Afectado por dos shocks -la guerra en Medio Oriente y el Adorni affaire-, el primer semestre del año fue positivo en términos de estabilidad macroeconómica, pero complejo a nivel socioeconómico.

Comencemos por el logro más destacado. Por primera vez desde la firma del acuerdo con el FMI en abril de 2025, Argentina cumplió la meta de acumulación de reservas netas gracias a la compra de divisas por parte del BCRA, implementada desde comienzos del año.

Muchos economistas afirmábamos que este era el eslabón que faltaba para que el índice de riesgo país siguiera bajando, y la reducción de 150 puntos básicos durante el primer semestre del año pareció confirmarlo. De hecho, las dos calificadoras que mejoraron la nota de la deuda argentina en los últimos meses destacaron la acumulación de reservas, junto con el equilibrio fiscal.

Respecto de las cuentas públicas, se destacó el hecho de haber preservado el superávit primario pese al desplome de casi 8% real interanual de los ingresos tributarios del sector público nacional. Para lograrlo, el Gobierno apeló a pisar el gasto (este año aún no pagó a las empresas productoras bajo el Plan Gas y regularizará con bonos impagos de obra pública entre 2022 y 2025, y de la coparticipación a CABA) y a privatizaciones.

El propio ministro de Economía dijo que el margen para seguir ajustando erogaciones es acotado, por lo que será clave que la recaudación deje de caer.

Por último, se destacó la baja y estabilidad de las tasas pasivas en pesos, señal de normalización tras el triunfo oficialista en las Legislativas.

La asignatura pendiente fue la micro, especialmente la de las familias. La inflación se aceleró en el primer semestre -rozó 17% versus 15,1% en la primera mitad de 2025-, lo que resintió el ingreso real y el disponible de los hogares.

El serrucho mensual de la actividad, con leve tendencia alcista gracias a la minería, la energía y el sector agropecuario, no alcanzó para frenar el deterioro del mercado laboral: en el primer trimestre de 2026 cayó -en términos anuales- el empleo formal (asalariado y cuentapropista) y trepó el informal (asalariado y cuentapropista).

A esto se sumaron el freno de los préstamos en pesos y el aumento de la mora, que alcanza a más de un cuarto de las personas que tomaron crédito en nuestro país. La baja de tasas pasivas -quedaron incluso por debajo de la inflación- no se tradujo en una reducción relevante del costo de los préstamos en pesos para individuos: sin mejora de ingresos reales, con pérdida de empleo de calidad y tasa de interés real muy positiva, los préstamos se convirtieron en una pesada carga para las familias.

Por último, el Gobierno atravesó en la primera mitad del año dos shocks de distinta índole. La guerra en Irán potenció transitoriamente el ingreso de divisas por el canal comercial (fuerte suba del precio internacional de la energía y, en menor medida, de los alimentos) y las presiones inflacionarias (a nivel local e internacional). Asimismo, producto de las crecientes sospechas de corrupción en torno al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, el oficialismo perdió la iniciativa política tras arrancar el año con resonantes triunfos en el Congreso (aprobación de la reforma laboral, la ley de glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea).

La asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete le permite al Gobierno dejar atrás el Adorni affaire y ordenar, a través de la “política”, la búsqueda de la reelección del presidente Javier Milei.

Asimismo, la intermitente reapertura del estrecho de Ormuz está haciendo volátil los precios internacionales de la energía y los alimentos, que se habían acercado a niveles previos al conflicto, por lo que los shocks que emergieron en la primera mitad del año tienden a diluirse.

A esto se suma una política económica que busca:

1. reanudar obras menores de infraestructura (especialmente vial y energética) vía adjudicaciones a privados;
2. reducir la incertidumbre sobre el repago de la deuda en moneda dura en 2027, a través de la presentación de un programa financiero que plantea generar un colchón de USD 3.700 millones en lo que resta del año para cubrir las necesidades de 2027 sin necesidad de acudir a los mercados internacionales; y
3. apuntalar el crédito flexibilizando los requisitos para tomar préstamos en dólares.

La perspectiva de inflación para el segundo semestre luce favorable, porque la suba de precios habría perforado el 2% en junio y la normalización de precios internacionales podría contribuir a moderar las presiones inflacionarias en el corto plazo (si el crudo se estabiliza en torno a US$ 70 el barril, la nafta debería bajar en Argentina). La principal duda es qué sucederá con el tipo de cambio oficial que, tras una larga siesta postelectoral, comenzó a despertarse en el último mes y medio.

La elevada estacionalidad de liquidación de agrodivisas y la mejora de términos de intercambio van quedando atrás, y el excepcional ingreso de capitales por parte de provincias y empresas (post contundente triunfo en las elecciones de mitad de término) podría morigerarse.

Hasta mayo, los dólares que demandaban particulares (y dejaban depositados en el sistema financiero) se compensaban con préstamos en moneda dura y colocaciones de las empresas.

La suba del 6% del dólar en poco más de un mes redujo el apetito por tomar deuda en dólares (los préstamos en dicha moneda treparon solo USD 313 millones a lo largo de junio) y las bajas tasas pasivas -que ayudan al sistema financiero a digerir la elevada morosidad- desalientan el carry trade. Lo más probable es que el alza del dólar oficial, los precios y los salarios no superen el 2% promedio mensual en la segunda mitad del año.

En cuanto al nivel de actividad, no hay dudas de que la minería, la energía y la agroindustria seguirán siendo la locomotora de la expansión del PBI. La pregunta relevante es si se podrán sumar otros sectores, y si la inversión y el empleo formal podrán retomar una senda de crecimiento. La respuesta está asociada al devenir de los tres grandes perdedores del modelo económico de la administración Milei: industria, comercio y construcción.

No creo que haya muchos cambios en la industria (jaqueada por competencia externa y anemia interna) ni en el comercio por la restricción presupuestaria de las familias (endeudadas y con elevada mora), pero la construcción podría consolidar su recuperación de la mano de obra pública de menor envergadura, financiada por privados, e iniciativas para apuntalar el crédito hipotecario (se habla de préstamos en dólares a desarrolladores, hasta utilizar fondos del FGS de la Anses). Si esto sucede, la inversión y el empleo formal podrían, al menos, estabilizarse en la segunda mitad del año.

Mirando hacia 2027, la principal duda que surge es qué se impondrá a la hora de votar entre los electores argentinos: ¿la estabilidad económica alcanzada o las dificultades para llegar a fin de mes de las familias? Es difícil que la actual estrategia económica derrame significativamente en los hogares, por lo que la tensión cambiaria típica de un año de elecciones presidenciales irá in crescendo.

Volvemos a la política: ¿podrá la nueva estrategia oficial consolidar las chances de reelección de Milei, acotando la dolarización de portafolios? ¿El Gobierno de Donald Trump seguirá operando como prestamista de última instancia de Argentina tras las elecciones de mitad de término en Estados Unidos? Veremos.

El autor es Socio Fundador y Director de análisis macroeconómico de Equilibra