En Casa Rosada afirman que no está en estudio el pedido de un acuerdo con las provincias sobre diferentes puntos para ampliar la gobernabilidad. Pero reconocen que varias reformas que enviarán al Congreso en las próximas semanas servirán para reanudar el diálogo que tenían con varios mandatarios locales.

El próximo viernes se va a reunir en la Casa Rosada la mesa política, el ámbito donde se encuentran los funcionarios y líderes de mayor rango político del oficialismo y terminan de coordinar los cursos de acción para impulsar los objetivos que pide el presidente Javier Milei. El objetivo de la cumbre va a ser acordar qué proyectos se llevarán a ambas cámaras del Congreso y cómo estarán compuestos estos mismos.

El presidente Javier Milei se adelantó a esta convocatoria y ayer por la tarde anunció a través de su cuenta de X que durante este miércoles el Poder Ejecutivo iba a enviar la Reforma Electoral, la cual incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la modificación de la Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos y la incorporación del proyecto de Ficha Limpia, el cual inhabilita que personas que están condenadas en segunda instancia se postulen electoralmente.

“Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha Limpia: los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, tuiteó Milei para anunciar el proyecto, el cual había sido adelantado por Infobae en febrero.

Junto a esas medidas principales, dos importantes fuentes de la mesa política aseguraron a Infobae que en el proyecto también se agregarían dos segmentos en particular:

• la incorporación del casillero que habilita a votar la lista completa en la Boleta Única Papel (BUP);
• y que se agregue el requisito para que haya una verificación biométrica para las altas en las afiliaciones partidarias.

No entró en la reforma la propuesta para transicionar hacia un sistema electoral de circunscripción uninominal, un modo de funcionamiento idéntico al que se utiliza en las elecciones de Estados Unidos. “Lo podíamos haber propuesto, pero no iba a salir. No tenía sentido”, afirmó uno de sus principales impulsores dentro del Gobierno.

Con este anuncio, el Gobierno se muestra en la discusión pública con una propuesta de relevancia y que resulta cómoda en la narrativa libertaria. Consideran que la suspensión de las PASO que hubo el año pasado tuvo una excelente recepción a nivel social y que los opositores que se nieguen a la eliminación definitiva acarrearán costos políticos.

“Nosotros estamos contentos por cómo está la cuestión electoral, pero consideramos que hay aspectos que simplifican más el momento de la votación y que hacen a un sistema más justo”, afirmó una fuente libertaria que participó en la redacción del proyecto.

Pero la discusión es más compleja. Tanto en el Gobierno como en las provincias afirman que todavía no ha existido un diálogo profuso para comenzar a destrabar este asunto. La principal razón es que falta mucho para las elecciones y todavía sigue el cálculo político de si es mejor acordar ahora o en otro momento.

Esta definición es clave porque va a condicionar el calendario electoral del año próximo. Los escándalos recientes del oficialismo hicieron que diferentes espacios de la oposición se esperanzaran con tener chances de competir electoralmente el año próximo y comenzaran a conversar sobre posibles alianzas. La cuestión es que no hay liderazgos definidos en prácticamente ningún espacio salvo en La Libertad Avanza. Las PASO son una herramienta clave para ciertos actores opositores.

Al interior del Gobierno hay quienes ven en esta jugada de Milei una suerte de reactivación de la discusión pública. “Bastante bien que introdujimos el tema de la casta con las PASO. Después se votará, eso no importa. Los tiempos legislativos serán otros. Lo veo muy comunicacional y que es una etapa inicial para ir a buscar los votos”, marca una fuente.

Una vez que se termine de acordar el nuevo paquete de reformas para mayo, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto retomar su agenda de viajes y las reuniones con gobernadores. Las últimas reuniones y encuentros estuvieron vinculados, entre otros temas, a la Ley de Glaciares, entre otras iniciativas que ya fueron abarcadas en el Congreso. “Ahora se está a la espera de cerrar el nuevo paquete de reformas para su envío y, a partir de ahí, reactivar la agenda”, afirman en su entorno.

Hay alfiles de la mesa chica de la Casa Rosada que están interesados en materializar un acuerdo con gobernadores para eliminar las PASO. “El Gobierno lo tiene que hacer lo antes posible, porque la fortaleza política la tiene prestada. Si vos les ofrecés la reelección a varios de ellos, el camino para las nacionales se allana más facilmente”, afirma un estratega libertario.

El asunto es que todavía no hay ningún acuerdo posible: en la mesa política hay posturas más optimistas que consideran que hay un margen para conseguir los votos en un futuro próximo; y otra más negativa que busca demorar el tratamiento de la reforma porque las adhesiones simplemente no están.

Hay provincias colaboracionistas con el Gobierno que ya afirman estar de acuerdo con la idea de eliminar o suspender las primarias. Pero en otras muy importantes no hay una lectura de cuál es el camino conveniente para retener sus distritos. “No hay postura de si PASO sí o no, porque no está resuelto cómo vamos a votar el año que viene a nivel provincial”, afirman desde un distrito patagónico.

Hay provincias que no se caracterizan por ser alineadas al mileísmo -como Santa Fe-, pero que tienen predisposición a analizar un acuerdo si es que se conversan varios aspectos a nivel de la política subnacional. ¿La forma en la que pueda competirles La Libertad Avanza en su distrito es un condicionante?

No es casual que se hayan reanudado cierto tipo de encuentros entre Nación y provincias. Durante la última semana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, avanzó en la convocatoria de una mesa que integran el ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los primos Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la fuerza, y Eduardo “Lule” Menem, actual subsecretario de Gestión Institucional.

El primer encuentro operativo se realizó en el despacho de Santilli en Casa Rosada, donde la delegación nacional recibió a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), dos de los cuatro mandatarios provinciales que acordaron respaldo electoral en 2025.

El gobernador de la provincia cuyana no piensa suspender sus propias PASO y sabe que el diputado nacional Luis Petri es un serio contendiente para disputar la gobernación. Hay intereses de ambos lados que hacen que puedan arribar a un punto medio. Lo mismo sucede con el caso del litoraleño, que está en una posición más favorable para negociar porque no hay figuras competitivas de La Libertad Avanza.

El oficialismo dejó trascender que las definiciones sobre candidaturas, alianzas y estructura política no se harán públicas hasta culminar el próximo Mundial de Fútbol, que comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio de 2026. La estrategia responde a la percepción, confirmada por fuentes internas, de que “no tiene sentido plantear algo antes. Se plancha todo por un mes. Intuyo que todos los espacios van a hacer lo mismo”. En la lista de futuras reuniones aparecen los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco), cinco de los mandatarios con los que más se ha acercado el gobierno en las elecciones legislativas del año pasado.

Este miércoles continúan las declaraciones en la causa en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito tras la adquisición de tres propiedades.

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, busca determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias, en un expediente que ya suma varias audiencias en los próximos días.

Para hoy está prevista la declaración de Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni y señalado como quien organizó la compraventa del departamento de Caballito, sobre la calle Miró. Deberá presentarse con su teléfono celular y con toda la documentación que respalde los gastos vinculados al inmueble.

Feijoo es hijo de una de las jubiladas que vendieron la propiedad, Beatriz Viegas. Junto a Claudia Sbabo, participaron de la operación no solo como propietarias, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año. En caso de incumplimiento, el acuerdo prevé la restitución del inmueble.

Las otras propiedades bajo la lupa

Otro de los inmuebles analizados es una casa en el country Indio Cua, registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Allí se realizaron mejoras a cargo del contratista Matías Tabar, de la firma Grupo AA.

Por ese motivo, Tabar fue citado a declarar el viernes 24 de abril a las 9 en Comodoro Py, para precisar el costo de las refacciones en la vivienda ubicada en la provincia de Buenos Aires.

El fiscal también convocó a Juan Ernesto Cosentino, exdueño de la casa del country, que deberá presentarse en Tribunales el 27 de abril.

Las nuevas citaciones se suman a una serie de medidas impulsadas por la fiscalía para reconstruir la trazabilidad de las operaciones inmobiliarias y el movimiento patrimonial del funcionario.

Qué pasó con el departamento de Caballito

Entre los primeros citados estuvieron Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, por su intervención en la venta del departamento de la calle Miró, cuando era propiedad del exfutbolista Hugo Morales. Su declaración se extendió durante horas.

Durante el testimonio, el fiscal le preguntó a Rucci a qué valor hubiese publicado el inmueble, de acuerdo a su experiencia como corredora. Según indicó, el precio debería haber sido de 345 mil dólares.

Además, se supo que en un principio se había ofertado a 375 mil dólares, que después bajó a 275 mil y finalmente se vendió a 230 mil dólares.

Manuel Adorni, Comodoro Py, Justicia

Las universidades nacionales convocaron a una nueva marcha federal para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización será el 12 de mayo y tendrá como punto de concentración la Plaza de Mayo, en lo que será la cuarta protesta del sector desde la asunción del presidente Javier Milei.

La convocatoria, bajo la consigna “Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun). El llamado incluyó a estudiantes y a la sociedad en general, con el objetivo de ampliar el alcance del reclamo.

El eje central de la protesta será la aplicación efectiva de la ley sancionada por el Congreso, que establece mecanismos de actualización para los gastos de funcionamiento, los salarios y las becas. Las autoridades universitarias sostienen que la norma no se está cumpliendo y que eso impacta en el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios.

La nueva marcha se inscribe en una serie de medidas de visibilización que el sector viene desplegando en los últimos meses. La semana pasada se realizó un paro a la japonesa, con actividades abiertas a la comunidad, clases públicas y servicios gratuitos en distintas facultades.

Un conflicto que se mantiene activo

El reclamo por el financiamiento universitario se sostiene desde 2024 y ya tuvo tres movilizaciones federales. La primera se realizó en abril de ese año y marcó la primera gran protesta contra el Gobierno, con foco en la actualización de los gastos de funcionamiento.

Con el paso de los meses, el conflicto se desplazó hacia la cuestión salarial. Las universidades advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes y señalan dificultades para sostener actividades académicas y de investigación.

La ley vigente establece que el Poder Ejecutivo debe garantizar actualizaciones periódicas tanto para salarios como para partidas presupuestarias. También contempla la actualización de becas estudiantiles, un punto que las universidades consideran clave para sostener el acceso al sistema.

En paralelo, el conflicto avanzó en el plano judicial. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.

La postura del Gobierno y el escenario abierto

El Gobierno mantiene su rechazo a la implementación de la norma. Argumenta que la ley no define fuentes de financiamiento específicas y que su aplicación podría afectar el equilibrio fiscal. En esa línea, presentó recursos judiciales y avanzó con iniciativas legislativas alternativas.

En el Congreso, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto que modifica la ley vigente y reduce el alcance de las actualizaciones previstas. La propuesta no contempla la recomposición correspondiente a 2024 y plantea ajustes acotados para este año.

Mientras tanto, las universidades sostienen el reclamo en distintos frentes. La convocatoria a una nueva marcha busca reinstalar el tema en la agenda pública y sumar presión para que se cumpla la normativa vigente en un conflicto que, por ahora, sigue abierto.

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