POLITICA
Extorsión y fraude en planes sociales: 213 dirigentes y piqueteros están imputados en una megacausa judicial

El juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, investiga la causa judicial más voluminosa contra dirigentes sociales y piqueteros acusados de los presuntos delitos de “coacción y extorsión” contra los beneficiarios del ex programa Potenciar Trabajo, y “defraudación a la administración pública”, por haber utilizado fondos del Estado o alimentos que este le suministraba, para otros fines.
Los 200 legajos que se abrieron y tramitan de manera independiente tienen 213 imputados, todos ellos dirigentes de distintos niveles que pertenecen a organizaciones sociales como el Polo Obrero, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, Asociación Convocatoria Sur, Movimiento Unidad Popular, Agrupación Total, Movimiento 25 de Abril, Unión y Esperanza, MTR Histórico, y Movimiento Teresa Rodríguez, entre otras.
Ya se realizaron 24 allanamientos, en los que se secuestraron:
- 104.000 unidades de alimentos sin distribuir.
- Dos toneladas y media de alimentos en mal estado.
- $500.000 en efectivo.
- Un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9mm.
- 47 equipos informáticos y celulares.
- 100 cajas con documentación, planillas de asistencia a las marchas y concentraciones, libros contables y carpetas con registros presuntamente vinculados a maniobras fraudulentas.
Los 2.500 kilos de comida apilados en galpones y comedores comunitarios estaban en mal estado, podridos y vencidos.
Había leche en polvo, polenta, fideos, puré de tomates, arroz, dulce de batata, lentejas y harina de trigo. Debían llenar las panzas de las familias más vulnerables. Fueron incinerados en las instalaciones del CEAMSE Pompeya.
Antes, el magistrado ordenó estudios bromatológicos. “Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad”, redactaron los peritos en los informes presentados en los expedientes.
Los testigos que dialogaron con este medio aseguraron que la escena que presenciaron durante el procedimiento los “indignó”.
En los envases de los alimentos destruidos figuraban inscripciones como: “Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.
A través de 20 declaraciones testimoniales, el juzgado y la secretaría a cargo de la instrucción reconstruyeron la cadena corrupta por la cual van a ser indagados los sospechosos en cuanto se procese la totalidad de la información y se terminen los peritajes. Los relatos de las personas beneficiarias del ex Programa Potenciar Trabajo y testigos oculares, como vecinos de los comedores o asistentes a ellos que se atrevieron a hablar ante los funcionarios que buscan justicia estremecen:
- Las extorsiones estaban en cabeza de delegados o representantes de los movimientos sociales o piqueteros que aseguraban que reclamaban ante el gobierno nacional por sus derechos vulnerados.
- Los obligan a asistir a las marchas o movilizaciones para entregarles una vianda de alimentos o los bolsones con productos que el Estado nacional o provincial derivaban para asistirlos.
- La mayoría de las víctimas eran beneficiarios de programas sociales.
- Los amenazaban con bajarlos del plan.
- Les tomaban asistencia en las marchas. Si acumulaban tres o cuatro faltas “nos sacaban el plan y digan lo que digan era una cosa que efectivamente sucedía”.
- Estaban obligados a pagar una cuota o aporte. Se realizaba a través de transferencias o en efectivo.
- “Siempre mediaba mucha violencia, sobre todo verbal”.
- La mayoría de los testigos aseguraron tener temor de identificar a los “referentes” que abusaban de su poder.
- Después de identificarlos llegaron a decir que “por esto me pueden llegar a matar”.
- Los referentes retenían la mercadería “que bajaba nación, la municipalidad y provincia”. Vecinos de los merenderos vieron cómo parte de los alimentos eran cargados en camionetas y se los llevaban.
- Hay víctimas que mencionan que “los referentes”, para inscribirlos en los programas sociales o como una “formalidad para entrar a la orga”, les pedían las claves de Mi Argentina, ANSES, y AFIP para, se presume, poder acceder a estos sistemas.

La multiplicidad de causas que tramita en el juzgado federal de Armella avanza sobre “las estructuras de las organizaciones y las personas imputadas”. Actualmente, hay 213 imputados, pero siguen ingresando más causas.
La investigación se inició tras la recepción de más de 70 denuncias a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esos relatos, la mayoría anónimos, pero otros no, afirmaban haber sido “extorsionados” y “presionados” por punteros y dirigentes sociales para asistir a piquetes y marchas a cambio de no perder los beneficios que por derecho les correspondía. Otros reportaron que se les exigía una parte del subsidio a cambio de mantener la ayuda.
Una mujer aseguró: “Si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor”. Una segunda relató: “Ellos reparten la comida entre gente conocida, no le dan nada a quienes realmente la necesitan. Nos dan polenta hervida con fideos y dos granos de carne picada”. Los relatos, corroborados por el juzgado, fueron incorporados como pruebas en las diferentes causas.

Las investigaciones del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes se inscriben en un esquema más amplio de causas judiciales por extorsión, administración fraudulenta y amenazas a beneficiarios de programas asistenciales. En este contexto, el juez federal Sebastián Casanello envió a juicio oral y público al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros 17 dirigentes en la causa en la que está procesado por, presuntamente, extorsionar a beneficiarios del ex plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
Belliboni sostuvo ante este medio que todo se trata de una vil farsa, orquestada por la administración libertaria de Javier Milei, para desacreditar a los dirigentes sociales que los enfrenta en las calles.
No será lo que se diga, sino lo que se pruebe con el tiempo, lo que termine por establecer la verdad.
POLITICA
Nahuel Gallo reveló nuevos detalles de su secuestro en Venezuela: “Pensé en quitarme la vida”

El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estuvo 448 días secuestrado en Venezuela bajo el régimen del dictador Nicolás Maduro, reveló detalles estremecedores de su cautiverio en ese país y admitió que “pensó en quitarse la vida”.
En una entrevista con el canal TN, Gallo relató por primera vez públicamente cómo empezó su infierno tras ser detenido por el gobierno venezolano el 8 de diciembre de 2024.
Según contó, viajó el 6 de diciembre desde Argentina a Venezuela, pasando por Chile, Bogotá y Cúcuta, y que al llegar a migraciones le exigieron una entrevista y la revisión de sus documentos. Durante el control, agentes venezolanos sin identificación le solicitaron su celular para verificar si tenía fotos o mensajes que les parecieran sospechosos, en particular en los que hablara mal del líder venezolano.
“Cuando vino el agente a entrevistarme, yo no sabía quién era. No sabía si era el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), la Policía, no entendía la diferencia entre una fuerza y la otra. Estaban de civil. Tenían armas, pero no tenían placa identificatoria”, relató.
El hombre mostró toda la documentación reglamentaria para ingresar. “Tenía dólares en efectivo, pero no le dio mucha importancia. Lo que le importaba era ver mi celular”, agregó. Gallo no tenía fotos uniformado. “No soy de sacar muchas fotos, ni posando con las armas, nada. Tenía fotos del bebé, de las carreras, paisajes”, aseguró.
En ese sentido, reveló que el episodio que desencadenó su arresto tuvo lugar cuando un agente decidió revisar su teléfono y halló una conversación privada de WhatsApp en la que se mencionaba a Nicolás Maduro. En ese intercambio, mantenido con su esposa María Alexandra Gómez, habían comentado la situación política venezolana, lo cual bastó para que se le atribuyera que “hablaba mal del presidente”.
“Entró a WhatsApp. Le pregunté qué hacía y me dijo que quería ver si hablaba mal de su presidente. Puso ‘Chávez’, no salió nada. Puso ‘Maduro’ y ese fue el detonante”.
En ese momento, la tensión aumentó. “Me dijo que yo hablaba mal de su presidente, que quién era yo para decir eso. Le dije que era una conversación vieja, que no tenía nada que ver, que era una conversación privada con mi mujer”. Hasta ese momento, no imaginaba lo que iba a pasar, ya que algunos policías que estaban afuera también lo minimizaron: “Me dijeron ‘todo el mundo habla mal de Maduro’. Pero el agente no lo tomó igual”.
En un primer momento, Gallo no reveló que pertenecía a la Gendarmería Nacional. “Dije que era aduanero, que trabajaba en la Aduana en el área de Seguridad. Nunca dije que era gendarme. Volvieron a tocar mi celular, a preguntarme por qué ‘hablás mal de mi presidente, que Maduro es bueno. Mirá, nosotros estamos rebién’. Me iban a esposar. Entonces, me dijeron que me arrodille. Yo dije: ‘No me voy a arrodillar, porque si no tengo nada’. Me volvieron a empujar y bueno, en ese momento todavía no sabían que era gendarme”, detalló.
Revisaron con más profundidad el celular y encontraron una foto que lo delataba como gendarme. “Ahí ya me trataban diferente. Me esposaron los pies, me esposaron las manos. Y también se enojaron porque les había mentido, porque no era aduanero sino personal de una fuerza”. Su delito fue enviar un mensaje en el que mencionó a Maduro. “Acá en Venezuela nadie habla mal del presidente porque si no la pasa mal”, le dijeron.
“Me taparon la cabeza por primera vez. Yo decía, ¿por qué me tapan la cabeza?”, describió durante la entrevista.
El periodo de reclusión, que se extendió por más de un año sin comunicación con su familia, resultó devastador para Gallo.
El gendarme argentino relató que la fase inicial, especialmente el mes de diciembre, representó el momento más sombrío del cautiverio.
“Para mí lo peor es diciembre. No saber qué iba a pasar conmigo, no saber de María, de mi bebé. Los golpes que te pegan por ser gendarme o por ser argentino. Estar 24 horas los siete días en la celda… uno piensa muchas cosas”, dijo. “Siempre me preguntan si quise quitarme la vida. Y la respuesta es que lo había pensado”, concluyó.
POLITICA
Yacobitti afirmó que el Gobierno no giró el presupuesto para los hospitales universitarios y dijo que hay operaciones en riesgo

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró hoy que el Gobierno nacional no transfirió un solo peso de los 80.000 millones de pesos asignados en el presupuesto para los hospitales universitarios en lo que va de 2026, y convocó a la sociedad a movilizarse en la Marcha Federal Universitaria, prevista para el martes 12 de mayo en Plaza de Mayo.
Consultado en Infobae a las 9, el programa conducido por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tati Schapiro, Yacobitti afirmó que, cuando un ciudadano obtiene una ley y el Gobierno no la cumple, el camino lleva a la Justicia, y allí el Gobierno recusa a cualquier juez que haya dado clases en la UBA.
“Convengamos que llegó a recusar a los jueces por dar clase en la UBA. Con ese concepto nadie podría ser juez de esta causa”, planteó, con relación al reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia.
De manera puntual, uno de los ejes centrales de la movilización es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Según Yacobitti, las consecuencias por la ausencia de fondos repercuten directamente en los centros de salud universitarios, y puso de ejemplo el Instituto de Oncología ángel Roffo, dependiente de la UBA y especializado en tratamiento oncológico. “Van a tardar más en atenderte, seguramente. Hay tratamientos que no pueden realizarse por falta de insumos y, cuando un equipo falla, los pacientes deben ser trasladados en ambulancia a otro centro”, dijo.
En el Hospital de Clínicas, el director Marcelo Melo reconoció en conferencia de prensa que de 16 quirófanos disponibles solo funcionan seis. En el Hospital Lanari, centro universitario dedicado a trasplantes, la escasez de insumos pone en riesgo los procedimientos: “Hay gente que necesita trasplantes, que está esperando. ¿Por qué? Porque no se pueden comprar los insumos para esos trasplantes”, señaló el exdiputado nacional.
Ante una consulta en Infobae a las 9 sobre los datos reflejados en el Presupuesto Abierto, la base de datos oficial del Ministerio de Economía, Yacobitti aclaró que existen dos partidas diferenciadas. Una corresponde a la línea general, que cubre sueldos y gastos de funcionamiento de todas las facultades y que el Gobierno sí transfiere. La otra es una partida adicional destinada exclusivamente a las universidades con hospitales: UBA, Córdoba, Cuyo y La Rioja, que acumula cero desembolsos hasta la fecha. Parafraseando la posición oficial, señaló: “Son ochenta mil millones. No lo mandamos porque estamos viendo cómo se asignan. Estamos en el mes cinco”.
Para el vicerrector, la raíz es una cuestión de prioridades políticas y señaló: “No creo que la educación pública esté en la agenda (de Milei)”. Además, comparó el costo de la deuda con los hospitales universitarios con la rebaja impositiva a los autos de lujo: “Si vos preferís bajar impuestos, gastar plata —porque las dos son gasto, una es inversión y la otra es gasto neto—, si vos preferís bajarle los impuestos a los autos de lujo y no pagarle la plata que tenés en el presupuesto asignada para los hospitales universitarios, bueno, es una decisión política, no es una decisión de plata“.

También cuestionó que el secretario de Política Universitaria publicara un tuit con una referencia a Mordor, el reino del mal de El Señor de los Anillos, para referirse al fallo judicial: «la universidad pública es el mal“.
Para Yacobitti, además, el deterioro afecta gravemente a la planta docente. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 438 profesores abandonaron sus cargos sobre un total de 3.200. “¿Y sabés quiénes se van? Los más capacitados”, remarcó. “Algunos se van a la universidad privada que le paga tres veces más, otros van afuera y otros directamente cambian de profesión”, agregó.
En la Facultad de Agronomía, otros 100 investigadores siguieron el mismo camino. Las carreras con mayor proporción de docentes de dedicación exclusiva, como Exactas, son las más afectadas, advirtieron las autoridades de la UBA.
Respecto del estado judicial del conflicto, el vicerrector informó que la causa ya llegó a la Corte Suprema. “Ya es una barbaridad que haya llegado a la Corte. La Corte, en su jurisprudencia, salvo casos excepcionales, no trata medidas cautelares, trata medidas de fondo. Por eso las rebota”, dijo, y explicó que espera que el máximo tribunal devuelva la causa para su cumplimiento, aunque el propio Gobierno ya anticipó que tampoco lo acatará: “Lo otro que también sabemos, porque nos lo dice el gobierno, es que no la va a cumplir. Como no le cumple la ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no le paga el fondo, o como no le cumple la ley de discapacidad”.
Ante este panorama, llamó a la movilización como única herramienta disponible: “Lo único que nos queda por hacer es concientizar a la sociedad que no se quede en la casa, porque lo que se está rompiendo es la única herramienta de movilidad social que tiene la Argentina, que es la universidad pública”, manifestó.
Y concluyó: “Todos los impuestos que pago, lo único que el Gobierno me brinda de calidad es la universidad pública. No hay un solo servicio que me brinde de calidad por los impuestos que pagás, que no sea una universidad pública, y la está destruyendo”.
La concentración se realizará el martes 12 de mayo a las 17 en Plaza de Mayo. Yacobitti instó a padres y madres a asistir con sus hijos: “Es la única manera que tenemos de llamar la atención, no solo al Gobierno, sino también a la Corte Suprema y a quienes tienen que hacer y ejecutar este fallo lo antes posible”.
POLITICA
Arde la interna: un influencer libertario criticó el armado del partido en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la militancia digital vinculada a La Libertad Avanza enfrenta una creciente disputa interna. Alejandro Sarubbi Benítez, abogado y conductor del programa La Trinchera en el streaming Carajo, advirtió sobre la necesidad de reorganización y cuestionó abiertamente la conducción partidaria.
La controversia se originó tras la designación de Sebastián Pareja como principal operador político en la provincia, decisión tomada por Karina Milei. Según dijo Sarubbi Benítez en Infobae en Vivo A las Nueve, “el presidente del partido es Sebastián Pareja y todas las autoridades son de Sebastián Pareja”. La afirmación indica un control total del partido en la provincia, reforzado por el respaldo explícito de Karina Milei. “Materialmente el partido en la provincia de Buenos Aires es de Sebastián Pareja, de nadie más”, sostuvo Sarubbi Benítez.
La metodología empleada en la construcción territorial fue blanco de crítica directa. El abogado mencionó irregularidades durante el proceso electoral: “En las últimas elecciones legislativas, se sabe, hay gente que se quedó con guita de la fiscalización, echaron a fiscales que venían de afuera para fiscalizar también dentro de Libertad Avanza. Han desaparecido fichas de afiliación de a miles”. Para Sarubbi Benítez, estas prácticas persiguen evitar internas, desplazando a militantes genuinos que habían acompañado el crecimiento del movimiento.
Fragmentación y reclamos a la conducción nacional
El desencanto se agrava en el contexto de una estructura partidaria que, según Sarubbi Benítez, replica prácticas tradicionales ajenas al espíritu original del espacio. “En la provincia de Buenos Aires prácticamente todos los partidos políticos son una mafia”, denunció el referente. Criticó, además, el endurecimiento verticalista en la toma de decisiones y la escasa respuesta ante críticas internas: “La estrategia de gobierno, cada vez que saltan problemas de este calibre, es el silencio. Yo no sé por qué”.
Parte de la militancia digital reclama una participación y voz diferenciada, ante la percepción de que la dirigencia nacional, encabezada por Karina Milei y Pareja, no representa los ideales iniciales. “La gente está pidiendo: ‘Che, fijate lo que es esta gente, porque es un desastre’”, sostuvo el entrevistado. El propio Sarubbi Benítez aclaró el alcance de las demandas: “Nosotros, en tanto los que estamos afuera de lo que es la estructura partidaria y del Estado en sí, no tenemos por qué acatar una verticalidad partidaria”.
Desafíos en la comunicación oficial
Las críticas no se limitaron a la vida interna del partido. Sarubbi Benítez también cuestionó la estrategia comunicacional del gobierno libertario. En relación a las controversias en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, manifestó: “No veo un delito hoy, no lo veo. Con lo que hay no lo veo. Ahora, comunicacionalmente hablando, la situación se manejó demasiado mal”. Según su análisis, el Ejecutivo elige sistemáticamente el silencio ante los conflictos públicos: “Siempre que hubo un problema de este estilo, siempre optó por el silencio”.
En cuanto al clima en redes sociales, Sarubbi Benítez explicó que la comunidad original de la militancia digital siente haber sido relegada. “Lo que les están diciendo es: ‘Estuvo buenísimo, pero cállense la boca’”. Esta percepción se refleja en la falta de diálogo y en la tendencia a judicializar enfrentamientos internos, como cuando dirigentes denunciaron a usuarios de redes sociales por la difusión de información personal.
Controversias mediáticas y límites en el debate
Durante una reciente emisión de La Trinchera, se viralizó un audio aludiendo a supuestas relaciones personales dentro del armado partidario. Sarubbi Benítez reconoció el incidente y aclaró: “Sentí que ese mensaje podía llegar a desvirtuar todo lo que dije anteriormente, opté por pedirle a la gente de producción que saquen el pedacito de ese audio”.
Consultado sobre la posibilidad de expresar todo tipo de opiniones en el ecosistema del streaming, Sarubbi Benítez afirmó: “Cada cual debe poder expresarse como se dé la gana, en la medida que no cometa un delito. Lo demás… el mensaje lo podés tirar. Después, en todo caso, tenés que asumir las consecuencias del mensaje”.
Expectativas políticas y perspectivas electorales
En el plano general, Sarubbi Benítez consideró que los votantes “genuinos” aún acompañan al gobierno nacional, aunque reconoció diferencias en la interpretación del rumbo ideológico y la representatividad bonaerense. Respecto al futuro electoral, alertó sobre la importancia estratégica de Buenos Aires: “En la provincia de Buenos Aires cuando vos querés aspirar por la gobernación no hay ballotage. Lo más inteligente sería desdoblar la elección, porque además eso ya lo vimos en las legislativas, lo vimos en el 23”.
Las declaraciones de Alejandro Sarubbi Benítez evidencian tensiones crecientes. El llamado del referente libertario a “votar otra cosa” en la provincia de Buenos Aires expone un momento de incertidumbre interna, con reclamos abiertos dentro de La Libertad Avanza y presión para revertir la exclusión de la militancia digital en la toma de decisiones.
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