POLITICA
Un mensaje de Mayra Mendoza y un proyecto de Mario Ishii rompieron la tregua con Kicillof en el PJ Bonaerense
La interna del peronismo volvió un día. En verdad, nunca se terminó. Solo estaba con sonido bajo, anudada a una tregua endeble que se había terminado de construir el día que se acordó que Axel Kicillof se haga cargo del PJ Bonaerense y Máximo Kirchner del Congreso partidario. Un consenso político que puso una pausa en la histérica interna del justicialismo de la provincia de Buenos Aires.
La intervención quirúrgica de urgencia que tuvo el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en Barcelona, en el final de la gira del Gobernador, dio lugar a una situación impensada en un chat de intendentes bonaerenses creado en el 2023, con la nueva camada de jefes comunales. Allí todos saludaron al ministro y le desearon una pronta recuperación. Mensajes cortos y simples. Pero sobresalió uno, que fue el de la intendenta, en uso de licencia, de Quilmes, Mayra Mendoza.
“Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”, escribió. Nadie le respondió.
El mensaje le cayó mal a Bianco y a todo el kicillofismo. Y generó un fuerte malestar en varios intendentes del peronismo, que no entendieron la necesidad de mandar esas líneas cuando el ministro bonaerense aún estaba internado en Barcelona. “Es penoso e irrespetuoso lo que dijo”, indicaron en La Plata. Y agregaron: “Nosotros no hacemos política aprovechándonos de una situación de salud”. El malestar está enquistado en distintas vertientes del peronismo bonaerense, donde hay un fuerte hartazgo con los cruces del camporismo y el kicillofismo.
Incrédulo ante la situación, un intendente del conurbano más cercano a Cristina Kirchner que a Kicillof, se mostró molesto por el nuevo foco de tensión. “Es todo una locura sin criterio político. Es todo de carácter personal. Y eso no suma nada”, aseguró. El contexto en el que se emitió el mensaje parece haber generado más enojo que el contenido en sí mismo, en una momento donde cualquier chispa puede generar un incendio.
Otro intendente, pero del interior de la provincia, también se mostró muy fastidiado. “Alguien tiene que ubicar a Mayra. Alguien le tiene que poner los puntos y ordenarla”, se quejó. Un tercer jefe comunal, de uno de los municipios más poblados del conurbano, fue un aún más crudo y sentenció: “No tiene códigos. Al menos podría haber esperado que salga de la clínica. Con estos pibes no hay tregua que valga”. El mensaje retumbó mucho en el microclima del peronismo, donde existe un consenso mayoritario de empezar a avanzar hacia un acuerdo entre las distintas partes, con el fin de construir una alternativa electoral.
En el peronismo entienden que el mensaje de Mayra Mendoza, más allá de su rivalidad profunda con Kicillof y Bianco, llega en un momento inexacto para la batalla política. Porque, aunque cada tribu avanza por su lado, hay voluntad en todos los sectores de ir construyendo un marco apropiado para formar una nueva coalición. Las diferencias existen y se reproducen en forma constante, pero hay una suerte de pacto implícito de no detonar la interna nuevamente.
El último fin de semana Infobae publicó que la postura del cristinismo es abrir la puerta hacia un acuerdo político con Kicillof, aunque hay condiciones. La principal es que sea el Gobernador quien dé el primer paso y visite a la ex presidenta para buscar un punto de consenso. En el kicillofismo no ven viable esa posibilidad en el corto plazo. No hay intenciones de juntarse con CFK ni de entablar una nueva negociación.
Más allá de las posturas de cada sector, existe un margen de acción para explorar un acuerdo político. Tal vez no sea ahora, pero si pueda ocurrir más adelante. Ese fue el mensaje que dejaron trascender desde el corazón del camporismo. Es posible que por eso el chat de la legisladora quilmeña haya hecho más ruido de lo habitual y haya generado varias repercusiones negativas, incluso dentro del cristinismo.
En paralelo a la explosión de enojos que generó el mensaje para Bianco, en La Plata dispararon contra La Cámpora por el proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria en Buenos Aires, que envió el intendente, en uso de licencia, de José C. Paz, Mario Ishii, que actualmente ocupa una banca en el senado bonaerense.
La relación entre el Gobernador y el histórico cacique del conurbano se deterioró luego de Ishii presionara para quedarse con la vicepresidencia segunda de la cámara Alta bonaerense, respaldado por el cristinismo. Para Kicillof ese lugar le correspondía a su espacio político. “Ishii sabía muy bien que ese lugar no le pertenecía a La Cámpora. Acordó con ellos para cagarlo a Axel”, se quejaron en la gobernación.
El legislador paceño no le avisó a ninguno de los funcionarios del gobierno bonaerense que iba a mandar ese proyecto a la Legislatura, en el que pidió que la emergencia se mantenga por 18 meses y que se instruya al gobierno de Kicillof a incrementar, en forma inmediata y progresiva, las partidas presupuestarias para comedores escolares y comunitarios, y para distintos programas de asistencia alimenticia.
“La movida es de La Cámpora, Ishii fue solo un instrumento. No les dio para salir al frente a ellos y lo usaron a Mario. Es una locura lo que hicieron. Le reclaman a la provincia y no mencionan a Milei ni al gobierno nacional. Hablan como opositores”, se quejó uno de los principales funcionarios del gabinete de Kicillof.
En el cristinismo se desligan de las acusaciones y aseguran que el proyecto fue obra y arte de Ishii. En La Plata recuerdan una entrevista que brindó el diputado camporista Facundo Tignanelli la semana pasada en la que habló de la necesidad de “encontrar alternativas para priorizar los pocos recursos que tenemos en alimento”, y advirtió que Mario Ishii estaba trabajando en esa línea para ver “cómo se hace un uso inteligente de los recursos”.
En esa definición el kicillofismo vio la mano de La Cámpora detrás del proyecto de emergencia alimentaria. En la organización que lidera Máximo Kirchner advirtieron que Ishii tiene una personalidad especial, sin jefes y sin hoja de ruta clara, y que nadie puede mandarlo de la forma en la que considera el gobierno bonaerense. Distintas miradas sobre un mismo hecho.
Lo cierto es que la interna peronista volvió a estallar y generó un fuerte malestar en las distintas terminales de la alianza política. Con las peleas digitales de los libertarios sin límites claros y la caída en la aprobación de la gestión de Milei que marcan las encuestas, el eje del PJ no puede estar en los idas y vueltas que exponen sus eternas diferencias. Es una guerra que deben evitar. Así lo entiende la mayoría.
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POLITICA
Edgardo Kueider no regresará a la Argentina hasta cerrar sus cuentas con la Justicia paraguaya
“El exsenador argentino tiene para un rato largo todavía en Paraguay. Al menos un año o dos más. La condena por tentativa de contrabando será apelada. Y además tiene pendiente un juicio, que recién comienza, por lavado de dinero”. Así describió la situación de Kueider una alta fuente de la Justicia paraguaya consultada por Infobae.
Al ex representante de Entre Ríos en el Congreso de la Nación lo está esperando la Justicia Federal. La titular del juzgado de San Isidro pidió su extradición hace casi un año. La Fiscalía paraguaya dio luz verde. Pero puso como condición que antes cierre su cuenta con la Justicia del vecino país.
Arroyo Salgado lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hay una causa paralela en la localidad entrerriana de Concordia. La Corte tiene en sus manos el conflicto de competencia.
La Cámara Federal de San Martín, instancia superior de la magistrada, confirmó hace unos días el rechazo a la eximición de prisión que había presentado Kueider. Esto significa que el día en que pise territorio argentino, irá a parar a una cárcel.
El exsenador nacional entrerriano adelantó que su defensa apelará la decisión del Tribunal especializado en delitos económicos de Asunción, que el lunes lo condenó a dos años y dos meses de prisión condicional. Esto significa que no irá a la cárcel por haber querido entrar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. A su pareja, Iara Guinsel, le impusieron una sanción de un año y diez meses.
Por qué Kueider seguirá con arresto domiciliario
La determinación del Tribunal contempló, además, el mantenimiento de las medidas cautelares vigentes y la imposición de reglas de conducta para ambos condenados. En concreto, esto implica que Kueider seguirá cumpliendo la detención domiciliaria con uso de tobillera electrónica.
Esta medida había sido dictada por el juez Humberto Otazú en la causa por los USD 200 mil. Cuando se inició el expediente de extradición solicitado por Arroyo Salgado, Rolando Duarte Martínez, el juez interviniente, le impuso las mismas condiciones: prisión domiciliaria y uso de tobillera. Como este proceso aún está en marcha, las medidas siguen vigentes.
A esto deben agregarse las importantes sumas de dinero y propiedades que hay comprometidas en las fianzas de Kueider y Guinsel. Solo en la causa por contrabando, el abogado Ricardo Preda del Puerto puso USD 300 mil. A estos se suma un inmueble localizado en una localidad cercana a Asunción que se colocó como fianza en el expediente por la extradición. El terreno es propiedad de otro de los abogados de Kueider. Su valor ronda los 500 millones de guaraníes, unos 83 mil dólares.
Ysrael Villalba, el fiscal que intervino en el juicio, indicó al medio paraguayo El Observador que el dinero secuestrado y la Chevrolet Trailblazer en la que se trasladaban habían sido incautados. “Se dispuso el decomiso. Cuando la decisión quede firme en sede administrativa, pasarán a las arcas del Estado. Al vehículo se lo rematará”, detalló.
La otra causa
En junio de este año, el exsenador por Entre Ríos fue procesado en Paraguay por lavado de activos. Esta causa es más grave que la de contrabando. A diferencia de aquella, no sería una tentativa sino un hecho consumado. Las penas en expectativa, dependiendo del criterio que se utilice, podrían ir de los 5 a los 10 años de prisión.
Según la Fiscalía del país vecino, Kueider y Guinsel habrían introducido dinero en negro producto de ilícitos para «blanquearlo» a través de operaciones inmobiliarias de compra – venta.
En la maniobra estarían involucrados dos ciudadanos paraguayos, Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat. Estas personas habrían comprado la empresa Goldsur. La firma le extendió poderes plenipotenciarios a Guinsel. La sospecha es que, en realidad, los socios que figuran son testaferros.
La operatoria incluye, hasta ahora, seis departamentos en el lujoso complejo «Las Mercedes» de Asunción con sus correspondientes cocheras. Estos inmuebles fueron embargados por la Justicia. La investigación está a cargo de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez y del juez Rodrigo Estigarribia Benítez.
POLITICA
Las otras causas sensibles que tramitan en la sala de la Cámara Federal que el Gobierno busca reconfigurar
El Gobierno avanzó esta semana con su plan para reconfigurar la Cámara Federal de Comodoro Py, un engranaje clave de la Justicia federal que define el rumbo de las causas de corrupción. Con el envío al Senado de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, apunta a nombrar a dos jueces en una de sus salas, la I, en la que tramitan expedientes de alto voltaje político.
La causa $LIBRA es la que más preocupa al Gobierno, ya que reúne elementos que vinculan directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, con los protagonistas de una trama que terminó bajo sospecha de una criptoestafa. Pero detrás de ese expediente se apilan otros con peso propio.
Uno de los expedientes que está próximo a tener una definición tiene al actual ministro de Economía, Luis Caputo, como principal involucrado por hechos ocurridos durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. En la causa se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles, a raíz del cobro de cerca de 19 mil dólares en concepto de asesoramiento mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas.
El fiscal que instruye la causa, Carlos Rívolo, pidió la indagatoria de Caputo por ese delito, pero el juez Julián Ercolini lo sobreseyó. La Sala debe decidir si confirma ese sobreseimiento o si ordena reabrir la investigación. El expediente llegó a la Cámara en febrero.
Otro caso de alto impacto, que también involucra a Caputo y en el que también existen criterios contrapuestos entre juzgado y fiscalía, es la investigación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
En febrero de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa, pero el fiscal Franco Picardi apeló la decisión y ahora la Sala debe resolver si confirma el cierre del expediente o dispone su reapertura.
La intervención de la Cámara Federal es clave en la vida de un expediente porque revisa todo lo que sucede en primera instancia: puede confirmar lo dicho por un juez, darlo vuelta, pedir que la investigación se profundice o encaminar el caso rumbo a un eventual juicio oral.
La investigación por el acuerdo con el FMI alcanza a Caputo, por entonces ministro de Finanzas, pero también al expresidente Macri y al resto de su equipo económico: Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda; Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Guido Sandleris, quien sucedió a Caputo al frente de la autoridad monetaria.
Para el fiscal Picardi existen indicios de un plan “concatenado” entre distintos funcionarios y que hay elementos suficientes para profundizar la investigación y avanzar con acusaciones contra ellos.
Otro de los grandes expedientes de la Sala I es la causa por el presunto vaciamiento de YPF y el ingreso de la familia Eskenazi a la empresa, una de las investigaciones por presunta corrupción más longevas de Comodoro Py.
La Sala tuvo una intervención reciente al admitir como querellante a una organización civil cuya primera medida fue recusar al juez Ariel Lijo por las demoras que acumula el expediente, iniciado hace casi veinte años. Lo hizo contra el criterio del juez, que en primer término le negó a la organización la posibilidad de ejercer ese rol.
Es probable que la sala, en algún punto del caso, deba pronunciarse también sobre la recusación contra el juez Lijo.
Son algunos de los temas sobre los que debe expedirse este tribunal, hoy conformado por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los dos últimos fueron trasladados durante el gobierno de Macri desde tribunales orales y la Corte ordenó que fueran reemplazados por jueces que hubieran concursado para el cargo.
El Consejo de la Magistratura confeccionó dos ternas para esas dos vacantes. En ellas figuraban el propio Bertuzzi y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, los nombres por los que optó el Gobierno.
$LIBRA y otros expedientes
Desde este martes, en la Sala I se encuentran todas las apelaciones de quienes buscan seguir siendo querellantes en la causa por $LIBRA. Son damnificados que en su momento fueron aceptados como parte del expediente por la propia Cámara Federal. Pero el caso cambió de juzgado, lo que implicó un cambio también en la Sala de la Cámara. Ahora, el actual juez de $LIBRA, Marcelo Martínez de Giorgi, apartó a los dos grupos de querellantes y será la Sala la que debe revisar ese criterio. Ana Juan, la esposa de Martínez de Giorgi, fue oficializada hoy por el Gobierno como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.
Otra de las causas en la que interviene este tribunal es aquella que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante la pandemia, empujada por el fiscal Carlos Stornelli.
El empresario Hugo Sigman aguarda para ser indagado y la exministra de Salud Carla Vizzotti —ya indagada— una resolución sobre su situación procesal. La Sala revisará lo que sobre ellos y otros imputados resuelva el juez Ariel Lijo.
El tribunal también interviene en un expediente ligado al caso de los Cuadernos de las Coimas, mediante el cual varios de los empresarios investigados buscaron desacreditar el tramo principal, actualmente en etapa de juicio oral.
La causa nació a partir de una denuncia del empresario Armando Loson contra Jorge Bacigalupo, el expolicía y amigo de Oscar Centeno que recibió los cuadernos del chofer y luego se los entregó al periodista Diego Cabot. Según Loson, Bacigalupo modificó esas anotaciones con tachaduras, agregados o correcciones en algunos de los ocho cuadernos originales.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó dos veces por encubrimiento, pero la Cámara revocó esa decisión en ambas oportunidades, al sostener que esas modificaciones no podían ser atribuidas a Bacigalupo, y dictó su falta de mérito, lo que mantiene el caso bajo investigación.
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POLITICA
Milei firmó la designación de una nueva jueza federal para cubrir las vacantes de dos juzgados del conurbano bonaerense
El presidente Javier Milei firmó la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal, una decisión que permitirá reforzar el funcionamiento de la Justicia Federal en el oeste del conurbano bonaerense, donde los juzgados federales de Moreno y Morón continúan vacantes y son atendidos mediante un régimen de subrogancias. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 589/2026, publicado en el Boletín Oficial y refrendado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Según pudo saber Infobae, la decisión fue adoptada tras un pedido formal del presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, al Ministerio de Justicia. En esa presentación, el magistrado solicitó avanzar con la designación de Ana María Juan -esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi– para atender la situación de los dos juzgados federales que permanecen sin titulares y son cubiertos de manera provisoria por otros jueces de la jurisdicción.
En la nota remitida a Mahiques, Salas explicó que tanto el Juzgado Federal de Moreno como el de Morón continúan siendo subrogados, una situación que obliga a otros magistrados federales a asumir, además de sus propios despachos, la conducción temporal de esos tribunales.
Ese esquema de funcionamiento se mantiene desde hace tiempo y genera una sobrecarga para los jueces que intervienen en esas dependencias, en una de las jurisdicciones federales con mayor volumen de expedientes de la provincia de Buenos Aires.
No se trata de juzgados de escasa actividad. Moreno y Morón concentran investigaciones por algunos de los delitos más complejos de competencia federal. Entre ellos figuran causas por narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando, evasión tributaria, delitos contra la administración pública, crimen organizado y otras investigaciones vinculadas con organizaciones criminales que operan en el oeste del conurbano bonaerense. Esa realidad fue uno de los argumentos expuestos por la Cámara Federal de San Martín para solicitar el refuerzo de la estructura judicial de la jurisdicción.
Fuentes judiciales explicaron a Infobae que las subrogancias constituyen una solución transitoria, pero que la acumulación de causas y la complejidad de las investigaciones hacen necesaria la cobertura de las vacantes con jueces titulares. En muchos casos, los magistrados deben atender simultáneamente expedientes de alta sensibilidad institucional, medidas urgentes de investigación y audiencias, además de las responsabilidades propias de sus juzgados de origen.
Frente a ese escenario, la Cámara Federal de San Martín impulsó la incorporación de Ana María Juan, quien ya contaba con el acuerdo del Senado para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Sin embargo, ese tribunal todavía no fue puesto en funcionamiento, por lo que la magistrada permanecía a la espera de asumir funciones.
La propuesta elevada por Juan Pablo Salas consistió en aprovechar esa circunstancia para incorporar a la magistrada al fuero federal y aliviar la situación de Moreno y Morón mientras continúa pendiente la apertura efectiva del nuevo juzgado de Hurlingham.
La firma del decreto presidencial completa ahora el procedimiento constitucional previsto para su nombramiento y permitirá su incorporación al fuero federal mientras continúa pendiente la puesta en funcionamiento de ese tribunal.
Qué dice el decreto
El Decreto 589/2026 fue firmado por Milei y Mahiques y establece en su artículo primero: “Nómbrase Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”.
Ana María Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 de Comodoro Py. Su pliego había sido aprobado previamente por el Senado y únicamente restaba la firma del Poder Ejecutivo para formalizar el nombramiento.
Fuentes judiciales señalaron que la incorporación de la magistrada permitirá aliviar el funcionamiento de los tribunales federales de Moreno y Morón hasta que entre en funcionamiento el juzgado para el que fue designada. De esa manera, la Cámara Federal de San Martín busca reducir el impacto que producen las vacantes existentes en ambos tribunales y fortalecer la capacidad de respuesta frente a investigaciones complejas.
La decisión se inscribe además en el proceso de cobertura de cargos vacantes que impulsa el Ministerio de Justicia desde la llegada de Juan Bautista Mahiques a esa cartera. En los últimos meses, el Gobierno aceleró el envío de pliegos al Senado y comenzó a completar cargos que ya habían obtenido acuerdo parlamentario, con el objetivo de reducir el número de tribunales federales que actualmente funcionan mediante subrogancias.
El nombramiento de Juan también se produce mientras permanece sin resolución otra designación judicial aprobada por el Senado: la de María Verónica Michelli.
El 4 de junio pasado, la Cámara alta aprobó el pliego de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. La postulación obtuvo 44 votos afirmativos y 18 negativos, pese a que previamente la Casa Rosada había intentado retirar esa candidatura del Congreso.
Como informó Infobae, el Gobierno mantenía objeciones respecto de esa postulación y procuró sin éxito evitar que el Senado avanzara con la votación. Finalmente, la Cámara alta otorgó el acuerdo constitucional, aunque el procedimiento todavía no fue completado.
A diferencia de lo ocurrido con Ana María Juan, cuyo nombramiento quedó formalizado este miércoles mediante el decreto presidencial, el Poder Ejecutivo aún no firmó el decreto correspondiente a Michelli, por lo que su incorporación al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata permanece pendiente.
En ámbitos judiciales señalan que ambos casos responden a situaciones diferentes. Mientras la designación de Juan fue impulsada por una necesidad operativa planteada por la Cámara Federal de San Martín para cubrir vacantes concretas en Moreno y Morón, la situación de Michelli continúa bajo análisis del Poder Ejecutivo luego de la controversia política que rodeó el tratamiento de su pliego en el Senado.
Con la publicación del Decreto 589/2026, Ana María Juan quedó formalmente incorporada a la Justicia Federal. Su designación permitirá reforzar el funcionamiento de una jurisdicción estratégica para la investigación de delitos federales complejos, mientras continúa pendiente la puesta en marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, creado para ampliar la estructura judicial en el oeste del conurbano bonaerense.
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