El Gobierno libertario sumó una victoria de peso en el Congreso: la bancada oficialista en el Senado, que comanda Patricia Bullrich, sancionó el recorte de subsidios en zonas frías empujado durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La medida, que obtuvo 38 votos a favor y ocho en contra, se consiguió a cambio de una promesa para aliviar el peso de la energía eléctrica en provincias “cálidas”.

La extensa -y ahora criticada- ampliación que fomentó el kirchnerismo se retrotraerá y sólo quedará vigente por cuestiones sociales y/o de ingresos. Por caso, que una familia no sobrepase las tres canastas básicas, poco más de $4,7 millones. Mismo sentido para personas con discapacidad y veteranos de Malvinas. Esto apunta a distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza, entre otros.

Tras lo ocurrido, la gran incógnita que resta es cómo impactarán las subas en boletas durante el próximo invierno. Es que, para esa fecha, ya se estará en medio de una campaña presidencial y, casi con seguridad, habrá provincias afectadas por esta ley que definirán gobernador.

Los beneficios sí se sostienen para las zonas originales -Patagonia, Malargüe y la Puna-, con un sistema distinto que implicará aumentos, ya sean de este grupo o el anterior: el subsidio se aplicará sobre la generación de gas y no sobre la distribución, que se lleva la porción más grande del costo final en una factura.

Desde la Cámara alta y, luego de meses de idas y vueltas, el cierre de las voluntades para sacar la ley quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Casa Rosada anunció desde junio y en decenas de ocasiones sobre votos que, en realidad, nunca estaban confirmados. El funcionario se llevó así un importante triunfo a su favor.

“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país”, aseguró la titular de la comisión de Energía del Senado, Flavia Royón (Primero los Salteños). La legisladora agregó: “Hoy, en Argentina, tenemos 9.000.000 de usuarios de gas natural. La zona fría histórica son 940.000 usuarios. La zona fría ampliada son 3.360.000 usuarios. Pero fuera de los que tienen el privilegio de tener conexión de gas a redes, tenemos en Argentina 6.210.000 de usuarios que dependen de las garrafas”.

No estuvo de acuerdo con la iniciativa la experimentada radical Mariana Juri (Mendoza), quien observó la “improvisación en un tema trascendental” por “eliminar sin ningún criterio”. Y añadió: “Qué nos van a decir a los del interior, que estamos subsidiando el transporte del AMBA”.

Se sumó su colega de bloque Maximiliano Abad (Buenos Aires): “No se puede cambiar una ley mala por otra ley mala que, además, es arbitraria, injusta y sin rigor técnico”. Ambos rechazaron junto a los también radicales Eduardo Galaretto, Carolina Losada (ambos, de Santa Fe), Daniel Kroneberger (La Pampa) y el mendocino Rodolfo Suárez. Los dos restantes fueron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que soñaban con “zonas polares”.

Fue curioso el trámite en el recinto del proyecto. Primero, el kirchnerismo, pese a que el tema ya estaba habilitado, anunció que se retiraba del recinto y que esperaría, en la previa de la definición, la confirmación del quorum. No volvieron más.

Después, la estrategia opositora quedó nada menos que en manos de Carambia -su compañera Gadano perdió tiempo en criticar a un mandatario de otra provincia y recibió una dura respuesta por ello-, que solicitó una moción -se votan en el momento- para pasar la sesión a un cuarto intermedio.

A pesar de la situación, el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que presidía el convite, dio lugar a los 15 minutos reglamentarios aunque siguió con la lista de oradores. Con el quorum ratificado y la moción caída, Bullrich mandó a cerrar el asunto y votar. Un final de jornada pésimo para lo que preveía el kirchnerismo horas antes del encuentro.

En las adhesiones a la ley aparecieron junto a los libertarios -y otros silvestres provinciales- los ahora ex kirchneristas de Convicción Federal Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca).

Sus otrora colegas cristinistas, referenciados en José Mayans (Formosa), emitieron -cuando todo lo valioso ya consumado- un comunicado para quejarse por no estar explícito en el texto la parte de zonas cálidas, una acusación contra el Gobierno para enfrentar norte versus sur del país, y para denostar “un incremento promedio de 1.600%” en gas y 800% en electricidad “en estos casi tres años de gestión”.

luciano ingaramo / comunicació

Gustavo Ybarra,Conforme a

La causa por el pago de sueldos indebidos por casi $1000 millones en la Armada Argentina avanzó esta semana con dos medidas centrales: las declaraciones testimoniales de los dos militares que integraron la comisión interna que detectó las maniobras, y el secuestro formal de las computadoras que contenían la información utilizada para las acreditaciones cuestionadas, según supo TN de fuentes judiciales.

El primero en declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal, 2 a cargo de Sebastián Ramos, fue Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria de la Jefatura Administrativa Financiera de la Armada, que se presentó ante el juez Ramos el lunes 21 de septiembre. Borda integró la comisión interdisciplinaria que la fuerza formó a fines de agosto para auditar las liquidaciones cuestionadas, junto al capitán Carlos Alberto Castro Maggio —quien después hizo la denuncia penal—, la teniente Acuña —identificada solo por su apellido en la declaración— y el teniente Jonathan Fernando Romano, jefe de la División Sistemas.

El expediente se originó en la denuncia que el propio Castro Maggio presentó el 15 de septiembre, después de detectar acreditaciones bancarias superiores a los haberes liquidados por un total de $981.148.567 entre julio de 2022 y enero de 2026, con 23 personas beneficiadas y cuatro de ellas sin ningún vínculo laboral con la fuerza. A partir de esa denuncia, el ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, iniciar los consejos de disciplina para destituir al personal involucrado. La fuerza terminó desplazando de sus funciones a nueve efectivos —ocho capitanes de corbeta y un suboficial—.

Castro Maggio indicó que “durante el período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026, se efectuaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por importes superiores a los que les correspondían conforme a sus respectivas liquidaciones y/o sin respaldo en haberes legítimamente liquidados”. El funcionario dijo que las presuntas anomalías alcanzan los $981.148.567,88.

a presentación identificó entre los involucrados a “personal militar en actividad y retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil actualmente jubilado y cuatro personas que no poseen vinculación laboral ni funcional alguna con la Armada”.

Estas últimas son María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por $152.259.495,86, Damián Andrés Santana, con 47 acreditaciones por $99.496.225,47, Amalia Cristina Díaz, con 46 acreditaciones por $91.978.048,38, Natalia Carolina Yahia, con 45 acreditaciones por $90.466.948,33. Prieto es la persona que recibió el mayor importe individual entre los 23 involucrados identificados, y es cónyuge del entonces Jefe del Departamento Revista, Capitán de Navío, Contador Ariel Baltasar Atanasoff.

Según el testimonio de Borda, trabajaron con la información alojada en dos computadoras de la agente civil Vanesa Juárez, la extrajeron a un pendrive para preservar la cadena de custodia y compararon, sobre una base de unas 24.000 personas, los haberes liquidados, lo publicado en el sistema de haberes web y lo efectivamente acreditado por el Banco Nación. En apenas cuatro días de trabajo surgió, de manera repetida, el mismo grupo de 23 personas que hoy está bajo investigación.

Luego declaró también Jonathan Fernando Romano, el jefe de la División Sistemas que había quedado a cargo de resguardar los dos equipos informáticos que usaba Juárez para preparar y transmitir al Banco Nación los archivos de pago. Ese resguardo terminó esta semana, cuando la Justicia dispuso el secuestro formal de las computadoras, que hasta entonces permanecían guardadas en una caja fuerte del edificio Libertad, sede de la Armada.

Con las dos testimoniales ya incorporadas al expediente y los equipos secuestrados, el próximo paso de la instrucción es la pericia informática que había pedido el fiscal Ramiro González, orientada a determinar qué usuarios accedieron a esas computadoras, qué archivos fueron creados o modificados y en qué fechas y horarios se habrían producido las alteraciones que permitieron acreditar importes superiores a los liquidados. También sigue pendiente la respuesta del Banco Nación al oficio librado para reconstruir el circuito de las 645 acreditaciones cuestionadas.

Armada Argentina, Fuerzas Armadas, Corrupción