POLITICA
Un gremio aliado de Kicillof se desmarcó y lanzó un inédito paro provincial con una larga serie de reclamos
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tendrá la semana próxima un inédito desafío de un sindicato aliado, que pondrá en marcha un paro contra su gestión, con movilización incluida, en reclamo de pases a planta permanente y mejoras salariales.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, que respalda al mandatario en su apuesta electoral, le envió una nota con sus demandas al ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, en la que anuncia una huelga el próximo miércoles, 7 de octubre.
En una nota presentada ayer, con las firmas de Claudio Arévalo (secretario general) y Eliana Aguirre (secretaria general adjunta), ATE bonaerense le comunicó a Correa que el sindicato “convoca a paro nacional con movilización a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el miércoles 7 de octubre del corriente año”.
El referente principal de ATE en la provincia de Buenos Aires es Oscar De Isasi, quien fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la boleta de Fuerza Patria, en las elecciones del año pasado. Ocupó el puesto 23º y no accedió a una banca. El 2 de marzo, el sindicato hizo un paro en la provincia de Buenos Aires, pero en el marco de una jornada nacional de lucha de ATE. Fue una protesta en la que coincidió el Suteba (que aún conducía Roberto Baradel, también aliado de Kicillof), en la que se responsabilizó al presidente Javier Milei por asfixiar a la provincia y no permitirle ofrecer mejores sueldos.
En su reclamo, el sindicato estatal subraya responsabilidades del gobierno nacional para, en ese contexto, enumerar sus demandas a la administración de su aliado Kicillof. “En el marco del ajuste que impulsa el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y de su impacto sobre las provincias, entendemos que el proyecto de presupuesto de la provincia de Buenos Aires debe contemplar recursos y políticas que permitan garantizar los derechos de las y los trabajadores estatales, fortalecer el Estado provincial y sostener las políticas públicas”, advirtió el gremio en su nota dirigida a Correa.
ATE bonaerense enumeró siete reclamos al gobierno de Kicillof. Primero, solicitó “la creación de los cargos necesarios para terminar con la precarización laboral en la provincia de Buenos Aires, incorporando a planta permanente a los trabajadores que se encuentran bajo modalidades de contratación precaria”. En segundo término, pidió subir ”la presión impositiva sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, destinando esos recursos a la recuperación y mejora de los salarios de los trabajadores estatales bonaerenses».
En el tercer punto de su nota al ministro de Trabajo, la seccional bonaerense de ATE incluyó un pedido que agita desde hace meses la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), que activó ya varias protestas contra Kicillof en rutas de Cañuelas y Bahía Blanca, entre otros puntos. “Mayores recursos para la conformación del Consejo del Salario Municipal, garantizando una herramienta institucional que permita avanzar en la discusión y mejora de las condiciones salariales” de los municipales.
Las restantes demandas de uno de los gremios estatales bonaerenses son “el fortalecimiento de la carrera administrativa” con la plena implementación “de un convenio colectivo de trabajo”; la aplicación de un “boleto gratuito” para los estatales que trabajen en las áreas de educación y salud; “la incorporación de mayor cantidad de personal” en áreas como salud, educación y niñez, y “el fortalecimiento de las políticas públicas provinciales” para amortiguar “el impacto social y económico que generan las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional”.
consultó al Ministerio de Trabajo provincial sobre el conflicto planteado por ATE bonaerense, pero no recibió respuestas.
El jueves de la semana pasada, ATE y el resto de los sindicatos estatales de la provincia retomaron la discusión paritaria con el gobierno de Kicillof. A la espera de una propuesta de aumento, el sindicato que conduce Arévalo informó que “planteó la necesidad de recuperar el poder adquisitivo que viene perdiendo el salario de las y los estatales producto de las medidas de ajuste del gobierno nacional”.
ATE integra la Central de Trabajadores de la Argentina (en su vertiente denominada Autónoma), organización de sindicatos que anunció una medida de fuerza nacional para fines de octubre.
En otro conflicto que afecta a Kicillof, mañana los sindicatos docentes de la provincia harán paro para reclamar medidas contra los ataques sufridos por docentes, que se multiplicaron en las últimas semanas. Convocan los gremios Suteba, AMET, FEB y Udocba. El martes, tras la agresión de una madre de una alumna a un maestro en la escuela 36 del barrio San José, en el partido de Almirante Brown, los sindicatos hicieron un paro distrital. A ese hecho, se sumó en las últimas horas otra agresión a un docente en Trenque Lauquen.
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POLITICA
Los gremios más combativos calcularon cuánto debería ser el salario mínimo: supera los $3,1 millones Copiar título
Según un índice elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a las organizaciones gremiales más combativas de las tres centrales obreras, el salario mínimo debería alcanzar los $3.178.287 mensuales para cubrir las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo vigente.
El relevamiento toma como referencia los gastos necesarios para cubrir las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.
La presentación del índice de octubre se realizó en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), con la participación de dirigentes de sindicatos industriales, estatales, docentes y del transporte, que cuestionaron la política salarial del gobierno de Javier Milei y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
El secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo que el índice busca exponer la situación de los trabajadores frente al ajuste económico. “Dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación”, cuestionó.
Cuánto debería destinarse a alimentación, vivienda y otros gastos
La estimación del FreSU establece que una familia necesita $677.755 para alimentación adecuada y otros $640.994 para acceder a una vivienda digna. A esos gastos se suman $389.223 para salud, $278.679 para educación y cultura y $147.695 para vestimenta.
El cálculo también contempla $685.329 para transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que asigna $349.612 a previsión social. Los sindicatos sostienen que esos componentes permiten establecer un salario mínimo acorde con las necesidades de una familia trabajadora.
El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora (Ftciodyara), Daniel Yofra, explicó que la metodología recupera y actualiza un estudio que realizaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para determinar el salario necesario para garantizar una vida digna.
Según el dirigente, “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU”, sino que responde a los criterios establecidos por la Constitución Nacional y la legislación laboral.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que desde la llegada de Milei al Gobierno los trabajadores privados acumularon una pérdida promedio de $3.192.523, mientras que entre los estatales alcanzó los $16.594.583, según sus estimaciones.
El FreSU está integrado por organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, los gremios aceiteros, docentes, aeronáuticos, marítimos, molineros, papeleros y viales.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el presidente llamó a Lula “zurdo ladrón” días antes del balotaje en Brasil
Un tenso intercambio verbal entre Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y Andrés Leone (La Libertad Avanza) tuvo lugar este martes durante el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside Bertie Benegas Lynch.
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El nuevo encuentro entre representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Pro, se realizó este martes en la Casa Rosada. Con una duración más corta que lo habitual, y una agenda con distintos temas legislativos, el avance por un posible acuerdo electoral volvió a quedar supeditado a lo que pueda pasar en el Congreso, alrededor de la reforma electoral, que apunta a la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
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La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich habló este martes sobre una posible candidatura a presidente y dijo que, si bien se encuentra “preparada” para hacerlo, el presidente Javier Milei “lleva la delantera” para encabeza la fórmula del oficialismo. Además, marcó cuáles son los dos puntos que el Gobierno debe mejorar rumbo a las elecciones de 2027 y se refirió al respaldo económico de Estados Unidos.
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La puja entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados por los vaivenes en materia de discapacidad es cada vez más evidente. A menos de 24 horas de la megasesión de mañana, el bloque oficialista continuaba negociando hasta anoche con sus aliados un proyecto que contemple los reclamos del sector. Las presiones son variadas y hoy llegaron a su punto más alto con el desembarco de la Iglesia en el Congreso.
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POLITICA
El Gobierno postergó el debate de la Ley de Malvinas y negocia cambios para sumar apoyos – Nexofin
El oficialismo aplazó el avance de la denominada Ley de Malvinas, un proyecto que excede el reclamo de soberanía sobre las islas e incluye modificaciones en materia de defensa, inteligencia y financiamiento de los partidos políticos. La discusión en comisiones se reprogramó para el 27 de octubre, mientras el Gobierno busca ajustar el texto para conseguir respaldo legislativo.
La decisión llegó después de que distintos bloques reclamaran cambios y surgieran reparos desde Estados Unidos. Según trascendió, empresas de ese país cuestionaron la falta de precisión en las sanciones previstas para compañías extranjeras.
La llegada a la Argentina del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y de Juan Pablo Segura, responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, suma otro factor a las negociaciones.
El Gobierno impuso el secreto militar para la compra de equipamiento a las Fuerzas Armadas
Uno de los puntos que el Gobierno prevé modificar es el artículo que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de agentes extranjeros, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
La nueva versión eliminaría la referencia a las “campañas de desinformación”, cuestionada por organizaciones periodísticas y especialistas en derecho constitucional por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
También se analiza ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. El proyecto sumaría, además, una comisión bicameral para supervisar su funcionamiento.
El respaldo parlamentario sigue sin estar asegurado. El peronismo anticipó que acompañaría únicamente el capítulo dedicado a Malvinas y pidió tratarlo por separado.
En paralelo, el oficialismo deberá negociar con sus aliados de Pro, la UCR y los bloques de centro para reunir los votos necesarios.
Javier Milei celebró el récord de exportaciones: “Argentina está generando una revolución subterránea”
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Campaña de desinformación,Congreso,Islas Malvinas,LEY DE MALVINAS
El canciller iraní aseguró que mantiene conversaciones ininterrumpidas con EEUU a través de intermediarios para poner fin a la guerra
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