La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al mundial que se disputará el mes próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

La copa del mundo se jugará a partir del 11 de junio próximo. Antes, Tapia fue autorizado a viajar a la República de Hungría, para la final de la UEFA Champions League, que se jugará el sábado 30 de mayo.

El permiso se lo otorgó el juez Diego Amarante, siempre que Tapia cubra una caución de 30 millones de pesos.

El presidente de la AFA está acusado de haberse apropiado de aportes de empleados. La denuncia que motivó la causa fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 13 de diciembre de 2025 por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos. La ARCA acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días.

En su fallo, Amarante relató que la defensa de Tapia se presentó el 12 de mayo y pidió que se lo autorizara a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026, ambos días inclusive, con destino a la República de Hungría y, posteriormente, a los Estados Unidos de América, México y Canadá, “con motivo de los compromisos deportivos e institucionales que aquél debe cumplir en carácter de miembro del Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de presidente de la AFA, en el marco de la final del torneo “UEFA Champions League” y de las distintas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026″.

La defensa de Tapia dijo que tenía previsto asistir también a los partidos amistosos que la Selección Argentina disputará frente a Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio de 2026, respectivamente, en Estados Unidos, y que participará “de las diversas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a desarrollarse entre el 10 de junio y el 19 de julio de 2026″.

El juez advirtió que la defensa “hizo saber que, sin perjuicio de la imposibilidad de precisar de modo definitivo todos los destinos, traslados y lugares de alojamiento involucrados en el itinerario proyectado, asumía el compromiso de informar y acreditar de manera inmediata y permanente cada uno de esos extremos conforme fueran confirmados por las entidades organizadoras y según las contingencias propias del certamen”.

Amarante destacó que la fiscalía se pronunció en favor de conceder el permiso, siempre que se dictaran medidas de control suficientes.

El juez consideró que el pedido de Tapia “se encuentra debidamente circunscripto en cuanto a su extensión temporal, destinos, actividades y restantes extremos relevantes para su control jurisdiccional” y dijo que cuando se lo autorizó, en otra ocasión, a dejar el país, él cumplió con las reglas impuestas.

“De este modo, en la medida de que la presente solicitud aparece debidamente justificada, circunscripta a un itinerario determinado con sustento en las constancias arrimadas al expediente no se y resulta susceptible de control jurisdiccional efectivo, advierten circunstancias que conduzcan a apartarse del temperamento adoptado en la anterior oportunidad referenciada y por tanto, corresponde arribar en el presente a igual solución”, dijo Amarante, que procesó a Tapia el 30 de marzo de 2026, sin prisión preventiva, pero con la prohibición del dejar el país.

En su fallo Amarante advirtió que Tapia “deberá dar cuenta de su regreso a la República Argentina, dentro de las 48 horas de su arribo”, acompañando el “Comprobante del último tránsito de ingreso o egreso del país” bajo apercibimiento “de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura”.

El 12 de marzo pasado, Tapia se presentó en los tribunales ante la citación del juez Amarante para defenderse de las acusaciones. El dirigente entregó un escrito con el que se desvinculó de la deuda y pidió su sobreseimiento: sostuvo que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional, ajeno a ese manejo.

Argumentó, no obstante, que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.

El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el Gobierno le entregue el expediene completo de una licitación “para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno”.

Se trata de una medida previa a decidir si debe abrirse una investigación penal. El fiscal escribió: “Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”.

La denuncia que dio origen a este expediente la presentó la diputada nacional Marcela Pagano contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Es por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pagano llegó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza, pero hoy se distanción del bloque oficialista.

La Licitación Pública cuestionada es la N° 23-0005-LPU26, convocada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Según relató el fiscal González en su resolución, “se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF- 2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”.

Fuentes de los tribunales informaron a que tras recibir y analizar la documentación de esta licitación, la fiscalía decidirá si corresponde impulsar una causa penal.