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POLITICA

Ley de propiedad privada: oficialismo y aliados se acercaron en el Senado y buscan dictaminarla para sesionar

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El oficialismo y la oposición dialoguista llegaron a un principio de acuerdo esta tarde en el Senado y, con modificaciones no menores mediante, intentarán firmar un dictamen de mayoría sobre la ley libertaria que blinda la propiedad privada, defendida semanas atrás por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La definición del asunto se consumó durante una cumbre que mantuvieron la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), con sus pares de la UCR -allí se realizó el convite-, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), y silvestres provinciales.

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Como adelantó Infobae, se dinamitará por completo el capítulo -que quería borrar la mayoría de los dialoguistas- referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una derrota para Sturzenegger, que denostó el sistema en manos de Nación y quería delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una millonada en juego.

Si bien quedan otros ítems con menores rispideces a resolver -venta de tierras a extranjeros y desalojos exprés, por ejemplo-, el inconveniente más importante es que, en el último plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, se pasó a un cuarto intermedio.

Esto implicaría tener que convocar -con agilidad y lupa sobre el reglamento- a una reunión mañana mismo. En principio, no sería la intención del oficialismo. Por ende, se pasaría a rubricar un dictamen entre despachos. No es la primera vez que ocurriría, aunque volvería a ser, de mínima, desprolijo.

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Los principales jefes del oficialismo y la oposición dialoguista: Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), Martín Goerling (PRO) y Eduardo Vischi (UCR)

La potencial sesión que se piensa para el jueves 14 de mayo tendría, además, la prórroga del programa de entrega de armas, un acuerdo con holdouts y, según confiaron desde diversos espacios, la continuidad por cinco años del camarista federal Carlos Mahiques. No ingresará la ley de falsas denuncias que empuja la radical Carolina Losada (Santa Fe), como contó semanas atrás este medio.

Tras el encuentro en el bloque de la UCR, los legisladores bajaron del segundo al primer piso de la Cámara alta para actualizarle la agenda a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Bicamerales

Durante la jornada de hoy se conformaron tres bicamerales, siempre una cuestión espinosa. La primera fue la trascendental Mixta Revisora de Cuentas, que es el enlace con la Auditoría General de la Nación (AGN), quien revisa -a posteriori- los gastos del Estado.

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Allí, el ex presidente de la bancada libertaria en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), se quedó con el liderazgo de la misma, tal como anunció Infobae. En tanto, la de los fondos relacionados con la seguridad social -también estratégica- pasó a manos del senador oficialista Bruno Olivera Lucero (San Juan).

La última fue la Permanente de La Defensoría del Pueblo, que sigue sin hallar al sucesor de Eduardo Mondino. Fue el último defensor votado con dos tercios por ambas Cámaras. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se arribó a un reemplazo.

Los misioneros renovadores Elizabeth Rojas Decut y Carlos Arce. La primera quedó como presidenta de la comisión de Educación de la Cámara alta. Ambos voltearon la ley de Ficha Limpia el año pasado (Prensa Senado)

Papelón

Una comisión activada este miércoles fue la de Educación. Recibió el generoso premio de la presidencia la misionera renovadora Elizabeth Rojas Decut, uno de los votos clave -junto a su colega Carlos Arce– con los se noqueó la ley de Ficha Limpia el año pasado. Hoy, son adhesiones trascendentales para el esquema libertario. Como los diez de la UCR, tres del PRO y otros provinciales.

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Como es sabido, siempre son observados y criticados los discursos que varios diputados y senadores leen en el recinto a la hora de hacer uso de la palabra. Lo que nadie se imaginó, durante una reunión de comisión sin ningún tipo de conflicto, es que Rojas Decut se ubicara en la presidencia con una máquina personal y casi sin mover los ojos de la misma para seguir lo que tenía escrito, lo que generó risas y caras tapadas -por vergüenza- entre algunos presentes.

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POLITICA

Por diferencias con Monteoliva, renunció Julián Curi, el funcionario a cargo de las cárceles federales

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Julián Curi, el funcionario que tenía bajo su responsabilidad la conducción política del Servicio Penitenciario Federal (SPF), presentó su renuncia indeclinable al Ministerio de Seguridad Nacional por diferencias con la ministra Alejandra Monteoliva sobre la estrategia para administrar la crisis de sobrepoblación carcelaria y el alojamiento de detenidos en establecimientos federales.

La renuncia quedó formalizada mediante una nota dirigida a Monteoliva, a la que accedió Infobae. En el documento, Curi reivindicó su gestión, agradeció el respaldo político recibido y solicitó que su dimisión fuera aceptada de inmediato. El pedido estuvo acompañado por una advertencia sobre las consecuencias judiciales que enfrentaba personalmente por las disputas entre la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y distintos tribunales federales.

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Al menos tres fuentes consultadas por Infobae, interiorizadas sobre las circunstancias que rodearon la salida del funcionario, desligaron la decisión de dar un paso al costado de las tensiones que Patricia Bullrich mantiene con distintos sectores del Gobierno y de las últimas diferencias públicas que la senadora expresó con el presidente Javier Milei. Los testimonios coincidieron en que la renuncia respondió a desacuerdos sobre la gestión penitenciaria y no a un movimiento político vinculado con la presidenta del bloque del Senado de La Libertad Avanza.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

La distinción resulta relevante porque Curi es uno de los funcionarios que llegaron al Ministerio de Seguridad de la mano de Bullrich y mantuvieron su vínculo político con la actual senadora. Sin embargo, las diferencias que precipitaron su alejamiento estuvieron concentradas en la estrategia para enfrentar la sobrepoblación carcelaria, el traslado de detenidos desde dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires y las obligaciones que recaen sobre el Servicio Penitenciario Federal.

El desacuerdo con Monteoliva se profundizó cuando desde la conducción del Ministerio se plantearon cambios en la estrategia que venía desarrollando la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Ante la falta de consenso sobre cómo continuar, Curi optó por presentar su renuncia indeclinable. Según pudo saber Infobae, las diferencias fueron de carácter profesional y estuvieron vinculadas con la definición de prioridades para administrar un sistema penitenciario con limitaciones de infraestructura, recursos y capacidad de alojamiento.

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Curi había sido designado el 2 de enero de 2024, durante la gestión de Bullrich, y permaneció en el cargo cuando Monteoliva asumió la conducción del Ministerio. La Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios depende directamente de la ministra, sin una secretaría intermedia, y ejerce la conducción política del SPF. Bajo esa estructura funcionan 34 unidades y establecimientos penitenciarios federales. La conducción operativa del organismo está a cargo de Fernando Martínez, quien continúa al frente de la institución.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad Nacional no definió quién reemplazará a Curi al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, un área estratégica para la administración de las cárceles federales, la coordinación con las autoridades judiciales y la definición de las políticas de alojamiento y tratamiento de las personas privadas de libertad.

La renuncia de Curi

En su carta, el funcionario sostuvo que dejaba el puesto “con la tranquilidad de haber dedicado mi esfuerzo y compromiso al servicio y a la defensa de los intereses del Estado Federal y del Servicio Penitenciario Federal”.

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También dedicó un párrafo a sus principales respaldos políticos. Expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y, en especial, a Patricia Bullrich, por “la confianza, acompañamiento, respaldo y respeto demostrados durante mi gestión”.

La mención a las máximas autoridades del Gobierno y a la exministra de Seguridad también buscó dejar constancia del reconocimiento político al concluir su paso por la función pública. El alejamiento quedó planteado como una consecuencia de diferencias sobre la administración de un área específica, en la que las decisiones involucran recursos presupuestarios, capacidad operativa y obligaciones judiciales que pueden resultar contradictorias.

Las diferencias por la sobrepoblación y el traslado de detenidos

Uno de los principales problemas que enfrenta el Servicio Penitenciario Federal es la cantidad de personas detenidas en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires. La falta de plazas disponibles en las cárceles federales provocó que comisarías y alcaidías porteñas funcionaran durante períodos prolongados como espacios de detención, una situación que generó sucesivas controversias judiciales.

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El conflicto adquirió una dimensión particularmente compleja por las órdenes de distintos tribunales. Mientras la Justicia porteña exigía avanzar con el traslado de detenidos hacia establecimientos penitenciarios, diversas resoluciones de jueces federales establecieron restricciones a la cantidad de internos que podían alojarse en determinadas unidades.

Ese escenario colocó a los responsables del SPF ante obligaciones difíciles de compatibilizar: recibir personas provenientes de comisarías y alcaidías y, al mismo tiempo, respetar los límites de alojamiento establecidos por otros magistrados. La controversia sobre cómo cumplir esas decisiones judiciales se convirtió en uno de los elementos centrales de las diferencias sobre la estrategia penitenciaria.

La discusión no se limitaba a determinar cuántos detenidos podían incorporarse al sistema. También involucraba la distribución de los recursos disponibles, las prioridades de alojamiento, las responsabilidades de cada jurisdicción y las condiciones en las que debía garantizarse el cumplimiento de las decisiones judiciales.

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En ese contexto, el cambio de estrategia impulsado desde la conducción del Ministerio encontró diferencias con los criterios que venía aplicando la Subsecretaría. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre cómo administrar esa situación terminó por precipitar la renuncia.

Patricia Bullrich y Karina Milei

Curi advirtió sobre multas que podían afectar su patrimonio personal

Uno de los pasajes más significativos de la carta aparece en el último párrafo, donde Curi explicó las razones por las que solicitó la aceptación inmediata de su dimisión. Allí describió el conflicto entre las decisiones de la Justicia federal y las órdenes impartidas desde la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario argumentó que, por su tarea en defensa del “status federal del Servicio Penitenciario Federal” y ante “la progresiva intromisión e interferencia de un tribunal jurisdiccional local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre lo concordantemente decidido por diversos jueces federales”, había quedado expuesto a posibles sanciones judiciales.

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La advertencia fue aún más precisa. Curi señaló que había sido apercibido por la posible comisión de los delitos de “desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público” y por la eventual aplicación de “astreintes diarios sobre mi patrimonio personal”.

Las astreintes son multas coercitivas que pueden imponerse para forzar el cumplimiento de una decisión judicial. En este caso, la sanción prevista era de $ 200.000 diarios y recaía sobre el patrimonio personal del funcionario, aunque no había llegado a ejecutarse.

El conflicto tenía antecedentes en las decisiones judiciales que ordenaban trasladar detenidos alojados en dependencias policiales porteñas hacia establecimientos del sistema penitenciario. Las autoridades federales enfrentaban, a su vez, restricciones impuestas por otros magistrados que impedían superar determinados cupos de alojamiento.

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La situación involucraba el traslado de alrededor de 2.000 detenidos, en un escenario en el que las plazas disponibles resultaban insuficientes para absorber esa cantidad de personas sin afectar los límites establecidos judicialmente.

El pedido de aceptación inmediata de la renuncia estuvo relacionado con esa responsabilidad personal. Mientras continuara formalmente en el cargo, Curi permanecía alcanzado por los apercibimientos judiciales vinculados con el cumplimiento de las medidas.

La salida de Curi se suma a la renuncia de Federico Angelini

La salida de Curi se sumó a la renuncia de Federico Angelini, otro dirigente estrechamente identificado con Patricia Bullrich, que dejó el Ministerio de Seguridad el 21 de mayo. Angelini se desempeñaba como subsecretario de Intervención Federal y había tenido un papel central en la implementación del Plan Bandera en Rosario y en la política de seguridad fronteriza.

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Su alejamiento ocurrió en medio de tensiones políticas dentro del oficialismo, aunque el funcionario sostuvo que su decisión respondía a su intención de regresar a la actividad política en Santa Fe, donde posteriormente se incorporó a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Son dos salidas de funcionarios que llegaron al Gobierno de la mano de Bullrich, pero en circunstancias diferentes.

Federico Angelini

La renuncia de Curi abre ahora una nueva etapa para la conducción política del Servicio Penitenciario Federal, con una agenda condicionada por la sobrepoblación, las exigencias judiciales y la necesidad de resolver el alojamiento de detenidos que permanecen en dependencias policiales.

Sin un reemplazante definido, la ministra Monteoliva deberá resolver quién asumirá la responsabilidad política de un sistema cuya administración quedó en el centro de las diferencias que provocaron la salida del subsecretario. El problema de fondo seguirá siendo el mismo: cómo cumplir las órdenes judiciales y las obligaciones del Estado sin profundizar una crisis de alojamiento que excede la capacidad disponible en las cárceles federales.

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POLITICA

En medio de las negociaciones con LLA, el PRO rechazó discutir la suspensión de las PASO “a las apuradas”

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Desde un sector del PRO volvieron a marcarle la cancha al Gobierno, poco después de una nueva reunión entre representantes del partido liderado por Mauricio Macri y el Ejecutivo, como parte de las negociaciones por una eventual alianza para las presidenciales del 2027.

El jefe de bloque del partido en el Senado, Martín Goerling, y el precandidato presidencial, Hernán Lacunza, destacaron que el año que viene el espacio será “protagonista”. Además confirmaron el respaldo a las PASO, que el Gobierno intenta eliminar o suspender para las elecciones del próximo año.

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Goerling mencionó que recién en el 2027 el PRO definirá si competirá con candidato propio o acompañará a otro espacio y destacó que el partido buscará tener un papel central: “No tengo duda de que el PRO va a ser protagonista en lo que viene, o liderando o acompañando un gran frente en la Argentina”.

El jefe de bloque del PRO en el Senado además confirmó su respaldo a la postulación de Lacunza y dijo, que Macri les pidió trabajar para fortalecer el partido en todo el país: “Lo manifesté, apoyamos a Hernán, que manifestó su voluntad. Macri lo apoya, yo hablé con él, me dijo que sigamos trabajando en esa línea. Macri fue claro en ese sentido, dijo: ‘Trabajemos en lo propio, en fortalecer el partido en todo el país’”.

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POLITICA

Un funcionario clave de Trump visitó Argentina y dijo que las relaciones con EE.UU. están “en el momento más alto de su historia”

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El secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, un funcionario clave en la administración republicana, visitó esta semana el país y afirmó que la relación bilateral se encuentra “en el momento más alto de la historia”.

Entre sus actividades, tuvo una reunión con el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

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Landau resaltó la importancia de que, del otro lado de Estados Unidos, haya un gobierno como el que encabeza el presidente Javier Milei, en el fortalecimiento de la relación entre ambos Estados.

Landau junto al presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador estadounidense en la Argentina.

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Christopher Landau profirió dichas declaraciones este sábado en sus redes sociales. Tras días de visita a la Argentina que tuvieron como eje la ratificación de lo que considera como “una alineación histórica”.

La visita de Landau a Buenos Aires

“Visité Buenos Aires esta semana para reafirmar y profundizar esta alineación histórica”, publicó el funcionario clave de Trump.

A la vez, destacó del país su mano de obra y activos naturales, además de señalar que su alineamiento con Estados Unidos, y puesta a disposición de la fuerza laboral y dichos activos para la cadena de suministros estadounidense, es clave para una mayor explotación de estos.

“Argentina es uno de los países más ricos del mundo en capital humano y recursos naturales, y el capital y el saber hacer estadounidenses pueden ayudar a desbloquear su vasto potencial para nebeficio mutuo”, señaló, en ese sentido.

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