POLITICA
La postura del gobernador de Córdoba en medio del debate por la reforma al régimen de Zonas Frías
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó este miércoles la reforma al régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa afectará a 600.000 hogares de la provincia, lo que equivale a aproximadamente dos millones de habitantes. La postura del mandatario cordobés se conoció en el marco de la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que el oficialismo buscó —y logró— darle media sanción al proyecto de modificación del régimen de subsidios al gas.
“No castiguen a la clase media ni a los trabajadores”, fue el eje del mensaje de Llaryora, quien cuestionó el método elegido por el Ejecutivo nacional para reformar el esquema de acceso a los beneficios tarifarios. El gobernador no se opuso a revisar quiénes reciben el subsidio, pero sí rechazó la forma: bajar de los padrones a todos los usuarios de una zona para luego exigirles que se reempadronen de manera digital. “Vos sabés que los hogares de menos recursos es muy difícil el empadronamiento. Sabés que la clase media ya casi no llega a fin de mes”, sostuvo.
El mandatario cordobés reconoció que Córdoba es una de las provincias más gasificadas del país y, por eso, el impacto de la reforma sería mayor que en otros distritos. Ante ese escenario, planteó una alternativa: en lugar de tumbar todo el padrón para que los usuarios se reinscriban, el Estado debería utilizar los datos que ya posee para identificar a los hogares de altos ingresos y retirarles el beneficio de forma selectiva.
“Los datos los maneja la nación”, señaló, y cuestionó que se aplique una medida generalizada cuando existe información disponible para actuar con precisión. “Me parece injusto subsidiar a aquellos que tienen altos ingresos”, afirmó, aunque aclaró que eso no justifica perjudicar a quienes sí necesitan el beneficio.
Llaryora estimó que la reforma implicaría una transferencia directa de casi 12.000 millones de pesos desde las familias de clase media y los hogares de trabajadores cordobeses. “Si tenés la intención real de hacer justicia y querés cobrarle a los de alto ingreso, no bajes a toda la gente de una zona y después le digas que tienen que ir a empadronarse con una computadora”, planteó.
La postura del gobernador llegó en la misma jornada en que la Cámara de Diputados debatió el proyecto. El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar las asimetrías tarifarias en regiones con temperaturas más bajas y garantizar el acceso al gas natural a usuarios residenciales.
Una ampliación sancionada en 2021 multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo que el Ejecutivo calificó como fiscalmente insostenible. La reforma que impulsó el oficialismo tiene como objetivo modificar el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones.
Dentro del recinto, la sesión no estuvo exenta de tensiones. Antes del debate por las zonas frías, el oficialismo debió sortear una disputa reglamentaria con la oposición, que había convocado a otra sesión para las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Libertad Avanza logró quórum a las 10 con 129 diputados presentes y, al iniciar su propia sesión, dejó sin efecto la agenda opositora. La moción para pasar a un cuarto intermedio, presentada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue rechazada por 131 votos contra 111.
También durante el debate de la Ley Hojarasca —el otro proyecto del día, que deroga 58 leyes consideradas obsoletas y obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones— el diputado Juan Brügge cuestionó el método del Ejecutivo para revisar la normativa vigente. El legislador recordó la existencia del Digesto Jurídico Argentino, un trabajo que comenzó en 1999 con la participación de 200 profesionales y juristas, y en el que opinaron cerca de 60.000 personas en todo el país. Ese proceso concluyó en que, de las 32.000 leyes analizadas, solo 3.353 estaban vigentes. El resultado fue aprobado por el Congreso en 2014 mediante la Ley 26.939.
“Este proyecto peca de no ser participativo, no fueron consultadas las instituciones respectivas, no hay un estudio técnico profundo de la viabilidad o no de la derogación de las leyes de las que se hace mención”, señaló Brügge durante su intervención.
El diputado reclamó que se ponga en marcha la etapa de observaciones prevista en esa ley —un período de 180 días en el que cualquier particular puede manifestar si la derogación de una norma le genera un perjuicio jurídico— y que se conforme la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico, que nunca llegó a crearse.
Brügge también recordó que la Corte Suprema, en la causa Tigre y Guazú SRL, ya había señalado que el Digesto no estaba vigente precisamente porque esa etapa de observaciones no se había cumplido. Para el legislador, la solución no pasa por aprobar un nuevo paquete de derogaciones sin metodología clara, sino por retomar y actualizar el trabajo ya realizado con fondos públicos. “Tenemos que permitir a la ciudadanía que a través de audiencia pública o a través de la comisión bicameral se exprese al respecto”, afirmó.
martín llaryora
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Los docentes bonaerenses convocaron a un paro de 24 horas: reclaman mayor seguridad en las escuelas
Los docentes bonaerenses realizarán este jueves un paro de 24 horas en toda la provincia de Buenos Aires en rechazo a los hechos de violencia registrados contra trabajadores de la educación. La medida fue convocada por cuatro gremios y afectará el dictado de clases en las escuelas públicas.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunciaron la protesta bajo la consigna “Queremos una sociedad que cuide a las y los que enseñan”.
Según plantearon en un comunicado conjunto, durante los últimos días se produjeron agresiones físicas y episodios de hostigamiento digital en distintos distritos bonaerenses, a los que se sumó un nuevo caso en Trenque Lauquen. Frente a esa sucesión de hechos, reclamaron “medidas urgentes y concretas de consenso social” para proteger a quienes trabajan en las escuelas.
Los gremios advirtieron que esos episodios se suman a “un problema que desde hace un tiempo aqueja al sector” y plantearon que la respuesta debe contemplar tanto la prevención como la intervención ante las situaciones de violencia.
El reclamo de los gremios
Los sindicatos reclamaron políticas integrales y dispositivos comunitarios, pedagógicos e institucionales para que las escuelas sean espacios de enseñanza y aprendizaje libres de violencia. El planteo se produce después de distintos episodios que ya habían generado protestas y medidas de fuerza a niveles distritales.
Uno de ellos ocurrió en San Miguel, donde una docente denunció haber sido atacada por la madre de una alumna dentro de una escuela primaria. Otro caso se registró en Hurlingham, donde una directora fue agredida y el conflicto derivó en un paro local y una movilización de la comunidad educativa.
“Sostenemos que la Escuela Pública cumple un papel irremplazable: aloja, enseña, escucha, abraza y organiza a la comunidad”, afirmaron los sindicatos, y agregaron que, frente a escenarios de exclusión, miedo o desesperanza, “la escuela abre caminos de encuentro, palabra y democracia”.
El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner rompió el silencio luego de haber sido demorado en San Luis, mientras circulaba en una camioneta que contaba con un pedido de captura desde 2019 por la causa Hotesur, y calificó lo sucedido como un intento de disciplinamiento.
“Mientras rematan el país, la Policía, la Justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco”, manifestó Kirchner a través de un comunicado.
El incidente ocurrió pasadas las 14 de este miércoles cuando el legislador nacional pasó con su camioneta marca Honda por el puesto limítrofe de la localidad de Justo Datract, en el ingreso a San Luis.
Luego de realizar la verificación correspondiente, la Policía demoró al líder de La Cámpora al descubrir que el vehículo en el que transitaba contaba con un pedido de secuestro desde 2019 por la causa Hotesur.
Tras lo sucedido, el diputado realizó un breve descargo, que también fue compartido por su madre, la expresidenta Cristina Kirchner.
“Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros”, inició el diputado.
A su vez, aseguró que en los últimos años circuló con el mismo vehículo sin inconvenientes por la Ciudad y por las autopistas bonaerenses y que recientemente lo utilizó para trasladarse a La Rioja y Mar del Plata.
“En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez [Julián] Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo”, señaló.
Además, aclaró, que “como siempre”, se puso a disposición de la policía provincial y de la Justicia para que “aclaren el entuerto”.
“Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje”, agregó.
Según consta en un parte de la Policía de San Luis al que accedió , pasadas las 14 de este miércoles, Kirchner fue demorado luego de que “se activara el Anillo Digital Federal por un pedido de secuestro emitido mediante un oficio judicial federal”.
El diputado, quien iba al volante, viajaba por la ruta 7 a bordo de un Honda CR-V a su nombre, que figuraba en el oficio vinculado a la causa caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Info. Art. 303 del CP”. Se dirigía a la provincia de San Juan, donde mañana tiene previstas actividades políticas junto al senador y exgobernador de esa provincia Sergio Uñac.
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Malvinas: el Reino Unido rechazó el arbitraje que pide Argentina para frenar Sea Lion y advirtió que la ofensiva afecta la relación bilateral
El gobierno británico rechazó hoy la decisión de Argentina de impulsar un pedido de arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Además, advirtió que la iniciativa de la administración de Javier Milei “plantea interrogantes” sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.
La respuesta fue difundida por Uma Kumaran, ministra del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, después de que Buenos Aires notificara a Londres el inicio del procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El planteo argentino apunta al desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte.
“Las Falklands (Malvinas) son británicas. Siempre defenderemos el derecho de autodeterminación de los isleños”, escribió Kumaran en su cuenta de X antes de difundir una declaración formal del gobierno británico.
El comunicado es la respuesta más directa de Londres desde que la Argentina anunció el nuevo paso jurídico. La posición británica mantiene el respaldo al desarrollo petrolero alrededor de las islas y rechaza los argumentos de Buenos Aires sobre la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía está en disputa.
Londres cuestionó el arbitraje y defendió la explotación de recursos naturales
“La decisión de Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida del pueblo de las Falklands (Malvinas)”, sostuvo Kumaran.
La funcionaria afirmó que los isleños “han elegido libre y democráticamente su futuro” y aseguró que tienen “todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceras partes”.
El Gobierno británico sostuvo, además, que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por su legislación local y se realizan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la UNCLOS”, la sigla en inglés de la CONVEMAR.
La discusión anticipa uno de los ejes del conflicto. La Argentina considera que la explotación unilateral de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte afecta sus derechos soberanos, en el marco de una disputa reconocida por las Naciones Unidas. Londres, en cambio, vincula la administración de esos recursos con el principio de autodeterminación de los isleños.
El Gobierno británico llevó la disputa al terreno de la relación bilateral
La declaración incluyó un mensaje dirigido a la relación entre ambos países. Kumaran reveló que esta semana Londres transmitió su postura directamente al embajador argentino en el Reino Unido.
“Esta semana dejamos claro al embajador de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Falklands (Malvinas) no son actos de un compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”, afirmó.
La ministra añadió que “tal comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”. La frase trasladó la controversia más allá del expediente por Sea Lion y la situó en el plano de la relación bilateral.
Kumaran cerró la declaración con una reafirmación del respaldo de Londres a las autoridades isleñas. “El Reino Unido continuará apoyando hombro con hombro al Gobierno de las Falklands (Malvinas) y a los isleños. Defenderemos con firmeza sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro”, expresó.
La postura coincide con declaraciones previas de la funcionaria. El 18 de septiembre, el Foreign Office sostuvo que los isleños tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales “como consideren conveniente” y calificó de “inaceptables” las acciones argentinas contra empresas y personas vinculadas con actividades económicas en las islas.
La Argentina busca una medida provisional antes de que avance el arbitraje
La nueva reacción se produjo después de que el Gobierno de Milei resolviera llevar la disputa por Sea Lion a una instancia internacional. La Oficina del Presidente informó que el mandatario instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR.
El Ejecutivo intimó al Reino Unido a que adopte, en el plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas. Milei sintetizó la decisión en X: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
El canciller Pablo Quirno confirmó que la Argentina ya notificó formalmente a Londres. El objetivo inmediato no es aguardar la resolución de fondo, que puede extenderse durante años, sino solicitar una medida provisional ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el avance del proyecto mientras se constituye el tribunal arbitral.
La Casa Rosada sostiene que la explotación de hidrocarburos supone el uso irreversible de recursos no renovables. Ese argumento será central para fundamentar la urgencia de una eventual cautelar. El Reino Unido respondió que las actividades son legítimas, están amparadas por la legislación isleña y cumplen con la misma convención que invoca la Argentina.
Sea Lion ya tiene decisión de inversión y prevé producir petróleo desde 2028
Sea Lion dejó de ser un proyecto exploratorio. Navitas Petroleum, operadora del desarrollo, posee el 65 % de participación, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35 %. Las compañías adoptaron la decisión final de inversión y prevén que la primera producción comience en 2028.
El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su primera etapa contempla perforaciones submarinas y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas es una compañía de origen israelí y Rockhopper, una petrolera británica.
La controversia tendrá un plano político y diplomático, con la histórica reivindicación argentina de soberanía frente a la defensa británica de la autodeterminación, y otro jurídico. En este último, deberá definirse hasta dónde puede intervenir el sistema de solución de controversias de la CONVEMAR ante actividades hidrocarburíferas en espacios marítimos vinculados con una disputa de soberanía.
La Argentina invoca resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la controversia y llaman a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución negociada. Londres rechaza esa lectura y sostiene que la explotación de recursos integra el derecho de autodeterminación de los isleños.
Si el Reino Unido mantiene su postura una vez vencido el plazo fijado por el Gobierno argentino, Buenos Aires buscará que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dicte una medida provisional que detenga o condicione el avance de Sea Lion mientras sigue el arbitraje.
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