POLITICA
La conferencia de Adorni: excusas y evasivas para no explicar cómo creció su patrimonio
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejó claro otra vez que no tiene intenciones de explicar públicamente los misterios de su crecimiento patrimonial. “No me lo permite el debido proceso judicial”, dijo, solemne, invocando una prohibición legal que no existe.
Minutos antes alegó que ya había dado “todas las explicaciones a la sociedad”, aunque admitió que puede haber cuestiones pendientes que aclarará en los Tribunales; según afirmó, “el único ámbito competente”.
También dijo que había presentado todas sus declaraciones juradas de bienes “en tiempo y forma”, pese a que, según revelaron fuentes oficiales, presentó casi un año tarde el anexo donde dio cuenta de la compra que hizo su mujer de la casa de Indio Cua. En esa propiedad, además, Adorni habría invertido US$245.000 en refacciones, según declaró un testigo en los tribunales en el mismo momento en que él ofrecía la conferencia de prensa en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete solo informó la compra de ese inmueble el mes pasado, con la causa penal avanzada.
En su afán por eludir preguntas, Adorni dijo que no había leído la nota de Clarín de ayer que sostuvo que él y su familia habían hecho un viaje de cinco días a Bariloche y pagado $9.104.769,97, publicación que también hablaba de sospechas de sobresueldos en el Gobierno. Esquivó esa pregunta con el siguiente argumento: “No analizamos notas periodísticas”. Curiosa afirmación en un funcionario que lanzó un programa de streaming llamado “Fake, 7, 8″ con la finalidad de denunciar “las noticias falsas de la semana”. Y miembro clave de un gobierno que creó una oficina para responder a supuestas campañas de desinformación y señalar publicaciones periodísticas: la Oficina de Respuesta Oficial. Funciona, en realidad, como una usina de mensajes de propaganda de la gestión libertaria que rara vez da con fake news, pero acumula críticas y acusaciones a periodistas.
Adorni empezó su conferencia de este lunes con una lista de anuncios de lo más variados, desde la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea y cambios en el régimen de subsidios al gas, hasta la futura reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y una modernización del proceso de donación de sangre.
Consciente de que lo consultarían por su incremento patrimonial, pretendió bloquear el tema antes de la primera pregunta leyendo un papel que llevó consigo: “Respecto a cuestiones personales, ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados el miércoles pasado y si tuviera que dar más explicaciones las daré en el único ámbito competente que es la Justicia”.
Con este mismo argumento se negó a contestarle a , que le preguntó si era cierto lo que declaró en la Justicia Pablo Feijoo, el hijo de una de las mujeres que le vendieron el departamento de Caballito, que dijo en la fiscalía que Adorni se había comprometido a pagarles 65.000 dólares adicionales al precio de venta declarado en la escritura.
Tampoco contestó cuánto pagó su mujer por la casa del country Indio Cua, que ella escrituró a su nombre en 2024 ni por qué había omitido declararla ante la Oficina Anticorrupción (OA) hasta este año. Sobre esa propiedad no dijo una palabra.
Adorni repitió hoy un argumento que ya había dado en otras ocasiones. “Como hay una investigación judicial en curso no voy a responder sobre aspectos específicos porque no me lo permite el debido proceso judicial”, dijo. Nunca explicó el funcionario de dónde surge esa supuesta prohibición del “debido proceso judicial”, que no está prevista en ley alguna.
Como investigado en una causa penal, Adorni sí podría invocar que tiene el derecho de no decir nada -ni ante la Justicia ni ante la prensa- que pueda comprometer su futuro y complicarlo en el expediente. Pero la existencia de una investigación de ningún modo le impide dar explicaciones públicas a un funcionario que tiene vocación de aclarar los cambios en su patrimonio. Sobre todo, cuando la Ley de Ética Pública establece como regla la transparencia.
“No veo cómo podría afectarse la garantía del debido proceso si él responde. No hay obstáculo legal para que conteste las preguntas que le están haciendo”, dijo a el constitucionalista Alejandro Carrió, reconocido especialista en garantías constitucionales en el proceso penal. “La causa no está en secreto y las preguntas que le hacen no están relacionadas con medidas de prueba que se puedan frustrar”, añadió.
Adorni también alegó: “Somos los primeros en respetar la división de poderes y bajo ningún punto de vista obstruiremos el avance de ninguna causa judicial”.
La semana pasada, en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete había dicho, en el mismo sentido: “Les ruego, señores miembros de esta Cámara, que para no incumplir la Constitución Nacional no requieran que ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional se arrogue el conocimiento de causas en trámite. Serán los jueces y solo ellos quienes deberán resolver las denuncias formuladas”. Fue una alusión al artículo 109 de la Constitución Nacional, que no aplica a la situación de Adorni. Dice que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
La constitucionalista María Angélica Gelli explica en su Constitución comentada que este artículo buscó “neutralizar todo intento de instaurar una dictadura legal mediante el empleo de detener personas” por parte del Poder Ejecutivo y le prohibe al Presidente actuar como juez, incluso, en un estado de sitio. Sebastián Guidi, también especialista en derecho constitucional, completó: “La norma le impide al Ejecutivo ejercer la función jurisdiccional (es decir, en criollo, ser él quien dicte fallos decidiendo los derechos de particulares). De ningún modo puede prohibirle participar en un proceso judicial, ya que todo el tiempo el Poder Ejecutivo participa en juicios como parte (sea porque lo demandan, porque él mismo demanda, porque ejerce la querella o, como en este caso, porque uno de sus miembros es imputado). Si uno llevara el argumento del jefe de Gabinete al extremo, ni siquiera se podría defender, ya que estaría intentando influir sobre un fallo futuro”.
Adorni dijo que todos sus bienes se verán reflejados en su próxima declaración jurada, que él cumplió con la Ley de Ética Pública y que presentó hasta ahora todas sus declaraciones juradas “en tiempo y forma”, pero según informaron a fuentes oficiales, esto no es cierto.
La mujer de Manuel Adorni, compró la casa de Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.
Según las fuentes oficiales consultadas, Adorni omitió presentar ese apéndice reservado (que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge) junto a la parte pública de su declaración jurada, que sí entregó a la OA el 4 de agosto de 2025. Adorni dio cuenta por primera vez de la casa de Indio Cua ante la OA el mes pasado, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y cuando la Justicia ya le había pedido al organismo anticorrupción todo lo presentado por Adorni.
“No analizamos notas periodísticas”, dijo Adorni esta mañana, para eludir otra de las preguntas sobre su patrimonio, cuyo crecimiento salió a la luz, en gran medida, por la tarea de periodistas que informaron sobre sus nuevos bienes y sus viajes desde que asumió en el Gobierno. La de Adorni es una declaración llamativa porque ningún Presidente atacó tanto a periodistas como lo hizo Javier Milei, que acuñó el eslogan “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y en sus redes sociales difunde insultos a la prensa de a cientos.
Minutos antes, Adorni había dicho: “Bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuándo quieran y donde quieran”. La semana pasada, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, presentó su último informe, que muestra un severo retroceso de la Argentina en el ranking que evalúa la Libertad de Prensa en el mundo. Ocupa el puesto 98 sobre un total de 180, cayó 11 puestos en el último año y registra un descenso de 69 lugares desde 2022.
Mientras Adorni se niega a responder preguntas concretas sobre los cambios en su patrimonio, los interrogantes que solo está dispuesto a contestar en los tribunales se acumulan. ¿Por qué acordó con Feijoo, según la declaración de este testigo, que le iba a pagar 65.000 dólares adicionales que no quedaron registrados en la escritura de compra del departamento de Caballito? ¿Por qué dos mujeres que no lo conocían accedieron a financiarle casi el 90% de ese inmueble (200.000 dólares), sin intereses? ¿Por qué si fue él quien pagó los vuelos en avión privado a Punta del Este las facturas no están a su nombre y no se conoce constancia alguna de que haya abonado él? ¿Por qué pagó en efectivo los 8874 dólares que gastó para hospedarse en complejos de lujo en Aruba, en sus vacaciones del año pasado? Si, como dice, todo su patrimonio lo acumuló en la gestión privada, ¿de dónde salió el dinero para sumar dos nuevos inmuebles, un auto y, según la declaración del último testigo en la causa, pagar arreglos por US$245.000, con su sueldo de funcionario y los ingresos de su mujer, que hasta el año pasado era monotributista?
no tiene intenciones de explicar,según declaró un testigo en los tribunales,nota de Clarín,rara vez da con fake news,lo que declaró,compró la casa,de a cientos,su último informe,,Paz Rodríguez Niell,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,»Una cascada de éxitos». La llamativa palabra que usó Villarruel en medio de la investigación sobre Adorni,,»Todos somos iguales ante la ley». La reacción de Milei contra los periodistas por la investigación sobre Adorni,,»Limpieza, subtes y tránsito». Patricia Bullrich visitó al alcalde de Santiago de Chile y cuestionó la gestión de Jorge Macri en la Ciudad
La vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, respondió este domingo a las críticas que despertaron sus polémicas declaraciones sobre la identidad de género y la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en la Argentina. Luego de que varios funcionarios de la Legislatura porteña la instaran a retractarse, la funcionaria defendió sus dichos, negó haber cometido un error y volvió a cuestionar el enfoque sobre el tema.
“Hay momentos en donde podemos revisar cosas que se daban por verdades y tal vez no lo eran. Este es uno de esos momentos”, comenzó en el posteo que publicó en su cuenta de X.
Y respecto de una de las frases que más repudio generó, Muzzio sostuvo: “No dije nada fuera de lugar, solo que hay dos sexos, como establece la biología. Sin embargo, la magnitud y la ira de las reacciones dejan ver que esa definición tiene para ellos un enorme significado político que no están dispuestos a permitir que sea desafiado».
“En esa violencia me parece ver, además de la intención de atacarme, la búsqueda de una sanción ejemplar que funcione como una advertencia para todos los demás. El propósito es blindar sus ideas y dejar en claro que no hay espacio para cuestionar a los ideólogos de género ni los principios que defienden”, escribió.
La semana pasada, durante la presentación del informe del jefe de Gabinete del distrito, Gabriel Sánchez Zinny, siete de 26 legisladores centraron sus intervenciones en los dichos de la funcionaria, o al menos los mencionaron. Se trata de diputados locales que integran cinco de los siete bloques que componen el cuerpo, lo que forzó a Gabriel Sánchez Zinny a brindar explicaciones sobre la implementación de la normativa.
Incluso el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) envió una carta documento a la vicejefa intimándola a que se retracte en 72 horas, plazo que se cumplió el sábado. En caso de que Muzzio no ratifique o rectifique sus dichos en este lapso y por cualquier medio, Paulón avanzaría la semana próxima con una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación.
“A esta altura, sólo quiero aclarar que las ideas que sustentan las políticas identitarias constituyen un dogma más: un conjunto de principios que pretende imponerse como una verdad incuestionable, aunque, según sus propios términos, no sea más que una construcción social. Y si realmente es una construcción, entonces puede debatirse, cuestionarse, corregirse e incluso ser reemplazada por otra“, ratificó Muzzio, sin retractarse.
En la entrevista publicada el sábado, Muzzio sostuvo que la ESI es una “trampa mortal”. “Estoy convencida que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada”, comentó. Además, tildó de “idea monstruosa” e “ideología siniestra” el hecho de que una institución educativa le señale a un niño “que tal vez nació en un cuerpo equivocado”.
“Estas cosas las empezamos a ver en los materiales que se dan en las ESI donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros. Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso”, afirmó, y convocó a revisar la normativa, que considera que “destruyó la cabeza de los niños”.
En el posteo de este domingo, siguió: “Es en ese sentido que, en mis respuestas, también cuestiono los contenidos de la ESI que fueron permeados por doctrinas identitarias, cuyas categorías y presupuestos pasaron a formar parte de muchos de sus programas”.
“Una gran parte de la ESI tiene poco que ver con la educación sexual y mucho con la formación ideológica. Los datos muestran, además, que no logró mejorar los indicadores de prevención de las infecciones de transmisión sexual”, afirmó y ejemplificó: “La sífilis, la gonorrea, la clamidia y el HIV aumentaron en lugar de reducirse, mientras se multiplican los discursos de jóvenes que jactan no usar preservativo”.
Muzzio redobló la apuesta y se refirió a quienes están a favor de la normativa: “Cuando hablo de esto, me recuerdan los efectos positivos que la ESI tuvo en la detección y denuncia de casos de abuso sexual contra menores. Considero esos datos muy importantes y de enorme valor. Creo que la prevención, la detección temprana y la denuncia de situaciones de abuso deben seguir siendo una prioridad, y que debemos profundizar los mecanismos que faciliten esa detección».
“También estoy convencida de que es posible diseñar programas específicos para que la escuela siga detectando situaciones de abuso, como hoy detecta casos de violencia familiar o de abandono sanitario, sin que para ello sea necesario incorporar los contenidos ideológicos de la ESI. Sin embargo, para sus defensores, eliminar el adoctrinamiento ideológico de la ESI resultaría inadmisible”, apuntó.
La vicejefa también enumeró las medidas que tomó el Gobierno en el último tiempo para “combatir” la normativa. “Algunas consecuencias de la doctrina identitaria se pudieron cambiar, como acabar por el decreto presidencial con los tratamientos de hormonización a menores y las operaciones quirúrgicas mutilantes en adolescentes, que se hacían por ley en hospitales públicos sin autorización obligatoria de los padres”, dijo y sumó: “También desde el Gobierno de la Ciudad se pudo terminar en el año 2025 con el cambio de sexo en los DNI de mayores de 16 años, una disposición de 2021 que permitía modificar al instante el sexo sin la autorización de la familia, pero que, ante un arrepentimiento del adolescente, lo obligaba a tramitar una causa judicial en un proceso moroso con consecuencias psicológicas y civiles irreparables».
Para cerrar, consideró que hablar de estos temas “no debería ser traumático”, ya que es algo “bueno para la sociedad”. Resaltó la importancia de “plantear dudas sobre los dogmas, observar en detalle los programas de la ESI, cuestionar el aborto y reclamar incansablemente su fin, sostener que los padres no deben ser reemplazados por el Estado en la crianza de sus hijos».
Y finalizó: “A veces, para insultarme, me dicen conservadora, como si yo prefiriera la inmovilidad del pasado. No. Creo que estamos en un tiempo vertiginoso de cambio ideas. Esa libertad nos permite decir lo que pensamos, luchar por lo que creemos y defender la vida humana. En eso estoy”.
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Tras el paso al costado de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el oficialismo intentará avanzar en el Senado con varios proyectos pendientes a los que buscará darle prioridad. La Cámara alta -que fue la que le fijó un ultimátum a Javier Milei respecto del futuro del hoy ex funcionario- recuperará protagonismo.
El Gobierno busca convertir en ley la reforma a la Ley de zonas frías, la inviolabilidad de la propiedad privada (que modifica la Ley de Tierras) y asimismo aspira a una reforma política que elimine las PASO.
Hasta ahora, el Senado tuvo ocho sesiones en la primera mitad del año y hubo 80 votaciones en total. Se aprobaron siete proyectos de ley, entre los cuales están el de Modernización Laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares, y la Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
También, el Acuerdo de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; los Tratados Internacionales con Singapur, Suiza y la República de San Marino referidos a ese Acuerdo; y el acuerdo con dos fondos buitres que reclamaban por bonos argentinos en default desde 2001.
Además, en esta mitad de año se aprobaron varias decenas de pliegos judiciales, así como de ascenso de militares, designación de embajadores, y de los miembros de la Auditoría General de la Nación en representación del Senado.
Pero el denominador común de todos ellos es que todos fueron promovidos por el Ejecutivo. Ninguno, hasta ahora, de los votados afirmativamente fue un proyecto de autoría de uno de los integrantes del cuerpo.
Infobae relevó, al igual que hizo hace dos semanas con los diputados, la cantidad de proyectos presentados por los senadores los primeros seis meses del 2026, tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.
Del procesamiento de la información públicada por la web del Senado surge que 69 legisladores presentaron en el Senado 523 proyectos de ley originados en esa cámara. Solo tres de los 72 senadores que integran el cuerpo no impulsaron ninguno. Infobae también analizó la distribución por bloques y por senador, distinguiendo los de ley, de los de declaración o comunicación o resolución.
Por bloque político
El bloque con mayor producción legislativa fue el Justicialista, de 21 miembros, con 251 proyectos de ley, casi la mitad del total (48%). Los legisladores de la oposición, históricamente, son los más proclives a presentar proyectos que buscan marcarle la agenda al oficialismo.
Le sigue la UCR – que tiene 10 senadores – con 74 iniciativas de ese tipo (el 14%), ya sea como autores o coautores.
Luego aparece el bloque Independencia, de la tucumana Beatriz Avila, con 44 proyectos de ley firmados (8%); Moveré Santa Cruz – que integran José María Carambia y Natalia Gadano – quienes presentaron o rubricaron 26 propuestas de ley (5%); el de Convicción Federal – que conforman Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada – con 24 iniciativas de su autoría (el 5%); y el PRO, cuyos tres integrantes (Martín Goerling, Victoria Huala y Andrea Cristina) estamparon sus firmas en 21 proyectos (4%).
Los 21 senadores que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) fueron autores o coautores de 19 proyectos de ley (el 4% del total), el mismo número que el monobloque de Despierta Chubut, que conforma Edith Terenzi. Primero los Salteños, cuya única integrante es Flavia Royón, impulsó 16 iniciativas de este tipo (3%)
Con menos de 10 proyectos de ley en el primer semestre figuran los bloques Frente Cívico Por Santiago (8 iniciativas), Encuentro Misionero (8), Provincias Unidas (7) y Justicia Social Federal (5), todos de dos senadores cada uno; y el monobloque de La Neuquinidad, que integra Julieta Corroza, con un solo proyecto de ley presentado.
Los senadores más prolíficos
De los 10 senadores que presentaron 20 o más proyectos de ley en estos seis meses, considerando aquellos en los que fueron autores o coautores (no co-firmantes), 9 son del bloque Justicialista, en línea con la mayor cantidad de iniciativas presentadas por esta bancada opositora.
El ranking lo encabeza – por lejos -el peronista Jorge Capitanich, de Chaco, con 104 iniciativas de este tipo en los primeros seis meses de 2026. Le siguen el entrerriano Adán Bahl, de Entre Ríos, que presentó 55 proyectos de ley; la tucumana Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, que rubricó 44 como autora o coautora; y la mendocina Anabel Fernández Sagasti, que presentó 40.
Luego aparece Alicia Kirchner, ex gobernadora de Santa Cruz, con 28 iniciativas de este tipo presentadas; Sergio Uñac, ex mandatario de San Juan, con 25; el rionegrino Martín Soria, ex ministro de Justicia, con 23.
El top ten lo cierran Carlos Linares, de Chubut, con 22; el pampeano Daniel Bensusán, de La Pampa, con 21; y Ana Inés Marks, de Río Negro, con 20 iniciativas de ley que llevan su firma como autora.
Los legisladores con menos proyectos
En el otro extremo del ranking, hay tres senadores que no aparecen como autores o coautores de ningún proyecto de ley en el primer semestre del año. Los tres son de LLA: Nadia Márquez, de Neuquén; Ivanna Arrascaeta, de San Luis; y Vilma Bedia, de Jujuy.
A su vez, hay otros 8, de los cuales 7 son también del oficialismo, que sólo impulsaron uno: el senador porteño y economista Agustín Monteverde; el riojano Juan Carlos Pagotto; la salteña Emilia Orozco, que busca establecer nuevas incompatibilidades y prohibiciones para el ejercicio de la función pública para jueces, fiscales y defensores; Francisco Paoltroni, que promueve la intervención federal de Formosa; los entrerrianos Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida; y la fueguina Belén Montes de Oca.
La otra senadora que presentó un solo proyecto de ley es Julieta Corroza, del bloque La Neuquinidad, alineada con el gobernador Rolando Figueroa.
En cuanto a Patricia Bullrich, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, aparece como autora del proyecto de ley que establece un marco regulatorio de biocombustibles en el territorio nacional. Y como coautora en un proyecto presentado por el senador libertario Enzo Fullone, de Río Negro, destinado a establecer un régimen excepcional para la regulacion de la obra publica nacional.
Entre los más relevantes impulsados por el bloque oficialista, también aparece el que presentó el cordobés Luis Juez para la Protección Digital de Niños; el de coterránea Carmen Álvarez Rivero para el Reempadronamiento partidario y la afiliación digital libre; y el de Bartolomé Abdala que busca agravar las penas de los delitos contra la seguridad pública relacionados a los incendios.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
Infografías: Felipe González
proyectos senadores
POLITICA
El Gobierno negocia la redacción final de la reforma del Código Penal y demora el envío del proyecto de juicio por jurados
El Gobierno negocia la última versión de la reforma del Código Penal y frenó el envío del proyecto de juicio por jurados al Congreso. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le envió hace dos semanas una nueva contrapropuesta a Santiago Caputo y las partes negocian un texto intermedio entre la reforma original de más de 900 páginas y una versión más reducida.
La nueva propuesta fue enviada desde el Ministerio de Justicia a la Secretaría de Legal y Técnica, que coordina María Ibarzabal y tiene a cargo la revisión jurídica de los proyectos antes de su eventual remisión al Congreso. En Balcarce 50 sostienen que la discusión sigue abierta, pero remarcan que las partes acercaron posiciones después de meses de desencuentros internos.
La reforma penal quedó atravesada por la pelea por el control del área de Justicia. La tensión se profundizó tras el desplazamiento de Sebastián Amerio y la pérdida de influencia de Caputo en el ministerio, que ahora está a cargo de Mahiques, un funcionario alineado con Karina Milei.
Legal y Técnica, en cambio, sigue bajo la órbita de Ibarzabal, una de las funcionarias de mayor confianza del asesor presidencial.
La discusión central pasa por el alcance del texto. El borrador original que se trabajó durante la gestión anterior superaba las 900 páginas e incluía una modificación muy amplia del Código Penal vigente y de leyes penales especiales. Mahiques impulsa ahora una versión más acotada, con el argumento de que una reforma demasiado extensa puede trabarse en el Congreso por su complejidad técnica y por el volumen de temas sensibles.
En el entorno de Caputo sostienen que el último borrador que recibieron reduce de forma significativa la reforma inicial. Cerca de Mahiques rechazan esa lectura y remarcan que el texto enviado desde Justicia abarca más del 35% del Código Penal, por lo que niegan que se trate de una versión mínima. En ambas partes, sin embargo, admiten que buscan “ponerse de acuerdo”.
Una de las alternativas que circula en la Casa Rosada es cerrar un punto intermedio: una reforma cercana a la mitad del texto original o de alrededor de dos tercios de la propuesta que se venía trabajando. La intención es evitar tanto un paquete demasiado chico, que pueda ser leído como una señal de retroceso, como una reforma integral que obligue al Gobierno a abrir discusiones difíciles de sostener en el Congreso.
Leé también: El Gobierno se enfoca en la estrategia parlamentaria y diseña un plan para reflotar tres proyectos clave
El Gobierno quiere preservar los capítulos con mayor consenso político. Entre ellos aparecen el endurecimiento de penas para delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales y entraderas, entre otros. En la Casa Rosada ya habían descartado incluir cambios sobre aborto y tampoco querían abrir una discusión de fondo sobre la figura de femicidio, pese a que sectores del oficialismo habían deslizado en distintos momentos la intención de revisar ese agravante.
En paralelo, el Ejecutivo puso en pausa el proyecto de juicio por jurados, que ya estaba listo para ser enviado desde Legal y Técnica. “Se decidió frenarlo hasta que haya un nuevo código procesal”, expresan en Nación. La decisión responde a una lectura técnica y política: el Gobierno considera que no conviene avanzar con el sistema de jurados sin antes ordenar el marco procesal que definiría cómo se aplicará en la práctica.
La decisión modifica la agenda judicial que el oficialismo venía preparando para el Congreso. El proyecto de juicio por jurados había sido presentado internamente como una de las reformas posibles para el segundo semestre, pero ahora quedó postergado mientras se ordena la discusión penal y procesal.
La próxima reunión de la mesa política será clave para definir la secuencia de envíos al Congreso. El encuentro se realizará la semana que viene y estará encabezado por Karina Milei, con la participación de Diego Santilli, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Fabián Fernández.
Leé también: El Gobierno evalúa alternativas para destrabar la negociación por la reforma electoral y lograr media sanción en agosto
En la Casa Rosada quieren usar esa instancia para ordenar prioridades legislativas después de la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Santilli a la Jefatura de Gabinete. La reforma electoral, Zona Fría, Inocencia Fiscal, propiedad privada y el paquete judicial forman parte del tablero que deberá administrar el nuevo esquema político.
“Al Código Penal lo vamos a terminar mandando este año, pero lo complejo va a ser conseguir los votos”, agregan en el Ejecutivo. La intención del Gobierno es que el proyecto ingrese por Diputados, donde Martín Menem encabezará las negociaciones.
Gobierno, codigo penal, Juicio por jurados
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