POLITICA
Libertarios y peronistas activaron la rosca por 2027 mientras el bolsillo sufre las penurias de 2026
“Milei es así”. El ministro no escupió esa frase con enojo, pero había en el tono que usó frente a un grupo de dirigentes violetas una mezcla extraña de aceptación y resignación. Nadie quiso interrumpir sus argumentos y mucho menos discutirle porque el hombre estaba resumiendo, en la intimidad de su despacho, el sentir de buena parte del oficialismo: el primer presidente liberal libertario de la historia es un líder distinto. No es políticamente correcto. Incomoda con sus afirmaciones. Razona como si no le importara el costo social de sus palabras. Y, aunque supo demostrar que puede ser pragmático si el contexto lo requiere, su existencia está atravesada por los dogmas de sus autores predilectos como Murray Rothbard, Ludwig von Mises o Friedrich Hayek. Por eso, aquella tarde en Casa Rosada, la indignación de ese grupo de colaboradores rápidamente se convirtió en una terapia colectiva que derivó en una conclusión tan simple como obvia: “Estas son las reglas, así que hay que seguir para adelante si queremos la reelección”.
El episodio que había desatado el debate interno tenía que ver, como casi todas las discusiones que se dan puertas adentro de Balcarce 50, con la economía cotidiana y las penurias del bolsillo que aparecen como un reclamo de creciente intensidad en todos los sondeos de opinión pública que llegan al corazón del poder. “Quienes se endeudan tienen responsabilidad”, había declarado el primer mandatario en televisión nacional antes de completar su lectura con una pregunta provocativa: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”. En definitiva, nadie en Argentina debería esperar medidas de alivio para un drama en ascenso: según un informe del Banco Central, la morosidad de los créditos otorgados a las familias ya alcanzó 12,8%, lo que significa el nivel más alto en 20 años. Sin embargo, el rojo con las billeteras virtuales y sus tasas de interés usurarias llega al 30%. El doble clic en el dato es alarmante: buena parte de los pedidos de dinero líquido son para cubrir gastos corrientes y llegar a fin de mes.
“Javier es un político al que no le importa la política”, explica ante Infobae el mismo funcionario que le dijo a los suyos que “hay que aceptar a Milei como es Milei porque ganó las elecciones justamente por su espíritu genuino”. ¿Y esa actitud lo puede ayudar a quedarse otro período en el sillón de Rivadavia? Ahí brotan los titubeos y los silencios extendidos. También la admisión de que varios ministros recibieron estudios cualitativos que marcan un apoyo menos vigoroso por parte de quienes acompañaron a La Libertad Avanza en la segunda vuelta de 2023. “¡Que tenga más empatía!”, dijo un joven de 20 años del conurbano bonaerense en un focus group llevado adelante por un especialista que es respetado por el ecosistema libertario. Un adulto de 43 desde el norte del país agregó: “Lo de la inflación está bárbaro, pero el tema del día a día se está complicando y no se ve una luz al final del túnel”. Y una mujer de 55 del centro productivo fue todavía más dura: “Al final se volvieron casta y no les importa la gente”. Son individuos que no tienen en claro cómo se van a comportar en el cuarto oscuro, pero que levantan la voz en representación de los desencantados.
Ante este panorama, el Presidente delegó en Karina y en sus súbditos más cercanos la responsabilidad del operativo para repetir la victoria. El verbo “delegar” no es una metáfora: para sorpresa de propios y extraños, Milei está cada vez menos metido en la rosca proselitista. Jamás fue fanático de esa parte de su trabajo, pero quienes lo conocen bien lo ven más “aislado” y “enfrascado” que de costumbre; no sale de la Quinta de Olivos salvo por sus tan venerados viajes al exterior, no habilita el intercambio de opiniones con prácticamente nadie de su entorno y rara vez interviene en asuntos cotidianos. Aparece de nuevo la idea de una figura que quemó los manuales tradicionales a tal punto que, juran a su lado, ni siquiera le importa perder si eso implica abrazarse a concepciones populistas o ceder ante el equilibrio fiscal. “Yo no compito contra otros espacios, yo compito contra mí mismo haciendo cada día un gobierno mejor. Si hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si no hacemos un gobierno que merece ser reelecto, no seremos reelectos”, manifestó hace días con desparpajo.
Mientras, la Mesa Política hace “lo imposible para que este modelo se sostenga y fortalezca porque sus beneficios van a terminar llegando”, como suele repetir en privado sin titubear uno de sus miembros más populares.
“El Jefe”, por acción u omisión de su hermano, está más empoderado que nunca: encabeza las reuniones importantes, hace seguimiento fino de las preocupaciones del gabinete, define la estrategia electoral de los 24 distritos y elabora los mensajes que hay que bajar al territorio. Sin ir más lejos, fue la que decidió citar al último cónclave de la mesa chica a un Federico Sturzenegger al que ahora tiene “con la correa corta”, sobre todo después de que en el Congreso se cayeran tres de los seis capítulos originales del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. “Nunca en la historia una secretaria general tuvo tanto poder”, conceden en la Rosada.
El problema es que semejante despliegue político tiene una condición de posibilidad que excede largamente las habilidades negociadoras de Karina, Diego Santilli, los primos Menem o cualquier otro integrante de la troupe violeta. En el corazón de la Casa Rosada ya no separan la economía de la elección: si la actividad, los ingresos y el empleo no empiezan a dar señales más concretas de recuperación, la erosión de la gestión puede profundizarse hasta volver mucho más cuesta arriba los planes oficiales. Una definición empieza a repetirse en conversaciones reservadas con consultores: una parte de la sociedad ya le “pagó” a Milei en las legislativas de 2025 la baja de la inflación, el superávit fiscal y la poda del Estado. Ahora quiere cobrar en especie, con mejores salarios, más trabajo y mayor capacidad de consumo.
Agustín Laje, uno de los intelectuales más escuchados en el universo libertario desde la dirección ejecutiva de la Fundación Faro, lo explicó esta semana en Infobae en vivo con una advertencia que seguramente no entusiasma en Olivos, pero que no deja de ser un baño de realidad: “Si los gobiernos de derecha no logran cambiarle la vida a la gente, el péndulo se va a ir hacia la izquierda”. Su diagnóstico incluye un asterisco menos dramático: Milei conserva un núcleo duro importante, pero deberá “mejorar formas, aliviar gestos y acercar posiciones” para conquistar a los que todavía flotan en el centro del tablero.
Los relevamientos que circulan en los despachos oficiales ayudan a entender la inquietud. AtlasIntel/Bloomberg, especialmente observado por el Círculo Rojo, volvió a ubicar la aprobación presidencial cerca de su piso: 37,1% contra 62,4% de desaprobación. Hay detalles más ásperos: 70% considera mala la situación económica argentina y 60% dice lo mismo de la realidad de su familia. Tampoco sobra esperanza hacia adelante: 56% cree que su metro cuadrado empeorará durante los próximos seis meses.
QSocial llegó por otra vía a una conclusión parecida. Solo 16% califica como buena la situación actual del país y, cuando pregunta cuánto tiempo están dispuestos los argentinos a esperar una mejora personal, la mitad responde que ya no puede esperar más. La consultora incluso cruzó la tolerancia al ajuste con el respaldo electoral y encontró dos curvas que se mueven casi pegadas: en julio, la aceptación de la austeridad cayó al 33% y la intención de sufragar a favor de Milei en 2027 se plantó en 31%. “El voto puede moverse casi 13 puntos según lo que pase con la percepción económica. La economía es la variable dominante”, concluye el estudio.
Casa Tres encontró una manera todavía más brutal de representar el fenómeno: entre quienes debieron resignar consumos, la aprobación de la gestión es de apenas 23%; entre quienes no tuvieron que hacerlo, salta al 74%. Una grieta de bolsillo de más de cincuenta puntos. ¿Qué fue lo mejor que hizo LLA? La baja del Índice de Precios al Consumidor, que según el INDEC se aceleró de 1,9% a 2,1% el último mes, y el ordenamiento del gasto público. ¿Y lo peor? El 60% menciona consecuencias del ajuste: ingresos y consumo, desempleo y estancamiento, problemas para jubilados, la salud, la educación y la discapacidad, además de corrupción, malos modos y una política exterior polémica. La paradoja está a la vista: los argentinos reconocen el éxito que Milei quería conseguir, pero ahora parecen pedirle otro. Para Mora Jozami, titular de la consultora, el desafío es conseguir que el bienestar sea “más homogéneo y transversal” para que más personas puedan decir una frase tan sencilla como electoralmente decisiva: “Ahora a mí también me está yendo mejor”.
Todavía falta para eso. Zentrix descubrió que 86,6% considera necesarios dos o más empleos o fuentes de ingreso para llegar a fin de mes y que 66% agota sus ingresos antes o, como máximo, el día 20. Entre los jóvenes, el último guarismo escala al 85,5%. Otro trabajo, del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) del cura jesuita Rodrigo Zarazaga, reveló que 57% de ese segmento tuvo que pedir plata prestada o tomar un crédito en su hogar y que seis de cada diez redujeron gastos cotidianos.
Hay, de hecho, una postal que vale por diez planillas de Excel. El sábado pasado, en la Sociedad de Fomento de Villa Astolfi de Pilar, volvió a organizarse un Club del Trueque: familias que intercambian bienes y servicios sin utilizar dinero en pleno 2026. Sus organizadores dicen que no será el único evento de esas características que se hará en ciudades populosas.
Hasta sectores naturalmente cercanos al oficialismo empiezan a advertir estas tensiones sociales. El más reciente informe de la Fundación Pensar, la usina vinculada al PRO, incluye un artículo de Hernán Lacunza que reconoce la estabilización, pero pone la lupa sobre los ganadores y perdedores del nuevo esquema. Agro, energía y minería generan en conjunto apenas unos 250.000 empleos directos; en cambio, entre los sectores con turbulencias, industria y construcción concentran casi cuatro millones de trabajadores y el comercio suma otros cuatro millones. La conclusión del reporte es incómoda para los defensores más fanáticos del programa que encabeza Luis Caputo: “La segunda fase es más difícil políticamente: convertir estabilización en bienestar”.
Lo interesante es que esas críticas aparecen justo cuando el partido que encabeza Mauricio Macri y La Libertad Avanza volvieron a hablar seriamente de convivencia. Karina Milei telefoneó el lunes al ex presidente y charlaron durante cerca de media hora. Es toda una novedad que incluye dos aceptaciones: del lado del dirigente amarillo, que la interlocutora válida va a ser la dama de hierro de esta gestión; del lado violeta, que solos no pueden ganar. El encuentro entre Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem con Cristian Ritondo y Fernando de Andreis fue apenas el primero de una serie de encuentros que se repetirán, en principio, cada quince días.
El “borrón y cuenta nueva” aplica también a los gobernadores que se pusieron más duros, como quedó demostrado en la última sesión de la Cámara Alta. El jefe de Gabinete retomó el método Pac-Man: conversaciones constantes, viajes, transferencias, obras, pliegos de jueces e infinitas promesas. En apenas un puñado de jornadas cedió a San Juan la gestión de distintos tramos de rutas nacionales, como ya había hecho con Santa Fe; estuvo en Misiones con los líderes del Norte Grande y viajó a Catamarca para avanzar en una obra de acueductos compartida con Santiago del Estero.
La razón excede cualquier federalismo repentino: el Gobierno necesita votos para el Presupuesto 2027, la reforma electoral y, sobre todo, la suspensión de las PASO, convertida en el primer gran objetivo de Karina para despejar el camino electoral. Estos movimientos de orfebre no significan que los caciques hayan decidido entregar la lapicera: la discusión por las Zonas Frías es el ejemplo que mejor muestra dónde termina la buena onda y empieza la calculadora, ya que algunos mandatarios que acompañaron en Diputados quieren que Economía garantice las compensaciones eléctricas prometidas para las denominadas zonas cálidas antes de la votación en el Senado.
Del otro lado de la grieta también se activó el despertador electoral. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a compartir una mesa después de interminables meses de desconfianzas y reproches, acompañados por gobernadores y jefes parlamentarios. “No estamos ni cerca de ser amigos, pero al menos hubo una primera coincidencia estratégica: defender la importancia de las primarias. No tanto por amor a ese sistema, sino por necesidad. Nos puede ayudar a evitar una fractura antes de llegar a la elección”, resumió uno de los presentes en el convite.
Así las cosas, las tribus políticas de todos los colores e ideologías empezaron a mover las fichas de 2027 cuando todavía falta una eternidad para entrar al cuarto oscuro: 436 días para la primera vuelta. La política ya vive en campaña y hace cuentas de cara al futuro. En paralelo, millones de argentinos hacen una cuenta menos sofisticada y bastante más urgente: cuánto falta para llegar a fin de mes.
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POLITICA
La Iglesia le pidió a Villarruel que el Senado trate la ley contra la ludopatía antes de que pierda estado parlamentario y se archive
La Iglesia volvió a reclamar por la ley de prevención de la ludopatía. La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le mandó una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, y a todos los senadores para pedirles que retomen “de manera urgente” el tratamiento del proyecto que regula los juegos de azar y las apuestas online.
La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, pero está frenada en el Senado. Según la CEPAS, existe “el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”. Si eso pasa, el texto se archiva y el debate tiene que empezar de cero.
“Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”, plantea la carta, en la que los obispos les piden a los legisladores que lleguen a los acuerdos necesarios para que el proyecto se convierta en ley.
En el texto, la Pastoral Social sostiene que la ludopatía dejó de ser una advertencia a futuro y se convirtió en un problema con consecuencias visibles. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias”, señala. También advierte que no hacer nada también es una decisión y que sería “profundamente lamentable”.
La CEPAS remarcó que el Estado tiene que proteger a los más vulnerables y cuestionó que los intereses económicos del sector sigan avanzando. Según la carta, los costos humanos, familiares, sociales y sanitarios no los pagan quienes ganan dinero con el juego, sino las personas, las familias y las comunidades. Para respaldar su planteo, citó investigaciones de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre el impacto de las apuestas online en chicos y adolescentes y en personas sin protección.
La carta también retoma una frase del papa León XIV en la encíclica Magnífica Humanitas, en la que habla de “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. Y cierra con un pedido directo a los senadores: “Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”.
No es la primera vez que la Iglesia presiona por esta ley. En julio de 2024, las pastorales sociales de todo el país lanzaron la campaña “Apostar no es un juego”. En noviembre de ese año, la CEPAS les pidió a los diputados que trataran el proyecto con urgencia y, en febrero de 2025, llevó el mismo reclamo al Senado, donde habló de una “cultura de la timba y del azar”.
En octubre de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina fue más allá y afirmó que “la ludopatía es un atentado contra la vida”. En ese momento, los obispos advirtieron que, sin controles, cada celular podía convertirse en un “casino”.
Lo que propone la ley
Diputados aprobó el proyecto el 27 de noviembre de 2024, con el voto en contra de La Libertad Avanza. La iniciativa, impulsada por la Coalición Cívica con Maximiliano Ferraro como autor principal, prohíbe la publicidad de apuestas en medios, plataformas online, eventos y camisetas deportivas, y prevé sanciones para los influencers que las promocionen. También exige verificación biométrica para entrar a las plataformas de juego online, crea un régimen de autoexclusión, prohíbe el uso de tarjetas de crédito para apostar y no permite que los dueños de empresas de apuestas sean dirigentes de clubes.
Las universidades volvieron a reclamar que se cumpla la Ley de Financiamiento: “Estamos en riesgo”
En mayo de este año, el Gobierno mandó al Senado su propio proyecto sobre ludopatía, con diferencias importantes. La propuesta oficial permite la publicidad de las plataformas con licencia y apunta las sanciones a los operadores clandestinos, con penas de 3 a 6 años de prisión. Además, deja en manos de las empresas el control de la edad de los usuarios, en lugar de la verificación biométrica con el Sistema de Identidad Digital que aprobó Diputados.
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POLITICA
Diego Santilli celebró el apoyo de los gobernadores al DNU 70 y confió en que también avanzará la reforma electoral
Un día después de que el oficialismo lograra mantener ea salvo el DNU 70, Diego Santilli interpretó la falta de quórum en la Cámara de Diputados para tratar el decreto como una señal de respaldo de los gobernadores a la agenda oficialista. El funcionario sostuvo que una eventual derogación implicaría volver a regulaciones que, según afirmó, perjudicaron el mercado de alquileres y limitaron la actividad económica.
En diálogo con Radio Mitre, Santilli presentó al decreto como una de las herramientas centrales de la administración nacional, junto con la Ley Bases. Según su planteo, la norma permitió modificar regulaciones que, a su criterio, limitaban la actividad económica y la llegada de inversiones.
“No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, afirmó al referirse a la sesión que la oposición pretendía realizar para debatir el DNU. Para el funcionario, el rechazo legislativo al decreto habría tenido efectos negativos para la sociedad y no solo para la Casa Rosada.
Santilli cuestionó especialmente la posibilidad de que se revirtiera la derogación de la anterior ley de alquileres. Consideró que esa normativa había reducido la oferta de viviendas y encarecido los contratos. “El DNU 70 trajo muchas soluciones a un país que estaba regulado, lleno de problemas y que no te permitía desenvolverte”, sostuvo.
El jefe de Gabinete mencionó además el acceso al servicio de internet satelital Starlink como otro de los aspectos incluidos en el decreto. De acuerdo con su argumento, la conectividad en áreas rurales puede facilitar la radicación de trabajadores y mejorar las condiciones para quienes desarrollan actividades vinculadas con el campo.
Acuerdos políticos e inversiones en las provincias
Al ser consultado sobre la relación entre el Gobierno y los gobernadores aliados o dialoguistas, Santilli afirmó que el Ejecutivo respalda los proyectos productivos de las provincias. En ese sentido, enumeró iniciativas mineras, energéticas e industriales que, según expresó, permitirán crear puestos de trabajo en distintos puntos del país.
“Estamos acompañando a un montón de gobernadores que creen que la Argentina del futuro es esta”, dijo. El funcionario vinculó esos acuerdos con la llegada de capitales y el desarrollo de sectores como la minería, los hidrocarburos, la industria petroquímica y la agroindustria. “Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, enfatizó.
Como ejemplo, se refirió a una recorrida que realizó en la zona limítrofe entre Salta y Catamarca, donde destacó un acuerdo entre ambas provincias para percibir regalías mineras. Allí mencionó la inauguración de una segunda planta de la firma coreana Posco, que, según sus declaraciones, prevé más de 1.200 puestos de trabajo.
En ese contexto, planteó que los mandatarios provinciales deberían considerar las consecuencias de un eventual retorno del kirchnerismo. Santilli mencionó la posibilidad de revisiones de los regímenes de promoción de inversiones, conflictos por tomas de tierras y cuestionamientos a proyectos productivos, aunque esas apreciaciones formaron parte de su análisis político.
“Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores qu el kirchnerismo dice que va a dar marcha atras con le RIGI”, sostuvo. También citó como ejemplos a Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta, por su vinculación con el sector agropecuario, el combate contra el narcotráfico y el desarrollo de la minería.
La suspensión de las PASO
En otro momento de la charla, Santilli se mostró optimista sobre la posibilidad de que el Congreso avance con la reforma electoral. El objetivo del oficialismo es suspender las PASO, que el jefe de Gabinete cuestionó por el costo de su organización y por la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar.
“¿Qué diputado y senador va a estar en frente de la sociedad que quiere no tener que ir a votar seis veces?”, preguntó, antes de afirmar que una elección primaria puede costar USD 200 millones y sirve para dirimir candidaturas internas de los partidos políticos, un mecanismo que consideró ajeno a las prioridades de los votantes.
“Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral”, expresó Santilli. Para respaldar esa expectativa, recordó que el Gobierno logró avanzar con otros proyectos que inicialmente enfrentaban cuestionamientos sobre su viabilidad parlamentaria, entre ellos la reforma laboral y modificaciones vinculadas con la seguridad.
Los incidentes durante la marcha universitaria
Durante la entrevista, el jefe de Gabinete también fue consultado por los desmanes ocurridos en las inmediaciones del Congreso durante una movilización vinculada con reclamos por el financiamiento universitario. Santilli repudió a quienes protagonizaron hechos de violencia y diferenció esas acciones de los reclamos del sector educativo.
“Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo”, afirmó. Luego sostuvo que quienes participaron de los incidentes no representaban una protesta universitaria.
El funcionario defendió la política oficial para las universidades y cuestionó la gestión del expresidente Alberto Fernández. Según enumeró, el Gobierno incrementó en 270 % el presupuesto universitario de 2024 respecto de 2023, canceló una deuda de $ 10.000 millones y elevó los recursos para hospitales universitarios de $ 7.000 millones a más de $ 100.000 millones. Esas cifras fueron mencionadas por Santilli durante la nota radial.
Ante las críticas de la oposición por el cumplimiento de las normas vinculadas con el financiamiento, Santilli aseguró que el Ejecutivo acató una medida judicial. “Hemos cumplido el 100 % de la cautelar”, afirmó, y añadió que otros aspectos de la ley continúan bajo debate en la Justicia.
Finalmente, el jefe de Gabinete vinculó las protestas y los cuestionamientos al Gobierno con una estrategia de desestabilización. “Lo que parece es que tuvieran temor a la competencia. Entonces, lo que necesitan es desestabilizar, romper la calle”, concluyó.
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POLITICA
Ley de Financiamiento Universitario: el Gobierno descarta flexibilizar su postura y los rectores advierten que el ciclo lectivo 2027 está en riesgo
Tras una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno calificó la protesta de “política”, cuestionó los incidentes frente al Congreso y descartó abrir nuevas negociaciones con los rectores por los fondos. En este escenario, las universidades alertaron que, si no obtienen respuestas, el próximo ciclo lectivo podría estar en riesgo.
Columnas de estudiantes, docentes, no docentes, autoridades de las universidades, junto con organizaciones sociales, políticas y sindicales se movilizaron este jueves por quinta vez desde 2024 en distintos puntos del país en reclamo por el financiamiento universitario y la inminente discusión por el Presupuesto 2027.
Pese a la multitudinaria convocatoria, que en el Consejo Interuniversitario Nacional estimaron en un millón de personas, el cierre de la jornada quedó marcado por violentos incidentes frente al Congreso entre un grupo de manifestantes encapuchados y los efectivos de seguridad. El hecho culminó con más de 30 detenidos y una denuncia del Ministerio de Seguridad.
La Casa Rosada consideró que la protesta “claramente se transformó en una marcha política” y señaló la presencia de figuras del kirchnerismo, la izquierda y el sindicalismo duro. “De universitaria tuvo poco. Cuando ves las imágenes de los encapuchados enfrentándose con la policía, ahí no hay mucho universitario que digamos”, remarcaron a este medio.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue aún más lejos, compartió un video de los disturbios e ironizó: “Así los universitarios reclaman sus derechos. Como toda marcha política, puede embanderarse detrás de un reclamo genuino con el intento de generar un conflicto y mostrar una imagen de disturbio”.
El Gobierno cierra la puerta a las negociaciones
En ese escenario, fuentes oficiales al tanto de las negociaciones fueron tajantes y aseguraron que la marcha “no cambió nada”. Y ampliaron: “No hay ninguna negociación de nada. No recibimos a nadie”. Además, desde el Gobierno cuestionaron la representatividad detrás de la conducción del Consejo Interuniversitario Nacional, hoy a cargo del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y afirmaron que en los palcos de la marcha del jueves hubo poca presencia de rectores.
En ese sentido, en el Ejecutivo insisten en que trabajarán las relaciones con las universidades individualmente con cada rector, “uno por uno”, y descartaron entablar cualquier tipo de mesa de diálogo. Para ejemplificar esta nueva política, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió el miércoles junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a las nuevas autoridades de la Universidad de Tucumán.
Firme en la posición de no abrir una nueva instancia de diálogo, el Gobierno sostuvo que cualquier negociación pasará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo comienza a discutir el Presupuesto 2027. Se trata de uno de los principales focos de tensión con las universidades: el proyecto del Ejecutivo asigna cerca de $7,3 billones a las universidades, mientras que el CIN reclama más de $11 billones y ya presentó su propuesta ante diputados y senadores.
En Casa Rosada, anticiparon su intención de avanzar como hasta ahora, negociando con los bloques aliados y los gobernadores los votos para que el Gobierno tenga su instrumento. “Los recursos son finitos, no podemos disponer de ellos de manera que no tenga una contrapartida o reflejo en el gasto. Hay una premisa en el Presupuesto, que es el equilibrio o el superávit fiscal”, reiteraron.
La advertencia de las universidades: una “olla a presión” y los riesgos para 2027
Frente a esa situación, una importante fuente de la comunidad universitaria reconoció que “hacia adelante hay mucha preocupación, en la medida que no aparezcan respuestas”, y advirtió los riesgos que implicaría una escalada del conflicto.
“Hoy no hay ningún diálogo. Esta semana demostraron, con la virulencia y todos los ataques, poca voluntad para dialogar”, enfatizó la fuente, además de señalar la falta de interlocutores en el Gobierno. “Nadie se hace cargo”, cuestionó.
En ese contexto, entre las autoridades universitarias advierten un creciente clima de tensión en las casas de estudio, y alertan sobre la posibilidad de que comiencen a sucederse medidas de fuerza cada vez más drásticas. “La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria”, explicaron a TN.
La Justicia y el Congreso: las dos vías del conflicto
La disputa gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que tras el veto presidencial y la insistencia de la oposición en el Congreso, el Gobierno promulgó sin ejecutar hasta que fueran identificadas las fuentes de su financiamiento.
En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick dictó una cautelar para aplicar los artículos 5 y 6 (que actualizan salarios y becas), que luego fue ratificada por la Cámara. El Gobierno llevó el caso hasta la Corte Suprema, que finalmente rechazó el recurso el 25 de junio por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. A su vez, Cormick volvió a fallar, esta vez sobre la cuestión de fondo, y ordenó cumplir toda la ley de inmediato. El Ministerio de Capital Humano apeló y la disputa continúa.
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