INTERNACIONAL
Lo ataques con explosivos agitan Colombia, a poco más de un mes de la elección presidencial
Varios ataques con explosivos ocurridos el fin de semana en Colombia han avivado la preocupación por la escalada de la violencia mientras el país se alista para celebrar elecciones presidenciales.
El más letal se registró el sábado cuando detonó una bomba en una carretera en el departamento de Cauca, al suroeste del país. Al menos 21 civiles murieron y más de 50 resultaron heridos, según el último balance del Ministerio de Defensa, en el atentado presuntamente perpetrado por la disidencia Estado Mayor Central de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016.
La violencia en esa región del país no es nueva, los grupos ilegales han tratado de controlar la zona por décadas por considerarla estratégica para ilícitos como la minería ilegal y el narcotráfico, que incluye los sembradíos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.
El gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de centroizquierda en el país, ha intentado controlar la región con operativos militares y disminuir la violencia con su política de “paz total”, incluido un diálogo con el Estado Mayor Central que fue abandonado por la mayoría de sus integrantes en 2024.
“Es una ola de ataques que viene desde hace unos dos años, en un aumento de presión por parte del Estado Mayor Central por medio de ataques de tipo terrorista hacia la fuerza pública… una estrategia sistemática”, dijo a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group.
Las autoridades de seguridad colombianas cifraron en 26 los atentados en esa zona durante los últimos días.
Los ataques suelen ser contra las fuerzas de seguridad en zonas urbanas y rurales, pero a veces terminan por afectar a civiles como el del sábado, generando un especial rechazo por parte de la sociedad y de organismos internacionales.
En ese ataque un artefacto explosivo detonó al paso de un autobús que circulaba sobre la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, departamento del Cauca. Entre los heridos hay varios niños.
“Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, escribió el sábado Petro en X. Añadió que se dispondrá de “los mejores soldados para enfrentarlos” y pidió a la unidad de análisis financiero actuar sobre sus finanzas. Dickinson aseguró que las fuerzas militares han intentado recuperar el control territorial en el suroeste “centímetro a centímetro”, pero no han logrado consolidarlo, especialmente por el “alto nivel de control social que manejan los grupos en esta zona del Cauca” al utilizar a los civiles como “escudos humanos”.
Los ataques han sacudido tanto al gobierno como a los candidatos presidenciales, que se han pronunciado sobre la estrategia de seguridad.
“Creo que los ataques contribuyen a agravar el malestar generalizado con la situación de seguridad en Colombia. Sin embargo, tanto el gobierno como la oposición los utilizarán para convencer a los votantes de que sus propuestas políticas son favorables”, dijo a AP Sergio Guzmán, analista de riesgo político basado en Bogotá.
El candidato oficialista Iván Cepeda, uno de los que encabeza las encuestas de intención de voto, lamentó los ataques y cuestionó que tuvieran lugar donde “existe un amplio respaldo ciudadano” al gobierno, por lo que podrían haber buscado “generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha”.
En tanto, candidatos conservadores como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella cuestionaron la política de “paz total” del gobierno, al considerar que fracasaron las negociaciones con múltiples grupos armados ilegales y bandas criminales.
Javier Garay, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad Externado de Colombia, aseguró a AP que en medio de la campaña electoral se ha hecho un “uso político” de los ataques.
Para Guzmán, la disidencia de las FARC puede pretender “establecer una posición ventajosa de cara al futuro” mostrando que tiene la capacidad de realizar ataques letales y, en caso de luego declarar un alto el fuego, “mostrar disciplina” para que de le permita volver a negociar la paz.
La Dirección General de Protección Civil de El Salvador declaró este domingo la alerta amarilla por una baja presión frente a la costa del Pacífico salvadoreño. Según Protección Civil y el Informe Especial N° 6 de la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el sistema tiene 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico a dos y siete días.
Por la tarde se había emitido alerta verde, pero a las 21:00 cambió la alerta, de acuerdo con Protección Civil. Las condiciones asociadas al sistema persistirán durante la mayor parte de esta semana. Protección Civil anticipó los mayores acumulados de lluvia entre el lunes 8 y el jueves 11, sobre todo en municipios cercanos a la cadena volcánica, la zona nororiental y la costa.
La institución explicó que la baja presión está inmersa en la Zona de Convergencia Intertropical y se ubica frente a la costa del Pacífico salvadoreño. Según la Dirección General del Observatorio de Amenazas del MARN, el sistema continuará desplazándose lentamente cerca de Centroamérica y favorecerá el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.
Ese patrón incrementará la nubosidad y las lluvias con características de temporal en el país, principalmente en la zona costera, la cadena volcánica y sectores montañosos, de acuerdo con el observatorio.
El informe añade que también se vigila a la Depresión Tropical Dos-E, cuya interacción con la baja presión frente a Centroamérica apoyará un mayor ingreso de humedad y reforzará las lluvias sobre El Salvador.
La declaratoria de alerta amarilla implica la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y de las comisiones técnicas sectoriales, según Protección Civil. La medida se sustenta en el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y en el Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil.
Protección Civil ordenó además la activación de las comisiones departamentales y municipales de todo el país. Esas instancias deberán intervenir según sus competencias, realizar monitoreo territorial cada seis horas o según las necesidades, efectuar Evaluaciones de Daños y Necesidades si se requieren y remitir informes de novedades cada 12 horas, a las 6:00 y 18:00.
Entre las tareas fijadas por la institución figura la identificación de zonas con riesgo de anegamientos, inundaciones, deslaves o derrumbes por acumulación de lluvias. También deberán determinar áreas expuestas a la caída de ramas, árboles, vallas publicitarias y postes del tendido eléctrico por vientos asociados a tormentas.
La disposición oficial establece que cada gobernador y alcalde debe mantener activos los mecanismos de comunicación entre los integrantes de las comisiones departamentales, municipales y comunales de Protección Civil. El objetivo, según la institución, es asegurar capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad contemplada en el Plan Nacional de Respuesta.
Para la población, Protección Civil recomendó desplazarse con precaución por el territorio y no cruzar ríos, quebradas ni corrientes de agua que se formen durante o después de las lluvias y tormentas, por el riesgo de arrastre. También pidió permanecer bajo resguardo durante tormentas eléctricas para evitar impactos de rayos.
El organismo exhortó a seguir la información oficial emitida por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil y acatar sus indicaciones, incluidos los llamados de evacuación preventiva.
La institución también alertó sobre un oleaje más rápido y alto, con aumento en la velocidad de las corrientes de retorno y en la altura de las olas en la zona de rompiente. A la navegación marítima y aérea, así como a la pesca artesanal y deportiva, les recomendó evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades.
Protección Civil informó que se mantiene en vigilancia continua y ejecuta medidas de prevención y mitigación de desastres.
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INTERNACIONAL
Elecciones en Perú: Roberto Sánchez, el ex ministro de Pedro Castillo que busca llegar al poder bajo la sombra de su sombrero
INTERNACIONAL
Gobernabilidad y crimen organizado: los dos máximos desafíos que enfrentará el nuevo presidente peruano
El nuevo gobierno del Perú asumirá el 28 de julio próximo bajo el desafío de lograr gobernabilidad en un país de enorme inestabilidad política y combatir la inseguridad creciente bajo la amenaza del crimen organizado.
Mientras se aguardan los resultados oficiales del balotaje de este domingo, los candidatos Keiko Fujimori (derecha) y Roberto Sánchez (izquierda), tienen desafíos comunes, aunque con distinto peso politico a la hora de intentar resolverlos
“El nuevo presidente tendrá el desafío primordial de generar un clima de orden y estabilidad que parta de una política contra la inseguridad ciudadana que funcione. No es una tarea fácil. Esto no solo tiene que ver con la delincuencia, sino también generar predictividad y confianza en el Estado”, dijo a TN la analista política Giovanna Peñaflor, directora de la encuestadora Imasen.
Quien gane el balotaje se convertirá en el noveno presidente de Perú en la última década, algo insostenible para una ciudadanía que observa como asumen y caen gobiernos que duran en promedio un año y dos meses en el poder antes de ser “vacados” (destituidos) por el Congreso.
Cuatro exmandatarios están hoy en la cárcel y otro esta bajo arresto domiciliario. Los demás enfrentan graves cargos judiciales. Esta inédita inestabilidad institucional generó en los últimos años una profunda desconfianza ciudadana en la dirigencia y los partidos políticos.
Es un contexto político difícil. El primer paso para el nuevo gobierno será lograr gobernabilidad a través de pactos en el Congreso.
“Keiko Fujimori, si bien no tiene mayoría absoluta (en ambas cámaras legislativas), tiene mayores posibilidades de manejarse mejor en el Parlamento. Ya lo ha hecho en los últimos años cuando no ha manejado una mayoría y sin embargo ha logrado sacar leyes que responden a sus intereses”, dijo la analista.
Roberto Sánchez, desde la izquierda, “tiene menor capacidad para hacer alianzas” y tendrá un camino más difícil para lograr estabilidad y evitar que el Congreso termine con su eventual gobierno.
La inseguridad en la mira
La economía peruana está hoy fuera del foco de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, aunque persisten las enormes desigualdades sociales que atraviesan la sociedad.
El PBI creció 3,4% en 2025 y los economistas esperan que este año lo haga entre 2,7 y 3,2%. La inflación cerró el año pasado en apenas 1,5% interanual.
“La economía funciona bien en la macro. El desafío es que funcione mejor en la micro”, dijo Peñaflor.
Agentes de policía custodian el lugar donde la candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, se reúne con sus simpatizantes para desayunar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, Perú, el domingo 7 de junio de 2026. (Foto AP/Martin Mejia)
Pero los peruanos están hoy muy preocupados por la ola de inseguridad. Según las últimas estadísticas oficiales, se registran 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes (frente a 3,7 de la Argentina). Es una cifra inédita para el país.
En ese contexto, surgió una nueva figura en el mapa del delito: el sicario. Además, hay un gran incremento de las extorsiones a transportistas y pequeños negocios, en medio de protestas contra la inseguridad y cuestionamientos a la dirigencia política.
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Algunos choferes de colectivos advierten que está aumentando el uso de chalecos antibala ante el aumento de asaltos y atentados contra quienes se niegan a pagar estas extorsiones a cambio de su “seguridad”.
Nicolás Zevallos Trigoso, fundador y director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología de Perú, dijo a TN que “el desafío principal es el crimen organizado”.
“Hay una línea vinculada a la extorsión o al sicariato, que es un tema muy urgente, muy urbano y por ende muy cercano a la ciuadanía. Esto debe resolverse en el corto y mediano plazo con medidas que apunten contra el fenómeno asociado a este flagelo”, sostuvo el experto.
Además, dijo que el nuevo gobierno debe apuntalar una agenda que incluya una reforma del sistema de seguridad y justicia.
“Está súper pendiente la reforma de la policía y cómo se articula eso a mejoras en el sistema de seguridad y justicia, como el Cuerpo Judicial, etc. Y en ese contexto también cómo se trabaja en el cierre de brechas, para que las instituciones puedan trabajar operativamente bien”, indicó.
Para Peñaflor, otra línea de trabajo que deberá tener en cuenta el nuevo gobierno es “enrumbar al país en un proyecto de desarrollo a largo plazo”.
“Falta pensar un proyecto en que Perú no solo crezca económicamente, sino que tenga posibilidades de desarrollar y encontrar su papel en el mundo”, concluyó.
Perú, Keiko Fujimori
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