La comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que comanda el legislador libertario Francisco Paoltroni (Formosa), avanzó esta tarde con el dictamen que aprueba un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, rubricado por el país el 7 de diciembre de 2023, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

Por la Cancillería expuso el secretario de relaciones económicas internacionales, Fernando Brun. “Es el primero que la Argentina y el Mercosur firman con el sudeste asiático”, aseguró. Luego, destacó el “alto nivel institucional” de este tipo de convenios y que, sobre todo, servirá “para poder negociar con japón, Corea y Vietnam, Indonesia, quienes vuelven a mirar el acceso a la energía”.

Seguido a ello, Brun resaltó la “plataforma de inversiones” que implica la iniciativa en cuestión, ya que “Singapur tiene el PBI más alto del mundo” y “una corporación de fondo de inversiones de u$s 100.000 millones”, aunque hoy sólo el cuatro por ciento se destina hacia América Latina. También se mencionó el interés por minerales.

“No es un hecho más, estamos llegando a enorme velocidad, pero no estamos dejando de llegar tarde a estos esquemas. Tenemos que hacerlo con enorme dinamismo para preservar la producción y colocar productos en mercados internacionales”, expresó el funcionario de Cancillería.

Por otra parte, Brun remarcó que “este acuerdo tiene un capítulo de inversiones que no tiene el de la Unión Europea”. Lo resumió con las siguientes palabras: “Moderno, integral, equilibrado, potencia nuestras exportaciones en sectores menos convencionales, pero ya conocidos; mejora las condiciones de acceso a los mercados externos y atrae inversiones para consolidar la inserción argentina”.

Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) reclamó que este tipo de mecanismos implica que “funcionen” organismos como “el INTA y el INTI, con buena calidad de supervisión e ingreso de productos aduaneros”.

En tanto, el hasta hace pocas semanas K y ahora free lance justicialista Guillermo Andrada (Catamarca) se mostró preocupado por el tipo de cambio. “Vamos a ser rehenes. Sólo vamos a ser competitivos en materias primas y no vamos a poder darle valor agregado”, dijo el legislador, que representa a una provincia minera y que avaló la ley de glaciares.

La respuesta de Brun fue contundente. “Singapur es uno de los principales países de servicios basados en el conocimiento. Estamos hablando de puro valor agregado. No me voy a meter -con el tipo de cambio-, no soy funcionario de Economía. La competitividad la ve en las cifras de comercio exterior y está mostrando un superávit que no se registraba”, manifestó.

Quien coincidió con el cristinista Capitanich fue la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal): habló de la “idea de poder tener tableros de control, seguimiento e información”. Pidió que “todos puedan conocer” el régimen para “que no quede para cinco o seis empresas”.

Otros dos convenios que también se despacharon este martes están relacionados con la seguridad social. El primero es con la Confederación Suiza, del 27 de mayo de 2024; y con la República de San Marino, el 25 de agosto de 2023.

Armas

Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico; y de Justicia y Asuntos Penales del Senado analizarán, desde las 14 de mañana, una iniciativa que introduce cambios a la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y que prorroga el sistema de entrega voluntaria administraciones de distinto color político lo han hecho hasta el 31 de diciembre de 2027.

El proyecto ya fue aprobado por Diputados en 2024 y sólo resta que lo sancione la Cámara alta. De no hacerlo -hay tiempo hasta finales de febrero próximo-, el texto perderá estado parlamentario y tendrá que comenzarse un nuevo trámite desde cero.

jorge capitanich

A dos meses de la implementación del sistema de subastas electrónicas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró casi 200 remates realizados y/o en curso. Se trata de operaciones ya publicadas o a la espera de ofertas dentro de un mecanismo que habilitó la inscripción de interesados de todo el país de forma anónima y sin la necesidad de intermediarios.

El sistema permitió rematar desde autos de lujo hasta seis locales en la estación de Retiro, así como una casa en la localidad bonaerense de Acassuso con vista al río. Los datos surgen de la página oficial de subastas electrónicas judiciales, donde se exhiben los bienes disponibles, su descripción y el precio base. Además, los bienes pueden visitarse de manera presencial antes del inicio de la subasta.

Al día de hoy, la Oficina de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte registra 184 remates virtuales distribuidos en 116 expedientes. El mecanismo entró en vigencia en febrero y avanzó de forma progresiva. Durante ese mes hubo dos subastas con fecha otorgada; en marzo se realizaron 54; en abril hay 44 registradas; y para mayo y junio ya figuran 39 y 34, respectivamente. También hay otros 11 procesos previstos para agosto.

Hasta el momento se subastaron 34 bienes: 11 inmuebles, 21 vehículos y 2 muebles no registrables. En paralelo, el padrón de interesados mostró un crecimiento significativo. A noviembre de 2025 había 47 personas inscriptas y en la actualidad superan las 800, con 500 participantes activos. La mayoría se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con 223 y 237 inscriptos respectivamente, aunque también hay registros en Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

“Esto es uno de los grandes avances que permitió las subastas electrónicas: que pueda participar gente de todo el país. Y cuanto mayor difusión haya, más personas se van a anotar”, señalaron en tribunales. En la misma línea, agregaron: “Costó bastante poner en práctica las subastas digitales, con la capacitación en los juzgados y el trabajo directo con los martilleros. Pero el sistema ya está funcionando exitosamente y lo vamos mejorando día a día”.

Entre los cambios introducidos, se amplió el plazo previo de exhibición de los bienes para facilitar la participación de interesados del interior. El próximo objetivo es reducir la duración de las subastas de 10 a 3 días para acelerar las definiciones.

El sistema fue impulsado con el objetivo de mejorar la transparencia, la efectividad y la modernización de los procesos judiciales. Las subastas, que constituyen actos procesales ordenados por un juez y ejecutados por un martillero, pasaron a realizarse por vía electrónica para eliminar sospechas históricas en torno a este tipo de operaciones.

La mayoría de los remates proviene de juzgados comerciales y civiles, mientras que la participación de juzgados laborales aún es limitada. Los expedientes reflejan situaciones vinculadas a quiebras empresarias, ejecuciones de vehículos prendados y remates de inmuebles por falta de pago de expensas.

La plataforma exhibe fotos y características de cada bien. Además de propiedades y vehículos, se incluyen bienes muebles como electrodomésticos o mobiliario de empresas en quiebra. También aparecen casos de bienes indivisos, como partes de propiedades en situaciones de conflicto entre copropietarios, por ejemplo en procesos de divorcio.

En cada publicación se detalla si el inmueble está ocupado y en qué condiciones. Puede tratarse de un inquilino con contrato vigente o de una situación que requiera un proceso de desalojo. Toda esa información figura en el edicto judicial correspondiente.

En algunos casos, el juez exige un depósito en garantía para participar en la subasta de un inmueble. Esta condición busca dar seriedad a las ofertas. Cuando un bien no recibe propuestas, el juzgado puede disponer una reducción del precio base.

De acuerdo con la normativa, la subasta comienza automáticamente en la fecha y hora fijadas. La puja es continua, permanente y visible en tiempo real. Los participantes pueden ingresar un precio máximo para que el sistema oferte de manera automática en su nombre. Si se alcanza ese límite, el usuario decide si continúa con una oferta mayor.

Durante el proceso, el sistema publica las ofertas, el código del postor, el monto y el momento en que se realizan. El cierre también es automático, salvo excepciones. Una vez finalizada la subasta, el sistema informa al oferente si resultó ganador. Luego, el juzgado verifica la operación y se comunica con esa persona para avanzar en la toma de posesión.

Durante toda la puja, los participantes operan de manera anónima. El sistema asigna un código único a cada postor y la identidad solo se revela una vez finalizado el proceso y determinado el ganador.

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Tal como anunció Javier Milei, el Gobierno enviará al Congreso hoy el proyecto de reforma política que propone, entre sus principales puntos, la eliminación de las PASO, modificar el esquema de financiamiento de los partidos políticos y volver a discutir Ficha Limpia.

La decisión fue adelantada este martes por el Presidente antes de su regreso de la gira por Israel. “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, sentenció en su posteo.

La iniciativa, elaborada en el seno de la mesa política del Gobierno, plantea como una de sus principales consignas la eliminación de las Primerias Abiertas Simultáneas Obligatorias con el argumento de que la ciudadanía no debe financiar las internas partidarias.

En ese sentido, en el Gobierno recuerdan que las PASO de 2023 costaron 45 mil millones de pesos. “Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, subrayó Milei.

En segundo lugar, el Presidente destacó los cambios en el financiamiento de los partidos políticos. Dentro de esas modificaciones aparece la depuración de los llamados “sellos de goma”, como se conoce a aquellos partidos que se presentan a elecciones para cobrar fondos del Estado pese a no tener representación electoral real.

Para ello, la ley del Ejecutivo buscará elevar los pisos de afiliación necesarios para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería requerida para presentarse. En términos de Javier Milei, la ley busca poner fin a “la política que vive del bolsillo” del votante.

En simultáneo, el proyecto también propone transparentar el sistema de financiamiento de los partidos con la posibilidad de que personas y empresas puedan realizar aportes de manera regulada y trazable. El principal objetivo de esa iniciativa es reducir la influencia de asociaciones ilícitas como el narcotráfico y el crimen organizado, señalados hace años como financistas de campañas políticas.

A su vez, la reforma planteará la eliminación del régimen de espacios cedidos, de tal forma que el Estado ya no impondrá a los medios de comunicación la entrega de espacios de aire para propaganda partidaria gratuita, una medida que el Ejecutivo considera un subsidio mediático encubierto.

El regreso de Ficha Limpia y el recorte de fondos a otro espacio político

Un anuncio que resultó tan relevante como inesperado fue la incorporación al proyecto de Ficha Limpia, la iniciativa diseñada para prohibir que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no puedan presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública.

Por último, el proyecto del Gobierno incluirá otro ítem destinado a recortar gastos de la política: la eliminación del financiamiento para los miembros del Parlamento del Mercosur (Parlasur). Para la Casa Rosada, ese espacio supranacional no tiene incidencia a la hora de resolver problemas para la población, por lo que no amerita financiarlo con fondos públicos.

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El Gobierno sostiene que la reforma electoral apunta a recortar costos del sistema electoral e impulsar reformas en pos de una mayor transparencia. Sin embargo, el anuncio generó opiniones diversas entre los bloques aliados, donde todavía no hay consenso alrededor de un eje central: la eliminación de las PASO de cara al próximo año electoral.

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