Cada bloque del Senado busca definir la próxima sesión. Mientras el oficialismo sigue de cerca los proyectos que integran el paquete de iniciativas enviadas por el presidente Javier Milei al Congreso, la oposición denuncia una parálisis legislativa y apunta a la continuidad de Manuel Adorni en el Gabinete.

Desde el bloque Justicialista que conduce José Mayans avanzan con el pedido de interpelación al jefe de Gabinete. “Lo vamos a escuchar, pero nosotros consideramos que incurrió en varios delitos”, afirmó el senador, quien junto con Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio presentó hace una semana un pedido de interpelación con moción de censura contra el ministro coordinador.

Los senadores justicialistas fundamentaron su iniciativa en la existencia de “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en las declaraciones presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Además, en la reunión de jefes de bloque que presidió la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó claro que el pedido de interpelación al jefe de Gabinete no requiere tratamiento en las comisiones del Senado. Por lo tanto, no es necesario dictaminar el proyecto ni reunir los dos tercios del cuerpo para habilitar su tratamiento. La iniciativa puede ser tratada directamente en el recinto y, según establece el artículo 101 de la Constitución, necesita mayoría absoluta para su aprobación: 37 votos afirmativos.

El auxilio del oficialismo

La bancada de La Libertad Avanza logró un respiro para Adorni y ganó una semana de margen para evitar que este jueves se produzca un escándalo en el Senado y se profundice la crisis con los legisladores aliados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales.

Patricia Bullrich, jefa libertaria de la Cámara alta, consiguió el compromiso de los aliados de no unirse a los sectores más duros del Senado para remover al ministro cuestionado. Sin embargo, el acuerdo tiene un plazo de apenas una semana, a la espera de definiciones de Javier Milei y de un intento por reactivar la agenda legislativa del Congreso.

En el acta de Labor Parlamentaria ya quedaron fijados los temas para la sesión del próximo 25 de junio. Además del caso de Manuel Adorni, figuran el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los pliegos ya dictaminados de funcionarios de Cancillería y del Poder Judicial.

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Entre ellos se encuentran las designaciones para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, incluida la prórroga del juez Víctor Pesino, que alcanzó el límite de edad de 75 años y es cuestionado por el PJ por haber fallado a favor de la implementación de la Ley de Modernización Laboral.

Los siete pliegos judiciales consiguieron las firmas del oficialismo y de la oposición dialoguista. Suscribieron los dictámenes los senadores Juan C. Pagotto, Carlos Arce, Beatriz Ávila, Patricia Bullrich, Agustín Coto, Carlos Espínola, Enrique Goerling Lara, Carolina Losada, Nadia Márquez, Flavia Royón y Juan Carlos Godoy.

En las oficinas libertarias tampoco descartan sumar al temario el proyecto de ley Hojarasca, que obtuvo dictamen este miércoles en medio de la tensión por la situación de Manuel Adorni y las posibilidades de avanzar con su interpelación.

Dictamen para la ley Hojarasca

La Libertad Avanza dejó en condiciones de llegar al recinto el proyecto de ley denominado Hojarasca, que propone derogar y actualizar legislación considerada obsoleta con el objetivo de simplificar el ordenamiento jurídico argentino, reducir burocracias innecesarias y aportar mayor claridad normativa.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente, emitió dictamen de mayoría y dejó a la iniciativa a las puertas de convertirse en ley.

El proyecto ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados y espera ser incorporado al temario de la sesión de la próxima semana.

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“La calidad institucional no consiste solamente en sancionar nuevas leyes. También implica revisar aquellas normas que han perdido sentido, vigencia o utilidad para los argentinos”, sostuvo la senadora Nadia Márquez.

La legisladora agregó que “la Ley Hojarasca es una herramienta para ordenar nuestro sistema normativo, reducir burocracia y avanzar hacia un Estado más eficiente. No se trata de quitar derechos, sino de eliminar regulaciones obsoletas que ya no cumplen ninguna función real”.

La norma forma parte del proceso de modernización del Estado impulsado por el presidente Javier Milei, orientado a eliminar regulaciones que han perdido vigencia o utilidad práctica y a construir un marco institucional más simple, eficiente y comprensible para los ciudadanos.

Por su parte, Agustín Coto sostuvo que la iniciativa busca simplificar y modernizar las normas del país “para adecuar la legislación a la realidad actual y a la transformación de la Argentina que encabeza el proyecto del presidente Javier Milei”. Y agregó: “El eje está puesto en la eliminación de normas que ya perdieron vigencia, así como de regulaciones restrictivas que entorpecen la actividad económica y de disposiciones que limitan las libertades de los ciudadanos”.

Senado, La Libertad Avanza, Manuel Adorni

Con el impulso del jefe de Gobierno, Jorge Macri, la Legislatura porteña aprobó ayer una reforma del Código Contravencional para endurecer las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios. También habilitará detenciones, con penas que van desde los 10 días hasta los 2 meses de cárcel, aumento de multas y sanciones para clubes y organizaciones vinculados con esas prácticas.

“Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”, celebró Macri en sus cuentas de redes sociales, tras lograr la sanción de la norma.

Con un video con imágenes alusivas a los cuidacoches y testimonios de personas afectadas, el alcalde porteño se diferenció de las gestiones anteriores, que habían establecido solo sanciones económicas para los trapitos.

“Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. ¿Sos trapito? Te meto preso», expresó en la secuencia audiovisual.

La Ley 6961 amplía las facultades de control del Gobierno porteño y de la Policía de la Ciudad, que podrá detener a quienes se apropien del espacio público y extorsionen a vecinos durante eventos masivos o en la vía pública. La reforma, que contó con 36 votos afirmativos, se consensuó con legisladores de distintas fuerzas políticas.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas con estas prácticas. Hasta ahora, las sanciones se limitaban a multas que Jorge Macri consideró “incobrables”: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”. El jefe de Gobierno sostuvo la nueva norma implica “tolerancia cero” contra esa práctica.

El texto de la ley explica que el esquema de penalizaciones económicas vigente era insuficiente. La baja entidad de las sanciones favorecía la repetición de la conducta y minaba la convivencia urbana. Ahora, se distingue entre infractores ocasionales y quienes organizan o coordinan el cobro ilegal, además de establecer agravantes para casos de intimidación, vulnerabilidad o persistencia.

Qué penas prevé la reforma

El nuevo régimen establece penas diferenciadas según el tipo de infracción y el contexto en que se cometa. En eventos masivos, cuando se demuestre organización previa o existencia de bandas, la detención será de 20 a 50 días. Para quienes cuiden coches de manera ilegal en cualquier calle, la detención será de 10 a 30 días. Los jefes, organizadores o promotores podrán recibir hasta 60 días de cárcel.

Las penas se duplicarán en situaciones de violencia, acoso o cuando se aproveche la vulnerabilidad del conductor o el entorno. El artículo 1 estipula que, si la conducta incluye intimidación, persistencia o desigualdad de género, la sanción se duplicará respecto de los mínimos y máximos previstos.

Los días de trabajo comunitario se amplían de dos a 20 a 45 días, mientras que las multas pasan de un rango de $50.000 a $285.000 a partir de $1.139.988 (de 1.200 a 7.000 UF).

El juez interviniente que intervenga en una detención tendrá que poner en conocimiento de los infractores la oferta de programas de asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, o el organismo a cargo. Pero también refuerzan una línea dura: quienes lideren o promuevan la actividad podrán ser excluidos de los programas estatales por dos años, en un intento de desalentar la repetición.

Alcance sobre eventos y clubes

La prohibición y las nuevas penas se aplicarán a cualquier evento realizado en la Ciudad, no solo a los deportivos o artísticos masivos. El área de control se amplía hasta 50 cuadras a la redonda del evento, y el horario de prohibición se extiende desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después del final.

Si se comprueba la participación directa o indirecta de integrantes de clubes, instituciones u organizadores en la actividad ilegal, el Gobierno de la Ciudad podrá duplicar las multas, que pasarán de 10.000 UF a 20.000 UF (de $10 millones a $20 millones aproximadamente). Las clausuras preventivas subirán a un máximo de 90 días, frente a los 30 días previos.

La reforma parte del diagnóstico de que el fenómeno del “trapito” dejó de ser un “mero ofrecimiento informal”. Según lo aprobado, en muchas ocasiones la conducta involucra presión o intimidación directa. De esta manera, los conductores se ven forzados a pagar para evitar conflictos o represalias, en zonas que llegan a funcionar como “territorios” tomados por quienes ejercen el rol de cuidacoches.

La defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso de apelación ante Casación contra las restricciones impuestas a su régimen de prisión domiciliaria en la causa Vialidad.

A través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la expresidenta argumentó que la limitación a las visitas carece de sustento porque ningún vecino del edificio de San José 1111 se quejó. También sostuvo que la tobillera electrónica reviste carácter excepcional.

El recurso busca revertir la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu, que rechazó los pedidos de flexibilización solicitados con anterioridad.

En el documento presentado ante la Justicia, la defensa afirmó que la resolución incurrió en arbitrariedad. Respecto de las visitas, se remarcó que el argumento central del juez, que fue preservar la tranquilidad del barrio, “carece de sustento empírico” porque no existen quejas de vecinos.

En esa línea, se cuestionó la limitación del uso de la terraza por considerar que no se explicó cómo una flexibilización afectaría la convivencia.

La defensa destacó la “conducta irreprochable” de la expresidenta durante el primer año de detención y recordó que el régimen se endureció tras una visita de un grupo de economistas el 17 de noviembre pasado, mientras que el estricto cumplimiento de las obligaciones no generó beneficios.

Sobre la tobillera electrónica, los abogados citaron un relevamiento del Consejo de la Magistratura que demuestra que su uso es de “carácter excepcional”. Sostienen que las condiciones impuestas revisten “una severidad que no guarda correspondencia con el tratamiento dispensado a la mayoría de las personas en prisión domiciliaria” y que no existe riesgo de fuga que justifique el dispositivo.

La Justicia ratificó la prisión domiciliaria

La apelación fue presentada un día después de que el Tribunal Oral Federal 2 resolvió mantener la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, al considerar que cumplió de forma adecuada las condiciones fijadas.

Según la resolución, los reportes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) correspondientes a abril, mayo y junio evidencian una “actitud de colaboración y buena predisposición” por parte de la expresidenta.

“Se constató una actitud de colaboración y buena predisposición por parte de Fernández de Kirchner, con trato cordial y respetuoso. Respecto del vecindario, únicamente en el marco de la visita del día 9 de junio se observaron algunas personas portando banderas, en la vereda, sin que se verificasen circunstancias dignas de mención», se lee en el fallo.

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Los controles verificaron el cumplimiento estricto del régimen de visitas mediante la revisión periódica del libro de ingresos y egresos, sin detectar personas no autorizadas en la vivienda.

El tribunal también constató que la CFK permaneció en su domicilio salvo en las salidas previamente autorizadas, entre ellas las comparecencias ante el Tribunal Oral Federal N° 7, para declarar en el juicio por la causa Cuadernos, y los traslados para tratamientos médicos, principalmente odontológicos.

cristina kirchner, Vialidad, Justicia