POLITICA
La trastienda de la cadena nacional sobre Malvinas y el dilema del Gobierno con las empresas que tienen negocios en Vaca Muerta
El martes, con la reunión de Gabinete ya avanzada en el salón Eva Perón, el canciller Pablo Quirno pidió la palabra para desarrollar una estrategia sobre las declaraciones frescas de Donald Trump, quien había dicho el día anterior que la posición de Estados Unidos en favor de Gran Bretaña en la disputa por Malvinas está “bajo revisión”.
Fue un generoso regalo del azar mucho más relacionado -como se sabe- con la tensión norteamericana con los británicos por los apoyos en la guerra con Irán que con el afán de defender a los argentinos en la causa nacional por las Islas, pero operó como un disparador que abrió en la Casa Rosada una ventana llena de oxígeno.
Durante el encuentro con sus ministros, Milei pidió hacer un comunicado para amplificar el mensaje de Trump pero fue entonces cuando Santiago Caputo propuso una cadena nacional que, bajo la consigna de un anuncio relacionado con Malvinas, se convirtió automática y naturalmente en un foco de atención que se desbloqueó anoche, en un mensaje de quince minutos, que tiene incorporados en su interior una multiplicidad vertiginosa de objetivos cuya ejecución y final son todavía inciertos, pero que le permitieron al Gobierno, sin dudas, acelerar una agenda inesperada y recuperar la codiciada conversación pública.
Hackear el interés de los argentinos en un tema dañado. Repentinamente, Milei volvió a llamar a la unión. El texto que leyó ayer, con un tono que no usaba hace rato y que pronunció repitiendo la vibración exacta de aquella apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo de 2024 cuando -después de días de agresividad profunda en sus declaraciones- convocó a todo el sistema político al Pacto de Mayo, terminó con estas palabras:
“Y a todos los argentinos, y en especial a la política, quiero transmitirle lo siguiente: Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación, y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”.
Leé también: Milei anunció sanciones para las empresas que se dediquen a la extracción de petróleo en las Malvinas
Es el mismo artefacto enmarañado que desafía a la oposición a una respuesta difícil y fue la primera reacción narrativa contundente de la Rosada después del plot twist que significó la bandera de Malvinas en el partido de Argentina-Inglaterra y el posterior intento -fracasado- de aprobar una ley que promovía la liberación de los porcentajes de venta de territorio a los extranjeros, además de antecedentes históricos de declaraciones de Milei sobre Margaret Thatcher y su consideración mayúscula a la voluntad de los isleños para la resolución del conflicto.
Todo un combo piantavoto en un peligroso escenario pre electoral. La carta de Messi despidiéndose de la Selección la semana pasada también influyó en el terreno de las emociones. Todo es parte de uno de los poquísimos temas que aglutinan, trascienden e interpelan a los argentinos sin importar su edad, sexo ni condición socioeconómica. Sobre esa zona tan delicada, operó esta aparición de tomar una posición contundente. Indiscutible.
La lista de empresas
Detrás de la cadena nacional, esa herramienta comunicacional tan usada por el Presidente cuando quiere remarcar o instalar mensajes, se operativizó otra agenda, no sólo relacionada con la narrativa y la soberanía sino con un tema mucho más urgente, más estratégico: la posición de este Gobierno sobre el avance de los proyectos de explotación petrolera en Malvinas, sobre todo Sea Lion, un proceso que empezó hace más de quince años y que ahora entró en una etapa contundente de definición y que efectivamente si se concreta y vuelve económicamente relevantes a las islas, dejaría la lucha argentina por la soberanía cada vez más alejada de una realidad posible.
Para hacer un pequeño repaso, Sea Lion es un yacimiento petrolero ubicado en la Cuenca Norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros al norte de las islas, descubierto en 2010 y operado actualmente por la israelí Navitas Petroleum, y a la británica Rockhopper Exploration.
Las dos empresas tomaron a fines del año pasado la decisión de pasar de una etapa de exploración a una de ejecución del proyecto buscando sacar barriles de petróleo ya en 2028. La posición argentina es, naturalmente, que las licencias otorgadas por las autoridades de las Islas no tienen validez.
Para eso, ayer en el mensaje el Presidente y Cancillería anunciaron la utilización dos leyes que permiten sanciones económicas y penales aprobadas durante el kirchnerismo y anunciarán un proyecto de ley que irá al Congreso para ampliar las consecuencias de esas normas a los directivos de las compañías que operen Malvinas, a todos los que colaboren en esa cadena de producción y para diversificar el objeto no sólo a las empresas que exploten recursos hidrocarburíferos sino todos los recursos naturales.
De las curvas de todo este movimiento, es imposible no consignar que para aplicar esas sanciones, Milei anunció la utilización de una ley escrita por Pino Solanas, el fallecido cineasta y dirigente político que hizo de la soberanía hidrocarburífera uno de los temas de su vida. Un oxímoron inesperado.
Además del decreto que ya salió publicado por Cancillería, se conocerá en las próximas horas una lista de 70 empresas vinculadas de alguna manera con el proyecto Sea Lion. Ocho de ellas ya tienen algún vínculo comercial con proyectos petroleros argentinos.
Una de ellas, de origen noruego, acaba de proveer un componente importante al mega proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), la obra de infraestructura impulsada por YPF en asociación con Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Shell, Chevron, Pluspetrol, Tecpetrol y la empresa neuquina GyP en Punta Colorada. Es una inversión de USD 3.000 millones para transportar y exportar petróleo desde la Cuenca Neuquina hasta la costa atlántica de Río Negro.
Cancillería le notificará a la empresa noruega que si no se retira de cualquier tipo de participación en el proyecto Sea Lion, no podrá venderle nada a los proyectos argentinos.
¿Es cierto que hay un directivo muy relevante de una petrolera llamando a directivos de grandes empresas del exterior para informarles personalmente que si operan con las explotadoras de Malvinas, dejarán de contratarlos en cualquier proyecto argentino? Diplomacia paralela.
Llamados
En este movimiento osado, que involucra planos muy diferentes, es improbable acertar a la eficacia del resultado. El núcleo, el nódulo sobre el petróleo en Malvinas es un tema contundente que no venía siendo priorizado y que ahora se acelerará. ¿Cómo reaccionará el Congreso?
Si se lo mira en la interna doméstica, el movimiento también abre preguntas. Por primera vez en mucho tiempo, no sólo el Presidente sino también Karina Milei avaló y concedió el control de este operativo sin que ninguno busque emerilizarse. Son gestos de necesidad también.
La soberanía sobre Malvinas es una intervención sobre un terreno más osado y riesgoso donde los resultados siempre son mucho más difíciles de demostrar. Por encima de eso, el avance de la exploración petrolera en Malvinas es, según aseguran en los ámbitos de la inteligencia oficial, uno solo de otros temas no revelados todavía, que diversificarían la potencialidad económica de las islas, que históricamente no tenían ese atractivo.
Caputo cierra una semana donde sus zonas de influencia y control -entre las que se cuenta la SIDE que fue clave en este anuncio- se revitalizaron notablemente en las apenas 48 horas que pasaron entre el anuncio de la cadena nacional y la concreción del mensaje presidencial.
Ayer mismo, sin ir más lejos, Jefatura de Gabinete habilitó 30 mil millones más de pesos de presupuesto para la Secretaría de Inteligencia, un organismo clave en toda esta historia.
Javier Milei, Islas Malvinas, Casa Rosada
POLITICA
Bullrich acusó al procurador penitenciario de trabar el traslado de presos de Devoto y exigió que vaya al Senado
La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), por las actuaciones del organismo ante el traslado de detenidos desde Devoto al nuevo complejo federal de Marcos Paz. La iniciativa le atribuye una conducta que, según la legisladora, obstaculiza el vaciamiento y cierre de la cárcel porteña.
El proyecto, ingresado por la Mesa de Entradas del Senado el miércoles 14 de octubre, reúne nueve pedidos de información sobre las gestiones de la Procuración, los criterios para asignar plazas, las condiciones de alojamiento y los controles de seguridad. Bullrich solicitó que el funcionario entregue un informe “pormenorizado, documentado y por escrito” dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación de la iniciativa.
Por ahora, se trata de una presentación parlamentaria. Para que el requerimiento sea formal, deberá contar con el aval de la Cámara. La senadora busca que Cejas Meliare responda, entre otros puntos, por las intervenciones judiciales de la PPN durante la reorganización de la población carcelaria.
El cuestionamiento central figura en el tercer punto del proyecto. Bullrich le reclama que explique la “flagrante contradicción institucional” entre los reclamos históricos por mejores condiciones de habitabilidad y la oposición judicial al cierre de la cárcel. “Explique la flagrante contradicción institucional de exigir durante años la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto)”, plantea el texto.
La iniciativa define al penal, inaugurado en 1927, como un establecimiento “manifiestamente obsoleto”. Además, cuestiona las mesas de trabajo promovidas por la Procuración, que —según la interpretación de la senadora— demoran la relocalización de los internos e interfieren con el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la clausura.
La Justicia rechazó el hábeas corpus colectivo, pero exigió notificaciones
La ofensiva de Bullrich se produjo mientras la controversia ya registraba decisiones judiciales en dos instancias. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo y correctivo que había promovido la PPN por el traslado de internos a Marcos Paz.
La resolución fue firmada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López. Los jueces mantuvieron el criterio de primera instancia, aunque ordenaron precisiones sobre la comunicación de los traslados a las defensas y los tribunales, además del acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.
La presentación de la Procuración alcanzó a 326 detenidos. El organismo cuestionó que algunos movimientos se realizaran sin informar con anticipación los destinos a las defensas y a los juzgados intervinientes. También advirtió sobre el impacto para quienes estudiaban en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII, y para los internos con salidas transitorias.
El juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, rechazó la acción colectiva, de acuerdo con el dictamen del fiscal Pablo Recchini. Entendió que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Añadió que los reclamos por derechos individuales debían ser tratados por los magistrados competentes en cada caso.
La Cámara sostuvo esa decisión. Aunque señaló que las notificaciones no se ajustaron por completo al protocolo, concluyó que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados ya efectuados. Los jueces también consideraron que el regreso de internos a sectores de Devoto inhabilitados por razones de seguridad podía agravar sus condiciones de alojamiento.
Sin embargo, la resolución dispuso garantías para los próximos movimientos. La Cámara encomendó al juez Bignone exigir al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad, que prevén comunicaciones a los órganos judiciales y las defensas con al menos 72 horas de anticipación. También ordenó garantizar de inmediato el ingreso del personal de la Procuración para inspeccionar y monitorear las cárceles.
Tras la sentencia, la PPN afirmó en un comunicado que no se opone al cierre de Devoto ni a la reorganización de plazas carcelarias. Sostuvo que su intervención apunta a asegurar planificación, transparencia y respeto de la ley y de los derechos de las personas detenidas. Bullrich, en cambio, considera que las actuaciones del organismo afectan una decisión del Poder Ejecutivo para desocupar el penal.
El proyecto reclama explicaciones por las plazas, las camas dobles y los controles de seguridad
El traslado de internos desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, luego de años de demoras en la puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En las primeras dos jornadas, el SPF llevó 609 personas, más del 40 % de la población del penal porteño, al nuevo establecimiento, que tiene capacidad para 2.232 plazas.
Bullrich respalda su planteo en el convenio interjurisdiccional acordado en 2018 y ratificado por la Legislatura porteña mediante la Resolución 100/LCABA/18. En los fundamentos, sostiene que la redistribución de los detenidos debe avanzar hacia establecimientos adecuados y cuestiona que la Procuración busque influir sobre el destino específico de las vacantes del nuevo complejo.
El cuarto requerimiento le pide a Cejas Meliare que detalle “los fundamentos legales por los cuales la PPN pretende arrogarse facultades de administración penitenciaria exclusivas del Poder Ejecutivo”. De acuerdo con el proyecto, el organismo pretende que el penal de Marcos Paz sea utilizado de manera prioritaria para alojar a detenidos que permanecen en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, un criterio que Bullrich dice que bloquea la reubicación planificada de la población de Devoto.
Los dos primeros puntos de la iniciativa se refieren a las camas dobles en dependencias del SPF. La senadora solicita que se informe si la Procuración pidió, promovió o avaló su incorporación en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza o en el CPF II de Marcos Paz. También requiere conocer los fundamentos técnicos y jurídicos de un eventual cambio de posición frente a advertencias anteriores sobre “la sobrepoblación, el hacinamiento y los estándares mínimos de habitabilidad”.
Otro de los pedidos se concentra en el vínculo de los detenidos con sus familias. Bullrich busca que el funcionario explique cómo compatibiliza los planteos de la PPN sobre los efectos de trasladar internos fuera de Buenos Aires con las gestiones para derivar de forma progresiva a personas alojadas en comisarías y alcaidías porteñas a cárceles federales de distintas jurisdicciones.
La senadora también reclama precisiones sobre la transferencia a la Ciudad de las competencias penitenciarias por delitos no federales y sobre la construcción de infraestructura modular con 400 plazas adicionales en terrenos del SPF. El proyecto consulta si la Procuración acompañó, objetó o rechazó esas alternativas y bajo qué argumentos. A la vez, solicita comparar las inspecciones y acciones judiciales impulsadas en dependencias de fuerzas federales con las desarrolladas en establecimientos de la Policía de la Ciudad.
Uno de los puntos aborda posibles relaciones institucionales. Bullrich pide identificar si exfuncionarios, exagentes o empleados de la Procuración con licencia cumplen funciones en áreas penitenciarias del Gobierno porteño. Si fuera así, solicita que se informen los mecanismos destinados a “preservar la independencia, imparcialidad y objetividad” del organismo. El texto aclara que el planteo es un pedido de información y no supone, por sí mismo, la existencia de un conflicto de intereses.
El capítulo final se enfoca en las restricciones al ingreso de teléfonos celulares particulares en sectores de máxima seguridad. La senadora reclama que Cejas Meliare explique “los verdaderos motivos por los cuales la Procuración se resiste activamente” a cumplir las disposiciones vigentes. Según el proyecto, el ingreso de dispositivos personales en zonas restringidas “atenta directamente contra las directivas orientadas a desarticular el accionar del crimen organizado desde el interior de las cárceles”.
Cejas Meliare ocupa el cargo de procurador penitenciario adjunto y conduce el organismo por la vacancia de la titularidad. La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso ratificó su continuidad el 20 de noviembre de 2024. La PPN, creada por la Ley 25.875, tiene autonomía funcional y facultades para inspeccionar cárceles, examinar las condiciones de detención y promover actuaciones de protección de derechos, mientras que el Poder Ejecutivo administra el sistema penitenciario federal.
La iniciativa de Bullrich todavía deberá atravesar el trámite parlamentario. Mientras tanto, el cierre de Devoto seguirá bajo las condiciones fijadas por la Justicia: el rechazo del hábeas corpus colectivo y la obligación de que el SPF cumpla con las notificaciones previas y facilite las inspecciones durante los traslados.
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Camionetas, camiones y obradores que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser rematados a través de la plataforma de subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los bienes forman parte de un incidente dentro del proceso de quiebra de la firma, que tuvo una fuerte participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La quiebra de la constructora tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. En el marco de un incidente de restitución de bienes, la Justicia dispuso que distintos activos de la compañía fueran enviados al área de subastas online de la Corte para su venta.
Entre los vehículos ofrecidos hay seis camionetas Chevrolet S10, con precios base de $2.200.000; una Mercedes-Benz Sprinter, que parte de $5.100.000; y una Renault Master, con un valor inicial de $7.200.000.
También se subastan 11 módulos Tecnimet que eran utilizados como obradores al costado de las rutas. La oferta está dividida en dos lotes: uno integrado por cuatro unidades y otro por las siete restantes.
POLITICA
Arrancó la subasta de bienes de la constructora de Lázaro Báez en la página oficial de la Corte Suprema
Camiones, autos y obradores que pertenecieron a la firma Austral Construcciones SA, del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos para remate a través de la página oficial de subastas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trata de uno de los incidentes del último capítulo del proceso de quiebra del expediente judicial de la firma de Báez, que realizó gran parte de la obra pública vial que se hizo entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz.
La causa por la quiebra de Austral Construcciones se abrió en 2017 y se encuentra tramitando ante el juzgado nacional en lo Comercial 28.
Allí se dispuso, en un incidente de restitución de bienes, enviar una serie de bienes a rematar en el área de subastas judiciales, que depende de la Corte Suprema.
En total, se subastan seis camionetas marca Chevrolet S10, que arrancan con un precio base de $2.200.000, una Mercedes Benz Sprinter con un precio inicial de $5.100.000 y otra Renault Máster, por $7.200.000.
Además, también se rematan once módulos Tecnimet (uno en una subasta con cuatro unidades y otra con las siete restantes) que funcionan como obradores al costado de la ruta.
Se trata de casillas prefabricadas, parecidas a un contenedor, de chapa, con paneles aislantes, puerta, ventanas e instalación eléctrica. Llegan armadas en camión y se apoyan en el terreno sin cimientos.
Archivo
Se usan como oficinas, vestuarios y baños para los obreros, comedor, depósito de herramientas y materiales o dormitorios en obras alejadas, como las de la Patagonia.
Por decisión judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea. En cada caso, los interesados pueden observar el lugar en donde se encuentran y un detalle del estado de los bienes.
En 2025, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema creó la plataforma online de remates con el fin de transparentar el mecanismo de subastas para hacer más accesible el proceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.
Días atrás, a través de la página, se remató un departamento de 3 ambientes en el complejo River View de Puerto Madero que tenía como precio base 400.000 dólares y una casa en el country San Diego, del partido de Moreno.
Actualmente, hay en puja desde un departamento de tres ambientes con cochera en la ciudad de Mar del Plata con precio base de 54.000 dólares hasta la estructura de un edificio sin terminar en el barrio de Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza, todos bienes afectados a diversas causas judiciales.
En el caso de Báez, la mayoría de sus bienes ya fueron vendidos en este proceso de quiebra para pagar a los acreedores.
Además de la justicia comercial, también pugnan por rematar los bienes que quedan en pie de Báez el Tribunal Oral Federal 2, que lo condenó en la causa Vialidad, y el Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó en la causa de la “Ruta del dinero K”.
La empresa quebró en 2018 y su liquidación sigue abierta: hubo unos 45 incidentes de venta, sobre todo, en Río Gallegos.
En abril de 2024, ya fue rematada maquinaria vial (motoniveladoras, palas cargadoras, excavadora), un semirremolque y vehículos. En septiembre de 2025, se subastaron 28 lotes del ex Obrador Central de Río Gallegos.
Además, en febrero de 2026 se llamó a mejorar ofertas por US$200.000 por un inmueble en Río Gallegos.
Quedan por rematar inmuebles y otros activos de Austral que siguen en liquidación.
En la causa de lavado de la “ruta del dinero K”, el objetivo es recuperar al menos 61 millones de dólares. Ya se remataron dos aviones: un Rockwell Commander y un Learjet.
Desde diciembre de 2025, en tanto, la Corte transfirió al Estado más de 60 millones de dólares.
Quedaron inmuebles bajo administración judicial hasta que se subasten cuentas en Suiza y Bahamas, y participaciones en nueve sociedades (Badial, Austral Agro, Austral Atlántica, Diagonal Sur y otras).
Por otro lado, está pendiente el decomiso por la causa Vialidad. El tribunal aprobó ejecutar 84 inmuebles, la mayoría en Santa Cruz, para cubrir una condena solidaria de 685.000 millones de pesos. Entre esos bienes se cuentan un campo de 5633 hectáreas en Alto Río Senguer (Chubut), la estancia Los Gurises, de 10.000 hectáreas (Santa Cruz), unos 60.000 metros cuadrados en El Calafate, lotes en Río Gallegos y tierras en Río Turbio.
comenzaron,la quiebra,Hernán Cappiello,Conforme a
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