POLITICA
La pobreza infantil cayó al 42,3% en 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde 2018, según UNICEF Argentina
La pobreza infantil en la Argentina cayó al 42,3% durante el segundo semestre de 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde 2018, según un informe difundido este martes por UNICEF Argentina. El estudio indicó que la mejora observada a lo largo del último año redujo en más de 1,3 millones la cantidad de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares pobres, aunque el organismo advirtió que la recuperación sigue siendo frágil y proyectó una suba para el primer semestre de 2026.
De acuerdo con el trabajo elaborado sobre la base de datos oficiales, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes residían en hogares pobres al cierre de 2025, frente a los 6,3 millones registrados un año antes. La indigencia infantil, por su parte, descendió al 9,4%, lo que equivale a 1,1 millones de chicos que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica alimentaria.
UNICEF proyectó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza infantil podría ubicarse en torno al 44,4%, mientras que la indigencia subiría al 10,8%. Según el organismo, la evolución de los ingresos familiares, el comportamiento de las canastas básicas, el mercado laboral y las transferencias sociales serán factores determinantes para explicar esa posible reversión parcial de la tendencia descendente observada durante los últimos meses.
El informe, titulado Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Argentina 2016-2025, se presentó durante una actividad organizada por UNICEF en el Círculo Italiano de Buenos Aires, donde también se difundió un análisis sobre la evolución reciente del presupuesto nacional destinado a la niñez y la adolescencia.
Aunque el dato central fue la caída registrada durante 2025, el trabajo permitió dimensionar la magnitud del deterioro previo y de la posterior recuperación. El punto más crítico de la serie se registró durante el primer semestre de 2024, cuando la pobreza infantil alcanzó el 67,1% y la indigencia llegó al 27,3%. En ese período, alrededor de 8,1 millones de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares pobres y 3,3 millones se encontraban en situación de pobreza extrema.
La comparación con los datos actuales mostró una mejora significativa. Entre ese pico y fines de 2025, cerca de tres millones de chicos dejaron de vivir en hogares pobres y más de dos millones abandonaron la condición de indigencia. Sin embargo, UNICEF remarcó que el problema mantiene una magnitud elevada: más de cuatro de cada diez menores de 18 años siguen viviendo en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total.
La brecha con la pobreza general
La investigación confirmó una tendencia estructural a lo largo de toda la serie analizada: la pobreza afecta con mayor intensidad a niñas, niños y adolescentes que al conjunto de la población. Mientras que la pobreza general se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, entre niñas, niños y adolescentes alcanzó el 42,3%. La misma diferencia apareció en la indigencia: 6,3% para la población total y 9,4% para los menores de edad.
Para UNICEF, esta sobrerrepresentación de la infancia entre los sectores más vulnerables es uno de los rasgos más persistentes de la estructura social argentina. La mejora observada durante el último año redujo la incidencia del fenómeno, pero no alteró esa característica de fondo.
El informe también incorporó un análisis sobre la profundidad de la pobreza: no solo midió cuántas personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, sino también qué tan lejos están de superarla.
En ese sentido, la denominada brecha de pobreza alcanzó en 2025 su nivel más bajo de toda la serie. Los hogares con niñas y niños que permanecen bajo la línea de pobreza necesitarían incrementar sus ingresos en promedio un 34,4% para salir de esa condición. En el caso de la indigencia, la brecha se ubicó en 32%.
Para los especialistas, este dato es relevante porque indica que los hogares pobres se encuentran actualmente más cerca de superar esa situación que en años anteriores. Sin embargo, la persistencia de millones de personas por debajo de los umbrales básicos expuso que el desafío sigue siendo amplio.
Dónde se concentra la pobreza infantil
Uno de los aportes del informe fue la identificación de los grupos en los que la pobreza continúa concentrándose con mayor intensidad.
Los datos mostraron que las desigualdades educativas siguen entre los principales factores asociados a la vulnerabilidad económica. Entre las niñas y niños que viven en hogares con clima educativo muy bajo, la pobreza alcanzó el 68,8%. La incidencia también resultó particularmente elevada entre quienes residen en barrios populares, donde llegó al 68,3%.
La situación fue todavía más crítica cuando el principal sostén económico del hogar se encontró desempleado. En esos casos, la pobreza afectó al 74,8% de niñas, niños y adolescentes.
El estudio también puso el foco en las diferencias asociadas a la composición familiar. Entre los hogares monoparentales encabezados por mujeres, la pobreza alcanzó el 52,8%.
Según UNICEF, esa situación respondió a una combinación de factores que incluyó una menor cantidad de adultos generadores de ingresos, mayores responsabilidades de cuidado y dificultades para compatibilizar el trabajo remunerado con las tareas domésticas y de crianza.
Por ese motivo, el organismo sostuvo que las políticas destinadas a reducir la pobreza infantil deben combinar transferencias monetarias con sistemas de cuidado, herramientas que favorezcan la inserción laboral de las mujeres y mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La calidad del empleo apareció como otro factor decisivo. Los datos mostraron que tener trabajo ya no constituye una garantía suficiente para escapar de la pobreza.
Entre los hogares donde la persona de referencia cuenta con un empleo asalariado formal, la pobreza infantil alcanzó el 21,5%. En cambio, cuando el principal sostén económico trabajó en condiciones de informalidad, la tasa ascendió al 55,2%.
La diferencia reflejó el peso que tienen los salarios, la estabilidad laboral y el acceso a la seguridad social en la protección de los hogares con niñas y niños.
Transferencias sociales, privaciones no monetarias y presupuesto
Otro capítulo analizó el papel de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza extrema. A través de simulaciones con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, UNICEF concluyó que la indigencia infantil sería seis puntos porcentuales más alta si no existieran programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y otros mecanismos de asistencia.
“Estos instrumentos de protección de ingresos cumplen un papel central para proteger el piso alimentario, con un efecto importante especialmente en la pobreza extrema. La AUH, la Prestación Alimentar y otros apoyos monetarios contribuyen a evitar que una parte de los hogares con niñas, niños y adolescentes caiga por debajo de la línea alimentaria”, afirmó Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.
Según el organismo, la evidencia mostró que las transferencias tienen un efecto más intenso sobre la indigencia que sobre la pobreza total. Esto ocurrió porque muchos hogares se encuentran cerca de la línea alimentaria y esos ingresos adicionales evitan que caigan por debajo de ese umbral, aunque no siempre alcanzan para superar la canasta básica total.
Sin embargo, UNICEF insistió en que la pobreza infantil no puede analizarse únicamente a través de los ingresos. Por esa razón, el informe incorporó una medición de privaciones no monetarias vinculadas con vivienda, saneamiento, acceso al agua, hábitat, educación y protección social.
Los resultados mostraron que el 42,8% de las niñas, niños y adolescentes presenta al menos una privación en alguna de estas dimensiones.
A diferencia de la pobreza monetaria, estas carencias tienen una dinámica más lenta y suelen responder a déficits estructurales acumulados durante años. Por eso, el organismo sostuvo que las transferencias de ingresos son necesarias, pero insuficientes para resolver los problemas de fondo.
En ese contexto, Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, sostuvo que la reducción de la pobreza infantil exige una estrategia más amplia que la mera asistencia monetaria.
“Los resultados del informe muestran que las políticas de protección de ingresos son necesarias para sostener pisos básicos, pero su impacto aumenta cuando disponen de movilidad automática y se articulan con intervenciones focalizadas en los grupos poblacionales más afectados junto a políticas sectoriales orientadas a privaciones estructurales”, señaló.
Para UNICEF, la agenda pendiente incluye mejorar la calidad del empleo adulto, fortalecer los sistemas de cuidado, ampliar la cobertura de servicios básicos, garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y sostener las inversiones en educación, infraestructura social y protección de derechos.
Durante la presentación del informe, el organismo también difundió un análisis sobre la evolución reciente del presupuesto destinado a la niñez y la adolescencia.
Según UNICEF, en 2025 el presupuesto nacional orientado a la infancia registró una recuperación real del 4% respecto de 2024, impulsada principalmente por las políticas de protección de ingresos, que explican cerca del 88% del gasto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, las primeras ejecuciones presupuestarias de 2026 mostraron señales de mayor restricción. Entre enero y mediados de mayo, la ejecución destinada a infancia se ubicó 6% por debajo de la registrada en igual período del año anterior, afectada por reducciones en partidas vinculadas a educación, nutrición, alimentación, protección de derechos y primera infancia.
El organismo advirtió además que, si no se amplían los créditos presupuestarios vigentes, el financiamiento nacional destinado a la niñez podría registrar una caída real del 16% durante 2026.
El trabajo también relevó las estrategias utilizadas por los hogares para sostener su economía cotidiana. Siete de cada 10 hogares con niñas, niños y adolescentes declararon haber recurrido durante el último año a alguna forma de ayuda económica, endeudamiento, utilización de ahorros o venta de pertenencias para afrontar gastos corrientes. Entre los hogares sin chicos, esa proporción es 10 puntos menor.
Para UNICEF, este dato mostró que detrás de la mejora observada en los indicadores todavía persisten niveles significativos de fragilidad económica.
La advertencia quedó reforzada por las proyecciones para 2026. Si bien la pobreza infantil se ubicó en su nivel más bajo desde 2018, el organismo consideró que la recuperación todavía no está plenamente consolidada. La evolución del empleo, los ingresos reales, la inflación y las políticas de protección social serán variables decisivas para determinar si la mejora registrada durante 2025 logra sostenerse o si, como anticipan las estimaciones de corto plazo, se produce una reversión parcial durante los próximos meses.
POLITICA
Venta de tierras a extranjeros: constitucionalistas advierten que una decisión del Congreso sería la mejor solución a la tensión entre poderes
Un decreto del Poder Ejecutivo que derogó una ley, un rechazo del Senado y un fallo de la Corte Suprema desataron la tensión entre los tres poderes del Estado.
El máximo tribunal dejó ayer sin efecto, en la práctica, los límites a la venta de tierras a extranjeros al restituir la vigencia de un artículo del megadecreto 70/2023 de Javier Milei. Tras el fallo, constitucionalistas consultados por coincidieron en que el desenlace de este choque de poderes está en manos del Legislativo. Solo una decisión del Congreso podría ponerle fin.
En rigor, la Corte Suprema devolvió vigencia al artículo 154 del decreto 70/2023 que estableció la derogación de la Ley de Tierras que fijó límites a la venta de tierras a extranjeros.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata había declarado la inconstitucionalidad del artículo, pero Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimado para demandar en este caso y, así, restituyeron el artículo 154 y, en los hechos, quitaron los límites a la venta de tierras a extranjeros.
En el universo legislativo, el Senado había rechazado el DNU 70 en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados nunca trató el decreto y, en consecuencia, la norma de Milei mantuvo su vigencia, dado que para anular un DNU se requiere el rechazo de ambas cámaras. El fallo de la Corte desató ayer la reacción de los diputados de la oposición, que por estas horas intentan organizarse para derogar definitivamente el decreto.
Para los constitucionalistas consultados, la clave está en el Congreso. El propio fallo de la Corte aclara que su decisión no implica “interferencia alguna sobre la intervención del Poder Legislativo contemplada en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional [la facultad del Congreso de considerar los DNU] respecto de la mencionada norma”.
Dos mecanismos legislativos podrían ser la vía, de acuerdo a distintos constitucionalistas:
El Senado avanzó en el rechazo del DNU en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados jamás tomó la posta. Legisladores como Cecilia Moreau (Unión por la Patria) y Esteban Paulón (Provincias Unidas) llamaron ahora a derogar el decreto en la Cámara baja.
Ante la consulta de , Pablo Salinas, politólogo especialista en asuntos parlamentarios, detalló que si la oposición en Diputados prosperara con esa jugada, el DNU 70/2023 caería definitivamente. A su vez, explicó que la anulación desecharía el decreto en su totalidad. Y sumó que el tratamiento de los DNU en el Congreso no se rige por los plazos de vigencia de los proyectos de ley. Es decir, el rechazo del Senado que data de marzo de 2024 no perdió estado parlamentario y Diputados lo podría tratar “en cualquier momento”.
El constitucionalista Diego Armesto indicó que el considerando 9° del fallo de la Corte, aquel que destaca la facultad del Congreso de rechazar el DNU, es un mensaje central del fallo, al indicar que “falta el control político que nunca terminó” de ejercer el Congreso.
Al respecto, la constitucionalista Lorena González Tocci dijo en X que era preciso “modificar la nefasta ley 26.122″, que requiere que las dos cámaras del Congreso rechacen un DNU para que caiga y que dispone que el decreto siga en pie incluso con el rechazo de la Cámara de Diputados o del Senado, como ocurre en este caso.
“Lo mejor es una nueva ley que derogue [el artículo 154]”, consideró Daniel Sabsay, especialista en derecho constitucional. “De todas maneras, el conflicto entre poderes está planteado”, afirmó.
Andrés Gil Domínguez evaluó que el máximo tribunal “esfumó” la división de poderes y precisó que una iniciativa de este calibre debería circunscribirse a dos artículos: uno que derogue el 154 del DNU 70 y otro que reponga la Ley de Tierras. Este es el “camino más fácil”, apuntó. Una nueva norma dejaría atrás el fallo de la Corte.
Los abogados también mencionaron otras alternativas menos robustas, aunque posibles, como la incorporación de límites a la extranjerización de tierras en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Se trata de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que en agosto pasado logró la aprobación del Senado, pero aún no fue tratada en Diputados.
El proyecto original eliminaba el tope a la venta de tierras a extranjeros. Tras una fuerte presión política y callejera, el Gobierno debió retirar el capítulo de extranjerización de tierras. Ahora, barajan algunos, la oposición podría restituir los límites en la Cámara baja y devolver el proyecto al Senado.
Sin vía judicial
La resistencia a la anulación de la Ley de Tierras depende del Congreso, dado que –argumentan constitucionalistas– la Corte cierra la puerta, en la práctica, a nuevos reclamos judiciales, por lo que esta vía quedaría desechada virtualmente.
Gil Domínguez se refirió a la “trampa formalista” de la Corte. Explicó que, si bien el tribunal dice que no falla sobre el fondo de la cuestión (“el presente pronunciamiento no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154”), argumenta que la soberanía territorial solo corresponde al Estado. De esta forma, le “obtura a cualquiera” el camino judicial, alegó.
En la misma línea, Alejandro Carrió puntualizó: “Si esta organización no tiene legitimación, ¿quién tendría la facultad para llevar a la Justicia un planteo de inconstitucionalidad por esta norma? La Corte no plantea eso. Me cuesta imaginar a qué actor le va a estar permitido”.
Sabsay coincidió en que sería “difícil” que el máximo tribunal se pronunciara en una dirección opuesta ante otro demandante.
Félix Lonigro agregó: “De acuerdo al argumento que usó, la Corte le va a rechazar el planteo a todo el mundo porque dice que la defensa de la soberanía no es un derecho colectivo, sino una facultad estatal”.
De todos modos, los constitucionalistas no descartan absolutamente que la Corte pudiera declarar la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto al expresarse sobre el fondo ante otro caso.
Juan Vicente Sola dijo que la Corte Suprema evitó “ingresar sobre el fondo” del planteo, pero que sin dudas consideró la “razonabilidad” de la derogación de la Ley de Tierras vigente desde 2011, que establece un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras (en Nación, provincias y municipios). Sola afirmó: “La Corte en muchos casos decide por la cuestión más sencilla (no necesariamente ingresa sobre el fondo). No tengo duda de que, aunque no lo dijeron, los jueces de la Corte consideraron la razonabilidad de la norma que prohibía [la ley de tierras]”.
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POLITICA
La oposición busca forzar una sesión especial en Diputados para declarar inconstitucional el DNU que habilita la venta de tierras a extranjeros
Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto la medida cautelar que interrumpía la derogación de la Ley de Tierras, la oposición busca forzar una sesión especial en Diputdos, en contra del DNU 70/2023.
La Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas empezó a tratarse hoy en las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y de Legislación Penal, conducidas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado.
El diputado Martín Lousteau de Provincias Unidas expresó: “Creo que la Corte, más allá de lo jurídico, muestra una desconexión con el sentir de la sociedad que se manifestó de manera muy contundente con la ley de extranjerización de tierras, que el Senado acaba de no convalidar, de rechazar. Entonces, me parece que hay una desconexión profunda”.
“Yo creo que es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/23, lo terminemos de dar de baja”, agregó el diputado de la UCR.
En esa misma línea, añadió: “Yo ya lo voté en el Senado de forma negativa, voy a estar muy contento de poder votarlo en forma negativa de nuevo porque es profundamente inconstitucional”.
Desde el peronismo, el diputado Sebastián Galmarini expresó: “Sería muy importante que el Senado sancione la reforma a la ley 26.122 de trámite legislativo de los DNU, para que los Decretos no tengan plena vigencia sin la expresa aprobación de ambas cámaras”.
POLITICA
Un gremio aliado de Kicillof se desmarcó y lanzó un inédito paro provincial con una larga serie de reclamos
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tendrá la semana próxima un inédito desafío de un sindicato aliado, que pondrá en marcha un paro contra su gestión, con movilización incluida, en reclamo de pases a planta permanente y mejoras salariales.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, que respalda al mandatario en su apuesta electoral, le envió una nota con sus demandas al ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, en la que anuncia una huelga el próximo miércoles, 7 de octubre.
En una nota presentada ayer, con las firmas de Claudio Arévalo (secretario general) y Eliana Aguirre (secretaria general adjunta), ATE bonaerense le comunicó a Correa que el sindicato “convoca a paro nacional con movilización a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el miércoles 7 de octubre del corriente año”.
El referente principal de ATE en la provincia de Buenos Aires es Oscar De Isasi, quien fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la boleta de Fuerza Patria, en las elecciones del año pasado. Ocupó el puesto 23º y no accedió a una banca. El 2 de marzo, el sindicato hizo un paro en la provincia de Buenos Aires, pero en el marco de una jornada nacional de lucha de ATE. Fue una protesta en la que coincidió el Suteba (que aún conducía Roberto Baradel, también aliado de Kicillof), en la que se responsabilizó al presidente Javier Milei por asfixiar a la provincia y no permitirle ofrecer mejores sueldos.
En su reclamo, el sindicato estatal subraya responsabilidades del gobierno nacional para, en ese contexto, enumerar sus demandas a la administración de su aliado Kicillof. “En el marco del ajuste que impulsa el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y de su impacto sobre las provincias, entendemos que el proyecto de presupuesto de la provincia de Buenos Aires debe contemplar recursos y políticas que permitan garantizar los derechos de las y los trabajadores estatales, fortalecer el Estado provincial y sostener las políticas públicas”, advirtió el gremio en su nota dirigida a Correa.
ATE bonaerense enumeró siete reclamos al gobierno de Kicillof. Primero, solicitó “la creación de los cargos necesarios para terminar con la precarización laboral en la provincia de Buenos Aires, incorporando a planta permanente a los trabajadores que se encuentran bajo modalidades de contratación precaria”. En segundo término, pidió subir ”la presión impositiva sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, destinando esos recursos a la recuperación y mejora de los salarios de los trabajadores estatales bonaerenses».
En el tercer punto de su nota al ministro de Trabajo, la seccional bonaerense de ATE incluyó un pedido que agita desde hace meses la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), que activó ya varias protestas contra Kicillof en rutas de Cañuelas y Bahía Blanca, entre otros puntos. “Mayores recursos para la conformación del Consejo del Salario Municipal, garantizando una herramienta institucional que permita avanzar en la discusión y mejora de las condiciones salariales” de los municipales.
Las restantes demandas de uno de los gremios estatales bonaerenses son “el fortalecimiento de la carrera administrativa” con la plena implementación “de un convenio colectivo de trabajo”; la aplicación de un “boleto gratuito” para los estatales que trabajen en las áreas de educación y salud; “la incorporación de mayor cantidad de personal” en áreas como salud, educación y niñez, y “el fortalecimiento de las políticas públicas provinciales” para amortiguar “el impacto social y económico que generan las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional”.
consultó al Ministerio de Trabajo provincial sobre el conflicto planteado por ATE bonaerense, pero no recibió respuestas.
El jueves de la semana pasada, ATE y el resto de los sindicatos estatales de la provincia retomaron la discusión paritaria con el gobierno de Kicillof. A la espera de una propuesta de aumento, el sindicato que conduce Arévalo informó que “planteó la necesidad de recuperar el poder adquisitivo que viene perdiendo el salario de las y los estatales producto de las medidas de ajuste del gobierno nacional”.
ATE integra la Central de Trabajadores de la Argentina (en su vertiente denominada Autónoma), organización de sindicatos que anunció una medida de fuerza nacional para fines de octubre.
En otro conflicto que afecta a Kicillof, mañana los sindicatos docentes de la provincia harán paro para reclamar medidas contra los ataques sufridos por docentes, que se multiplicaron en las últimas semanas. Convocan los gremios Suteba, AMET, FEB y Udocba. El martes, tras la agresión de una madre de una alumna a un maestro en la escuela 36 del barrio San José, en el partido de Almirante Brown, los sindicatos hicieron un paro distrital. A ese hecho, se sumó en las últimas horas otra agresión a un docente en Trenque Lauquen.
desafío de un sindicato,responsabilizó al presidente,Axel Kicillof,Provincia de Buenos Aires,Conforme a
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