La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el sobreseimiento en una denuncia por calumnias e injurias atribuidas a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico contra la titular del Instituto del Cine (Incca), María Cristina Agüero.

Los periodistas habían criticado a Agüero, descalificado su trabajo, señalado que fue investigada sin mencionar que fue sobreseida y habían aludido al título de su película Olaf, alternando el nombre de las letras para mencionar la palabra falo, como para ridiculizarla.

El 28 de noviembre de 2025, el juez federal Ariel Lijo había sobreseído a los periodistas, decisión que fue confirmada el 11 de febrero de 2026 por la Sala II de la Cámara Federal.

Contra ese fallo, Agüero como querellante planteó un recurso de casación que motivó la intervención de la Sala IV integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

La querella denunció que en el programa Argenzuela de Rial, por C5N, el 6 de mayo de 2025, los periodistas habrían formulado expresiones que consideró injuriantes y calumniosas al comentar el nombramiento de Agüero en el Incaa.

Habían aludido a una denuncia penal previa, cuestionaron su idoneidad y habían vertido expresiones irónicas u ofensivas, incluso con connotaciones sexuales. El tribunal entendió que no se verificaban defectos que descalificaran el fallo que cerraba el caso.

Los camaristas dijeron que, aun cuando algunas expresiones pudieran resultar ofensivas, no bastaba para configurar los delitos de calumnias e injurias. Fueron opiniones y valoraciones críticas vinculadas con asuntos de interés público, sin acreditarse extremos que habilitaran responsabilidad penal.

Respecto del planteo de perspectiva de género realizado por Agüero, señalaron que su análisis constituye un deber jurisdiccional, pero que su invocación no autoriza a prescindir del examen de proporcionalidad ni desplaza, de por sí, los estándares constitucionales y convencionales aplicables a la libertad de expresión.

Concluyeron que aun ponderando el caso bajo esa óptica, no se verificaba una excepción al régimen que defiende las expresiones emitidas en un debate público sobre la designación de una funcionaria.

El camarista Hornos —quien contó con la adhesión de sus colegas— destacó que el caso debía analizarse desde la perspectiva constitucional en virtud de encontrarse en juego las garantías de la libertad de prensa y la del honor, pudiendo verse comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino.

Así, el magistrado definió a la libertad de expresión como un derecho fundamental con una preponderancia particular, a la manera de una piedra angular en la arquitectura; sostiene otros derechos, protege toda la estructura del gobierno y de la sociedad democrática.

La querellante sostuvo que los periodistas habían efectuado expresiones falsas, agraviantes y lesivas de su honor personal y profesional.

El juez Hornos resaltó que “la libertad de expresión goza de una tutela reforzada cuando se ejercita en torno a cuestiones de interés público, en particular cuando involucra a funcionarios y figuras públicas”. Sostuvo que “esta especial protección obedece a que el control ciudadano sobre quienes ejercen funciones públicas resulta indispensable para la vigencia de una democracia republicana”.

Entonces consideró que la protección del honor de las personalidades públicas debe ser moderada cuando se discuten asuntos de interés público. Hay un reconocimiento de la primacía del derecho a la información y la libre expresión sobre el resguardo absoluto de la reputación individual. Sostuvo que la función pública conlleva una inevitable exposición que exige un mayor grado de tolerancia frente a críticas y valoraciones periodísticas.

En su voto, el juez Borinsky destacó, además, que casos como el analizado deben abordarse desde una perspectiva constitucional y convencional, ponderando la tensión existente entre la libertad de expresión y el derecho al honor.

El tribunal concluyó que las manifestaciones denunciadas eran parte de un debate sobre un asunto de interés público y que no correspondía asignarles relevancia penal, por lo que rechazó el recurso de casación interpuesto por la querellante.

La Legislatura porteña aprobó el proyecto para desregular la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad. La iniciativa había sido presentada por La Libertad Avanza (LLA) y contaba con el respaldo del jefe de gobierno, Jorge Macri, que buscaba adherir a los cambios propuestos por el ministro Federico Sturzenegger a nivel nacional.

En la sesión de este jueves también se sancionaron, entre otras iniciativas, el proyecto de ley “Hojarasca” con el que LLA pretende eliminar normas “obsoletas” en el distrito y el financiamiento de la linea F de subte. Pro y el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la Ciudad, se mostraron en sintonía en la votación de los tres textos.

El bloque libertario había presentado una iniciativa para modificar el servicio de la VTV en la ciudad. El texto proponía ampliar los plazos de revisión de vehículos particulares, liberar el esquema de precios -hasta ahora el Estado fijaba precios máximos- y abrir el juego para que talleres privados puedan realizar las verificaciones.

Hasta ahora, el servicio estaba concentrado en pocos empresarios que también tallan en el sector del transporte en la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos están siendo investigados en la causa por direccionamiento de la licitación de la VTV bonaerense contra Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de Axel Kicillof.

“Pocas plantas, pocas opciones, poca competencia. Nos dijeron que no había otra alternativa. Nosotros creemos todo lo contrario, creemos que el estado tiene que controlar que la revisión se haga bien, pero no decidir dónde, cómo y con quién tenemos que hacer la revisión técnica, por eso abrimos la competencia”, sostuvo Ramírez. “Una cosa es garantizar la seguridad y otra muy distinta es tener un sistema cerrado”.

El proyecto se sancionó con el apoyo del bloque oficialista Vamos por Más (Pro, la Coalición Cívica y Republicanos Unidos), la Unión Cívica Radical (UCR) y Confianza y Desarrollo, la bancada que preside Emmanuel Ferrario y se referencia con el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta.

Los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (PJ) rechazaron la iniciativa para que la ciudad adhiriera al régimen propuesto por Casa Rosada. Cuestionaban la desregulación de los precios y las dificultades del nuevo modelo para garantizar la calidad y seguridad de las VTV que se realicen en talleres privados.

LLA también logró aprobar, esta tarde, la ley “hojarasca” porteña que -al igual que la norma homónima aprobada a nivel nacional a instancias de Sturzenegger- proponía la eliminación de registros y normas “obsoletas” en el tradicional bastión de Pro. El partido de Javier Milei impulsa desde hace meses una agenda de desregulación y simplificación burocrática en el distrito.

“Durante años se acumularon normas, trámites y requisitos sin sentido. Con hojarasca, eliminamos burocracia y les devolvemos tiempo y libertad a los porteños”, expresó la presidenta de la bancada violeta. Entre otras cuestiones, la normativa dejó sin efecto algunos registros profesionales y regulaciones para actividades comerciales, turísticas y operativas, como restricciones al uso de plazas y parques públicos.

Esta mañana, en la puerta de la Legislatura, guías turísticos se movilizaban en contra de esta normativa, que deroga su registro profesional en la Ciudad. También se registraron protestas en defensa de la educación especial, tras las quejas de docentes por presuntas restricciones a la inscripción de adultos al programa BA Aprende.

Fuerza Patria también rechazó esta iniciativa. “Una vez más, en lugar de afrontar una revisión seria e integral, Jorge Macri se suma a las apuradas a este proyecto de Ley Hojarasca de LLA para subirse al discurso de la desregulación del Gobierno nacional. Y en el medio derogan leyes que hacen a la vida cotidiana y el funcionamiento básico de la Ciudad, como el control de la cadena de frío en las góndolas, el Régimen de promoción de la economía social, o la protección de los espacios verdes públicos”, afirmó Claudia Neira, presidenta de la bancada peronista.

Al igual que LLA, Jorge Macri también consiguió dos triunfos parlamentarios. Por un lado, logró aprobar una reforma del Código Contravencional para endurecer las penas contra “trapitos” y cuidacoches. Era una promesa que había hecho durante la apertura de sesiones de marzo y que se alinea con la agenda de “orden del espacio público” que viene impulsando desde hace meses como un guiño al oficialismo nacional.

El financiamiento de la línea F es el otro proyecto que Pro logró sancionar. El Ejecutivo necesitaba el aval de la Legislatura para contraer deuda para avanzar con la obra de la nueva línea de subterráneo que conectará Palermo y Barracas. El texto aprobado preveía un pasivo máximo de 1350 millones de dólares.

El proyecto de financiamiento se aprobó por amplia mayoría: contó con el respaldo de tradicionales aliados de Vamos por Más como la UCR, pero también de Confianza y Desarrollo, LLA y el peronismo. Su apoyo, de todos modos, no estuvo exento de críticas.

Tanto el bloque libertario como Fuerza por Buenos Aires cuestionaron la falta de planificación del gobierno y las sucesivas postergaciones en el llamado a licitación. En la bancada de Rodríguez Larreta, además, apuntaron contra Jorge Macri por el deterioro general de la red subterránea.

“Queremos la Línea F, la G, la I. Pero no creemos que esta gestión esté a la altura de darles a los porteños un transporte público de calidad. Hoy vemos peor frecuencia, problemas de limpieza, estaciones que cierran por meses y anuncios que son solo para la foto”, afirmó Ferrario.

Según pudo saber , el peronismo negoció su apoyo al proyecto de financiamiento a cambio de que Pro acompañara un proyecto del excandidato a jefe de gobierno Leandro Santoro para el desendeudamiento familiar. Detrás de ese acuerdo estuvo el secretario administrativo de la Legislatura Cristian Gribaudo.

Fuentes parlamentarias confirmaron a que el alfil de Daniel “Tano” Angelici ganó, en las últimas semanas, mayor protagonismo en la articulación entre los distintos bloques para auxiliar a un oficialismo que, desde diciembre, es tercera minoría en la cámara. El procurador de la ciudad, Martín Ocampo, también hombre de confianza el operador judicial del macrismo, ya cumplía un rol similar tras bambalinas.

El proyecto de Santoro proponía la creación de una línea de crédito especial del Banco Ciudad de uso exclusivo para la cancelación de deudas personales anteriores a la aprobación de la norma. Además de Pro, el texto recibió el apoyo del radicalismo, los representantes larretistas y la Izquierda. LLA, consideró que, por sí sola, la iniciativa de refinanciamiento es insuficiente y podría resultar perjudicial en el mediano plazo, por lo que se abstuvo en la votación.

Los beneficiarios tendrán hasta 60 días desde la implementación de la ley para acceder al crédito. No podrán adherir los titulares de más de un inmueble, propietarios de vehículos con menos de cinco años de antigüedad, embarcaciones o aeronaves, tenedores de activos financieros o quienes hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos reclamados.

“Facilitarle la refinanciación de deudas a una persona en situación de vulnerabilidad financiera sin brindarle contención no es alivio financiero. Por el contrario, puede generarle una mayor dificultad en el largo plazo”, aseguró la legisladora violeta Solana Pelayo.