El Gobierno espera la llegada formal de los pliegos judiciales aprobados por el Senado para comenzar a firmar las designaciones de jueces. En el Ejecutivo aseguran que el Congreso todavía no envió las comunicaciones correspondientes y remarcan que, hasta que eso ocurra, no puede avanzar con los decretos de nombramiento.

En la Casa Rosada sostienen que los tiempos de firma se definirán políticamente una vez que los expedientes lleguen a la secretaría de Legal y Técnica. “No hay urgencia, se van a ir firmando a medida que lleguen”, expresan en el oficialismo. Cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirman que los pliegos todavía no fueron comunicados a Nación y explican que el trámite requiere la firma de la presidenta del Senado y de la Secretaría Parlamentaria.

El proceso quedó abierto después de la sesión en la que la Cámara alta aprobó 74 pliegos judiciales, incluido el de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que Javier Milei había pedido retirar. El Senado le dio acuerdo pese al rechazo de la Casa Rosada, pero sin el decreto presidencial la magistrada no puede asumir el cargo.

En el Gobierno mantienen la postura de que Milei no planea firmar la designación de Michelli. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por descontado que el Presidente mantendrá demorado ese decreto, aun cuando llegue la comunicación formal del Senado. En Balcarce 50 sostienen además que el tribunal para el que fue propuesta todavía requiere pasos administrativos para funcionar plenamente.

La lectura oficial es que el acuerdo del Senado no obliga al Presidente a firmar de inmediato el nombramiento. En despachos del Ejecutivo mencionan como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj, cuyo pliego había sido aprobado en 2011 para asumir como camarista federal en San Martín, pero cuyo decreto de designación no fue firmado por Cristina Kirchner. El postulante terminó renunciando a la candidatura. “Con un poco de presión, cede”, agregan.

Mientras tanto, la Casa Rosada busca sostener el ritmo de cobertura de vacantes judiciales. En el Ejecutivo preparan nuevos envíos al Senado y siguen con atención la discusión de otros pliegos que ya están en trámite en la Comisión de Acuerdos. El oficialismo quiere avanzar con cargos menos conflictivos y dejar para más adelante los expedientes federales de mayor sensibilidad política.

La Comisión de Acuerdos del Senado abrió esta semana una nueva etapa con siete candidatos. Entre ellos figuran Leopoldo Rago Gallo, propuesto para continuar al frente del Juzgado Federal 2 de San Juan, y seis postulantes para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: Víctor Pesino, María Claudia Jueguen, Marina Pisacco, Diego Tula, Diego Manauta y Claudio Loguarro.

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El nombre que concentra mayor tensión es Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo. El peronismo, gremios y abogados laboralistas cuestionan su continuidad por fallos vinculados a la reforma laboral y a la intervención de la UOM. Patricia Bullrich salió a defenderlo durante la audiencia pública y anticipó que La Libertad Avanza acompañará su pliego.

En el Senado, además, siguen sin dictamen otros nombres observados. Entre ellos aparecen los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero Pablo Toviggino. También permanece trabado el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuestionado por sectores de la UCR y el PRO por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y Justicia Legítima.

La Casa Rosada también mira el plenario del Consejo de la Magistratura convocado para este miércoles. El temario incluye concursos para juzgados federales y cámaras sensibles, entre ellos el Juzgado Federal 2 de La Plata, el Juzgado Federal 1 de Corrientes, juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

En despachos oficiales advierten que los cargos federales más sensibles quedarán para más adelante. “Son los pliegos más complicados, que van a quedar para fin de año”, sostienen en Nación. La estrategia oficial es avanzar primero con tandas menos expuestas y ordenar después los expedientes que requieren acuerdos más amplios con bloques dialoguistas, gobernadores y sectores judiciales.

La agenda judicial tendrá además un capítulo internacional en los próximos días. Está confirmado el viaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a París para exponer ante el GAFI las políticas de la Argentina contra el lavado de dinero. Integrará una comitiva de la que también participarán el juez federal Ariel Lijo, el juez federal Sebastián Casanello, el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, el titular de la UIF, Matías Álvarez, el coordinador nacional antilavado, Agustín Flah, y funcionarios del Banco Central y ARCA, entre otros organismos.

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El capítulo judicial se cruza con la agenda legislativa de junio. El Gobierno convocó a una nueva reunión de mesa política para el jueves, en la que buscará ordenar poroteos, nuevos envíos y prioridades en Diputados y el Senado. La Casa Rosada quiere avanzar con el Súper RIGI, la ley de lobby, Inocencia Fiscal, desregulación, cambios en competencia y otros proyectos que todavía siguen en revisión.

El Ejecutivo acelera en paralelo el proyecto de juicio por jurados. En Nación sostienen que el texto está “casi terminado”, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y que lo trabajan los equipos técnicos de Legal y Técnica. La iniciativa forma parte de la agenda institucional que el Gobierno tiene en carpeta desde hace meses y que busca enviar al Congreso en el corto plazo.

La reforma de juicio por jurados ya había estado incluida en la primera versión de la Ley Bases, pero luego fue retirada de la discusión parlamentaria. El borrador establecía el sistema en la justicia federal para delitos con pena máxima mayor a cinco años de prisión o reclusión, con jurados de 12 miembros titulares, al menos dos suplentes, integración paritaria y un juez encargado de dirigir el debate.

Gobierno, pliegos

contra Cristina Kirchner,el recupero,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Conforme a,Cristina Kirchner,,A un año de la condena. El drama político que Cristina Kirchner irradia al peronismo,,La desdicha del oficialismo. El día en que Milei chocó con la pared,,“Siempre fui un luchador”. El productor que convirtió la defensa del campo en una causa personal y atravesó décadas de batallas

Un nombre propio que tiene su lugar de jerarquía en la primera línea de La Cámpora, lo que le permite tener un diálogo fluido con Cristina y Máximo Kirchner, mira en el televisor de su casa el sinfín de notas que los medios realizan en la marea callejera que hay en Avellaneda, el domingo en que el Indio Solari fue despedido por los que lo amaban sin conocerlo personalmente.

En esas voces tristes identifica un mensaje político de fondo que lo sorprende. El reclamo que él y sus compañeros de militancia intentan instalar, sin suerte, en la agenda de la mayor parte del peronismo, está presente en mucho de los fieles ricoteros que abundan en las tierras donde gobierna Ferraresi.

“Pareciera que la consigna de Cristina Libre está más presente en la sociedad que en la política. Quizá su importancia está subrepresentada en la dirigencia política”, piensa, un tanto incrédulo, frente a la pantalla. Su reflexión es la exposición de un sentimiento que atraviesa a todo el arco político que mantiene en su cabeza y en su corazón la conducción política de Cristina Kirchner.

Pero es también la expresión de una necesidad. Hay un sector del peronismo al que le falta una voz que tenga más futuro que pasado. Ahí reside uno de los problemas que arrastra el cristinismo en el debate hacia adentro de la fuerza política. Cree que el futuro tiene que tener a CFK en un rol central. Mientras que el resto del peronismo, considera que su lugar debe tener cada vez menos importancia.

Este miércoles 10 de junio se cumple un año desde que la ex presidenta de la Nación, sentada en una oficina del tercer piso de la sede del PJ Nacional, se enteró que la Corte Suprema de Justicia había hecho formal lo que era un secreto a voces: la confirmación de su condena en la causa Vialidad. Esa decisión implicaba su inmediata detención y la inhabilitación, de por vida, para competir y ejercer cargos públicos.

En ese instante, mientras la militancia cantaba “No nos han vencido”, un tema icónico del cancionero kirchnerista, Cristina Kirchner empezaba a perder poder de influencia dentro del peronismo y libertad de acción en el teatro de operaciones de la política. Ese día ingresó al departamento ubicado en el segundo piso del edificio ubicado en San José 1111 y salió en contadas ocasiones. La mayoría por problemas de salud.

En ese camino de condena y privación de la libertad, que en el cristinismo llaman proscripción y persecución, ha limitado la capacidad de acción de CFK, pero no ha disminuido el caudal electoral que tenía el 10 de junio del 2025, al momento de enterarse que su vida cambiaría radicalmente. Una semana después la justicia federal le confirmó la detención domiciliaria y la posibilidad de salir al balcón cuantas veces quisiera. El balcón que se transformó en una postal de resistencia para los kirchneristas y en una discusión sin sentido para el micromundo de la política.

La ex presidenta ha pasado el año de condena y detención recibiendo, de mayor a menor, por las restricciones que le impuso el Tribunal Federal Oral 2, a dirigentes políticos y sindicales, y a economistas y legisladores de Unión por la Patria (UP). La seguidilla de visitas y la foto que la propia CFK mostró de una reunión con nueve economistas, derrumbaron la dinámica que la ex presidenta había construido en sus metros cuadrados.

A partir de ese momento, en noviembre del año pasado, la ex presidenta empezó a tener restricciones en sus visitas. Actualmente puede recibir personas dos días a la semana, durante dos horas cada día y no pueden pasar más de tres personas. Quedan exceptuados de esos límites sus hijos, sus secretarios privados, su médico y su abogado, quienes tienen ingreso libre.

En los últimos meses el cristinismo concentró sus reclamos en las condiciones de detención de la ex mandataria. Sobre todo porque sostienen que hay presos por crímenes de lesa humanidad que tienen más beneficios en su detención que la ex presidenta. Argumento que les sirve para sostener que existe una persecución política y judicial en su contra, y restricciones desproporcionadas en comparación con otras condenas mucho más severas.

Los bloques justicialistas en el Senado y la Cámara de Diputados consideraron que las condiciones de detención son “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias” y advirtieron que “ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad”. Este mediodía un grupo importante de legisladores dará una conferencia de prensa en el Congreso para mantener vigente el reclamo.

Ayer hubo una reunión en Matheu 130, la histórica sede del PJ Nacional, donde se terminó de delinear la convocatoria para el sábado 20 de junio, cuando se lleve a cabo un banderazo en Parque Lezama y se realice una caminata desde ese punto hasta el departamento donde pasa sus días la ex Jefa de Estado. Habrá discursos, consignas y mensajes entre líneas. La defensa a la causa de CFK sigue siendo de un sector del peronismo, no de la totalidad. Y eso se nota en cada acto y en cada foto.

La líder peronista mantiene contacto permanente con su círculo operativo. Con los dirigentes que están a cargo del PJ, de los bloques legislativos, de las intendencias que responden a la terminal K y de los que llevan adelante el dispositivo político. Mantiene el vínculo fluido con casi todos los pesos pesados del peronismo. En esa lista falta Axel Kicillof.

La relación entre ambos estaba deteriorada al momento en que CFK quedó detenida. Pero durante el último año la situación empeoró. No solo por las desavenencias del Gobernador con la ex presidenta en materia política, sino por los sinsabores de una relación personal astillada. En todos los círculos que rodean a la ex mandataria piden y exigen, según quien lo diga, que Kicillof la vaya a ver a San José 1111. Si no es por política, que sea por una cuestión humana, suelen decir,

El gobernador bonaerense está dispuesto a sentarse a hablar con ella cuando la situación lo amerite. Es decir, cuando haya un conflicto que resolver. No va a ir para acercar posiciones que están bien lejos. No va a ir para escuchar los reproches ni las quejas. No se va a acercar a negociar los límites de una convivencia que ya rompió todas las barreras. Y, sobre todo, no va a aceptar exigencias.

Sin embargo, la lógico indica que en algún momento va a tener que sentarse frente a la ex presidenta para coordinar el armado de una alternativa política. Porque el Gobernador considera que tanto ella como el resto del cristinismo deben estar adentro de un armado del peronismo. Lo que no está dispuesto es a que le impongan condiciones. De ahí proviene una parte de la tensión reinante.

“¿Quiere ser candidato a presidente y no se puede sentar con Cristina porque no quiere que le diga cosas que no le gustan?“, planteó, con una alta carga de ironía, un dirigente muy cercano a la familia Kirchner. Kicillof no es lo que quieren que sea, ni hace lo que pretenden que haga. Tal vez eso tenga consecuencias políticas a futuro. O, tal vez, no. Mientras tanto, todo ese vínculo esta rodeado de un tornado de hipótesis y recuerdos añejos de un pasado ideal y un camino hasta el presente lleno de sinsentidos.

Cristina Kirchner cumple un año presa y, con dificultades y limitaciones, sigue manteniendo un magnetismo importante sobre un porcentaje importante de la población a la que no le resulta indiferente. La aman o la odia, la quieren fuera de juego o la quieren presidenta, pero no la olvidan.

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