POLITICA
Extorsión y fraude en planes sociales: 213 dirigentes y piqueteros están imputados en una megacausa judicial
El juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, investiga la causa judicial más voluminosa contra dirigentes sociales y piqueteros acusados de los presuntos delitos de “coacción y extorsión” contra los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, y “defraudación a la administración pública”, por haber utilizado fondos del Estado o alimentos que este le suministraba, para otros fines.
Los 200 legajos que se abrieron y tramitan de manera independiente tienen 213 imputados, todos ellos dirigentes de distintos niveles que pertenecen a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, Asociación Convocatoria Sur, Movimiento Unidad Popular, Agrupación Total, Movimiento 25 de Abril, Unión y Esperanza, MTR Histórico, y Movimiento Teresa Rodríguez, entre otras.
Ya se realizaron 24 allanamientos, en los que se secuestraron:
- 104.000 unidades de alimentos sin distribuir.
- Dos toneladas y media de alimentos en mal estado.
- $500.000 en efectivo.
- Un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9mm.
- 47 equipos informáticos y celulares.
- 100 cajas con documentación, planillas de asistencia a las marchas y concentraciones, libros contables y carpetas con registros presuntamente vinculados a maniobras fraudulentas.
Los 2.500 kilos de comida apilados en galpones y comedores comunitarios estaban en mal estado, podridos y vencidos.
Había leche en polvo, polenta, fideos, puré de tomates, arroz, dulce de batata, lentejas y harina de trigo. Debían llenar las panzas de las familias más vulnerables. Fueron incinerados en las instalaciones del CEAMSE Pompeya.
Antes, el magistrado ordenó estudios bromatológicos. “Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad”, redactaron los peritos en los informes presentados en los expedientes.
Los testigos que dialogaron con este medio aseguraron que la escena que presenciaron durante el procedimiento los “indignó”.
En los envases de los alimentos destruidos figuraban inscripciones como: “Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.
A través de 20 declaraciones testimoniales, el juzgado y la secretaría a cargo de la instrucción reconstruyeron la cadena corrupta por la cual van a ser indagados los sospechosos en cuanto se procese la totalidad de la información y se terminen los peritajes. Los relatos de las personas beneficiarias del ex Programa Potenciar Trabajo y testigos oculares, como vecinos de los comedores o asistentes a ellos que se atrevieron a hablar ante los funcionarios que buscan justicia estremecen:
- Las extorsiones estaban en cabeza de delegados o representantes de los movimientos sociales o piqueteros que aseguraban que reclamaban ante el gobierno nacional por sus derechos vulnerados.
- Los obligan a asistir a las marchas o movilizaciones para entregarles una vianda de alimentos o los bolsones con productos que el Estado nacional o provincial derivaban para asistirlos.
- La mayoría de las víctimas eran beneficiarios de programas sociales.
- Los amenazaban con bajarlos del plan.
- Les tomaban asistencia en las marchas. Si acumulaban tres o cuatro faltas “nos sacaban el plan y digan lo que digan era una cosa que efectivamente sucedía”.
- Estaban obligados a pagar una cuota o aporte. Se realizaba a través de transferencias o en efectivo.
- “Siempre mediaba mucha violencia, sobre todo verbal”.
- La mayoría de los testigos aseguraron tener temor de identificar a los “referentes” que abusaban de su poder.
- Después de identificarlos llegaron a decir que “por esto me pueden llegar a matar”.
- Los referentes retenían la mercadería “que bajaba nación, la municipalidad y provincia”. Vecinos de los merenderos vieron cómo parte de los alimentos eran cargados en camionetas y se los llevaban.
- Hay víctimas que mencionan que “los referentes”, para inscribirlos en los programas sociales o como una “formalidad para entrar a la orga”, les pedían las claves de Mi Argentina, ANSES, y AFIP para, se presume, poder acceder a estos sistemas.
La multiplicidad de causas que tramita en el juzgado federal de Armella avanza sobre “las estructuras de las organizaciones y las personas imputadas”. Actualmente, hay 213 imputados, pero siguen ingresando más causas.
La investigación se inició tras la recepción de más de 70 denuncias a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esos relatos, la mayoría anónimos, pero otros no, afirmaban haber sido “extorsionados” y “presionados” por punteros y dirigentes sociales para asistir a piquetes y marchas a cambio de no perder los beneficios que por derecho les correspondía. Otros reportaron que se les exigía una parte del subsidio a cambio de mantener la ayuda.
Una mujer aseguró: “Si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor”. Una segunda relató: “Ellos reparten la comida entre gente conocida, no le dan nada a quienes realmente la necesitan. Nos dan polenta hervida con fideos y dos granos de carne picada”. Los relatos, corroborados por el juzgado, fueron incorporados como pruebas en las diferentes causas.
Las investigaciones del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes se inscriben en un esquema más amplio de causas judiciales por extorsión, administración fraudulenta y amenazas a beneficiarios de programas asistenciales. En este contexto, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros 17 dirigentes en la causa en la que está procesado por, presuntamente, extorsionar a beneficiarios del ex plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
Belliboni sostuvo ante este medio que todo se trata de una vil farsa, orquestada por la administración libertaria de Javier Milei, para desacreditar a los dirigentes sociales que los enfrenta en las calles.
No será lo que se diga, sino lo que se pruebe con el tiempo, lo que termine por establecer la verdad.
POLITICA
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se empezó a normalizar la distribución de bebidas en Capital y Gran Buenos Aires
La distribución de bebidas en Capital y Gran Buenos Aires se empezó a normalizar en las últimas horas luego de que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen las empresas del sector y el Sindicato de Camioneros, que provocaron los primeros indicios de desabastecimiento en los comercios.
El trabajo a reglamento que realizaba el gremio que lideran Hugo Moyano y su hijo Pablo, en reclamo del pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes, derivó en estos últimos días en entregas incompletas, faltantes de productos y demoras en la distribución, con las consecuentes quejas de los comerciantes de las zonas afectadas.
Ahora, a partir de la conciliación obligatoria, empresarios y sindicalistas deben “retrotraer la situación” al estado previo al conflicto, es decir: Camioneros debe levantar toda medida de fuerza y prestar tareas normalmente; las empresas no pueden tomar represalias ni alterar las condiciones habituales de trabajo y la ley prevé sanciones para las partes si incumplen estas condiciones.
Las negociaciones que comenzarán el martes próximo en la Secretaría de Trabajo se extenderán durante 15 días, que podrán prorrogarse otros 5 si no hay acuerdo. Luego, empresarios y sindicalistas quedarán liberados para tomar las medidas que consideren necesarias.
Hace 24 horas, fuentes empresariales aseguraron a Infobae que los camiones de distribución regresaban a sus depósitos con entre 20% y 50% de la carga sin entregar, en un problema que generaba faltantes de productos y un aumento de reclamos de numerosos clientes en Capital y Gran Buenos Aires.
De acuerdo con estas fuentes, los camiones estaban realizando una sola salida por jornada y parte del stock ni siquiera salía del depósito, lo que reducía el volumen efectivamente distribuido en los comercios.
La situación afectó de forma creciente a la cartera de clientes en el área metropolitana, donde se registraron quejas por la falta de entrega de bebidas y se pidió resolver con urgencia el conflicto que interrumpía el abastecimiento de estos productos.
La Cámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (CADIBSA) advirtió este miércoles en un comunicado que el reclamo impulsado por el gremio “está generando dificultades en el normal abastecimiento de bebidas en distintos puntos del país”.
La entidad sostuvo que las empresas de transporte y distribución “trabajan con responsabilidad y de manera coordinada” para buscar una solución y “minimizar su impacto sobre la cadena de abastecimiento”.
Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la demanda consiste en el pago del presentismo y el aumento de los adicionales para los choferes y los ayudantes de este sector y se quejó de que los empresarios “siguen haciéndose los boludos, siguen mirando para otro lado y no atienden el reclamo legítimo que estamos llevando adelante”.
En un video publicado en el sitio del gremio, el hijo de Hugo Moyano dijo que finalizó sin resultados positivos una reunión virtual con las empresas Coca-Cola, Quilmes y CCU (Compañía de Cervecerías Unidas), y puntualizó: “Seguimos con el día décimo trabajando como marca nuestro convenio colectivo de trabajo”.
En la misma declaración, Moyano sostuvo que “cualquier desabastecimiento que haya de estos productos de Coca-Cola, Quilmes, agua, es responsabilidad de estas empresas, que son las dadoras de carga”.
El sindicalista ya había denunciado días atrás una disparidad en las liquidaciones salariales en plantas de distribución de bebidas por el esquema de contratación y reclamó la equiparación de adicionales para evitar “trabajadores de primera y de segunda categoría” en la actividad.
Según detalló, Quilmes paga el premio por asistencia al personal propio de línea directa y de depósitos centrales, pero excluye a los choferes que trabajan para centros concesionarios externos, y lo atribuyó a una “ingeniería contable” aplicada de forma unilateral por las empresas.
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POLITICA
Un funcionario de Trump viaja a Buenos Aires para asistir a una conferencia regional sobre energía nuclear civil
WASHINGTON.- Luego de que en septiembre pasado la Argentina se convirtiera en el primer país de América Latina que se uniera como socio contribuyente al programa nuclear civil norteamericano de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (First, por sus siglas en inglés), el secretario de Estado adjunto estadounidense para asuntos sobre control de armas y no proliferación, Christopher Yeaw, viaja a Buenos Aires este viernes para participar la próxima semana de un taller regional dedicado a First.
El funcionario de la administración de Donald Trump, según informó el Departamento de Estado que lidera el secretario Marco Rubio, estará en el país hasta el 5 de junio, donde mantendrá una serie de reuniones bilaterales con sus pares regionales y funcionarios del gobierno libertario.
Durante su estadía en Buenos Aires, Yeaw —doctorado en ingeniería nuclear y física— se reunirá con representantes del Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo; del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, y de la Cancillería, que tiene al frente a Pablo Quirno, informó el Departamento de Estado en un comunicado publicado este viernes, aunque sin detallar nombres.
“Dialogará sobre la seguridad espacial, la colaboración en materia de energía nuclear civil y la cooperación económica”, detalló la nota oficial sobre las actividades de Yeaw.
El taller First, que se celebrará del 2 al 4 de junio, reunirá a representantes de la Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Paraguay y Perú, así como a los socios colaboradores del programa, Canadá, Japón y el Reino Unido.
“Los países dialogarán sobre el desarrollo de la energía nuclear civil en América Latina y el Caribe, incluyendo el despliegue de Reactores Modulares Pequeños (SMR), consideraciones sobre la cadena de suministro y aplicaciones no eléctricas de la energía nuclear”, explicó la nota diplomática, replicada por la embajada norteamericana en Buenos Aires que lidera Peter Lamelas.
A través de su cargo, en el que asumió a fin del año pasado, Yeaw dirige los esfuerzos de Estados Unidos para “prevenir, impedir y revertir la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, sus sistemas de lanzamiento, las armas convencionales avanzadas desestabilizadoras, así como los materiales y tecnologías relacionados”, señala el Departamento de Estado en su sitio web.
La labor de Yeaw también incluye “ampliar los usos pacíficos de la tecnología nuclear estadounidense” y orientar el enfoque hacia el “aumento de la estabilidad global” y la prevención de conflictos a través de la “postura de disuasión” norteamericana, mediante la negociación de acuerdos de control de armas nucleares.
En septiembre pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció que la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina que se unió como socio contribuyente al programa nuclear civil norteamericano conocido como First.
“Liderado por Estados Unidos, este hito subraya nuestro compromiso mutuo de profundizar la asociación en materia de energía nuclear civil, avanzar en la seguridad energética global y acelerar el despliegue responsable de energía nuclear avanzada en América Latina, el Caribe y más allá“, detalló en ese momento el Departamento de Estado, que celebró la decisión de la Argentina.
Los SMR avanzados son un componente clave del objetivo norteamericano de desarrollar opciones de energía nuclear seguras, limpias y asequibles.
Según explica el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que lidera el diplomático argentino Rafael Grossi, tienen una capacidad de potencia de hasta 300 MW por unidad, lo que representa cerca de un tercio de la capacidad de generación de los reactores nucleares de potencia tradicionales. Los SMR pueden producir grandes cantidades de electricidad con bajas emisiones de carbono, destaca el organismo.
Dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado, First es el programa insignia diseñado para aprovechar la capacidad de la industria nuclear y “acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo”, explicó el Departamento de Estado norteamericano.
“First se asocia con más de 50 países en cinco continentes que exploran soluciones de energía nuclear civil, incluido el uso de SMR para satisfacer sus necesidades energéticas respetando los más altos estándares de seguridad nuclear, protección y no proliferación, en consonancia con las directrices del OIEA”, añadió.
La Argentina –que cuenta con un SMR en desarrollo, el Carem– se unió así al grupo de socios contribuyentes que aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo a las iniciativas de First.
El Carem es la primera central de potencia de diseño totalmente argentino para producción de electricidad y otras aplicaciones, en el segmento de los SMR, señala la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
“Como socio contribuyente, la Argentina desempeñará un papel vital en el apoyo a las actividades de First en todo el mundo, como proyectos regionales, giras de estudio sobre SMR, programas de capacitación y otras iniciativas para facilitar el despliegue responsable por parte de los países que consideran esta tecnología”, explicó el año pasado el Departamento de Estado.
Guillermo Idiart,Estados Unidos,Donald Trump,Argentina,Conforme a,,“Es la empresa más denunciada por los consumidores”. Un funcionario clave de Kicillof dio detalles de la intimación contra Mercado Libre,,250 años del Día de la Independencia. Javier Milei podría volver a viajar en julio a Estados Unidos,,En Comodoro Py. Denunciaron a Milei por el veto al ascenso de una candidata a jueza por ser cuñada de un periodista,Estados Unidos,,Impactantes imágenes. El video del momento exacto en que explotó un cohete de Blue Origin durante un ensayo en Cabo Cañaveral,,“Nadie va a reconocer una derrota”. Un analista internacional explicó en detalle qué puede pasar con el principio de acuerdo en Medio Oriente y el objetivo de Irán,,Máxima expectativa. Trump anunció que hoy tomará una “decisión final” sobre el acuerdo con Irán y reveló sus condiciones
POLITICA
Tierra del Fuego: en plena crisis política y económica, la Justicia frenó las elecciones constituyentes
La Justicia de Tierra del Fuego dejó sin efecto la convocatoria a elecciones constituyentes que había impulsado el gobernador Gustavo Melella para avanzar con una reforma parcial de la Constitución provincial, que lo habilite a competir por la re-reelección. La decisión profundiza la crisis política que atraviesa el mandatario, que en las últimas semanas sufrió varios reveses en la Legislatura.
El fallo fue firmado por la jueza electoral Mariel Zanini, titular del Juzgado de Primera Instancia Electoral Provincial, quien resolvió anular el decreto de convocatoria al considerar que contradice una resolución judicial previa y que aún no están agotadas todas las instancias de apelación.
La reforma constitucional promovida por el Ejecutivo incluía modificaciones sobre 70 artículos de la Carta Magna fueguina. Entre los principales puntos, proponía limitar las reelecciones indefinidas de legisladores y establecer topes salariales para funcionarios y diputados provinciales.
Sin embargo, desde distintos sectores opositores advertían que la iniciativa también podía habilitar una eventual nueva candidatura de Melella. La sospecha estaba vinculada a la posibilidad de que una futura Convención Constituyente interpretara el actual mandato como el primero bajo el nuevo esquema constitucional.
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No obstante, en el entorno del Gobernador negaron esa posibilidad. “No hay nada, no está el artículo de la reelección. Para que pueda ser reelecto tiene que estar taxativamente escrito que puede ir por un nuevo mandato y nadie va a hacerlo”, señalaron cerca de Melella a TN.
“El problema de por qué la Legislatura no quiere la reforma es que para la próxima elección la constitución actual establece que debe ampliarse la Cámara a 19 miembros. Esto le da más chances a los diputados actuales de reelegir. Pero además, hay reelección indefinida para legisladores en la Carta Magna actual. Por eso no quieren que avance la reforma”, agregaron fuentes cercanas al mandatario provincial.
“Esto es recién el fallo de primera instancia de la justicia electoral y seguramente lo vamos a apelar. Comienza un camino en tribunales”, señalaron.
Las razones de la Justicia y el rechazo legislativo
La magistrada fundamentó su resolución en que el fallo del Superior Tribunal de Justicia que había autorizado avanzar con el proceso aún no quedó firme. El diputado Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, presentó recursos ante la Corte Suprema para cuestionar la constitucionalidad de la reforma, y el máximo tribunal todavía no se pronunció.
El conflicto político alrededor de la reforma escaló en las últimas semanas. A fines de abril, la Legislatura provincial derogó la ley que habilitaba la convocatoria constituyente, apenas un día después de que Melella fijara la fecha de elección para el 9 de agosto. La oposición logró reunir una mayoría legislativa, incluso con sectores vinculados al kirchnerismo, y argumentó que el proceso implicaba un gasto innecesario en medio de la crisis económica provincial.
En ese contexto, crecieron además los reclamos por la situación de la obra social estatal OSEF y las demandas salariales de los docentes.
Melella respondió con el veto tanto a la derogación de la convocatoria constituyente como a la denominada “ley de goteo”, que establecía un mecanismo automático de distribución de fondos coparticipables para los municipios. La medida agravó la tensión con intendentes y dirigentes aliados.
Uno de los más críticos fue el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien celebró la decisión judicial y cuestionó la prioridad política del Gobierno provincial. “Hay urgencias y problemas mucho más importantes que discutir una reforma constitucional”, sostuvo.
También el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se manifestó en contra del proceso y calificó como inconstitucional el avance impulsado por el gobernador. “La Constitución es clara respecto de que la decisión de reformarla corresponde exclusivamente a la Legislatura”, planteó.
La discusión generó además comparaciones con lo ocurrido en Formosa, donde una reforma constitucional permitió reiniciar el conteo de mandatos del gobernador Gildo Insfrán mediante una cláusula transitoria. Aunque desde el entorno de Melella negaron reiteradamente que busque un tercer mandato, en la oposición persistían las sospechas sobre esa posibilidad.
Pese al revés judicial, el Gobierno fueguino ya anticipó que apelará la resolución para intentar reactivar el proceso de reforma constitucional.
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