POLITICA
La votación por una deuda millonaria de Espinoza en La Matanza reactivó la interna libertaria en las redes
A pesar de que el propio presidente Javier Milei intervinó para tratar de recomponer el vínculo entre los diferentes sectores de su Gobierno, y cuando todo parecía haberse calmado, una confusa votación por una deuda millonaria en La Matanza reactivó la interna de La Libertad Avanza en las redes sociales y las críticas al armado.
A lo largo de todo el miércoles, diferentes cuentas vinculadas al ala de Santiago Caputo cuestionaron el accionar de los concejales del espacio en ese municipio, que responden directamente al titular del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.
Los militantes digitales aseguraron que los representantes de su agrupación, “en una estafa contra el Estado Nacional”, apoyaron una ordenanza impulsada por el intendente local, Fernando Espinoza, para evitar pagar más de 69 millones de pesos.
Ese monto corresponde al concepto “Tasas por Servicios Generales” de un predio ubicado sobre la calle Diego Armando Maradona y la Ruta Provincial N° 21, situado en la localidad bonaerense de Ciudad Evita.
El lugar en cuestión sí es propiedad de la Nación, pero en el 2014 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) firmó un contrato para cederle el terreno de 40 mil metros cuadrados “en comodato” a La Matanza, que se encargó a partir de ese momento de todos los gastos y obligaciones tributarias.
En rigor, la ordenanza que presentó Espinoza este miércoles en el Consejo Deliberante lo que planteaba era la condonación de la deuda que Ciudad Evita mantenía con el municipio por los impuestos no abonados durante estos años, que acendían a un total de 69.816.989,18 pesos.
“La Matanza no pagó ni una sola vez durante 12 años y ahora Espinoza y sus concejales a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda impulsó una ordenanza en la que se perdona el 100% de la dueda. En vez de eso, deberían retirarle el comodato por incumplimiento del contrato y recuperar el predio del Estado Nacional; pero los concejales de Sebastián ‘Mantequilla’ Pareja al parecer prefieren bajarse el calzón ante los kukas”, escribió en X Esteban Glavinich, conocido en las redes sociales como “Traductor Te Ama”.
El proyecto de ordenanza tuvo, efectivamente, la firma de Gabriel Chaile, que es el jefe del bloque libertario en el Concejo Deliberante, el cual cuenta con cuatro integrantes, al igual que la bancada de Leila Gianni, que tiene un espacio paralelo llamado Alianza Libertad Republicana.
Entre las dos agrupaciones suman 8 miembros que, según aseguraron fuentes del partido en la provincia de Buenos Aires, si bien acompañaron en un principio el dictamen, luego en la votación se expresaron en contra.
De hecho, durante el debate el propio Chaile pidió la palabra para aclarar la situación: “Se generó una controversia sobre este tema. Es verdad, yo firmé el despacho para que se diera tratamiento sobre esta cuestión, pero porque entendí que la deuda es del municipio con el propio municipio”.
“Entonces, los fondos salen, pegan la vuelta y vuelven a entrar al Tesoro. Aclaro que esa fue mi postura porque no hay un movimiento en el patrimonio. Pero quiero dejar en claro que soy contrario a Espinoza. Los que me conocen saben de mi trabajo y que soy leal a La Libertad Avanza. Eso es lo importante, que los que me aprecian sepan a quién represento, a las ideas de Javier Milei”, señaló.
En medio de la discusión, en la cúpula del espacio bonaerense ya remarcaban que las críticas habían sido en vano porque después el bloque votó en contra. “Yo le diría a Traductor Te Ama que deje de escribir boludeces”, respondían.
De igual forma, también Gianni se expresó en contra de la medida y ordenó a su bancada no acompañar la iniciativa, al considerar que “si la deuda fuera de un contribuyente, la cobrarían”.
“Mientras los vecinos de La Matanza pagan tasas cada vez más caras y conviven con calles destruidas, basurales y falta de servicios, mañana Fernando Espinoza impulsa en el HCD una ordenanza para borrar una deuda municipal de $69.816.989,18 por Tasa de Servicios Generales. No es una condonación: es un autoperdón de la política”, comentó en X.
Tal como anticipó este medio, a pesar de los gestos de Milei en sus últimas apariciones públicas, en el sector de “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que tiene como máximo referente a Caputo, sostienen que el conflicto por el armado político no está saldado.
“Después de lo que todo el mundo vio que hacia Rufus (la cuenta de X atribuida al titular de la Cámara baja, Martín Menem), si nos ven haciéndonos los boludos nos cuelgan en la Plaza de Mayo. Hablo de los pibes de carne y hueso, los que bancan este movimiento, no son mogólicos”, sostuvo uno de los integrantes de ese bando.
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POLITICA
El Gobierno monitorea las inundaciones en el Litoral: ya hay más de 4500 evacuados desde que empezó el fenómeno
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrió este jueves el Comando Operativo de Emergencias (COE) de Corrientes, en medio de la crecida de los ríos Paraná y Uruguay por el fenómeno de El Niño que ya dejó a 4547 personas evacuadas en el Litoral.
Karina Milei llegó a las 11 junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y fue recibida a su arribo al aeropuerto por el gobernador Juan Pablo Valdés. El Gobierno presentó el viaje como una visita institucional, aunque la misma tuvo lugar en plena negociación con los mandatarios provinciales por la reforma política y el Presupuesto en el Congreso.
Completaron la comitiva el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el diputado nacional de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón. También estuvo presente en la recorrida Eduardo Vischi, jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical en el Senado, un bloque clave para los objetivos del oficialismo por sus 10 asientos en la cámara alta.
En un principio también estaba prevista la participación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que finalmente no viajó por motivos de salud; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se quedó en Buenos Aires para reunirse con los jefes de los bloques dialoguistas en medio de las negociaciones legislativas por el Presupuesto y otras iniciativas.
Según comunicaron fuentes oficiales, en el Comando Operativo de Emergencias los funcionarios participaron de la presentación de un informe de situación a cargo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo que depende del Ministerio de Seguridad Nacional. Estuvieron presentes su director ejecutivo, Santiago Hardie, y su subdirector, Ignacio Cabello, además de autoridades de Vialidad Nacional, Gendarmería, Prefectura y el Ejército. El eje fue el monitoreo de la situación hídrica y la coordinación entre Nación y la provincia para anticiparse a posibles inundaciones.
Como antecedente, Karina Milei ya había participado en agosto de un encuentro en Resistencia para coordinar las posibles respuestas frente a El Niño. Allí, acompañada por Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, la secretaria General de la Presidencia coincidió con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y con Valdés. Los dos aparecen como potenciales aliados para las elecciones del próximo año.
En cuanto al cuadro en el Litoral, el relevamiento que presentó la AFE abarca 25 localidades de cuatro provincias. Chaco concentra la mayor cantidad de afectados, con 2242 personas evacuadas y autoevacuadas, seguida por Corrientes, con 2005 (468 evacuados y 1.537 autoevacuados). Más atrás aparecen Santa Fe, con 164, y Entre Ríos, con 136. En territorio correntino, las zonas más comprometidas son Corrientes Capital, con 687 personas; Itatí, con 518; Paso de la Patria, con 228, e Isla Apipé, con 211. El Paraná alcanzó en la capital provincial los 6,82 metros, por encima del nivel de alerta, aunque todavía por debajo del de evacuación.
El martes, el vocero presidencial Adrián Ravier había explicado en conferencia de prensa que las lluvias en Brasil elevaron los caudales del Paraná y del Uruguay, algo que el Gobierno ya había anticipado el 19 de octubre. Según el parte de la AFE citado entonces, el Paraná permanecía por encima del nivel de evacuación en Paso de la Patria, Barranqueras, Goya, Reconquista y La Paz, mientras que en Corrientes capital e Itatí regía el alerta, con el río bajando levemente o estabilizándose.
Para contener la emergencia, la AFE mantiene contacto permanente con las provincias y las fuerzas federales, y coordina con Vialidad Nacional. El seguimiento se apoya en los pronósticos del Instituto Nacional del Agua y en las imágenes satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Gendarmería regula el tránsito y Prefectura controla las zonas ribereñas, mientras que Defensa puso a disposición de Corrientes una embarcación y efectivos de la Armada. A través de disposiciones de la Aduana, además, se enviaron a la cuenca del Plata ropa, frazadas, camperas, mochilas y artículos de bazar, que reparten Prefectura y Gendarmería.
“El Estado debe estar al servicio de las personas”, dijo Ravier, al citar al papa León XIV. El vocero recordó que, por ley, la responsabilidad primaria ante las emergencias recae en municipios y provincias, y que Nación actúa en apoyo cuando cada jurisdicción lo pide.
El miércoles, cuando faltaban veinte minutos para que el papa León XIV dejara el país tras su histórica gira por el país, en la Casa Rosada se daba el puntapié inicial para destrabar uno de los tres temas con los que se propone reactivar su agenda después de días de parálisis por la visita del Sumo Pontífice.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, entró al despacho del subsecretario de Gestión Institucional y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem, en el primer piso de Casa Rosada. Faltaban 20 minutos para las 14 y en un almuerzo que se extendió por cerca de una hora y veinte empezaron a trazar lo que vendrá. Así, mientras Javier Milei y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, despedían en Ezeiza al Papa, ellos ponían en marcha la nueva búsqueda para destrabar la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Como parte de su estrategia, Martín Menem, titular de Diputados, salió hoy a presionar para que el Senado acelere con el tratamiento de la reforma electoral.
A la definición alrededor de la suspensión de las PASO, en la lista de prioridades del Gobierno para la “agenda post papal”, en el Gobierno suman el desafío de establecer cómo seguirá el vínculo con Patricia Bullrich, en medio de las tensiones que escalaron la última semana, y también la pelea por el proyecto de ley presupuesto 2027.
“La triple P”, como la llamó entre risas un funcionario a , tras enumerar “PASO, Patricia y Presupuesto”, como las principales iniciativas en lo inmediato.
En el Gobierno hay una admisión de la situación de desorden y empantanamiento que atraviesa la gestión, y son conscientes de la necesidad de reactivarla. Por eso, de forma prioritaria, se estableció la necesidad de avanzar con esos tres focos.
El de la definición de poder avanzar con la eliminación de las PASO de cara a los comicios del año próximo está en tiempo de descuento. La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya advirtió que cualquier reforma debe sancionarse antes de fin de año y en el Gobierno se muestran conscientes de eso. “Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula”, marcó hoy los tiempos Menem, un alfil de Karina Milei.
Desde hace meses el Gobierno empezó las negociaciones, pero por estas horas están estancadas. El más optimista es Santilli, encargado del diálogo con los gobernadores, pero aún sin las garantías para avanzar con la suspensión de las elecciones primarias.
“Entre ordinarias y extraordinarias en diciembre, sale”, dejaron trascender cerca de la jefatura de Gabinete sobre la posible suspensión de las primarias.
En la búsqueda de apoyos para la aprobación, se cruzan también los eventuales acuerdos que el oficialismo podría cerrar con los mandatarios para las próximas elecciones. Con dificultades fundamentalmente con el sector de los radicales, la negociación, por ahora, permanece estancada.
El proyecto de las PASO está en el Senado, territorio de Patricia Bullrich, quien compone el otro foco de conflicto que el Gobierno espera desactivar en los próximos días. Bullrich viene señalando desde hace semanas sus disidencias con la administración libertaria sobre el rumbo económico y político.
En medio de versiones de un posible encuentro entre Milei y Bullrich, que aún nadie confirma, las voces oficiales coinciden en que la situación debe definirse para uno y otro lado.
“La situación así como está no puede seguir”, dijo a un funcionario al tanto del clima que impera en el Gobierno, donde el hartazgo por la escalada es palpable en las diferentes terminales.
“La foto fue un quiebre”, aseguró, contundente, una de las voces consultadas sobre la imagen que Bullrich publicó una semana atrás con sus legisladores. “Se va el Papa y se tiene que resolver eso. Definir eso va a servir para destrabar”, consideró una de las fuentes consultadas.
La tercera “P”, en tanto, tiene que ver con la búsqueda de la aprobación del Presupuesto 2027, que aspiran a tener antes de que termine el año. Para eso, en las próximas horas el Poder Ejecutivo buscará avanzar con una reunión del titular de la bancada libertaria en la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni, con jefes de bloque aliados.
La idea podría apuntar a adelantar para la semana que viene la sesión que inicialmente estaba prevista para el 25, día en que Santilli tiene que dar su primer informe de gestión en el Senado.
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POLITICA
Después de la ofensiva contra el Reino Unido, la Argentina mira a Chile por la conexión Punta Arenas-Malvinas
El gobierno argentino completó esta semana una estrategia legal para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas cercanas a las Malvinas. Fue en Hamburgo, Alemania, en la sala de audiencias el Tribunal del Mar (TIDM), donde presentó una batería de argumentos en una disputa abierta contra el Reino Unido que incluyeron la discusión histórica de fondo: la soberanía sobre las Islas. Mientras espera el fallo del organismo internacional, previsto para el próximo 28 de noviembre, la Argentina ahora mira a Chile ante la inminente reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y el archipiélago.
La confluencia de estos dos frentes del ámbito de la política exterior no es accidental. El buque Danstar, operado por la naviera chilena Easter Island Logistics, está previsto que zarpe con insumos hacia Puerto Stanley entre la segunda y tercera semana de diciembre, según confirmó el gerente general de la empresa, Pablo Pacheco, a La Prensa Austral. Para entonces, el TIDM ya habrá emitido su orden sobre las medidas provisionales que Argentina solicitó para suspender las perforaciones -y posterior extracción- de hidrocarburos en una zona ubicada a unos 198 kilómetros al norte del archipiélago.
Desde la perspectiva argentina, el viaje del Danstar no es un asunto comercial separado del litigio en Hamburgo: es parte del mismo conflicto. Sobre todo por las especulaciones y preocupaciones de un sector de la política local de que la ruta Punta Arenas–Malvinas pueda convertirse en un corredor de abastecimiento para las empresas petroleras que operan en las islas. La naviera chilena lo descarta de forma categórica.
“Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular; vamos a llevar fruta, verdura, comida perecible y material de construcción para construir casas, jardines y colegios”, afirmó Pacheco. De las 1.200 toneladas de capacidad disponibles para carga, la empresa informó que ya tiene comprometida más de la mitad.
A pesar de la buena relación entre los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast, y entre sus cancilleres, Pablo Quirno y Francisco Pérez-Mackenna, hay una tensión solapada en torno a la navegación. El funcionario argentino defendió en términos generales la libertad de navegación durante el plenario del G20 en Atlanta al asegurar que “ningún país puede obstruir el tránsito marítimo y desconocer las reglas internacionales”.
Sin embargo, esta semana fue más preciso en declaraciones en A24 y en radio Rivadavia, donde trazó una línea que Buenos Aires considera decisiva: “El tema es cuando salen a Malvinas. Hay un proceso de pedido de autorización y compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, y esto es lo que hemos conversado con el gobierno chileno y así se van a mantener”, afirmó.
El canciller diferenció explícitamente el Estrecho de Magallanes —enfático, dijo que es “chileno, punto”— de las aguas que el Danstar deberá cruzar una vez que abandone el estrecho rumbo al archipiélago, que son las que Argentina considera bajo su jurisdicción y donde exige autorización previa. La réplica del canciller chileno fue inmediata y sin matices. Consultado esta semana por los dichos de Quirno sobre la necesidad de solicitar autorización para el tránsito, según consignó BioBioChile, señaló que “Los países no piden permiso”.
Un importante funcionario explicó a este medio que la embarcación debe “notificar” su paso por aguas argentinas. De manera puntual, el Gobierno espera que la naviera Easter Island pida la autorización correspondiente y que Chile indique que no va a colaborar con la logística de la explotación de los recursos naturales, de acuerdo a la normativa para los buques que se dirigen a las islas y atraviesan aguas bajo jurisdicción nacional.
Chile, en tanto, invoca el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que garantizan la libre navegación hacia y desde el Estrecho de Magallanes. También apela a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El diputado republicano Alejandro Riquelme, integrante de la coalición de gobierno del presidente Kast, sostuvo a Infobae que la reapertura de la ruta comercial “no responde a un pedido del Reino Unido”, avaló un eventual suministro a empresas petroleras vinculadas a Sea Lion y señaló que no sería ilegal por sí mismo. ”Abastecer a las Islas Malvinas es una actividad lícita, y el eventual suministro a empresas petroleras también lo es, siempre que cumpla con las normas aplicables. El carácter petrolero de una empresa no convierte, por sí solo, ese comercio en ilegal”, reiteró.
El parlamentario -que compitió por la gobernación de Magallanes- defendió el argumento que presenta el gobierno chileno de que se trata de un negocio entre privados. “Se busca establecer un servicio regular. Han circulado referencias a una frecuencia mensual, pero corresponde a la naviera confirmar el calendario definitivo. Para Magallanes, lo relevante es la oportunidad que representa para nuestros proveedores, las pymes y el empleo regional”, indicó Riquelme. El potencial comercial de esta ruta -estiman en Chile- es de aproximadamente 20 millones de dólares anuales.
Y agregó: “Chile ha respaldado históricamente desde el año 1992 los derechos de soberanía que reclama Argentina y una solución pacífica de la controversia mediante negociaciones. Esa posición no cambia por una operación comercial de abastecimiento desde Punta Arenas. Existe una serie de conflictos alrededor del mundo China-Taiwán, Rusia-Ukrania, o en el actual estrecho de Ormuz entre Estados Unidos e Irán. Chile podría tomar una posición en esos conflictos, pero no significa que no podamos comenzar con esos países o a quienes apoyemos. Históricamente, Chile ha sido un defensor del libre comercio y quién ha liderado tratados bilaterales con el mismo fin; un reconocimiento de soberanía no significa dejar de comerciar con los países”.
“En el caso particular de intercambio de alimentos, bienes y servicios con la población de las islas no constituye, por sí mismo, un reconocimiento de soberanía británica. Naturalmente, cualquier operación debe cumplir la normativa aplicable y los compromisos internacionales de Chile. También corresponde distinguir el abastecimiento de la población de actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales en disputa, que requieren un análisis específico”, completó.
La avanzada parlamentaria
La tensión diplomática tuvo reflejo legislativo en Argentina. La diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó el expediente 5831-D-2026, que busca calificar como “no inocente” el tránsito de buques de cualquier bandera que se dirijan a puertos de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o que transporten cargas vinculadas a actividades logísticas, militares, hidrocarburíferas o pesqueras en esos territorios. La iniciativa faculta a la Prefectura Naval Argentina o a la Armada a ordenar la detención, el cambio de rumbo o el abandono de las aguas, y habilita la retención del buque en un puerto argentino si se encuentra en aguas bajo jurisdicción nacional.
La propuesta designa explícitamente al Danstar entre sus antecedentes y afirma que “esta nueva ruta marítima claramente socava nuestro reclamo de soberanía y constituye un apoyo directo a las actividades ilegales del Reino Unido de Gran Bretaña”.
Consultado por esta iniciativa, Riquelme planteó: “Desde mi labor parlamentaria he abordado estos asuntos con el canciller, en las sesiones de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores realizadas en Magallanes y, recientemente, en una reunión de más de tres horas con nuestro embajador en Buenos Aires”.
“Mi posición es que debemos actuar con anticipación, mantener los canales diplomáticos y defender los derechos de Chile y de nuestras empresas a comerciar libremente con cualquier país, incluído Gran Bretaña. Al Gobierno le corresponde conducir esas gestiones, y el canciller ha señalado públicamente que está trabajando en esta materia y que la navegación está amparada por los tratados. Las objeciones de determinados sectores argentinos deben tratarse por las vías institucionales, con prudencia y firmeza. Sin embargo no se puede pretender que Magallanes las Islas, cuando Argentina mantiene una balanza comercial cercana a los 3000 millones de dólares con Gran Bretaña. Antes de impedir a Chile comercial con Gran Bretaña, ¿no debiera Argentina mirar su propio ombligo?”.
En esta línea, una de las especulaciones de algunos sectores de la política chilena era la eventual participación de la Armada para escoltar al buque rumbo a Malvinas. “El ministro de Defensa ha señalado públicamente que una escolta es innecesaria. Nuestra expectativa es que una navegación comercial realizada conforme a las reglas se desarrolle con normalidad y respeto por los compromisos internacionales”, indicó el parlamentario.
La presión desde el lado argentino no se limita al proyecto de Propato. El diputado peronista Guillermo Michel presentó el expediente 5441-D-2026 para instruir al Poder Ejecutivo a denunciar dos tratados bilaterales con Chile: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición Fiscal. La iniciativa, que aún debe atravesar el tratamiento en comisiones, busca retirar los beneficios tributarios que hoy protegen a empresas chilenas en Argentina. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país”, afirmó Michel.
En paralelo, el excanciller y diputado Santiago Cafiero, junto a nueve legisladores de Unión por la Patria, presentaron una moción para citar al embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, con el objetivo de exigir explicaciones sobre la ruta y su eventual vínculo con el proyecto Sea Lion.
Desde Tierra del Fuego, el secretario de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Andrés Dachary, anunció además una ley provincial que sancionaría con multas y prohibiciones de operación en territorio argentino a toda empresa naviera que comercie con las islas sin autorización fueguina. Dachary reconoció que la norma no apunta a detener el primer viaje del Danstar, sino a construir un instrumento jurídico para los siguientes: “Lo que buscás es la eficacia de la ley”, señaló.
Riquelme replicó la postura de los parlamentarios argentinos. “De acuerdo a la convención de Viena, el Congreso no puede citar un embajador. Anticiparse significa evaluar cada escenario, y coordinarlo con el ejecutivo, pero no ser populista como lo está haciendo el Congreso de la Argentina citando funcionarios extranjeros que no están dentro de sus atribuciones o tramitando leyes inaplicables”.
“Las represalias comerciales no puede realizarlas un congreso contra un tercer país y tampoco una norma provincial. En el derecho internacional existe el principio de reciprocidad y jerarquía de la norma. Pueden aprobar mil decretos y otras 3000 leyes, pero ninguna puede contravenir los tratados internacionales y bilaterales vigentes, por lo tanto son inaplicables, menos extraterritorialmente”.
La ruta del Danstar
Según información pública, el buque zarpó de Valparaíso el 29 de octubre, pero acumuló demoras por condiciones meteorológicas adversas que lo obligaron a fondear en Puerto Montt y otros puntos intermedios. La naviera espera que ingrese a la región de Magallanes durante la tarde del domingo 15 de noviembre, cuando se prevé que ingrese a los astilleros de Asmar Magallanes para una mantención de rutina. El zarpe hacia Puerto Stanley -aseguran- quedará supeditado a la duración efectiva de esos trabajos y a las condiciones climáticas.
Un detalle operativo agrega incertidumbre al seguimiento del caso desde Buenos Aires. Fuentes navales argentinas señalaron a este medio que el Danstar desapareció hace cinco días de los sistemas de rastreo marítimo, al apagar su transpondedor, el dispositivo de identificación automática que permite ubicar a las embarcaciones en tiempo real. Una maniobra que impide confirmar con precisión su posición actual.
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