POLITICA
La conferencia de Adorni: excusas y evasivas para no explicar cómo creció su patrimonio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dejó claro otra vez que no tiene intenciones de explicar públicamente los misterios de su crecimiento patrimonial. “No me lo permite el debido proceso judicial”, dijo, solemne, invocando una prohibición legal que no existe.
Minutos antes alegó que ya había dado “todas las explicaciones a la sociedad”, aunque admitió que puede haber cuestiones pendientes que aclarará en los Tribunales; según afirmó, “el único ámbito competente”.
También dijo que había presentado todas sus declaraciones juradas de bienes “en tiempo y forma”, pese a que, según revelaron fuentes oficiales, presentó casi un año tarde el anexo donde dio cuenta de la compra que hizo su mujer de la casa de Indio Cua. En esa propiedad, además, Adorni habría invertido US$245.000 en refacciones, según declaró un testigo en los tribunales en el mismo momento en que él ofrecía la conferencia de prensa en la Casa Rosada. El jefe de Gabinete solo informó la compra de ese inmueble el mes pasado, con la causa penal avanzada.
En su afán por eludir preguntas, Adorni dijo que no había leído la nota de Clarín de ayer que sostuvo que él y su familia habían hecho un viaje de cinco días a Bariloche y pagado $9.104.769,97, publicación que también hablaba de sospechas de sobresueldos en el Gobierno. Esquivó esa pregunta con el siguiente argumento: “No analizamos notas periodísticas”. Curiosa afirmación en un funcionario que lanzó un programa de streaming llamado “Fake, 7, 8″ con la finalidad de denunciar “las noticias falsas de la semana”. Y miembro clave de un gobierno que creó una oficina para responder a supuestas campañas de desinformación y señalar publicaciones periodísticas: la Oficina de Respuesta Oficial. Funciona, en realidad, como una usina de mensajes de propaganda de la gestión libertaria que rara vez da con fake news, pero acumula críticas y acusaciones a periodistas.
Adorni empezó su conferencia de este lunes con una lista de anuncios de lo más variados, desde la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea y cambios en el régimen de subsidios al gas, hasta la futura reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y una modernización del proceso de donación de sangre.
Consciente de que lo consultarían por su incremento patrimonial, pretendió bloquear el tema antes de la primera pregunta leyendo un papel que llevó consigo: “Respecto a cuestiones personales, ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados el miércoles pasado y si tuviera que dar más explicaciones las daré en el único ámbito competente que es la Justicia”.
Con este mismo argumento se negó a contestarle a , que le preguntó si era cierto lo que declaró en la Justicia Pablo Feijoo, el hijo de una de las mujeres que le vendieron el departamento de Caballito, que dijo en la fiscalía que Adorni se había comprometido a pagarles 65.000 dólares adicionales al precio de venta declarado en la escritura.
Tampoco contestó cuánto pagó su mujer por la casa del country Indio Cua, que ella escrituró a su nombre en 2024 ni por qué había omitido declararla ante la Oficina Anticorrupción (OA) hasta este año. Sobre esa propiedad no dijo una palabra.

Adorni repitió hoy un argumento que ya había dado en otras ocasiones. “Como hay una investigación judicial en curso no voy a responder sobre aspectos específicos porque no me lo permite el debido proceso judicial”, dijo. Nunca explicó el funcionario de dónde surge esa supuesta prohibición del “debido proceso judicial”, que no está prevista en ley alguna.
Como investigado en una causa penal, Adorni sí podría invocar que tiene el derecho de no decir nada -ni ante la Justicia ni ante la prensa- que pueda comprometer su futuro y complicarlo en el expediente. Pero la existencia de una investigación de ningún modo le impide dar explicaciones públicas a un funcionario que tiene vocación de aclarar los cambios en su patrimonio. Sobre todo, cuando la Ley de Ética Pública establece como regla la transparencia.
“No veo cómo podría afectarse la garantía del debido proceso si él responde. No hay obstáculo legal para que conteste las preguntas que le están haciendo”, dijo a el constitucionalista Alejandro Carrió, reconocido especialista en garantías constitucionales en el proceso penal. “La causa no está en secreto y las preguntas que le hacen no están relacionadas con medidas de prueba que se puedan frustrar”, añadió.
Adorni también alegó: “Somos los primeros en respetar la división de poderes y bajo ningún punto de vista obstruiremos el avance de ninguna causa judicial”.
La semana pasada, en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete había dicho, en el mismo sentido: “Les ruego, señores miembros de esta Cámara, que para no incumplir la Constitución Nacional no requieran que ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional se arrogue el conocimiento de causas en trámite. Serán los jueces y solo ellos quienes deberán resolver las denuncias formuladas”. Fue una alusión al artículo 109 de la Constitución Nacional, que no aplica a la situación de Adorni. Dice que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
La constitucionalista María Angélica Gelli explica en su Constitución comentada que este artículo buscó “neutralizar todo intento de instaurar una dictadura legal mediante el empleo de detener personas” por parte del Poder Ejecutivo y le prohibe al Presidente actuar como juez, incluso, en un estado de sitio. Sebastián Guidi, también especialista en derecho constitucional, completó: “La norma le impide al Ejecutivo ejercer la función jurisdiccional (es decir, en criollo, ser él quien dicte fallos decidiendo los derechos de particulares). De ningún modo puede prohibirle participar en un proceso judicial, ya que todo el tiempo el Poder Ejecutivo participa en juicios como parte (sea porque lo demandan, porque él mismo demanda, porque ejerce la querella o, como en este caso, porque uno de sus miembros es imputado). Si uno llevara el argumento del jefe de Gabinete al extremo, ni siquiera se podría defender, ya que estaría intentando influir sobre un fallo futuro”.

Adorni dijo que todos sus bienes se verán reflejados en su próxima declaración jurada, que él cumplió con la Ley de Ética Pública y que presentó hasta ahora todas sus declaraciones juradas “en tiempo y forma”, pero según informaron a fuentes oficiales, esto no es cierto.
La mujer de Manuel Adorni, compró la casa de Indio Cua el 15 de noviembre de 2024. El jefe de Gabinete debió haber consignado esta incorporación al patrimonio familiar en el anexo reservado de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el año pasado, pero no lo hizo.
Según las fuentes oficiales consultadas, Adorni omitió presentar ese apéndice reservado (que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge) junto a la parte pública de su declaración jurada, que sí entregó a la OA el 4 de agosto de 2025. Adorni dio cuenta por primera vez de la casa de Indio Cua ante la OA el mes pasado, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y cuando la Justicia ya le había pedido al organismo anticorrupción todo lo presentado por Adorni.

“No analizamos notas periodísticas”, dijo Adorni esta mañana, para eludir otra de las preguntas sobre su patrimonio, cuyo crecimiento salió a la luz, en gran medida, por la tarea de periodistas que informaron sobre sus nuevos bienes y sus viajes desde que asumió en el Gobierno. La de Adorni es una declaración llamativa porque ningún Presidente atacó tanto a periodistas como lo hizo Javier Milei, que acuñó el eslogan “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y en sus redes sociales difunde insultos a la prensa de a cientos.
Minutos antes, Adorni había dicho: “Bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuándo quieran y donde quieran”. La semana pasada, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, presentó su último informe, que muestra un severo retroceso de la Argentina en el ranking que evalúa la Libertad de Prensa en el mundo. Ocupa el puesto 98 sobre un total de 180, cayó 11 puestos en el último año y registra un descenso de 69 lugares desde 2022.
Mientras Adorni se niega a responder preguntas concretas sobre los cambios en su patrimonio, los interrogantes que solo está dispuesto a contestar en los tribunales se acumulan. ¿Por qué acordó con Feijoo, según la declaración de este testigo, que le iba a pagar 65.000 dólares adicionales que no quedaron registrados en la escritura de compra del departamento de Caballito? ¿Por qué dos mujeres que no lo conocían accedieron a financiarle casi el 90% de ese inmueble (200.000 dólares), sin intereses? ¿Por qué si fue él quien pagó los vuelos en avión privado a Punta del Este las facturas no están a su nombre y no se conoce constancia alguna de que haya abonado él? ¿Por qué pagó en efectivo los 8874 dólares que gastó para hospedarse en complejos de lujo en Aruba, en sus vacaciones del año pasado? Si, como dice, todo su patrimonio lo acumuló en la gestión privada, ¿de dónde salió el dinero para sumar dos nuevos inmuebles, un auto y, según la declaración del último testigo en la causa, pagar arreglos por US$245.000, con su sueldo de funcionario y los ingresos de su mujer, que hasta el año pasado era monotributista?
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POLITICA
Milei necesita ganar antes de ganar

Los 40 días de euforia colectiva que proporcionó el Mundial de fútbol le permitieron a la administración libertaria darse un nuevo orden. Se sacó el lastre de Manuel Adorni, armó un esquema tradicional de negociación política, recalibró su agenda de reformas y afinó el escudo financiero con el que aspira a despejar síntomas de angustia en el año electoral. Es en muchos sentidos un gobierno distinto pero que arrastra un trauma precedente: los éxitos de la estabilidad conviven con una actividad planchada, de bolsillos flacos.
La ansiedad ronda a Javier Milei. El Presidente necesita ganar antes de ganar. El mayor riesgo al que se enfrenta su programa es que cambien las expectativas electorales y se cristalice la incógnita sobre si la Argentina volverá a cambiar la orientación de sus políticas económicas.
Julio no termina exactamente como Milei había calculado. Era el mes en el que el índice de inflación iba a empezar con 0 y, si bien se mantiene la tendencia a la baja, ese umbral queda todavía muy lejos. Hace dos meses llegó a ilusionarse con que para esta altura el consumo iba “a volar”, a partir de un buen dato de la actividad en marzo. Pero el Indec volvió a registrar un estancamiento en abril y mayo, mientras las principales consultoras proyectan un junio también en rojo. Tampoco se siente en los salarios el impacto de la desinflación. La mora bancaria alcanza hasta el 12,8% de las familias, según el último dato oficial.
“Ya están los brotes verdes”, dijo esta semana el viceministro de Economía, José Luis Daza, antes de percatarse del historial maldito de esa frase, un lugar común previo a la crisis que llevó a la derrota a Mauricio Macri. Quiso decir que el orden macro “ya está generando las condiciones para que la gente empiece a sentir mejoras”. Es un argumento diseñado en la Casa Rosada para estos días de resaca mundialista. Menos triunfalismo y más pedidos de paciencia. Hay que alimentar otra vez la esperanza de que el tránsito por el desierto ya termina.
El vocero Adrián Ravier quiso reproducir esa idea, pero cayó en la trampa tan habitual en esta era de hablar con militantes delante de un micrófono. Tan cuidadoso que se lleva escritas las respuestas a las conferencias de prensa, esta vez se soltó. Dijo que el dólar se podía ir a 1800 pesos en los próximos dos meses y se disparó una ola de especulaciones en el mercado. ¿Están pensando en un deslizamiento del tipo de cambio en busca de un impulso para la actividad más allá del boom exportador de la energía, la minería y el agro?
Todas las usinas de información del oficialismo se activaron para desautorizar a Ravier. El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene como meta primordial la estabilidad cambiaria y el proceso de desinflación. Antes que la reactivación del consumo se concentra en asegurarle a Milei que habrá un colchón lo suficientemente amplio para resistir la demanda de dólares y los pagos de deuda en el año electoral.
Enfrenta un dilema. La resistencia del esquema financiero depende en gran medida de que se consolide la percepción de que el libertario llegará competitivo a 2027 y que su continuidad sigue siendo el escenario más probable. Por eso, Caputo dejó de hablar del “riesgo kuka” por mucho que al oficialismo le sirva revivir la idea de la polarización extrema.
La duda está instalada, de todos modos. Lo reflejan los números de la inversión, que cae desde hace cuatro trimestres, y la salida de dólares por compras de particulares y turismo, unos 2000 millones cada mes desde principio de año.
El equipo económico se ilusiona con la baja del riesgo país, aunque no consigue perforar los 400 puntos. En los últimos días por primera vez admitió que la salida a tomar deuda en los mercados puede ser una opción si las condiciones son favorables. Eso requeriría una caída mayor para que la tasa de préstamo no sea prohibitiva.
Milei se acerca a la etapa de su gobierno en la que las encuestas de imagen empiezan a pesar tanto en su destino como las cifras de la macroeconomía.
Los principales consultores lo ubican, con oscilaciones, en el orden del 40% de aprobación. Es un umbral positivo para un presidente en su tercer año de mandato, pero exiguo para despejar las nubes del horizonte. Su tasa de rechazo es lo suficientemente alta como para imaginar una disputa pareja en caso de que la oposición salga de la perplejidad en la que habita desde 2023.
El Índice de Confianza al Consumidor que elabora la Universidad Torcuato Di Tella marcó en julio una caída de 4,8%. La variación interanual registró una baja que no se veía desde los tiempos de la pandemia. El trabajo de campo se hizo entre el 2 y el 16 de julio en plena fiesta de Messi, Scaloni y compañía.
Milei insiste en todas sus conversaciones con ministros, funcionarios y particulares que lo visitan en que los resultados del orden y la estabilidad van a reflejarse a tiempo en la economía familiar. Transmite un optimismo que ahora modera en su discurso público, tan propenso a la hipérbole. Empezó a aceptar el viejo consejo de que, en política, si se dice qué no se dice cuándo y viceversa.
Lo obsesiona en estos días el impulso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la que en esencia pretende impedir que el Tesoro sea financiado con emisión. También le da vueltas a su proyecto de “shutdown”, que imita el mecanismo estadounidense para suspender funciones estatales no esenciales cuando se agote el presupuesto anual.
Caputo promocionó la nueva versión de la Inocencia Fiscal, después del fracaso de la ley original en la aparición de dólares guardados fuera del sistema. En el Congreso la llaman la “ley Adorni”, porque el exjefe de Gabinete se inscribió en el nuevo régimen antes de admitir que había “ahorrado en negro” durante años. Los aliados piden que se excluya a los funcionarios si quieren asegurarse los votos. Está en veremos. Para Economía es clave abrir todas las fuentes posibles de dólares para aguantar la demanda preelectoral.
El precio de la cautela
La agenda legislativa se agranda con una nueva batería de desregulaciones. Ese proyecto surgido del ministerio de Federico Sturzenegger incluía en origen un pedido de facultades especiales para actuar por decreto, como ocurrió con la primigenia Ley Bases. Se descartó después de constatar que no había margen en el Congreso para plantear algo así.
El clima político no es el mismo del verano, cuando Milei pudo imponer la reforma laboral. Los aliados miran las encuestas y se levantan el precio, frente a un gobierno que los acostumbró a un toma y daca cotidiano.
La flamante gestión de Diego Santilli como jefe de Gabinete modificó las formas. El diálogo con los gobernadores fluye entre profesionales de la política. La regla es la cautela ante las señales de incertidumbre. Nadie negocia en el vacío y todos leen los mismos números. La reforma electoral para eliminar las PASO sigue estancada, a la espera de que escampe.
En el Senado, Patricia Bullrich tampoco consigue destrabar la llamada ley de propiedad privada, que elimina límites para que los extranjeros compren tierras productivas.
“Los extranjeros tienen los mismos derechos que los argentinos, lo dice la Constitución”, dijo Bullrich el miércoles. Tuvo la mala suerte de que ese mismo día sectores de La Libertad Avanza (LLA) habían presentado proyectos para arancelar la universidad pública y la atención hospitalaria a inmigrantes, en respuesta a la “campaña anti-Argentina” desatada en el tramo final del Mundial.
A la Casa Rosada le costó aprovechar, aunque lo intentó, el brote patriotero que se impuso después de la remontada contra Inglaterra, seguido de la angustia por la derrota ante España y las acusaciones alucinadas de racismo y otros pecados colectivos de la sociedad argentina. El nacionalismo no conjuga bien con Milei.
Se apuró a anunciar un feriado para festejar el subcampeonato sin consultar antes con la delegación, que quedó hundida en las penas y no tenía ganas de ningún homenaje después de perder. El Presidente giró después su narrativa al territorio seguro de la batalla cultural. “El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-Argentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados; fomentaron el odio contra Messi”, escribió el ideólogo Agustín Laje, a quien Milei alentó desde las redes sociales. La diputada Lilia Lemoine añadió que la campaña, en realidad, fue “anti-Occidente”: una reacción de la izquierda global para dejar mal parado al gobierno libertario.
El rival deseado
La línea argumental no prendió y desde la Casa Rosada se desactivó el victimismo futbolero antes del fin de semana.
Acusar al kirchnerismo funciona como un acto reflejo en el organismo libertario. La polarización sobrevive como el escenario deseado por Milei de cara a la reelección. Le resultó muy rentable en el balotaje de 2023 y también en las legislativas del año pasado. El protagonismo de rivales vinculados a los gobiernos de Cristina Kirchner limita, a juicio de los armadores oficialistas, la posibilidad de que surjan propuestas alternativas en el centroderecha, desde Macri a la propia Bullrich o los nuevos outsiders que olfatean el terreno.
Axel Kicillof es el enemigo deseado y el contendiente con el que lo cotejan los encuestadores. El gobernador acaba de dar un paso relevante al proclamar su apoyo a la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. Un guiño bien de “la casta” en medio de las dificultades para procesar su pelea con los Kirchner (madre e hijo) y la falta de apoyos visibles en el peronismo del interior.
Milei se tienta con un arma de doble filo. Un mano a mano con Kicillof puede alimentar la sospecha del péndulo. Si el cambio de rumbo económico se percibiera como posible, el colchón de dólares de Caputo se vería sometido a un estrés muy desafiante.
Por eso la velocidad de la reactivación resulta definitoria. Milei sacrificó en el altar de Adorni la épica de la lucha contra los privilegios. Hoy pasó de antisistema a administrador del sistema. La estadía en el poder erosiona por naturaleza la representación del enojo. Si el orden macroeconómico no llega de manera palpable a la calle, puede quedar aferrado a una versión reducida de sí mismo. Ser apenas una expresión de repudio a lo que estaba antes.
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POLITICA
Los mensajes que traerá León XIV sobre la agenda social podrían generar incomodidades en el Gobierno

Los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández no generaron las condiciones para conseguir una visita del papa Francisco a su tierra natal. Pero, desde otra óptica, habrán sentido alivio al evitar encontrarse con una prédica de la Iglesia sobre las deudas sociales que el país viene acumulando en los últimos años. A ese potencial riesgo –afrontar un mensaje con el acento en la justicia social, la pobreza y la problemática del trabajo se enfrenta ahora el gobierno de Javier Milei con la visita del papa León XIV, que se concretaría a partir de la segunda semana de noviembre.
“Será la primera visita del Papa a América latina, una región que Robert Prevost conoce muy de cerca por su experiencia como misionero agustino y donde su encíclica Magnifica humanitas cayó muy bien, por su mirada sobre la dignidad del hombre, el desarrollo tecnológico, la necesidad de desarmar el lenguaje y los esfuerzos por conseguir la paz. “Hay mucha expectativa por la posible llegada del Santo Padre”, confió a una fuente cercana a los obispos argentinos.
La grieta que desde hace tiempo divide aguas en la Argentina también es un tema sensible en la agenda del Papa. En su reciente visita al Congreso de los Diputados de España, el 9 de junio pasado, pidió con energía evitar la polarización política, en un mensaje que terminó con una ovación de pie y sostenidos aplausos por parlamentarios de todos los bloques durante siete minutos.
Las críticas a la polarización y la confrontación permanente también pueden aplicarse a los usos y costumbres del kirchnerismo, así como la insistencia del Papa en favor del diálogo y la búsqueda de consensos.
Por otra parte, el Papa suele defender con firmeza el modelo de la familia tradicional, fundada en la unión estable entre un hombre y una mujer, además del rechazo. Estas posiciones lo alejan de la simpatía de sectores progresistas que suelen identificarse en materia política con el kirchnerismo.
La huella de Francisco
Con un estilo mesurado y reflexivo, pero incisivo en sus mensajes, León XIV continúa la línea de su antecesor Francisco, como lo refleja su clamor por la paz y los temas de la agenda social, desde la apremiante situación de los excluidos por la pobreza hasta el mandato de que la economía sea puesta al servicio del hombre.
Ese sendero transita la Iglesia argentina, que en sus más recientes expresiones reclamó una mayor sensibilidad ante los que sufren, expuso la situación de las personas con discapacidad y acusó a los que se esconden “en cuevas de corrupción para volverse ricos”. Esas fueron las palabras del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en el último tedeum por el 9 de Julio, ante el Presidente, en la Catedral porteña.
“Muchos temas se pueden esperar durante el viaje de León XIV. Pero hay que tener en claro que será una visita pastoral. No es una visita política y tampoco es solamente la visita de un jefe de Estado. El pastor viene a encontrarse con su pueblo, viene a traer un mensaje de esperanza, a darnos la posibilidad de estar unidos en la Iglesia masivamente para escucharlo”, definió una fuente cercana a la conducción del Episcopado.
En el interior de la Iglesia confían en que el Papa dejará un mensaje para alumbrar los desafíos hacia adelante. “Lo que esperamos es que el mensaje del Papa no se acabe cuando el Papa se vaya, sino que renueve el estado de misión de la Iglesia en la Argentina. Son los temas que se vienen hablando y se vienen soñando.
El termómetro de la visita, cuya extensión no superaría los tres días, medirá especialmente el clima en los encuentros multitudinarios, que se llevarían adelante en Palermo, frente al Monumento de los Españoles, donde Juan Pablo II celebró una misa histórica en 1982 ante dos millones de personas, y probablemente en Córdoba.
En los catorce meses que lleva su pontificado, León XIV dedicó dos mensajes a la Argentina. En septiembre de 2025, pidió a la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina, que la economía se oriente al bien común, al destacar el valor de la doctrina social de la Iglesia y marcar los desafíos de la inclusión y la justicia social.
El 9 de junio de este año hizo llegar su mensaje a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), en el que insistió en impulsar “una economía que esté al servicio de la persona y del bien común”. Destacó el ejemplo de Enrique Shaw, recordado por promover en sus empresas y negocios la doctrina social de la Iglesia. Fallecido en 1952, hoy la Santa Sede lleva adelante la causa de su beatificación.
El Gobierno seguirá con atención, además, las referencias a la Justicia, un área que en la Argentina se cruza inevitablemente con la política. El Papa presidió en septiembre de 2025 en Roma el Jubileo de los Trabajadores del Poder Judicial y denunció como un acto de discriminación la falta de acceso a la justicia.
El magisterio del Papa se nutre de expresiones claras sobre el bien común, el destino universal de los bienes y la justicia social, un lenguaje presente en la primera encíclica de León XIV y que seguramente no es muy aceptado en el ideario libertario.
Las referencias a la justicia social no se limitan al magisterio de Francisco, quien denunció la “cultura del descarte”. En Magnifica humanitas, el papa Prevost recurre al pensamiento de Juan Pablo II, quizás el líder de la Iglesia más valorado por los seguidores de Milei. El papa polaco, recuerda León XIV, afirmó que “la opción preferencial por los pobres debe marcar las decisiones personales y sociales”. De allí se desprende en el mensaje de la Iglesia la prioridad de los más vulnerables, los pobres, los excluidos, las víctimas de la violencia y las personas que viven en periferias urbanas o existenciales. Un sector social que viene teniendo enfrentamientos con el gobierno de Milei.
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El extitular de la IGJ explicó por qué comenzaron las investigaciones sobre la AFA: “Había más de US$500 millones sin justificar”

El extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, dio detalles sobre el origen de las investigaciones por presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y aseguró que las primeras alertas surgieron a partir de inconsistencias detectadas en los balances de la entidad y de la extinta Superliga.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el exfuncionario sostuvo que durante su gestión identificaron movimientos por más de US$500 millones cuya documentación, según afirmó, no pudo ser respaldada cuando la IGJ solicitó explicaciones.
“Cuando le pedimos a la AFA que aclarara inconsistencias acumuladas durante diez años, encontramos alrededor de US$111 millones sin explicar en las cuentas de la entidad y cerca de US$400 millones vinculados a la Superliga”, señaló Vítolo.
Según explicó, esas observaciones fueron el punto de partida de las actuaciones que luego derivaron en distintas investigaciones sobre la estructura financiera de la casa madre del fútbol argentino.
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El extitular de la IGJ también comparó la situación con el escándalo conocido como FIFAgate, al considerar que ambos casos tuvieron como origen inconsistencias detectadas en la documentación contable. No obstante, aclaró que esa referencia responde a similitudes en el inicio de las investigaciones y no implica que se trate de hechos idénticos.
Además, Vítolo aseguró que durante 2024 detectaron otra inconsistencia vinculada a partidos disputados por la Selección argentina. Según relató, en los balances figuraban ingresos por US$15 millones, de los cuales US$8 millones ya habían sido percibidos y los US$7 millones restantes correspondían a un crédito pendiente de cobro.
“Cuando preguntamos quién debía pagar esa deuda y cuál era su origen, no obtuvimos respuesta”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la operatoria estaba relacionada con TourProdEnter, una empresa radicada en Miami que aparece mencionada en la investigación que se desarrolla en Estados Unidos.
La causa que tramita en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida busca reconstruir el circuito utilizado para administrar los ingresos comerciales internacionales de la AFA. Entre otras medidas, procura acceder a contratos y documentación vinculada con TourProdEnter para determinar el destino de fondos canalizados a través de esa firma.
La explicación sobre su salida de la IGJ
Durante la entrevista, Vítolo también se refirió a su salida de la Inspección General de Justicia y la vinculó con las investigaciones sobre la AFA.
El exfuncionario aseguró que, tras el cambio de autoridades en el Ministerio de Justicia, desde el Gobierno le habían manifestado su intención de que continuara en el cargo. Sin embargo, sostuvo que el entonces ministro, Juan Bautista Mahiques, solicitó designar a una persona de su confianza al frente del organismo y finalmente fue reemplazado.
“Me dijeron que estaban conformes con el trabajo que habíamos realizado durante dos años, pero el ministro quería conformar su propio equipo y el Presidente aceptó ese planteo”, afirmó.
AFA, investigacion, IGJ
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