POLITICA
Los intendentes opositores no descartan judicializar los reclamos que presentarán en la marcha al Ministerio de Economía
En la previa a la movilización al Palacio de Hacienda, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anticipó cuáles son los principales reclamos que los intendentes llevarán este martes 14 a Luis Caputo. Y aseguró que no descartan acudir a la Justicia.
Según explicó este sábado Katopodis, el planteo de los jefes comunales se sustenta en la paralización de las obras públicas nacionales y que retrotraiga el precio de las naftas al 1° de marzo.
“El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para hacer obras. Cada vez que cargamos el taque de nafta, un tercio de ese costo va a una cuenta específica del Ministerio de Economía. Esa plata se recauda, pero no arreglan las rutas. Queremos que no se roben más esos fondos”, remarcó Katopodis en diálogo a radio Delta.
La protesta se realizará este martes al mediodía frente a las escalinatas del Ministerio de Economía encabezada por la Federación Argentina de Municipios.
Con respecto a los pedidos que le llevarán al Ejecutivo, el funcionario de Axel Kicillof explicó: “Los intendentes van a hacer dos reclamos. Por un lado, que el Gobierno rebaje el valor del litro de los combustibles y por otro, que con ese dinero que tiene por ley arregle las rutas», relató el funcionario de Axel Kicillof.
El funcionario bonaerense no descartó que el reclamo se presente ante la Justicia. “Vamos a convocarnos el martes al mediodía en el Ministerio de Economía y seguramente vamos a expresar esto judicialmente”, afirmó.
El reclamo de la Federación Argentina de Municipios al Gobierno
El próximo martes 14 de abril, la Federación Argentina de Municipios (FMA) le presentará un documento al ministro de Economía con el objetivo de exigir respuestas por el impacto del ajuste en las finanzas locales.
Un mes atrás, los intendentes enrolados en la FAM lanzaron un duro comunicado contra la gestión de Javier Milei. “Los municipios somos el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y la base del sistema republicano argentino. Sin embargo, esa autonomía resulta inviable sin los recursos necesarios para ejercerla”, señalaron en aquella oportunidad.
En la misma línea, apuntaron: “Desde diciembre de 2023 los municipios de todo el país enfrentan una situación crítica caracterizada por recortes en inversiones nacionales, paralización de obras públicas y programas sociales, y una fuerte caída de la recaudación producto de la recesión económica”.
Leé también: Intendentes de todo el país marcharán al Ministerio de Economía y presentarán reclamos contra el Gobierno
Entre otras medidas, promueven iniciativas legislativas que protejan los ingresos de los municipios y advirtieron: “Analizamos las herramientas institucionales necesarias para evitar recortes o descuentos ilegítimos sobre fondos que pertenecen a nuestras comunidades”.
Y finalizaron: “La autonomía municipal no es una consigna política: es un mandato constitucional y una condición indispensable para garantizar derechos, sostener servicios públicos y cuidar la calidad de vida de millones de argentinas y argentinos. Porque sin federalismo real, no hay Nación”.
Gabriel Katopodis, intendentes, Ministerio de Economía
POLITICA
Intendentes buscan armar una mesa para ordenar la interna, mientras Cristina Kirchner emerge en la centralidad
“De alguna forma vamos a tener que ordenar esto”. La frase corresponde a un intendente de la Tercera sección electoral por el peronismo y que forma parte del espacio de Axel Kicillof. Ajustados por la gestión diaria, los intendentes no dejan de lado la rosca política y el posicionamiento hacia el 2027. Hay distintos ítems en el temario. Pero uno que es un punto de partida: que tanto desde el sector de Kicillof como el de Cristina -o Máximo- Kirchner encuentren un punto de conexión. ¿El objetivo de máxima? Llegar a una mesa política que ordene la discusión que desde hace semanas volvió a encederse.
Son varios los intendentes que piensan en este esquema e incluso algunos que reportan a uno u otro espacio. A la par, el cristinismo empezó a desplegar movilizaciones hasta San José 1111 con varios dirigentes bonaerenses. En los últimos días, por la esquina del barrio Constitución pasaron el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar; el senador provincial y referente de La Cámpora en Avellaneda -donde gobierna el kicillofista, Jorge Ferraresi– Emmanuel González Santalla; el intendente de Lanús, Julián Álvarez; la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout. La idea, como había adelantado Infobae, es darle centralidad a CFK a un año de su condena. Se trata de movilizaciones que culmiarán con un gran acto el 20 de junio próximo en Parque Lezama, a 15 cuadras del departamento donde cumple su condena domiciliaria.
En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) plantean que el cristinismo seguirá en la confrontación interna buscando instalar el reclamo por Cristina Libre y que desde ese slogan buscarán esmerilar a Kicillof. Cerca del gobernador todavía molesta el reclamo hecho hacia su figura en el acto del PJ bonaerense en el teatro Coliseo Podestá, cuando un grupo de militantes pidió por la libertad de CFK y desplegó una bandera cuando estaba por empezar a hablar el gobernador bonaerense.
Pero Cristina Kirchner no solo mantiene comunicación -en la medida de sus posibilidades, ya que endurecieron las condiciones de detención- con dirigentes aliados o que directamente la reconocen como su conductora. Según pudo saber Infobae, semanas atrás un intendente del conurbano mantuvo una conversación telefónica con la expresidenta. La todavía presidenta del Partido Justicialista preguntaba cuáles eran las principales demandas en su distrito. La respuesta era coincidente con lo que la dirigente imaginaba: “Es una situación parecida a finales del 2018”.
Se anotan allí, en la óptica del intendente, estancamiento en algunas actividades productivas y caída en el consumo interno, además del aumento en la demanda laboral. “Ella ve lo mismo”, le dice el intendente en cuestión a este medio. Para ese jefe comunal, la campaña Cristina Libre “no puede ser la base del discurso. Yo estoy de acuerdo con que a Cristina hay que liberala, que está proscripta, pero no me ven con el cartelito, porque no creo que sea lo mejor”, lanza. También advierte que el esquema de Kicillof tampoco genera una apertura; más bien todo lo contrario. “A Máximo no lo invitaron a la primera reunión del Consejo del PJ. No es lo que yo hubiera hecho”, lanza el dirigente y agrega: “Si es tu primera reunión como presidente del PJ bonaerense después de lo que fue esa negociación, tenés que armar una reunión con los presidentes de los 135 municipios, invitarlo a Máximo y a todos los que no están dentro del consejo también”.
En el cristinismo reconocen que la interna o las diferencias pueden disminuir si Kicillof le reconoce a Cristina Kirchner “lo que vale”, y que si el gobernador bonaerense, concurre a San José 1111 la discusión se termina o se ordena. Ante este posicionamiento, cerca de Kicillof contestaron ante la consulta de Infobae: “Nosotros creemos que si nos dejan de hacer cosas como la del teatro -Coliseo Podestá- también se arregla”.
“En algún momento Axel y Máximo van a tener que sentarse. Hablamos, pero es una decisión de la superestructura”, plantea otro intendente. Muchos de ellos se vieron el martes en el Salón Dorado de la Gobernación, en un acto para hacer un repaso de la política sanitaria a nivel general y cargar las tintas contra el ajuste en el área por parte de la gestión de Javier Milei. A algunos les llamó la atención que no hubo una instancia posterior de reunión de tipo más política. “Yo vine porque necesito ambulancias para mi distrito, es la verdad”, sinceró un intendente del conurbano, sin conocer demasiado el contenido fino de la convocatoria.
En el medio del desconcierto sobre cómo se va a ordenar la interna y con la intención de generar un marco de acercamiento, que también tiene una tercera pata que es el Frente Renovador de Sergio Massa, está la gestión. Entre los intendentes también se comparte un diagnóstico: la emergencia que atraviesan los distritos en algunas cuestiones. Desde las finanzas locales hasta las demandas de la población. Allí hay cierto reclamo, también, al gobierno bonaerense. “Una licitación para el Río Salado está bien, pero hoy la prioridad tiene que ser otra: salud, bala y comida”, describe un intendente de la populosa Tercera sección electoral. Aclara que, por “bala”, se refiere a seguridad. Por eso los jefes comunales están pulseando por una ley para regular las policías locales o municipales.
Entre el pedido de un grupo de intendentes para gestionar una instancia de acercamiento con el kirchnerismo, también aparece el reclamo a Kicillof para “definir prioridades”, en gestión. En paralelo, el armado político del mandatario bonaerense viene expandiéndose para tener un sustento propio hacia 2027.
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De aprobar el Senado la modificación de la ley de zonas frías, que obtuvo media sanción en Diputados esta semana, los beneficiarios del subsidio al gas natural ya no se determinarán en función del lugar donde viven, sino a partir de los criterios que se aplican en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) vigente desde este año.
Este nuevo esquema de subsidios fue implementado mediante el decreto decreto 943/25 del 31 de diciembre de 2025. Establece una reducción en la tarifa de gas natural, energía eléctrica, gas propano por redes y garrafas de 10 kilos para hogares que cumplan determinadas condiciones socioeconómicas y patrimoniales de vulnerabilidad.
Para recibir la ayuda estatal, exige acreditar ingresos por hogar que no superen tres Canastas Básicas Totales ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec). También pueden acceder aquellos con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas o titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Con este nuevo esquema, el Gobierno buscó reducir la masa de subsidios económicos destinados a los servicios públicos. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, los subsidios a la tarifa del agua, energía y el transporte registraron en 2025 una caída real del 39% interanual, mientras que, en paralelo, las tarifas que pagan los hogares acumularon un incremento del 594%.
El régimen de Subsidios Energéticos Focalizados reemplazó la segmentación N1, y la N2 y N3 – que representaban aproximadamente el 60% de los hogares residenciales del país -por la categoría de hogares considerados “vulnerables”.
Quedaron excluidos los que superen las tres Canastas Básicas Totales; posean un patrimonio considerado incompatible con el beneficio; o presenten indicadores de capacidad contributiva, como tres o más inmuebles; vehículos de menos de tres años; embarcaciones o aeronaves; o activos societarios.
Hoy, con este nuevo esquema, hay 9.601.181 usuarios de gas natural que reciben el SEF en el país, según los datos analizados por Infobae del Anexo de la respuesta a la Pregunta 314 del informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enviado el 29 de abril a la Cámara de Diputados.
Esta cifra equivale a una tasa de 20.921 beneficiarios cada 100.000 habitantes, si se considera el total de la población argentina que, según el último Censo 2022, es de 45.892.285 residentes en el país.
El subsidio se descuenta de manera directa en la factura del servicio. En el caso del gas por red, es del 50% y se aplica durante los meses de mayor consumo, y no se otorga en períodos de menor demanda.
En 2026, se sumó una bonificación extra del 25% en enero, que disminuye en forma gradual hacia fin de año. Para quienes adquieren garrafas de 10 kilos, el descuento se aplica directamente en la compra, siempre que el pago se realice de manera electrónica.
En cuanto a los usuarios que reciben el SEF en la tarifa de energía eléctrica suman 16.472.523 en todo el territorio nacional, según la información provista por el jefe de Gabinete, en base a datos de la Secretaría de Energía, discriminada por provincia. Esta cantidad implica una tasa de 35.894 beneficiarios por cada 100.000 habitantes.
En electricidad, la bonificación general es del 50% sobre un bloque de consumo especificado.
Por provincia
La provincia con mayor cantidad de usuarios con el SEF al gas es Buenos Aires, con 4.147.794 hogares beneficiarios. Le siguen la Ciudad de Buenos Aires, con 1.432.190; Córdoba, con 849.644; Santa Fe, con 755.834; y Mendoza, con 441.742 viviendas que tienen su factura de gas subsidiada. Estos números están en línea con la mayor densidad poblacional de estos cinco distritos.
En cuanto a los hogares con subsidio focalizado a la energía eléctrica, se repite el mismo patrón, aunque con una cantidad de beneficiarios superior: Buenos Aires con 6.317.997; Ciudad de Buenos Aires con 1.621.941; Córdoba con 1.528.810; Santa Fe con 1.336.633; y Mendoza con 593.998 usuarios con subsidios SEF.
Empresas con más subsidios
En cuanto a las empresas prestadoras del servicio del gas, la que registra mayor cantidad de clientes que ayuda estatal para el pago de su factura es Metrogas, la distribuidora de gas más grande del país que opera en CABA y en varios partidos del sur y sudoeste del Gran Buenos Aires, con 2.361.306 hogares. Es casi la totalidad de su clientes ya que, según informa en su web, tiene más de 2,4 millones.
Le sigue Naturgy BAN, que brinda servicio en 30 partidos del norte y oeste del Gran Buenos Aires, con 1.632.036 hogares subsidiados.
Luego aparece Camuzzi Gas Pampeana, que opera en gran parte del interior de la provincia de Buenos Aires (excepto el AMBA y el extremo sur bonaerense), y en la provincia de La Pampa, con 1.411.251 usuarios con subsidio estatal.
A continuación se ubican Distribuidora de Gas del Centro, que presta servicio en Córdoba, Catamarca y La Rioja, con 797.301 usuarios con subsidio; Litoral Gas, que distribuye en toda la provincia de Santa Fe, y en el norte de la provincia de Buenos Aires, con 793.868 cliente cuya factura está subsidiada; y Camuzzi Gas del Sur, que distribuye en Neuquén, Río Negro Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, con 740.324 clientes con el SEF.
En cuanto a las prestadoras del servicios eléctrico, lideran el ranking de las que tiene mayor cantidad de clientes con subsidio Edenor (3.022.177) y Edesur (2.437.555).
Le siguen EPSF, encargada de la distribución de electricidad en Santa Fe, con1.191.169 usuarios con subsidio; EPEC, de Córdoba, con 1.063.397; y EDEA, prestadora del servicio en la Costa Atlántica y el interior de la Provincia de Buenos Aires (542.458); y EDET, de Tucumán (538.474 hogares con ayuda estatal).
Visualizaciones: Daniela Czibener
Chequeo de datos: Desiré Santander
El jefe de gabinete Manuel Adorni sería citado a prestar declaración indagatoria antes de las vacaciones de invierno de los tribunales, previstas para las últimas dos semanas de julio próximo, según anticiparon fuentes judiciales a .
La medida está a estudio del juez federal Ariel Lijo, quien junto al fiscal Gerardo Pollicita, investigan los gastos de Adorni.
La declaración indagatoria es un acto de defensa del imputado que el juez decide cuándo tiene elementos de prueba suficientes como para considerar que el sospechoso está incurso en el delito y debe ser interrogado.
No implica que sea culpable.
“El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para firmar la citación”, dijo una fuente judicial que indicó que ello ocurrirá antes de las vacaciones de invierno, previstas entre el 20 y el 31 de julio.
En Comodoro Py 2002 evalúan que el juez Lijo, si decide llamarlo a indagatoria, es porque casi seguro decidirá su procesamiento. En la justicia federal es raro pensar en otro desenlace.
Por lo tanto, el horizonte judicial de Adorni se encamina a ensombrecerse todavía más.
Adorni es investigado en este tramo de la causa, que lo pone al borde de la indagatoria, por supuesto enriquecimiento ilícito. Se analizan el viaje a Punta del Este, Uruguay, junto al productor televisivo Marcelo Grandío y las reformas que realizó en su casa de fin de semana, por más dinero que el valor de la vivienda.
La indagatoria sería para responder por su relación con el productor Grandio, dueño de la productora Imhouse.
La firma tiene seis contratos de coproducción con la TV Pública y habría realizado transferencias de dinero a Manuel Adorni antes de que este asumiera como funcionario.
Además, Adorni viajó a Punta del Este con su familia en el fin de semana largo de Carnaval en un avión privado. Dijo que el pasaje lo pagó con su dinero; sin embargo, la Justicia sospecha que ese vuelo lo pagó Grandio.
Estos vínculos entre Adorni y su amigo podrían complicarlo con imputaciones de negociaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.
La última medida de prueba que ya dispuso el juez Lijo y que espera tener completa para definir su indagatoria es una serie de cruces de llamadas entre el teléfono de Grandio, los de Adorni y el de Horacio Silva, socio fundador de Imhouse
Grandio es amigo de Adorni y lo considera “casi como un hermano menor”, como le dijo a LN+. El productor creó Imhouse en abril de 2016 junto al empresario Silva y se desempeñó como presidente de la entidad hasta 2020, cuando -según consigna en el Boletín Oficial- dejó la conducción de la entidad en manos de su socio fundador y su hijo Juan Grandio.
Más allá de abandonar la conducción de la empresa, Marcelo Grandio no rompió lazos con la firma que —según consta en redes sociales— produce algunos de los programas que, tras el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, se emiten en el canal estatal.
En la investigación de los contratos firmados entre la TV Pública e Imhouse SA, Lijo dispuso el cruce de llamadas.
No se obtendrán los contenidos de las comunicaciones, sino si hubo contactos y en qué fecha para determinar si se corresponde con la firma de los acuerdos y determinar si existieron intercambios con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
También se analiza la geolocalización de los teléfonos en ese momento.
“En Ciccone, los cruces de llamadas fueron clave para la condena de Amado Boudou”, recordó un veterano empleado judicial.
Lijo dispuso que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) realice esta tarea en busca de datos y cotejarlos con los seis contratos de coproducción.
Los convenios incluyen programas de entrevistas, ciclos de streaming y un envío radial bajo distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios.
Imhouse asume los costos de producción (incluidos personal, equipamiento y derechos de autor) y también eventuales reclamos judiciales, mientras que accede a los ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y luego comparte utilidades con el Estado.
Los contratos incluyen el programa radial “La caja de Pandora”, firmado en abril de 2024, y otros envíos como “Giros en Línea Recta”, “Enredados” y “La Sala”.
En el streaming de la señal estatal también se emite Gritalo Mundial, conducido por Grandio y Renzo Pantich.
Es el nexo más reciente del periodista cercano al jefe de Gabinete con los medios públicos: se estrenó a mediados de febrero. Aunque en el sitio oficial de la productora Imhouse no figura como un proyecto propio, en su cuenta de Instagram se suelen compartir recortes de la transmisión en formato de reels.
Previo a su desembarco en la TV Pública, la empresa de Grandio ya contaba con estrechos vínculos con el jefe de gabinete: eran la productora detrás de su programa de entrevistas Dos en Pausa, que se transmitía en 2022 por canal Metro y también el canal 7 de Punta del Este.
El vínculo entre la firma de Grandio y ese proyecto no figura en el portfolio de la productora publicado en su página web, pero sí en su cuenta de Instagram y las redes sociales del programa.
Así presentaban el proyecto en redes sociales: “En un momento delicado del país, Manuel Adorni recibe en el living a diferentes políticos y personalidades destacadas con el fin de conversar y entender un poco más la situación actual de Argentina. El economista y conductor de radio te invita a intercambiar ideas y escucharte sin prejuicios”.
En este programa de 2022 a cargo de la productora Imhouse, Adorni llegó a entrevistar a Milei, que por entonces ejercía como diputado nacional por La Libertad Avanza junto a Victoria Villarruel.
Grandio, además, en 2024 fue parte de un programa de radio que se emitió de lunes a viernes por Radio Nacional entre marzo y septiembre de ese año. “Había que tener el visto bueno de Adorni, que por entonces era vocero”, dijo a una fuente al tanto de la producción de ese ciclo.
La Justicia está convencida que el vuelo de Adorni con su familia a Punta del este lo pagó Grandio. El piloto al que le facturaron el vuelo privado en el que Adorni volvió a Buenos Aires declaró como testigo y dijo que a la reserva y al vuelo los pagó Grandio
Agustín Issin Hansen, quien, en calidad de broker, le compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares. Uno de esos vuelos, el que usó Adorni, fue vendido a Grandio.
Precisó que el vuelo de ida lo pagó el periodista y fue facturado a su productora, Imhouse, directamente desde la operadora del vuelo (Alpha Centauri). Respecto al de vuelta, afirmó que fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y que luego fue vendido a Grandío por 3.000 dólares.
La factura del vuelo, dada a conocer por TN la semana pasada, está fechada el 9 de marzo, el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez en LN+ del vuelo, que había ocurrido tres semanas atrás.
Cuando se supo que el vuelo de Adorni y su familia desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando formaba parte de un paquete de viajes facturados a su nombre, Issin le dijo a : “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”. Adorni había afirmado que al viaje lo pagó él.
La Justicia tiene una factura emitida por Alpha Centauri a Issin de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares (que fueron abonados, según la factura, en efectivo). Y TN dio a conocer, la semana pasada, una factura por 3000 dólares hecha por Issin a Grandio. Está fechada el 9 de marzo, tres semanas después del viaje.
Adorni declaró: “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”. Sin embargo, ni la factura del viaje de ida ni la de la vuelta están a nombre de él y no explicó por qué.
La empresa Alpha Centauri, a requerimiento de la Justicia, informó además que el vuelo de ida costó 4830 dólares, que se transfirieron en pesos. La factura se la hizo Alpha Centauri S.A. a Imhouse, la productora de Grandio.
El caso de Grandio es lo que coloca a Adorni a las puertas de la indagatoria.
En paralelo, Lijo con Pollcita llevan la causa de supuesto enriquecimiento ilícito. Allí el foco está puesto no tanto en si el funcionario puede justificar sus gastos en función de sus ingresos, sino en que en dos años adquirió dos propiedades que no están declaradas.
Además, el otro foco es que las hipotecas tomadas como saldo de deuda fueron comprometidas cuando, a simple vista, los ingresos declarados no permitirían abonarlas.
El verdadero problema, según el análisis que realizan funcionarios judiciales que deben decidir sobre Adorni, es la compra de la casa de fin de semana del country de Exaltación de la Cruz, Indio Cua.
Allí, Adorni escrituró la casa en noviembre pasado en unos 120.000 dólares. Además, la investigación señala que Adorni habría pagado unos 5000 dólares de ingreso al country y luego unos 245.000 en refacciones integrales y todo en negro, es decir sin facturarlo.
Esas refacciones incluyeron, por ejemplo, bienes muebles, como los 51 muebles a medida que no están incluidos en la declaración jurada.
Es decir, entre compra y remodelación, el gasto total mencionado en la causa rondaría los 370.000 dólares aproximadamente; una suma que está muy por encima del valor de esa propiedad en ese lugar.
Uno de los investigadores judiciales acostumbrado a tratar con asuntos económicos especuló con que, más allá del supuesto enriquecimiento ilícito, la conducta podría encuadrarse en el delito de lavado de dinero.
Y un último hecho está bajo la mirada judicial. Un informe televisivo mostró imágenes de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina apostados en el ingreso de Indio Cuá.
Según la nota, el operativo se habría desplegado después de una movilización realizada el 31 de marzo en las inmediaciones del barrio privado. El periodista Nicolás Wiñazki exhibió además capturas del chat interno del country y sostuvo que vecinos cuestionaron el uso de recursos federales para custodiar la vivienda particular del funcionario.
Para la justicia, si se confirma que estos efectivos estaban para custodiar el lugar, podría además configurarse el delito de peculado, que castiga con hasta 10 años de prisión al funcionario que use en beneficio personal recursos públicos que debe administrar.
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