Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.

Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.

Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quieren aprovechar el costo político que dejó la presentación del presupuesto 2027 para convencer al equipo económico de que el plan original es difícil de sostener. Pretenden conseguir margen para negociar con Pro y la UCR.

La discusión corre ahora por dos carriles, aunque conectados entre sí. Mientras la libertaria Laura Rodríguez Machado intercambia borradores y condiciones con los aliados en Diputados, Menem y Santilli llevan la negociación hacia adentro del Gobierno. Economía ya fijó los límites presupuestarios; Salud y Legal y Técnica también intervienen en la letra chica.

El cronograma que se votó durante la última sesión en Diputados marca el ritmo del debate. El miércoles a las 12 habrá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Discapacidad. El oficialismo necesita llegar a esa reunión con un texto capaz de reunir a los bloques dialoguistas antes de que la oposición consiga imponer el suyo, que extiende la emergencia en discapacidad por otro año.

Los libertarios pretenden conservar una definición política: terminar con la lógica de las sucesivas emergencias y reemplazarla por una ley permanente, con recursos previstos cada año en el Presupuesto. “Solicitar nuevas prórrogas de emergencia representa una continuidad del modelo excepcional”, argumentan en La Libertad Avanza (LLA).

Los aliados comparten ese objetivo, pero pusieron condiciones. Pro y la UCR reclaman que se mantenga el nomenclador, que las prestaciones continúen actualizándose y que el Gobierno cumpla con la compensación a los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.

“Todo el fin de semana fueron y vinieron mensajes en este sentido”, contó a un referente libertario. El cronograma de pago, anticipó, será incorporado al texto.

El giro respecto del planteo original es significativo. Tanto el proyecto sobre discapacidad que el Poder Ejecutivo envió al Senado en abril como el proyecto de presupuesto 2027 proponen eliminar los aranceles únicos y universales del nomenclador y desligar de la inflación las prestaciones financiadas por el Estado, como PAMI e Incluir Salud.

Donde el Gobierno no quiere ceder es en las pensiones. El planteo inicial establecía una incompatibilidad absoluta entre el beneficio y un empleo formal, una posición que se flexibilizó durante las conversaciones. Los libertarios ya no hablan de una prohibición total, pero sí pretenden establecer criterios más rigurosos para acceder a una pensión por discapacidad.

Todavía quedan “horas de trabajo”, reconocen de ambos lados de la negociación.

La definición dependerá también de Economía. El lunes, Menem y Santilli llevarán el tema a la reunión de Gabinete y el martes volverá a discutirse en la mesa política. Su argumento será esencialmente político: ceder ahora en algunos puntos para evitar que la discapacidad vuelva a reunir después una mayoría adversa en el recinto.

El objetivo, en otras palabras, es evitar que se repita lo ocurrido en diciembre, cuando el oficialismo perdió un capítulo completo del presupuesto durante la votación en Diputados.

La letra chica se terminará de definir el miércoles. Si prospera, resta resolver cómo se instrumentará el acuerdo: si habrá una ley independiente y se eliminarán del presupuesto los artículos que modifican la normativa vigente. O si toda la negociación terminará incorporada al propio proyecto de gastos e ingresos.

El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.

La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.

El proyecto para rehabilitar las reelecciones sin límites de los intendentes, legisladores provinciales y concejales se presentó el año pasado, con la firma de la senadora Ayelén Durán. Sin avances desde ese momento, está entre los expedientes de la Comisión de Legislación General, que preside Germán Lago, senador alineado con Kicillof y exintendente de Alberti, distrito del noroeste bonaerense. Hace casi dos meses, el 29 de julio, se lo solicitó la titular de la Comisión de Reforma Política, Malena Galmarini, del Frente Renovador. Pero el proyecto no se giró.

En el kicillofismo del Senado hay poca información sobre la suerte de la iniciativa, que beneficiaría a 63 intendentes de distintos partidos políticos con la posibilidad de volver a presentarse como candidatos en sus municipios. Una calificada fuente de ese sector dijo no saber los motivos por los cuales no se giró el expediente todavía a la Comisión de Reforma Política. Lago no respondió las consultas de .

El massismo tiene una postura contraria a las reelecciones indefinidas. El Frente Renovador, junto a la exgobernadora María Eugenia Vidal (Pro), impulsó la restricción de dos mandatos que (con una modificación en 2021, que habilitó un período más) está vigente. Desde las filas del cristinismo, en tanto, una fuente de la Legislatura bonaerense aventuró que podrían votar el proyecto kicillofista.

La distribución de poder en las bancas del Senado es, al igual que en la Cámara de Diputados, negativa para las aspiraciones del gobernador de hacer avanzar iniciativas como la de la reelección indefinida de los jefes comunales. El proyecto necesitaría 23 votos en la Cámara de Senadores (que tiene 46 escaños), un número al que el mandatario provincial solo puede llegar con apoyos por fuera del peronismo (tiene un bloque de 24, pero tres senadores son massistas, contrarios a la iniciativa).

En la nota de Galmarini dirigida a Lago, a la que accedió , se solicita el pase a la Comisión de Reforma Política de siete proyectos de ley vinculados a cambios en el régimen electoral. Algunos de esos pedidos se hicieron dos veces, ya que hubo una nota previa de Galmarini a Lago para solicitar las iniciativas, el 8 de julio (que no incluía el del expediente de reelecciones, que solo consta en la última solicitud).

“Erróneamente girados”

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de presidenta de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral de esta misma Cámara, a fin de reiterarle la nota del 8 de julio del corriente y tenga a bien arbitrar los medios para remitir a la comisión que presido, para su tratamiento en primer término, los siguientes expedientes, cuya materia es propia y específica del régimen electoral y conciernen a la misma conforme el artículo 181 del reglamento interno, por lo cual entiendo han sido erróneamente girados a la comisión a su cargo”, escribió Galmarini en su nota a Lago.

Entre los expedientes que Galmarini pidió que le envíen está el “E 136/25-26″, de autoría de la senadora Durán, que elimina los límites a las reelecciones. Su artículo Nº1 establece: “Modifícase el Artículo 3º del Decreto-Ley N° 6769/1958, que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 3°: El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos. El Concejo se renovará por mitades cada dos (2) años”. Además, la extitular de AySA reclamó otros seis expedientes, vinculados a boleta única, PASO, partidos políticos y cronograma electoral.

El derrotero de la iniciativa por la reelección indefinida de los intendentes está marcado por la interna peronista entre el grupo alineado con Cristina Kirchner y los leales a Kicillof. En paralelo al proyecto de Durán, el cristinismo presentó, el año pasado, una iniciativa que no incluía la reelección de intendentes, pero habilitaba la de legisladores, concejales y consejeros escolares. En las filas de Kicillof se interpretó ese proyecto como un castigo para los intendentes que apoyan al gobernador.

Luego de un intento fracasado de sesionar un mes antes, el 25 de junio de 2025 el Senado dio media sanción al proyecto kirchnerista de reelección de legisladores, concejales y consejeros escolares. La votación salió empatada 22 a 22 y la definió la presidenta del senado, la vicegobernadora Verónica Magario, con su voto positivo. La iniciativa, luego, no tuvo avances en la Cámara de Diputados provincial, por lo que no se convirtió en ley. Con el avance del año 2025, el peronismo entró en modo electoral y quedó al borde de la ruptura en la definición de las listas para los comicios provinciales.

El proyecto de reelecciones propuesto por Durán no tuvo dictamen de comisiones y no llegó al recinto del Senado. Permanece en la Comisión de Legislación, que preside Lago y el giro a Reforma Política se mantiene como un tema espinoso, aún sin resolución y atravesado por la interna del peronismo.