. La resolución sostuvo que la Ley General del Ambiente y la Ley 26.659 son normas de aplicación inmediata que se imponen por sobre cualquier autorización o título extranjero que las empresas pudieran invocar.
Peligro de demora
El tercer eje es el de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, los dos requisitos clásicos de toda cautelar. La jueza consideró acreditada la verosimilitud a partir de la existencia y localización del proyecto, la magnitud de las obras previstas —23 pozos, una unidad flotante de producción y una ampliación portuaria en Puerto Argentino— y los antecedentes de las empresas: según documentación oficial incorporada al expediente, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum LP ya habían sido alcanzadas por resoluciones de 2012, 2013 y 2022 que declararon “ilegales y clandestinas” sus actividades en la plataforma continental y dispusieron su inhabilitación para operar en el país por veinte años.
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El peligro en la demora, por su parte, surgió de que el proyecto ya había superado la etapa conceptual: las empresas habían adoptado la decisión final de inversión en diciembre de 2025 —rechazada formalmente por la Cancillería argentina el 11 de ese mes— y habían comenzado obras de adaptación de infraestructura, según la propia documentación de Rockhopper.
Alcance del fallo
La resolución aplicó, además, un criterio de proporcionalidad al definir el alcance de la medida. La jueza rechazó la fórmula que habían propuesto originalmente las organizaciones demandantes, que era mantener la suspensión hasta que las empresas obtuvieran un Certificado de Aptitud Ambiental: dado que Rockhopper ya tiene una inhabilitación de veinte años, esa condición habría convertido, en los hechos, una medida provisoria en una prohibición definitiva.
Por eso, la suspensión regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o hasta que el juzgado disponga lo contrario. Por el mismo criterio, difirió el pedido de bloquear de manera general nuevos contratos de financiación, pagos o transferencias de las empresas, al considerar que en esta etapa esa prohibición podría alcanzar a terceros no identificados, como bancos o aseguradoras, sin haber sido oídos.
La medida es provisoria y quedará sujeta a revisión una vez que Rockhopper y Navitas —intimadas a presentar en diez días hábiles información detallada sobre el estado del proyecto, sus contratistas, su estructura societaria y financiera— sean notificadas y puedan ejercer su defensa. Por tratarse de empresas domiciliadas en el exterior, esa notificación deberá tramitarse por la vía del Convenio de La Haya de 1965.
Islas Malvinas, Petróleo, justicia federal
“Se incendió todo”, lamentaron desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados luego de que se conociera que el proyecto de ley presupuesto 2027 enviado ayer a última hora por el Poder Ejecutivo elimina artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad.
El asombro de los legisladores oficialistas quedó expuesto este mediodía en la comisión informativa, donde la oposición y los principales representantes de asociaciones y cámaras de prestadores expresaron su rechazo por las múltiples modificaciones y, sobre todo, por la quita de la actualización del nomenclador. Un punto central en la negociación con los aliados que desató malestar en el Pro y vuelve a foja cero las conversaciones.
“Es lo contrario de lo que veníamos hablando”, se quejaron desde Pro, después de haberse reunido a primera hora de la mañana con representantes de LLA, entre ellos, la diputada Laura Rodríguez Machado -responsable de gestionar el diálogo con los aliados- en busca de alguna explicación sobre el giro repentino en la estrategia.
Sin embargo, fueron los mismos libertarios los que dejaron en claro su asombro ante la maniobra del Poder Ejecutivo. “Ahora vamos a volver a juntarnos. Tenemos que hablar de cero”, admitieron, en un intento de desmarcarse de la Casa Rosada. El episodio dejó al descubierto el cortocircuito y el quiebre que hubo entre el Poder Ejecutivo y sus representantes en la Cámara de Diputados.
Es que hasta última hora de ayer, LLA apostaba a que el Ministerio de Economía incluyera algún guiño a las demandas de los aliados en el presupuesto, que finalmente avanzó en sentido contrario.
La distancia con la Casa Rosada también se hizo evidente cuando la exmacrista Silvana Giudici tomó la palabra durante la comisión y, en un intento por poner paños fríos al conflicto, remarcó la importancia de conseguir un dictamen el próximo 23 e hizo alusión a la división de poderes. “Creemos que este Congreso tiene un tiempo largo para luego tratar el presupuesto y debatir cuáles son las mejores condiciones, no solo las cláusulas mencionadas [por las eliminadas]”, apuntó, sin precisar cómo el oficialismo piensa avanzar en un proyecto de ley “superadora”.
Los cambios del presupuesto
Entre los cambios más resonantes que incluyó la Casa Rosada en el presupuesto propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.
El Poder Ejecutivo plantea que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.
La jugada del Gobierno generó podría tener un costo político alto. “Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo.
No es la única modificación que introduce. El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo. Además, deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.
Noticia en desarrollo
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