POLITICA
La Justicia anuló la intervención de Cristina Kirchner en el PJ de Jujuy y designó a un dirigente que responde al gobernador de Salta
La Justicia Federal de Jujuy anuló la intervención dispuesta por Cristina Kirchner en el Partido Justicialista local y dejó sin efecto las últimas resoluciones dictadas por sus interventores, Aníbal Fernández y Gustavo Menendez, y designó en el cargo Ricardo Guillermo Villada, un funcionario del peronismo de Salta que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Villada tendrá la misión de normalizar el partido y reportarse cada 15 días ante la Justicia Federal.
La presentación judicial que cuestionaba las decisiones de Cristina Kirchner, presidenta del PJ nacional, fue impulsada por la senadora Carolina Moisés, entre otros dirigente de distintas líneas del peronismo en Jujuy.
La decisión judicial le da lugar a un planteo político que venían realizando dirigentes del peronismo en Jujuy y Salta, con Sáenz a la cabeza, en contra de la conducción nacional a cargo de la ex presidenta, con incidencia de La Cámpora.
El fallo destaca que desde mediados de 2023, el Partido Justicialista Distrito Jujuy se encontraba bajo intervención del órgano nacional, que conduce Cristina Kirchner, pero la promesa de elecciones para renovar autoridades se dilató en una sucesión de postergaciones, suspensiones y sanciones disciplinarias que, lejos de ordenar la vida partidaria, profundizaron el conflicto interno.
A su vez detalla cómo, a lo largo de casi tres años, la dirigencia justicialista jujeña alternó entre amnistías generales —como la dictada para permitir el regreso de afiliados sancionados— y procesos disciplinarios que derivaron en la suspensión preventiva de más de 300 afiliados, muchos de ellos precandidatos en el proceso electoral interno. El juez Esteban Eduardo Hansen remarcó que tales sanciones carecieron de toda garantía procedimental y fueron implementadas “al margen de toda garantía mínima”, dejando a los afectados sin posibilidad de defensa y sin que existieran descargos ni pruebas a favor.
La decisión de los interventores de “dar de baja inmediata y total el proceso electoral en curso” y de convocar a nuevos comicios sin asegurar la restitución de los derechos de los militantes suspendidos evidenció, para el tribunal, la intención de excluir a sectores internos bajo pretexto disciplinario. Esa maniobra, en palabras del fallo, constituyó “una restricción directa y sustancial al ejercicio de los derechos políticos intrapartidarios, alterando las condiciones de competencia y afectando la integridad del proceso democrático interno”.
El proceso estuvo atravesado por múltiples recursos, impugnaciones y presentaciones judiciales de distintas líneas internas, patrocinadas por reconocidos dirigentes, entre los que sobresalen Carolina Moisés, Rubén Armando Rivarola y Guillermo Raúl Jenefes.
La resolución describe las múltiples fechas frustradas para elecciones internas, pospuestas desde el 17 de noviembre de 2024 hasta el 15 de febrero de 2026, e incluso una convocatoria fijada para el 24 de abril de 2026 que, según comprobó el juzgado, resultó inviable por ausencia de cualquier organización material. “No se acompañó documentación alguna tendiente a la ejecución del acto eleccionario”, advierte la sentencia, que diagnostica una “ausencia absoluta de voluntad real de restablecer la normalidad institucional”.
El texto del Juzgado Federal de Jujuy es categórico al describir la dimensión de la interna partidaria: “La suspensión masiva de afiliados —carente de sustento procedimental— y la persistente dilación en la organización del proceso electoral no constituyen hechos aislados, sino manifestaciones concurrentes de un mismo cuadro de anormalidad institucional, caracterizado por la restricción indebida de la participación política interna y la postergación indefinida de los mecanismos democráticos de renovación de autoridades.”
El juez Hansen ordenó además un riguroso mecanismo de control sobre la nueva gestión: el interventor Ricardo Guillermo Villada deberá presentar informes quincenales al juzgado, detallando el avance concreto de la normalización y el cronograma electoral que debe derivar en la renovación legítima de autoridades.
Entre los fundamentos, la sentencia advirtió: “La intervención judicial es el único desenlace justo para situaciones en las que los partidos atraviesan una profunda crisis institucional” y puntualizó que el objetivo debe ser la realización de elecciones limpias, transparentes y con pleno respeto a la legalidad y al derecho de los afiliados a participar.
La decisión fue comunicada a la Cámara Nacional Electoral y al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de la Capital, y se notificó a los impulsores de la medida, cerrando con la disposición de archivar una vez cumplidas las notificaciones.
luciano ingaramo/ comunicacin institucional senado.-
POLITICA
De azotes a la matrícula para las palomas mensajeras: qué es la Ley Hojarasca que aprobó Diputados y qué leyes insólitas busca eliminar
Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a Pablo Ferrara Raisberg, excoordinador general en la Cancillería argentina en épocas de Diana Mondino. El anuncio fue realizado por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, quien informó que la medida se extiende a otras 20 personas más.
Ferrara Raisberg estuvo designado como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Consejo Federal Pesquero, puesto que mantuvo hasta su remoción en 2024, luego de recibir acusaciones relacionadas a la captura ilegal de merluza negra en Tierra del Fuego.
“Proteger la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad global de Estados Unidos», escribió el funcionario norteamericano, en un posteo donde también arrobó a las cuentas del presidente Donald Trump y del secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.
En el mismo tuit, Landau nombró al exfuncionario argentino. “Hoy el Departamento de Estado utilizó una nueva política para restringir la emisión de visas a 24 individuos y revocó las visas del exfuncionario argentino Pablo Ferrara y del nacional mexicano José Ali Amado por enriquecerse a través de tales actividades”, comunicó el funcionario estadounidense.
“Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”, remató Landau.
Ferrara Raisberg había desembarcado en la gestión Milei en diciembre de 2023, pocos días después de la asunción presidencial y bajo la venia de Mondino. A partir de este miércoles, el exfuncionario no podrá volver a ingresar al territorio estadounidense.
Aunque siempre se mantuvo alineado al organigrama encabezado por Mondino, Ferrara Raisberg duró en su cargo pocos meses. En marzo de 2024 fue desplazado junto con Julián Suárez, el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, luego de ser acusados por supuestas presiones del palacio San Martín para favorecer a un empresario chino por la pesca ilegal de merluza negra en Tierra del Fuego.
Noticia en desarrollo
Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa,Visas para EE.UU.,Pesca ilegal,Conforme a,Visas para EE.UU.,,LN+. Monteoliva, sobre la chance de viajar sin visa a EE.UU. y quiénes tendrán derecho de admisión en el Mundial,,Alerta. La advertencia oficial sobre visas que lanzó EE.UU. para quienes quieran ingresar al país hoy,,“Potencialmente deportables”. La nueva unidad del DHS contra los inmigrantes con green card
POLITICA
“El futuro del PRO es con el PRO”: Lospennato defendió la idea de un candidato propio y marca distancia de Milei
La legisladora porteña Silvia Lospennato dejó en claro, durante una entrevista en Infobae al Mediodía, la postura del PRO sobre su futuro y la relación con el gobierno de Javier Milei.
Aseguró que la fuerza debe reafirmar su identidad, presentar candidato propio y evitar un alineamiento automático con La Libertad Avanza. Además, defendió la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y abordó las tensiones internas y los desafíos de gobernabilidad.
La dirigente consideró que el PRO atraviesa un momento de definiciones. “El futuro del PRO es con el PRO. El presidente Macri dijo que el PRO tiene que tener candidatos, que tiene que tener candidato propio”, planteó, resaltando la necesidad de consolidar una posición autónoma.
Al ser consultada sobre una eventual candidatura de Mauricio Macri, Lospennato fue directa: “¿Yo? Sí. Yo sí, digamos, ¿no? Pero no quiero forzar ni sentir que estoy empujando una decisión”. Reveló que esa idea la planteó al propio Macri, quien respondió que “no es momento, que hay que reconstruir el partido”.
Lospennato remarcó que, si bien comparten con Milei la agenda de ordenamiento macroeconómico, existen diferencias de fondo en republicanismo y gestión: “Hoy no hay otro partido político que represente exactamente nuestros valores. Hay un partido político como el del presidente, que tiene una agenda de ordenamiento macroeconómica que compartimos, pero la agenda de ordenamiento macroeconómico y el republicanismo como valor central, creemos que ahí hay un diferencial del PRO”, sostuvo.
Y defendió la gestión PRO en la Ciudad de Buenos Aires: “CABA está fiscalmente ordenada hace muchísimos años, no hace dos años o tres años. Y eso no lo decimos nosotros, lo dicen los mercados”, afirmó
Internas, alianzas y tensiones
Al referirse a las internas y a la figura de Patricia Bullrich, explicó que la ex ministra ya no forma parte del PRO: “Ella ya no está en nuestro partido, ¿no? Pero el chiste era bueno”, comentó sobre la percepción de que Bullrich genera internas en varios espacios.
Respecto al saludo entre Bullrich y Macri en la cena de la Fundación Libertad, Lospennato opinó que era lo lógico y que esos gestos son esperables en un espacio con historia común.
Sobre la relación con el gobierno nacional, defendió la estrategia de acompañar las iniciativas consideradas correctas y mantener la independencia: “Algunos llaman a eso ser aliados, otros llaman ser los opositores responsables. La denominación es lo menos importante. Nosotros somos un partido que tenemos valores y cosas por las que trabajamos”.
Además, marcó diferencias en el cumplimiento de leyes y el respeto a la libertad de prensa: “Cuando las leyes no se cumplen, nosotros decimos: ‘Esto no está bien’. Aunque no les guste a veces al Gobierno que marquemos que no está bien cumplir con la Ley de Discapacidad o con la Ley del Financiamiento Universitario”.
El caso Adorni y la exigencia de rendición de cuentas
Lospennato abordó, ante el panel, la situación del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue electo como primer legislador porteño pero no asumió su banca: “Fue el más votado y no asumió su cargo. Y hoy está con una denuncia por corrupción, por enriquecimiento ilícito en Comodoro Py, con un montón de información que vamos conociendo todos los días y otra que no conocemos nunca, que es su declaración jurada, que estamos por llegar al 31 y todavía no la presenta”, fustigó.
Subrayó la doble legitimidad de quienes acceden a cargos electivos por voto popular y consideró que Adorni debe responder tanto al presidente como a los votantes porteños: “Para el votante del PRO cumplir con la palabra es un valor muy importante. Así que me ocupo de eso, de responderle a la gente que me votó, tratar de hacer el trabajo para el que me votaron lo mejor posible. Y él supongo que hará lo mismo y tendrá su evaluación de qué piensan los que lo eligieron a él”.
Defendió la política de “ley y orden” bajo Jorge Macri y afirmó que responde a una demanda ciudadana concreta: “La política de ley y orden de nuestro jefe de gobierno, Jorge Macri, obedece a que es lo que nosotros entendemos nos piden los porteños”. Explicó que las prioridades de la población van cambiando y que la seguridad es hoy la preocupación principal, lo que justifica operativos e inversiones recientes.
Destacó la inversión en salud pública, con más de USD 100 millones para reequipamiento hospitalario y nuevas obras. Detalló la ampliación de consultorios y la construcción de centros de diagnóstico.
Sobre el aumento de personas en situación de calle, identificó causas sociales y de salud mental, y subrayó que la Ciudad cuenta con más de 60 Centros de Inclusión Social. Y señaló que las limitaciones legales impiden asistir a quienes rechazan ayuda: “La ley hoy no nos permite, no tenemos herramientas para una persona que se niegue a recibir asistencia, darle asistencia. Es así. La ley no lo permite, la Ley de Salud Mental no lo permite”, y adelantó el próximo debate sobre su reforma en el Congreso.
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