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Milei apuró el anuncio de la reforma electoral: la incógnita por los votos y el rol clave de los gobernadores

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En Casa Rosada afirman que no está en estudio el pedido de un acuerdo con las provincias sobre diferentes puntos para ampliar la gobernabilidad. Pero reconocen que varias reformas que enviarán al Congreso en las próximas semanas servirán para reanudar el diálogo que tenían con varios mandatarios locales.

El próximo viernes se va a reunir en la Casa Rosada la mesa política, el ámbito donde se encuentran los funcionarios y líderes de mayor rango político del oficialismo y terminan de coordinar los cursos de acción para impulsar los objetivos que pide el presidente Javier Milei. El objetivo de la cumbre va a ser acordar qué proyectos se llevarán a ambas cámaras del Congreso y cómo estarán compuestos estos mismos.

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El presidente Javier Milei se adelantó a esta convocatoria y ayer por la tarde anunció a través de su cuenta de X que durante este miércoles el Poder Ejecutivo iba a enviar la Reforma Electoral, la cual incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la modificación de la Ley sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos y la incorporación del proyecto de Ficha Limpia, el cual inhabilita que personas que están condenadas en segunda instancia se postulen electoralmente.

“Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha Limpia: los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, tuiteó Milei para anunciar el proyecto, el cual había sido adelantado por Infobae en febrero.

Junto a esas medidas principales, dos importantes fuentes de la mesa política aseguraron a Infobae que en el proyecto también se agregarían dos segmentos en particular:

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  • la incorporación del casillero que habilita a votar la lista completa en la Boleta Única Papel (BUP);
  • y que se agregue el requisito para que haya una verificación biométrica para las altas en las afiliaciones partidarias.

No entró en la reforma la propuesta para transicionar hacia un sistema electoral de circunscripción uninominal, un modo de funcionamiento idéntico al que se utiliza en las elecciones de Estados Unidos. “Lo podíamos haber propuesto, pero no iba a salir. No tenía sentido”, afirmó uno de sus principales impulsores dentro del Gobierno.

El anuncio del Presidente

Con este anuncio, el Gobierno se muestra en la discusión pública con una propuesta de relevancia y que resulta cómoda en la narrativa libertaria. Consideran que la suspensión de las PASO que hubo el año pasado tuvo una excelente recepción a nivel social y que los opositores que se nieguen a la eliminación definitiva acarrearán costos políticos.

Nosotros estamos contentos por cómo está la cuestión electoral, pero consideramos que hay aspectos que simplifican más el momento de la votación y que hacen a un sistema más justo”, afirmó una fuente libertaria que participó en la redacción del proyecto.

Pero la discusión es más compleja. Tanto en el Gobierno como en las provincias afirman que todavía no ha existido un diálogo profuso para comenzar a destrabar este asunto. La principal razón es que falta mucho para las elecciones y todavía sigue el cálculo político de si es mejor acordar ahora o en otro momento.

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Esta definición es clave porque va a condicionar el calendario electoral del año próximo. Los escándalos recientes del oficialismo hicieron que diferentes espacios de la oposición se esperanzaran con tener chances de competir electoralmente el año próximo y comenzaran a conversar sobre posibles alianzas. La cuestión es que no hay liderazgos definidos en prácticamente ningún espacio salvo en La Libertad Avanza. Las PASO son una herramienta clave para ciertos actores opositores.

Al interior del Gobierno hay quienes ven en esta jugada de Milei una suerte de reactivación de la discusión pública. “Bastante bien que introdujimos el tema de la casta con las PASO. Después se votará, eso no importa. Los tiempos legislativos serán otros. Lo veo muy comunicacional y que es una etapa inicial para ir a buscar los votos”, marca una fuente.

Una vez que se termine de acordar el nuevo paquete de reformas para mayo, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto retomar su agenda de viajes y las reuniones con gobernadores. Las últimas reuniones y encuentros estuvieron vinculados, entre otros temas, a la Ley de Glaciares, entre otras iniciativas que ya fueron abarcadas en el Congreso. “Ahora se está a la espera de cerrar el nuevo paquete de reformas para su envío y, a partir de ahí, reactivar la agenda”, afirman en su entorno.

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La mesa política del Gobierno

Hay alfiles de la mesa chica de la Casa Rosada que están interesados en materializar un acuerdo con gobernadores para eliminar las PASO. “El Gobierno lo tiene que hacer lo antes posible, porque la fortaleza política la tiene prestada. Si vos les ofrecés la reelección a varios de ellos, el camino para las nacionales se allana más facilmente”, afirma un estratega libertario.

El asunto es que todavía no hay ningún acuerdo posible: en la mesa política hay posturas más optimistas que consideran que hay un margen para conseguir los votos en un futuro próximo; y otra más negativa que busca demorar el tratamiento de la reforma porque las adhesiones simplemente no están.

Hay provincias colaboracionistas con el Gobierno que ya afirman estar de acuerdo con la idea de eliminar o suspender las primarias. Pero en otras muy importantes no hay una lectura de cuál es el camino conveniente para retener sus distritos. “No hay postura de si PASO sí o no, porque no está resuelto cómo vamos a votar el año que viene a nivel provincial”, afirman desde un distrito patagónico.

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Hay provincias que no se caracterizan por ser alineadas al mileísmo -como Santa Fe-, pero que tienen predisposición a analizar un acuerdo si es que se conversan varios aspectos a nivel de la política subnacional. ¿La forma en la que pueda competirles La Libertad Avanza en su distrito es un condicionante?

No es casual que se hayan reanudado cierto tipo de encuentros entre Nación y provincias. Durante la última semana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, avanzó en la convocatoria de una mesa que integran el ministro del Interior, Diego Santilli, junto a los primos Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la fuerza, y Eduardo “Lule” Menem, actual subsecretario de Gestión Institucional.

Karina Milei junto a Cornejo y Frigerio

El primer encuentro operativo se realizó en el despacho de Santilli en Casa Rosada, donde la delegación nacional recibió a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), dos de los cuatro mandatarios provinciales que acordaron respaldo electoral en 2025.

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El gobernador de la provincia cuyana no piensa suspender sus propias PASO y sabe que el diputado nacional Luis Petri es un serio contendiente para disputar la gobernación. Hay intereses de ambos lados que hacen que puedan arribar a un punto medio. Lo mismo sucede con el caso del litoraleño, que está en una posición más favorable para negociar porque no hay figuras competitivas de La Libertad Avanza.

El oficialismo dejó trascender que las definiciones sobre candidaturas, alianzas y estructura política no se harán públicas hasta culminar el próximo Mundial de Fútbol, que comienza el 11 de junio y finaliza el 19 de julio de 2026. La estrategia responde a la percepción, confirmada por fuentes internas, de que “no tiene sentido plantear algo antes. Se plancha todo por un mes. Intuyo que todos los espacios van a hacer lo mismo”. En la lista de futuras reuniones aparecen los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco), cinco de los mandatarios con los que más se ha acercado el gobierno en las elecciones legislativas del año pasado.

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El oficialismo avanzó con el dictamen de Zonas Frías en el Senado y buscará aprobarlo la semana que viene

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El oficialismo obtuvo en el Senado un dictamen de mayoría para modificar los subsidios al gas en las zonas frías, una iniciativa con media sanción de Diputados que, si se convierte en ley, reemplazará parte del criterio geográfico vigente desde 2021 por una segmentación basada en la vulnerabilidad económica de los hogares.

La propuesta también extiende hasta 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables e incorpora un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas regularicen sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

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El cambio alcanzará a las localidades incorporadas al régimen hace cinco años, distribuidas en 10 provincias. Allí, el beneficio general dejará de aplicarse y quedará reservado para los usuarios que acrediten menores ingresos u otras condiciones de vulnerabilidad.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. La funcionaria sostuvo que la ampliación aprobada en 2021 “fue una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero no tenía ninguna racionalidad desde el punto de vista de un esquema de subsidios”.

El Gobierno estima que 1.600.000 usuarios incorporados al sistema en 2021 perderán la totalidad del subsidio, pero la reforma podría afectar a unas 3,4 millones de familias, además de pequeñas y medianas empresas y sectores medios.

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La Ley 27.637, impulsada entonces por el diputado Máximo Kirchner, había ampliado el régimen que hasta ese momento se concentraba en la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. La reforma sumó departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

El oficialismo dictaminó el proyecto de Zonas Frías

El nuevo esquema mantendrá los subsidios residenciales de alcance general para la Patagonia, Malargüe y la Puna. En las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021, el beneficio dependerá de la inscripción y calificación dentro del SEF, creado por el Decreto 943/2025.

Para acceder al subsidio en las zonas templadas e intermedias, las familias deberán demostrar ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo dos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El límite equivale a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes.

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La iniciativa prevé una incorporación automática para hogares con integrantes que perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares, sin importar sus ingresos. En cambio, los hogares con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad quedarán sujetos a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.

El descuento ya no se calculará sobre el total facturado por las distribuidoras, sino únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas. El cargo fijo dejará de estar alcanzado por el subsidio.

Tettamanti planteó que la diferencia de consumo justifica una segmentación más focalizada. “En la Patagonia el consumo medio de un residencial son 4.500 metros cúbicos al año de gas, cuando en las zonas templadas son 990 metros cúbicos. En el resto de las provincias que quedaron sin subsidios tienen un consumo de 650”, afirmó.

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El senador de Santa Cruz José María Carambia cuestionó que la reforma implique una suba encubierta de tarifas para los usuarios de su provincia y del resto de la Patagonia. “Si un senador de la Patagonia vota a favor de esto, está votando a favor de que se aumenten las tarifas de gas”, advirtió.

El legislador mencionó el caso de un vecino santacruceño cuya factura de $315.000, según sostuvo, pasaría a costar $500.000. También alertó que el proyecto le otorgaría al Poder Ejecutivo facultades para subir o bajar subsidios de manera discrecional.

La Secretaría rechazó esa proyección y afirmó que el grueso del consumo seguirá subsidiado en 50%, aunque el cargo fijo dejará de tener descuento. “De ninguna manera una factura de $315.000 va a pasar a $500.000 por dejar de subsidiar el cargo fijo”, respondió.

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Según las estimaciones expuestas por Tettamanti, los usuarios de zonas templadas que pierdan el subsidio al gas y comiencen a pagar el cargo fijo completo enfrentarán una suba promedio de $15.000 mensuales. Para quienes viven en zonas frías y pasen a pagar el cargo fijo pleno, el aumento medio sería de $25.000 por mes.

La funcionaria sostuvo que un usuario de Santa Cruz o de cualquier punto de la Patagonia pagará el mismo cargo fijo que una persona de bajos ingresos del resto del país. También remarcó que el mayor consumo de gas por las condiciones climáticas no implicará un cargo fijo más alto.

El dictamen fue firmado por representantes de La Libertad Avanza, PRO, la senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos “Camau” Espínola y los integrantes de Convicción Federal Carolina Moisés y Guillermo Andrada.

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La mendocina Mariana Juri, de la Unión Cívica Radical, no acompañó el despacho, al igual que Carambia, la cordobesa Alejandra Vigo y el puntano Fernando Salino. El bloque Justicialista no participó porque todavía no designó a sus vocales para esas comisiones. El oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto el jueves 24 de septiembre.

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Causa AMIA: suman al juicio al hombre de confianza de Khamenei como cerebro del atentado

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El juez federal Daniel Rafecas sumó al iraní Alí Asghar Hejazi al juicio en ausencia por el ataque a la AMIA. De esa forma, hizo lugar al pedido de la fiscalía, que considera a Asghar Hejazi como el presidente del comité que decidió el atentado terrorista de 1994.

El dirigente iraní, cuyo nombre también se consigna como Alí Asghar Mirhejazi, tiene actualmente 79 años y era en 1994 el delegado personal del entonces líder supremo Alí Khamenei, su mano derecha.

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El fiscal federal especial para la causa AMIA Sebastián Basso entendió en un dictamen que la decisión de atacar la mutual se tomó durante una reunión de un comité secreto conocido como “Vijeh”, encabezado por Khamenei y Hejazi.

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi; nuevo imputado en la casua Amia con pedido de captura.

El fiscal considera que intervinieron en la decisión del atentado Mohsen Rezai (comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica), Ahmad Vahidi (a cargo de la Fuerza Al Quds, la sección encargada de operaciones fuera de Irán), Alí Fallahian (ministro de Inteligencia) y Alí Akbar Velayati (a cargo de la política exterior).

La fiscalía entiende que el 14 de agosto de 1993 se decidió el atentado del 18 de julio de 1994 en ese Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, con el aval de Khamenei.

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Desde ese momento, el comité presidido por Hejazi se ocupó de los preparativos y la definición de la fecha del ataque, que provocó la muerte de 85 personas y dejó 300 heridos.

La fiscalía entendió que Hejazi estuvo en Buenos Aires en marzo de 1993, como delegado personal de Khamenei y para supervisar la operación y analizar sus posibilidades.

Según Basso, integrantes de la Fuerza Al Quds, liderada por Vahidi, transmitieron las directivas para la ejecución material del atentado a Imad Mughniyeh, señalado como el jefe de la estructura más clandestina de Hezbollah hasta su muerte en 2008.

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El juzgado de Rafecas dictó la captura nacional e internacional de Hejazi el 10 de abril pasado, pidió a Interpol la difusión de una circular roja y lo declaró rebelde el 7 de mayo.

El tribunal remarcó que la cancillería iraní fue notificada de todas las medidas dispuestas en su contra, y concluyó que “no existe forma alguna que Hejazi no haya tomado conocimiento de las imputaciones que pesan en su contra y de la existencia del proceso penal”.

Por eso es que lo sumó al resto de los acusados al juicio en ausencia, cuya viabilidad analiza la Cámara de Casación Penal.

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Hernán Cappiello,Conforme a

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El ministro de Defensa ordenó iniciar el proceso para destituir al personal de la Armada involucrado en los presuntos sobresueldos

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El ministro de Defensa, Carlos Presti, reveló este miércoles durante su paso por ¿La Ves? que ordenó al jefe de la Armada que inicie el proceso para destituir al personal de su fuerza señalado por cobrar presuntos sobresueldos de manera irregular por $980 millones.

“Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco o veinte delincuentes”, enfatizó Presti en una entrevista con TN. Y confirmó: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un consejo de disciplina militar pasen a ser destituidos”.

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En ese sentido, el ministro fue aún más lejos y afirmó: “Más allá de la Justicia federal, que espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”.

Las declaraciones del funcionario se dan luego de que la propia fuerza presentara una denuncia penal por presuntas irregularidades en el pago de haberes a 23 personas, por un monto que asciende a $981.148.567,88. La denuncia fue radicada por el Jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, quien alertó sobre “modificaciones efectuadas sobre registros y archivos destinados a la acreditación bancaria de haberes”.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, destacó los fondos asignados a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto 2027 y rechazó la intervención en Seguridad interior. (Foto: captura TN)

Según el escrito, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a favor de esas 23 personas, por importes superiores a los que correspondían según sus liquidaciones o directamente sin respaldo en haberes legítimos. El denunciante detalló que los registros generados por el Sistema de Haberes eran alterados de forma transitoria antes de su envío al Banco Nación, y luego restituidos a sus valores originales para que los cambios no quedaran reflejados en los recibos publicados.

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Entre los señalados hay personal militar en actividad y en retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil jubilado, y cuatro personas sin ningún vínculo laboral ni funcional con la Armada. Una de ellas, María del Carmen Prieto —con 46 acreditaciones por $152.259.495,86, la cifra individual más alta de toda la causa—, es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff.

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