Combatidos por el Gobierno, los movimientos sociales admiten que perdieron militantes y capacidad de movilización durante la era de Javier Milei. No obstante, sostienen que su presencia en todo el país se mantiene y, en algunos casos, se arriesgan a vaticinar un crecimiento de sus filas al calor de las dificultades económicas que le endilgan al programa oficialista. Es la mirada que surge en las principales agrupaciones, como el Polo Obrero, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En el Polo Obrero, se combinan la aceptación de una merma en su poder de movilización con una certeza sobre su crecimiento futuro. “Calculamos que podemos estar siendo alrededor de 15.000 a 17.000 compañeros. Fuimos muchos más. Todas las organizaciones sufrimos un retroceso, producto de la política criminalizadora, judicializadora y represora del gobierno de Milei”, afirma Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, a .

“En cuanto a comedores, estamos en alrededor de 1300. Llegamos a tener casi 3000. Hubo un retroceso, al haber sacado los alimentos definitivamente, en contra de un fallo judicial que tuvo la señora [ministra de Capital Humano, Sandra] Pettovello y no cumplió. Sacaron todos los alimentos y muchos comedores dejaron de estar abiertos porque no tenían qué ofrecerle a la gente que va. Ha subido la cantidad de gente que va a comer, aunque haya menos comedores”, señala Belliboni.

A pesar de la retracción que admite, el líder del Polo Obrero (brazo piquetero del Partido Obrero) subraya que “el movimiento piquetero empieza otra vez a organizarse fuertemente, como ya ocurrió el último 7 de abril, cuando miles de personas salieron a la calle, con casi 80 organizaciones piqueteras que retomaron una unidad fundamental y cortaron en 100 puntos del país”.

“El discurso oficial sobre el combate a los movimientos piqueteros está muy claro y eso es lo que muestra que el Gobierno, en las causas que nos sigue, tiene un argumento político, no jurídico”, resalta Belliboni. El dirigente del Polo Obrero está procesado en un expediente que ya fue elevado a juicio oral, en el que se lo acusa, junto a otros dirigentes sociales, por un presunto desvío de fondos destinados a la ayuda social y extorsión a beneficiarios de planes.

Según indica una fuente de la administración libertaria a , en el Gobierno no cuentan con registros sobre la cantidad de militantes por organización ni de comedores pertenecientes a cada movimiento social.

El presidente Milei se refirió en numerosas ocasiones a los movimientos sociales. En su discurso del 1º de marzo, para la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, subrayó que, en su gestión “la AUH [Asignación Universal por Hijo] aumentó un 492,9% respecto al valor heredado en 2023”, que se incorporó a la AUH a “600.000 chicos”, que se incrementó en “137,5% la Prestación Alimentar”, y que se elevaron “más de 500% las becas Primera Infancia y más de 1100% la prestación primeros Mil Días”. También subrayó que los piquetes “pasaron de 9000 por año a cero”.

En el Movimiento Evita, organización social clave dentro del peronismo, también admiten una reducción de su influencia. “La militancia sigue en todos lados. Lo que bajó bastante es la cantidad de gente que se moviliza, pero se sostienen el trabajo social, el apoyo escolar, los comedores. Lo que se retiró es lo que aportaba el Estado”, afirma Patricia Cubria, referente del Movimiento Evita y exdiputada provincial bonaerense.

Distribuidos en numerosas ramas, los militantes del Movimiento Evita son alrededor de 16.700. Desde la organización, aportan un desglose de esa cantidad aproximada a . Puntualizan que unos 5000 de sus integrantes se desempeñan como trabajadores de espacios públicos (feriantes, vendedores ambulantes en el transporte público, artistas callejeros, cuidacoches, parrilleros, entre otras ocupaciones); otros 1500 pertenecen al área de liberados (un grupo de personas que cumplieron una condena penal y hoy se desempeñan en cooperativas); son cerca de 3000 las mujeres que realizan tareas de cuidado de adultos mayores; cuentan con unos 300 productores de agricultura familiar y 200 de producción textil.

Otra pata del movimiento social peronista es la de sus frentes. Según informó la organización, este sector lo integran el frente estudiantil, en el que contabiliza unos 1500 estudiantes secundarios y universitarios; el Frente de a Mujeres Evita, con una cantidad similar de integrantes; el de juventud, con aproximadamente 3000 integrantes; los técnicos y profesionales, unos 200; el área de educación, también con alrededor de 200, y el Frente de Igualdad, que conforman unas 300 mujeres.

Desde el Movimiento Evita calculan, además, que funcionan unos 2000 comedores pertenecientes a la organización, que lo hacen “de forma intermitente”. Explican que “la demanda en estos centros siempre es mayor en la cantidad de gente que se acerca a pedir comida y menor en la capacidad de mantener el funcionamiento y dar de comer todos los días”.

Emilio Pérsico lidera el Movimiento Evita, una organización que tiene referentes como el actual secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, o Gildo Onorato, funcionario del gobierno de Axel Kicillof (está al frente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa).

La CCC, en tanto, admite la caída de la movilización y, en sintonía con otras agrupaciones, identifica un mayor flujo de personas que concurren a sus comedores. “En movilización, bajamos la cantidad. A los comedores viene un 30% más de gente”, aseveran desde la organización que tiene como referente al exdiputado nacional Juan Carlos Alderete y está vinculada políticamente el Partido Comunista Revolucionario (PCR). “Hay una baja en el grado de movilización debido a que la mayoría necesita hacer changas para subsistir”, argumentan.

“Fueron 45 días de mentiras sistemáticas” y “la causa no tiene absolutamente ningún sustento”, fueron las últimas declaraciones que dejó Manuel Adorni, el viernes pasado, sobre el derrotero del expediente que lo tiene como investigado en los tribunales de Comodoro Py.

En las últimas semanas, sin embargo, la causa por presunto enriquecimiento ilícito avanzó a ritmo sostenido y la Justicia consolidó elementos que, sin despejar las dudas sobre su estilo de vida y patrimonio, motivó a los investigadores a profundizar la búsqueda de información.

Los viajes, los gastos en efectivo y las propiedades que Adorni sumó desde que está en la función pública −sin desprenderse de las que ya tenía− afianzaron en la fiscalía de Gerardo Pollicita la sospecha inicial de que podría existir un desbalance en la ecuación ingresos y egresos del funcionario.

El fiscal busca sumará nueva información este lunes con la declaración de Matías Tabar, el contratista que hizo refacciones en la casa que la familia Adorni compró en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Pollicita le pidió a Tabar que se presente con presupuestos, cotizaciones, contratos y toda la información disponible sobre su trabajo en el lote de los Adorni.

“Va a quedar demostrado que todo está justificado”, dijo el viernes el funcionario, en diálogo con radio El Observador, y volvió a afirmar que dará explicaciones sólo cuando se las pida la Justicia.

Dijo que era inocente, que se habían lanzado “conclusiones equivocadas” sobre su situación y, tomando como referencia viajes que no están acreditados en la Justicia, afirmó que se habían dicho muchas “mentiras” sobre su vida privada. “Nunca estuve en Disney”, se defendió, aunque sin identificar quién lo había acusado de viajar allí.

Justificó como una decisión de “índole personal”, en cambio, aquellos otros destinos de los que sí hay registros, como Aruba, Madrid o Punta del Este, viajes realizados por él o por su pareja, Betina Angeletti. “No tengo que justificar cosas que no están mal”, sostuvo.

Lo que la Justicia revisa por estas horas es si los gastos detrás de esas decisiones vacacionales −pagados, en su mayoría, con dólares en efectivo− u otros gastos adicionales fueron realizados con dinero declarado por el funcionario.

El viernes, Adorni evitó referirse a este punto y se apegó a la estrategia que desplegó hasta el momento. “No puedo interferir en causas judiciales”, se atajó, pese a que no existe prohibición alguna para que él explique públicamente, por ejemplo, cómo incorporó sus nuevas propiedades.

De acuerdo con los documentos y testimonios recabados por la Justicia, las dos operaciones inmobiliarias que hizo Adorni como funcionario −la compra de la casa en un country y el departamento de Caballito− fueron posibles gracias a que cuatro personas, en dos operaciones distintas, le facilitaron un total de 300.000 dólares.

En la primera, hubo un préstamo en efectivo, por un total de 100.000 dólares que se tomó el día que el jefe de Gabinete escrituró la casa en Indio Cua; en la segunda, una financiación de 200.000 dólares que tomó la forma de una «hipoteca contra saldo de precio»: la venta del departamento de Caballito se efectivizó, pero Adorni canceló en efectivo solo el 15% del valor escriturado, una rareza según los especialistas.

Esa y otras particularidades de los movimientos, como la ausencia de intereses en uno de esos préstamos o el hecho de que Adorni no conociera directamente a las personas que le prestaron el dinero −dos jubiladas y dos mujeres de la Policía Federal−, generaron dudas sobre la operatoria, según fuentes que participan de la investigación.

Tampoco contribuyó que Pablo Martín Feijoo, la persona que, en los hechos, llevó adelante la segunda operatoria inmobiliaria, afirmara bajo juramento ante el fiscal que el acuerdo con Adorni incluía un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura. La declaración de Feijoo tornó más creíble la compraventa del departamento −escriturado por debajo del precio de mercado− pero le adjudicó al jefe de Gabinete un pago irregular que, según aseguró en sede judicial, Adorni todavía le debe.

Según la prueba que reunió el fiscal, en noviembre de este año Adorni deberá responder por 270.000 dólares, casi la totalidad de la deuda contraída. Podría afrontarla con la venta de su departamento en Parque Chacabuco, sobre la calle Asamblea, sobre el que trabó la hipoteca de 100.000 dólares.

La pieza que falta

Por fuera de los préstamos y los acuerdos inmobiliarios, en la Justicia toman nota de una serie de gastos que sobrepasan ya los 100.000 dólares. Es un eje de la investigación que tiene que ver con la vida que el jefe de Gabinete llevó durante estos últimos dos años y medio. Una parte de esos gastos puede encontrar su origen en los casi 49.000 dólares que declaró Adorni al cierre de 2024.

En esa lista, figuran viajes, cancelaciones de deudas y varios pagos en efectivo, entre otros elementos que estiran los montos en dólares: Adorni destinó 30.000 dólares para un porcentaje de una de las deudas; otros 30.000 dólares para pagar la parte en efectivo del departamento en Caballito y otros 20.000 dólares para comprar la casa de Indio Cua.

A esa base de 80.000 dólares se suman otros montos más pequeños: 5000 dólares para pagar el ingreso al country; más de 14.000 dólares en los vuelos y el hospedaje de Aruba y otros 6000 dólares que Angeletti gastó en otro periplo a Madrid.

Por todos estos gastos, el fiscal Pollicita podría eventualmente convocar a Adorni para pedirle explicaciones porque el delito de enriquecimiento ilícito admite una inversión en la carga de la prueba. Cuando la Justicia encuentra un crecimiento apreciable en el patrimonio de un funcionario puede exigirle a él que justifique el origen de esos fondos.

Un nuevo frente de tormenta reaviva las diferencias entre el gobierno de Javier Milei y la Iglesia. La piedra de la discordia es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que el oficialismo envió al Senado y que las comisiones ya tienen en su plan de trabajo.

La iniciativa es defendida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la Iglesia alzó su voz contra el proyecto, que modifica la ley de integración sociourbana, sancionada con amplio consenso en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que le otorga un rol activo al Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.

La norma vigente, que tuvo cambios en 2022, declara de interés público la integración urbana, suspende los desalojos y facilita la expropiación para garantizar el acceso a servicios básicos y títulos de propiedad a familias vulnerables, lo que se pondría en riesgo con la nueva propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada.

La propuesta oficial modifica el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos. Establece un juicio sumarísimo, un trámite exprés para expulsar a quienes no paguen el alquiler, “okupas” o personas que tomen un terreno.

La Iglesia reivindica el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que permitió identificar 6467 barrios de emergencia en todo el país, con una población de cinco millones de personas. Se estima que un 20% de esos barrios tienen una antigüedad de 20 años o más.

La regulación del alcance de la propiedad privada, que el gobierno de Milei quiere consagrar como “inviolable”, constituye un debate en el que la Iglesia ha fijado históricamente su posición en distintos documentos pontificios. En la encíclica Fratelli tutti (2020) y en un mensaje enviado al año siguiente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el papa Francisco había señalado que, junto al derecho de propiedad privada, “existe el derecho previo y precedente de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes y el derecho de todos a su uso”.

El magisterio se remonta a la encíclica Rerum novarum (1891), de León XIII, en la que el bien común y el destino universal de los bienes aparecen como principios irrenunciables. Más cerca en el tiempo, al cumplirse 100 años de la Rerum novarum, Juan Pablo II definió en Centesimus Annus (1991) que la propiedad privada no es un valor absoluto y se complementa el principio del “destino universal de los bienes de la tierra”.

El arzobispo de Córdoba y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cardenal Ángel Rossi, planteó su preocupación hace unos días en un encuentro convocado por la Mesa de Barrios Populares de esa provincia. En su exposición, advirtió que “no hay palabras que resuman mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’. Y llamó a comprometerse para que “toda familia tenga un techo digno, acceso a agua potable y a servicios básicos”.

El cardenal jesuita, que fue alumno de Jorge Bergoglio, dijo que “la deuda social y ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efectivo el derecho sagrado a las tres T: tierra, techo y trabajo. No es filantropía, es una obligación de todos”.

En el encuentro se advirtió que la iniciativa oficial podría afectar a 40.000 familias cordobesas. Acompañaron al cardenal Rossi el padre Melchor López, vicario de los Pobres en el Arzobispado de Córdoba; Ayelén Cabaña, referente de la organización Techo, y Débora Koraj, vecina de un barrio popular.

La organización Techo sumó su cuestionamiento al proyecto oficial y advirtió que elimina tres pilares fundamentales: la declaración de utilidad pública y expropiación, la suspensión de desalojos por diez años y la participación de cooperativas y la economía popular.

En tanto, el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, presidió una misa en La Matanza, al cumplirse un año de la muerte del papa Francisco, y advirtió que “los barrios que no se integran se entregan al narcotráfico”. Junto con los obispos de San Justo, monseñor Eduardo García, y de Laferrere, monseñor Jorge Torres Carbonell, advirtió sobre los riesgos a los que se enfrentan los vecinos cuando no hay una presencia del Estado.

Hace dos semana y media, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara, expuso la posición de la Iglesia en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado y advirtió sobre el impacto social que la iniciativa puede tener en los sectores más vulnerables.

Carrara dijo que algunas modificaciones incluidas en el proyecto, como las que alcanzan a la ley de barrios populares, podrían tener un efecto regresivo y dar un paso atrás”, al dejar de lado una ley que se generó con mucho diálogo y consenso. Y pidió mantener un rol activo del Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización.

“En su momento se hablaba de erradicar las villas. Después, en el discurso se pasó a la urbanización, que fija un piso mínimo de dignidad, pero considera a los vecinos como un sujeto pasivo. El concepto de integración sociourbana dice que los pobres se pueden organizar para sacar adelante a sus familias. Se los considera protagonistas”, explicó el arzobispo de La Plata en la reunión informativa presidida por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez.

Con la colaboración de Gabriela Origlia