Desde el viernes pasado, el país parece estar paralizado tras conocerse la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, el mítico músico y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, hecho que generó tanto impacto social como político.

El artista tenía una ideología que nunca ocultó y que era contraria a la de la actual administración nacional, de la que incluso fue crítico en una de sus últimas apariciones públicas, durante una entrevista en el streaming Gelatina.

“Yo veo que hay mucho chico industrial que no cree en eso (las ideas libertarias). No es que todos fueron como ‘El Flautista de Hamelin’ y vamos a traer al enano de la motosierra. En realidad lo llamativo es que haya una cantidad, pero son los mismos que festejan Jackass y es todo una pelotudez. Cuando te tiran una mala onda, son los peores trolls, no tienen ninguna coherencia”, expresó el cantante ante la consulta de Pedro Rosemblat respecto de los seguidores de Javier Milei.

A pesar de esto, la partida del Indio generó una división dentro del Gobierno, ya que mientras los principales funcionarios optaron por el silencio, hubo algunos que sí decidieron despedirlo en las redes sociales, como es el caso del secretario de Cultura, Leandro Cifelli.

Por otra parte, en el Congreso se inició un debate que luego se extendió al Poder Ejecutivo, cuando un grupo de diputados de la oposición solicitó que se ofreciera la Cámara de Diputados para que se hiciera allí el velatorio.

Esto generó algunas críticas hacia el oficialismo, ya que muchos dirigentes de otros espacios y también fanáticos de Solari cuestionaron que ni el Palacio Legislativo ni la Casa Rosada se pusieran a disposición para el homenaje.

“Hablamos con los allegados para oferecerles Tecnópolis, pero nos respondieron que no querían y que preferían hacerlo en la provincia de Buenos Aires”, remarcó a Infobae un integrante del Gabinete.

En este sentido, la fuente consultada aseguró que “la negativa del Congreso y la Rosada fue por una cuestión de seguridad” y no por falta de voluntad de las autoridades que, aseguraron, desde el primer momento intentaron contactar a los familiares del músico.

Efectivamente, el mismo viernes en el que falleció el líder de Los Redondos y de Los fundamentalistas del aire acondicionado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo durante una entrevista televisiva que estaba intentado comunicarse con el entorno del rockero para conversar sobre esto, pero no le contestaban.

“Quisimos ponernos a disposición, para saludar, y en segundo lugar, por supuesto respetando la decisión de la familia frente a lo que decida, para ver dónde piensan o es que quieren definir el lugar del velatorio. Nosotros acompañar en lo que se necesite y por supuesto colaborar en lo que haya que colaborar”, indicó la funcionaria.

Según pudo saber este medio, recién en la madrugada del sábado el abogrado de la familia le respondió al equipo de Monteoliva: “Le agradeció muy especialmente a la ministra por la predisposición”.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, precisó que “ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes”.

“Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud. Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado. Que en paz descanse», escribió en su cuenta de X.

Finalmente, a través de las redes sociales oficiales del Indio se comunicó que el velatorio se iba a realizar a partir de este domingo en el microestadio José María Gatica del Parque Domínico, en Avellaneda.

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El Gobierno mantiene bajo revisión el envío del paquete de reformas de desregulación sobre seguros, cabotaje, mercado inmobiliario y de capitales. En el Ejecutivo aseguran que el proyecto sigue en elaboración dentro de los equipos técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, y descartan remitirlo al Congreso este viernes.

En la Casa Rosada sostienen, de todos modos, que la intención oficial es enviarlo durante junio. El paquete forma parte de la segunda tanda de reformas que quedó afuera del último envío legislativo, que incluyó el Súper RIGI, la ley de lobby, los cambios en etiquetado frontal y ludopatía. En Balcarce 50 buscan ordenar los tiempos para evitar superposiciones con la agenda de Diputados y Senado.

El texto apunta a modificar regulaciones de sectores con fuerte peso económico y alta sensibilidad política. En Nación lo presentan como una nueva etapa de la agenda de desregulación, con foco en “bajar costos y ampliar competencia”. Cada capítulo, sin embargo, abre discusiones distintas con actores privados, sindicatos, colegios profesionales, reguladores y provincias.

Uno de los ejes es el mercado de seguros. Javier Milei viene haciendo referencia a la “revolución de los seguros” en sus últimos discursos y vinculó esa idea con una reducción del rol del Estado como prestador de última instancia. En el oficialismo sostienen que el objetivo es expandir mercados privados de cobertura, mejorar precios y permitir que nuevos productos funcionen con menos intervención previa del regulador.

El antecedente ya aparecía en la Ley Bases original de diciembre de 2023. En el mensaje enviado entonces al Congreso, el Gobierno planteaba que, “en aras de mejorar la provisión de seguros”, se buscaba dar libertad a las compañías para definir sus productos sin autorización previa del ente supervisor, con el argumento de generar mayor dinamismo en el sector. Ese capítulo no prosperó en la versión final de la norma y ahora vuelve a ser evaluado en un paquete específico.

La discusión sobre seguros todavía es la menos explicitada en términos de letra fina. En despachos oficiales hablan de ampliar la oferta, habilitar más competencia y reducir costos, pero evitan precisar si el proyecto modificará directamente la Ley 20.091, que regula a las entidades aseguradoras y su control, o si avanzará sobre normas complementarias de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

El segundo capítulo sensible es cabotaje. Sturzenegger viene argumentando que el costo del transporte fluvial interno obliga a mover por camión cargas que podrían circular por ríos, como madera del NEA, arenas de Entre Ríos hacia Vaca Muerta o soja del norte hacia Rosario. En el Gobierno sostienen que liberar la navegación interior podría reducir costos logísticos en provincias del litoral y mejorar la competitividad exportadora.

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La reforma apunta a modificar el régimen de cabotaje, que reserva la navegación entre puertos argentinos a embarcaciones de bandera nacional y tripulación local. Una alternativa en análisis es habilitar que buques extranjeros puedan operar como naves locales mediante permisos temporarios, una idea que ya había sido incluida en cambios impulsados por el Ejecutivo y que enfrentó resistencia sindical, empresarial y parlamentaria.

El tercer frente es el mercado inmobiliario. El borrador que circula en el sector apunta a eliminar la matrícula obligatoria y el título universitario como requisitos para ejercer la intermediación inmobiliaria. También prevé quitar restricciones geográficas, liberalizar honorarios y comisiones, limitar el poder sancionatorio de los colegios profesionales y habilitar plataformas digitales o nuevos actores comerciales.

En el Ministerio de Desregulación sostienen que la matriculación obligatoria funciona como una barrera de entrada que encarece las operaciones y restringe la competencia. El planteo oficial es que el corretaje vuelva a tener un perfil más comercial y menos profesional regulado. El sector colegiado rechaza esa mirada y advierte que la actividad involucra documentación legal, verificación contractual, patrimonio de las familias y seguridad jurídica.

La discusión no es menor porque toca facultades provinciales. Los colegios inmobiliarios sostienen que la regulación profesional y la matrícula corresponden a las provincias y no pueden ser eliminadas de manera general por una ley nacional sin abrir un conflicto competencial. Del otro lado, los sectores que respaldan la desregulación argumentan que el sistema actual protege privilegios corporativos, fija costos artificiales y limita la innovación.

El paquete también incluye cambios en el mercado de capitales. Ese tramo aparece menos avanzado en la discusión pública, pero en el Gobierno lo vinculan con la necesidad de ampliar instrumentos de financiamiento privado, facilitar operaciones y reducir trabas regulatorias. El Ejecutivo busca que la agenda de desregulación se combine con el Super-RIGI y con reformas orientadas a atraer inversiones de gran escala.

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La iniciativa llega después de que la Casa Rosada enviara al Senado la reforma de la Ley de Sociedades, otro proyecto trabajado por el equipo de Sturzenegger. Ese texto busca modernizar estructuras societarias, facilitar formatos más flexibles para empresas, incorporar herramientas vinculadas a nuevas tecnologías y abrir la discusión sobre sociedades integradas por agentes de inteligencia artificial. En Balcarce 50 lo presentan como parte de la misma lógica: adaptar reglas legales a nuevas formas de producción, inversión y organización empresarial.

Nación tiene también en carpeta los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que enviará una versión renovada del régimen después de recibir observaciones de contadores y tributaristas. En el oficialismo apuntan a dar más seguridad jurídica para que los dólares no declarados o fuera del sistema formal puedan canalizarse hacia inversión, consumo o ahorro declarado.

La próxima reunión de mesa política será parte de esa definición. El Gobierno busca ordenar prioridades, poroteos y secuencia de envíos. El paquete de desregulación tiene alto impacto económico, pero también alto nivel de conflictividad sectorial. Por eso, en Balcarce 50 prefieren mantenerlo bajo revisión unos días más antes de remitirlo formalmente.

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