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POLITICA

La postura del gobernador de Córdoba en medio del debate por la reforma al régimen de Zonas Frías

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó este miércoles la reforma al régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa afectará a 600.000 hogares de la provincia, lo que equivale a aproximadamente dos millones de habitantes. La postura del mandatario cordobés se conoció en el marco de la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que el oficialismo buscó —y logró— darle media sanción al proyecto de modificación del régimen de subsidios al gas.

“No castiguen a la clase media ni a los trabajadores”, fue el eje del mensaje de Llaryora, quien cuestionó el método elegido por el Ejecutivo nacional para reformar el esquema de acceso a los beneficios tarifarios. El gobernador no se opuso a revisar quiénes reciben el subsidio, pero sí rechazó la forma: bajar de los padrones a todos los usuarios de una zona para luego exigirles que se reempadronen de manera digital. “Vos sabés que los hogares de menos recursos es muy difícil el empadronamiento. Sabés que la clase media ya casi no llega a fin de mes”, sostuvo.

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El mandatario cordobés reconoció que Córdoba es una de las provincias más gasificadas del país y, por eso, el impacto de la reforma sería mayor que en otros distritos. Ante ese escenario, planteó una alternativa: en lugar de tumbar todo el padrón para que los usuarios se reinscriban, el Estado debería utilizar los datos que ya posee para identificar a los hogares de altos ingresos y retirarles el beneficio de forma selectiva.

“Los datos los maneja la nación”, señaló, y cuestionó que se aplique una medida generalizada cuando existe información disponible para actuar con precisión. “Me parece injusto subsidiar a aquellos que tienen altos ingresos”, afirmó, aunque aclaró que eso no justifica perjudicar a quienes sí necesitan el beneficio.

El gobernador de Córdoba cuestionó el método del Gobierno, propuso usar los datos del Estado para identificar a los hogares de altos ingresos

Llaryora estimó que la reforma implicaría una transferencia directa de casi 12.000 millones de pesos desde las familias de clase media y los hogares de trabajadores cordobeses. “Si tenés la intención real de hacer justicia y querés cobrarle a los de alto ingreso, no bajes a toda la gente de una zona y después le digas que tienen que ir a empadronarse con una computadora”, planteó.

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La postura del gobernador llegó en la misma jornada en que la Cámara de Diputados debatió el proyecto. El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 para compensar las asimetrías tarifarias en regiones con temperaturas más bajas y garantizar el acceso al gas natural a usuarios residenciales.

Una ampliación sancionada en 2021 multiplicó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, lo que el Ejecutivo calificó como fiscalmente insostenible. La reforma que impulsó el oficialismo tiene como objetivo modificar el acceso al beneficio para 1,2 millones de hogares y permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones.

Dentro del recinto, la sesión no estuvo exenta de tensiones. Antes del debate por las zonas frías, el oficialismo debió sortear una disputa reglamentaria con la oposición, que había convocado a otra sesión para las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La Libertad Avanza logró quórum a las 10 con 129 diputados presentes y, al iniciar su propia sesión, dejó sin efecto la agenda opositora. La moción para pasar a un cuarto intermedio, presentada por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue rechazada por 131 votos contra 111.

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La reforma implicaría una transferencia de casi 12.000 millones de pesos, según los cálculos del mandatario cordobés

También durante el debate de la Ley Hojarasca —el otro proyecto del día, que deroga 58 leyes consideradas obsoletas y obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones— el diputado Juan Brügge cuestionó el método del Ejecutivo para revisar la normativa vigente. El legislador recordó la existencia del Digesto Jurídico Argentino, un trabajo que comenzó en 1999 con la participación de 200 profesionales y juristas, y en el que opinaron cerca de 60.000 personas en todo el país. Ese proceso concluyó en que, de las 32.000 leyes analizadas, solo 3.353 estaban vigentes. El resultado fue aprobado por el Congreso en 2014 mediante la Ley 26.939.

“Este proyecto peca de no ser participativo, no fueron consultadas las instituciones respectivas, no hay un estudio técnico profundo de la viabilidad o no de la derogación de las leyes de las que se hace mención”, señaló Brügge durante su intervención.

El diputado reclamó que se ponga en marcha la etapa de observaciones prevista en esa ley —un período de 180 días en el que cualquier particular puede manifestar si la derogación de una norma le genera un perjuicio jurídico— y que se conforme la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Jurídico, que nunca llegó a crearse.

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Brügge también recordó que la Corte Suprema, en la causa Tigre y Guazú SRL, ya había señalado que el Digesto no estaba vigente precisamente porque esa etapa de observaciones no se había cumplido. Para el legislador, la solución no pasa por aprobar un nuevo paquete de derogaciones sin metodología clara, sino por retomar y actualizar el trabajo ya realizado con fondos públicos. “Tenemos que permitir a la ciudadanía que a través de audiencia pública o a través de la comisión bicameral se exprese al respecto”, afirmó.

martín llaryora

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POLITICA

Bullrich y Santilli, en el centro de una victoria que al Gobierno le cuesta festejar

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Ayer, temprano, Patricia Bullrich le anticipó a alguien de su confianza que el oficialismo conseguiría finalmente avanzar con la reforma política en el Senado. “Va a salir con mis tiempos y con cambios, pero va a salir”, aseguró. La senadora se había comprometido a fondo con la búsqueda de las firmas necesarias para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, después de varias semanas de dubitaciones, cuestionamientos internos y advertencias sobre las dificultades para reunir los votos.

El giro se había terminado de consolidar después de la reunión de la mesa política del martes, cuando se repasaron los últimos resultados de las negociaciones con los gobernadores y las 19 firmas necesarias, aunque todavía resbalosas, parecían estar al alcance de la mano.

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El dictamen llegó y Bullrich lo celebró como una victoria propia. Sin embargo, en la Casa Rosada la satisfacción por haber superado el primer obstáculo parlamentario convive con la disputa con la ex PRO.

Bullrich celebró el dictamen del proyecto de suspensión de las PASO como una victoria propia

La senadora quedó fortalecida por su intervención en el tramo final de las conversaciones, pero en el entorno de Karina Milei reivindican más bien el trabajo de Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, en las negociaciones con los gobernadores.

Pesa que, en las últimas semanas, Bullrich hubiera puesto en duda el optimismo de Santilli respecto de los consensos alcanzados. En su entorno advertían que las conversaciones del jefe de Gabinete no necesariamente se traducirían en votos efectivos en el Senado e incluso buscaban despegarla de la responsabilidad por un eventual fracaso.

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En Balcarce 50 le reconocen que, en los últimos días, se involucró como nunca en la búsqueda de adhesiones y que contribuyó a terminar de ordenar una negociación que llegaba a la comisión con varios puntos todavía abiertos. Pero algunos consideran que terminó apropiándose de una victoria construida en buena medida por otros.

“¡GRAN DÍA EN EL CONGRESO!”, escribió Bullrich en sus redes sociales, antes de enumerar los principales puntos del acuerdo. “Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política”, sostuvo.

El mensaje de Patricia Bullrich en X

La publicación estuvo centrada en su propia actuación parlamentaria. No mencionó a Santilli ni a los Menem, a pesar de que una parte sustancial de las conversaciones para conseguir las adhesiones se había desarrollado por otros canales.

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“Diego sabía que se venían cambios. Los votos están, calculo, pero con modificaciones”, dijeron en el Senado.

Internamente, el jefe de Gabinete aparece como uno de los principales beneficiarios políticos del resultado de ayer. Karina Milei siguió de cerca esas gestiones.

La secretaria general de la Presidencia, mientras levanta más que nunca su perfil público, participó activamente de la estrategia y supervisó las conversaciones que llevaban adelante Santilli y Lule Menem. En su entorno consideran que el dictamen es, ante todo, el resultado de ese trabajo político, aunque evitan destruir el vínculo con Bullrich.

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La batalla no está ganada. Pero, envalentonados por el resultado de ayer, en el oficialismo ahora aspiran incluso a superar el mínimo de 37 senadores necesario para conseguir la media sanción en la sesión prevista, en principio, para el próximo jueves 26.

El Gobierno tiene motivos para celebrar, pero todavía no para dar por terminada la discusión. Y Bullrich, que consiguió quedar asociada a un resultado favorable después de haber advertido reiteradamente sobre los riesgos de una derrota, también deberá demostrar que puede sostener esos acuerdos cuando llegue el momento de votar.

Patricia Bullrich,reforma política,Argentina,Congreso de la Nación Argentina,redes sociales

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POLITICA

Un informe del Banco Central confirmó el retiro de más de US$500 millones por ventanilla en pleno cepo

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Un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), que fue incorporado a la causa, confirmó que poco más de US$500 millones fueron retirados por ventanilla por agencias cambiarias, en un circuito que incluye bancos y casas de cambio vinculadas a Elías Piccirillo, Francisco Hauque y Martín Migueles.

El objetivo de la investigación es reconstruir todo el tramo de la operatoria: qué cantidad de dólares oficiales recibió cada entidad bancaria, a qué casas de cambio fueron vendidos y qué hicieron esas agencias con las divisas una vez que las tuvieron en su poder.

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Los documentos ya permitieron detectar que poco más de US$500 millones fueron retirados por las casas de cambio por ventanilla.

Varios de los bancos consultados por TN aseguraron tener clara la trazabilidad de ese dinero y se deslindaron de responsabilidades. “Operábamos con casas de cambio autorizadas por el BCRA, es un problema de la casa de cambio que hizo con ese dinero”, indicaron.

Una de las casas de cambio en la mira, según los sumarios incorporados a la causa, compró US$180 millones a bancos y retiró las divisas por ventanilla entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023. Después de esa operatoria, se perdió la trazabilidad bancaria de los fondos.

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Otro de los expedientes analiza las operaciones de Concordia Inversiones SRL. De acuerdo con la documentación oficial, la firma transfirió US$9,8 millones a 53 personas humanas entre febrero y abril de 2023 bajo el concepto de “supuestos préstamos de dinero”.

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POLITICA

Redujeron la condena por abuso sexual a José Alperovich: “El imputado no tiene obligación de decir la verdad”

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La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional disminuyó en dos años la pena por abuso sexual impuesta al exgobernador José Alperovich.

Los magistrados Daniel Morin, Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse resolvieron “fijar la nueva pena a imponer al imputado en catorce (14) años de prisión”, modificando los 16 años dictados originalmente por el juez Juan María Ramos Padilla.

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Por mayoría, el tribunal cuestionó que se computara la estrategia defensiva como un elemento agravante en el fallo previo. Al respecto, el camarista Días sostuvo que “el imputado no tiene obligación de decir la verdad” y consideró además la avanzada edad, la salud y los vínculos familiares del acusado.

Pese a reducir el monto punitivo, los jueces ratificaron la responsabilidad penal del exsenador nacional por los nueve episodios denunciados en 2019. Asimismo, mantuvieron la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos al acreditar que se aprovechó de su función estatal y la asimetría de poder frente a su sobrina segunda.

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Los hechos juzgados sucedieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Puerto Madero.

Durante el juicio, la acusación fiscal había remarcado la superioridad jerárquica del dirigente al afirmar: “Avasalló totalmente a la víctima”.

Finalmente, los fundamentos de la sentencia confirmaron la existencia de violencia e intimidación laboral contra la denunciante, quien era 35 años menor que el exmandatario tucumano.

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