POLITICA
Lo que el financista vinculado a la AFA se negó a responder ante el juez: perjuicio millonario a los clubes, contratos usurarios y el entramado de testaferros
Maximiliano Ariel Vallejo, el empresario financiero imputado como jefe de una asociación ilícita que habría operado a través del conglomerado Sur Finanzas, se presentó este martes 26 de mayo ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, a cargo de Luis Armella, tal como informó este medio, y optó por el silencio selectivo frente a los cargos más pesados de la investigación. El hombre ligado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, No respondió sobre el perjuicio causado a entidades deportivas del fútbol argentino, las tasas usurarias de los contratos financieros, el uso de familiares y allegados como presuntos testaferros ni el circuito de lavado de activos por más de U$S 108 millones que la acusación le atribuye.
La audiencia se realizó a exactamente 16 días del partido inaugural del Mundial FIFA 2026, que arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y en el cual Argentina, con Tapia como el dirigente de mayor peso, defenderá el campeonato mundial obtenido en 2022.
La lectura de cargos llevó varias horas. La fiscal adjunta Guillermina Luque Wickham le imputó, entre otros delitos, haber obtenido ganancias ilícitas a partir del perjuicio patrimonial causado a clubes de fútbol como Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur y el Club Atlético Temperley, entre otros. Esas ganancias, según la acusación, fueron luego inyectadas al mercado formal para dotarlas de apariencia de licitud mediante la adquisición de bienes registrables y la constitución de nuevas sociedades.
Por qué el silencio no implica culpa
Antes de ingresar al contenido de los descargos, y los largos silencios del financista, vale precisar el marco legal del acto. La declaración indagatoria está regulada por los artículos 294 a 300 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y es el mecanismo por el cual un juez federal convoca a una persona sobre quien recaen sospechas fundadas para que tome conocimiento de los cargos y, si lo desea, brinde su versión. No es un interrogatorio ni una obligación de confesar: su naturaleza jurídica es dual, ya que funciona al mismo tiempo como acto de defensa y como acto de investigación.
El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo —la llamada garantía de no autoincriminación—, y el artículo 298 del CPPN obliga al juez a advertirle al imputado, antes de que hable, que puede negarse a declarar sin que ese silencio sea interpretado como indicio de culpabilidad.
Esa advertencia es requisito de validez del acto. El imputado tiene tres opciones: declarar libremente, negarse en forma total o declarar de manera parcial —el llamado silencio selectivo—, sin que ninguna de esas posturas genere consecuencias procesales adversas. El CPPN prohíbe además cualquier forma de coacción, amenaza o pregunta capciosa para obtener una declaración. Vallejo eligió la tercera vía: habló sobre algunos puntos y al cierre indicó expresamente “no voy a contestar preguntas”.
Desde el punto de vista de la defensa penal, esa estrategia es frecuente en causas complejas: permite fijar una posición pública sin comprometer al imputado con una versión detallada que pueda ser confrontada con la prueba reunida. Los abogados a cargo de la defensa de Vallejos, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera reservaron los argumentos de fondo para un escrito ampliatorio o una declaración posterior.
El perjuicio a los clubes y los contratos que no explicó
Los funcionarios judiciales acusaron a Vallejo de ser el jefe de una asociación ilícita que tejió un esquema preciso de extracción de fondos de las entidades deportivas: descuento de cheques bajo condiciones abusivas, mutuos usurarios, obligación de utilizar el medio de pago provisto por Sur Finanzas y contratos de sponsorización simulados o sin ejecución real.
El caso más documentado en el expediente es el de Banfield. El 17 de julio de 2023, Vallejo suscribió en carácter de apoderado de Sur Finanzas Group S.A. un primer contrato de mutuo con ese club por U$S 500.000, con una tasa de interés compensatorio del 3% mensual en dólares. Tres meses después, el 9 de octubre de 2023, firmó un segundo instrumento por otros U$S 500.000, con la tasa elevada al 4% mensual en moneda extranjera. Ambos contratos contemplaban además un interés punitorio del 5% mensual. Los directivos del club —Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— declararon en los documentos haber recibido “el dinero en efectivo y en la citada moneda (dólares estadounidenses)” antes de la firma, según consta en el expediente.
Vallejo no respondió sobre ninguno de esos términos. Tampoco se pronunció sobre las operaciones con San Lorenzo, Argentinos Juniors, Temperley ni Estrella del Sur, ni sobre los contratos de sponsorización tachados de simulados.
Sobre Banfield, su descargo se redujo a tres afirmaciones: que desconocía los manejos internos del club, que era “un simple sponsor, presidente de una entidad, de la cual le hice un préstamo” y que “al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses”. Dijo ser socio e hincha del club “por haber nacido en Banfield”.
La red de allegados señalada como testaferros
Uno de los bloques más extensos de la imputación que Vallejo dejó sin respuesta fue el que describe el uso de familiares, su pareja y personas de confianza como presuntos testaferros para ocultar su patrimonio real y canalizar fondos ilícitos.
Graciela Beatriz Vallejo, su madre, aparece vinculada a trece empresas del holding —entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Sur Finanzas Group S.A., Sur Crypto S.A. y Sur Pagos S.A.— y habría administrado fondos por $669.800.081 en el Banco Masventas entre octubre de 2022 y mayo de 2023. A su nombre figuran además un Mercedes Benz GLC 300 Coupé AMG-Line valuado en $7.275.000, un inmueble en el Centro Comercial Plaza Canning de Ezeiza adquirido por U$S 120.000 y un BMW X2 valuado en $49.374.400, entre otros bienes. El 25 de febrero de 2025 sumó a ese patrimonio un Alfa Romeo Stelvio Veloce valuado en $96.450.000.
Maite Sofía Lorenzo, pareja actual de Vallejo y madre de su hijo de un año —quien además figura como titular del contrato de alquiler del domicilio familiar en el barrio Adrogué Chico—, aparece como administradora titular de Neocam S.A.S. La acusación sostiene que su rol fue ejecutar actos de administración para que Vallejo, como administrador real, permaneciera oculto. A su nombre se registra la adquisición de una Jeep Renegade valuada en $8.245.900.
María Fernanda Sena Argis ocupó la presidencia de Roma Inversiones S.A., Sur Pagos S.A. y Sur Finanzas Group S.A., entre otras firmas, en lo que la fiscalía califica como “roles administrativos ficticios” por orden y cuenta de Vallejo. A través de esas posiciones habría canalizado fondos para la compra de al menos quince vehículos —entre ellos un Mercedes Benz Atego, un Toyota SW4, un Audi Q5 valuado en $87.820.000 y un BMW 320i valuado en $39.500.000— y para la adquisición del inmueble de la Casa Central de Sur Finanzas en calle Seguí 764/768/780 de Adrogué, por $45.000.000. También transfirió desde la cuenta de Roma Inversiones $92.095.000 a una cuenta de la empresa RDA entre octubre y diciembre de 2025.
Su hermana, Bárbara Denise Sena Argis, presidenta de Cluster Palace Beach S.A., habría servido para disimular el patrimonio real de Vallejo. A través de esa empresa figuró como titular del Ferrari California Descapotable —dominio AG-895-HZ, valuado en $152.100.000— que la acusación señala como de uso personal del imputado, hasta que el Fisco descubrió la maniobra. Luego de los allanamientos, ese vehículo fue transferido a un tercero. Cluster Palace Beach adquirió además tres inmuebles en Adrogué por U$S 300.000 y otro en San Vicente por $395.400.000.
Silvia Torrado, madre de la ex pareja de Vallejo, aparece como socia gerente de Centro de Inversiones Concordia y presidenta de SF Inversiones S.A. y Sur Crypto S.A. La fiscalía le atribuye la función de ocultar al administrador real en las empresas que dirigía y facilitar la integración de activos ilícitos bajo el amparo de la formalidad societaria. Gerardo Salvador Carrozza, asesor de confianza de Vallejo y vicepresidente de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP S.A., habría certificado sucesivos orígenes de fondos falsos: $45.000.000 mediante un mutuo ficticio de Roma Inversiones para justificar la compra de la sede de la firma; $109.800.000 de Graciela Vallejo ante REBA Compañía Financiera, presentados como “anticipo de honorarios”; y fondos millonarios del propio Vallejo mediante préstamos cruzados entre empresas investigadas. Vallejo no respondió sobre ninguno de estos vínculos ni sobre los montos consignados.
La retención de aportes, el lavado y lo que sí respondió
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— denunció que Vallejo, en su carácter de presidente de Sur Finanzas Group S.A. desde el 21 de noviembre de 2024, retuvo sin depositar dentro del plazo legal los aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y obras sociales de sus empleados. Los períodos y montos consignados en el expediente son: noviembre de 2024 por $9.509.819,62; diciembre de 2024 por $13.037.422,26; julio de 2025 por $4.435.386,94; y noviembre de 2025 por $4.351.213,87.
Ante esa imputación, Vallejo argumentó que su función era la de presidente y accionista y que desconocía la gestión administrativa, contable y tributaria, delegada en asesoría interna y externa. Luego trasladó la responsabilidad a las consecuencias de los propios allanamientos: sostuvo que a partir del 1° de diciembre de 2025 la empresa quedó sin actividad comercial, con cuentas bloqueadas, inhibidas y embargadas, y que más de cien empleados quedaron sin cobrar sus salarios. “La empresa no pudo pagar por no tener actividad comercial y si lo tuviera lo hubiera pagado”, afirmó, y señaló que el juzgado recién lo notificó de esa situación en febrero de 2026.
Ante la imputación por lavado de activos, Vallejo tampoco contestó la parte de la acusación que vincula las ganancias obtenidas a través de los clubes con la adquisición de bienes registrables y la constitución de empresas como mecanismo de reciclaje, ni se refirió al capital inicial de U$S 108.138.762 que la fiscalía señala como el origen espurio del holding, generado a través de Centro de Inversiones Concordia mediante intermediación financiera no autorizada e infracciones al régimen cambiario.
Su defensa en este punto fue exclusivamente general: “Creo y pretendo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”, declaró.
Los descargos concretos de Vallejo se limitaron a su patrimonio personal. Afirmó que al 1° de diciembre de 2025 tenía “mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo, de mi sudor y de mi empresa”, y que su salario de $70 millones mensuales como CEO de Sur Finanzas, proyectado a tres años, explica la suma declarada ante ARCA. Los U$S 111.500 en divisas, dijo, fueron adquiridos de forma bancarizada a través del Banco Hipotecario tras el levantamiento del cepo cambiario en abril de 2025. Sobre la asociación ilícita se declaró inocente y cuestionó el tratamiento mediático: “Los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad”, apuntó.
Al cierre de la audiencia se negó a responder preguntas. su defensor Parera aclaró que el pasaporte de su asistido se encuentra en la sede de Seguí 776, clausurada cautelarmente en el expediente CFP 7811/2021/2, razón por la cual Vallejo no puede presentarlo físicamente ante el juzgado. La defensa anticipó que ampliará sus argumentos mediante un escrito posterior.
La pelota, en términos procesales, ahora quedó del lado de los otros imputados. Vallejo dejó en claro que espera que sean ellos quienes aclaren lo que la acusación le adjudica en relación al Club Atlético Banfield en sus indagatorias: Eduardo Juan Spinosa, presidente del club al momento de los hechos; Federico José Spinosa, secretario; e Ignacio Javier Uzquiza, tesorero, los tres firmantes de los contratos de mutuo por U$S 1.000.000 en total que la fiscalía califica de ruinosos para la institución.
El Departamento de Estado de EEUU dio luz verde a una operación militar que fortalece los lazos de defensa con Buenos Aires: la posible venta de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y equipo relacionado al Gobierno argentino, por un valor estimado de 140 millones de dólares. La decisión, comunicada este jueves, se suma a una serie de adquisiciones que el país sudamericano encaró en los últimos meses en materia de defensa.
Según el comunicado oficial, el pedido incluye, además de las cuatro aeronaves, dos motores T700-GE-701D, fabricados por la rama aeroespacial de General Electric y utilizados también en helicópteros de ataque como el Apache. A esto se agrega una larga lista de equipos que Washington clasifica como “no mayores”: sistemas de referencia de rumbo y actitud, transpondedores de Identificación Amigo o Enemigo (IFF), receptores de radio y de aterrizaje visual, radios de alta y muy alta frecuencia, un sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750 y un transmisor localizador de emergencia, entre otros dispositivos.
El paquete contempla también elementos pensados para tareas de rescate y emergencia, como el sistema de extracción rápida por inserción de cuerda, equipos de polipasto y el denominado Bambi Bucket, utilizado para el combate de incendios desde el aire. Se suman, por otro lado, cascos, repuestos, herramientas de prueba, documentación técnica y programas de formación para las tripulaciones, así como servicios de apoyo logístico y técnico a cargo de personal estadounidense y de la empresa contratista.
El contrato recae en Sikorsky, subsidiaria de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut. Por el momento, el Departamento de Estado no tiene registro de ningún acuerdo de compensación asociado a la operación; ese tipo de convenios, aclaró el organismo, quedan sujetos a las negociaciones directas entre el comprador y el contratista.
El comunicado del Departamento de Estado enmarca la operación dentro de los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. La venta, señala el texto, busca “mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN”, categoría que Argentina ostenta desde hace años y que Washington describe como “una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”.
Entre los usos previstos para los nuevos helicópteros figuran la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y las tareas de asistencia humanitaria o respuesta ante desastres. El propio organismo estadounidense sostuvo que Argentina “no tendrá dificultades para absorber estos artículos y servicios en sus fuerzas armadas” y remarcó que la operación no requerirá el envío de representantes adicionales del Gobierno estadounidense ni de contratistas al país.
El texto oficial subraya, además, que la venta “no alterará el equilibrio militar básico en la región” y que no habrá impacto negativo en la preparación de defensa de Estados Unidos como consecuencia de esta transacción.
El Black Hawk acumula cerca de 50 años en operación y pasó de ser un helicóptero utilitario exclusivamente militar a una aeronave empleada también en evacuaciones médicas, respuesta ante catástrofes y transporte de autoridades. Más de treinta países lo utilizan actualmente, entre ellos Colombia y Brasil.
Argentina, hasta el momento, contaba con una sola unidad del modelo, destinada al traslado del presidente de la Nación. Los cuatro aparatos ahora habilitados por Washington están orientados, principalmente, a reemplazar a los Bell UH-1H/Huey II que integran el Comando de Aviación del Ejército, una flota con varias décadas de antigüedad.
La operación se da en medio de un proceso más amplio de renovación de equipamiento militar que impulsa la gestión de Javier Milei. En paralelo a la incorporación de los Black Hawk, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada realizaron pruebas para conectar a los aviones F-16, adquiridos a Dinamarca, con los P-3C Orion comprados a Noruega, mediante el sistema de enlace de datos Link 16, utilizado por países de la OTAN.
El Ejército, por su parte, incorporó vehículos Stryker y avanzó en la modernización de tanques TAM 2C y en la llegada de camiones Unimog U 4000, entre otros elementos presentados meses atrás por la Dirección de Arsenales. Según había anticipado el analista Andrei Serbin Pont en Infobae, se preveía la llegada de un primer lote de dos helicópteros Black Hawk antes de fin de año y otros dos durante el próximo, aunque esa información se encontraba todavía en desarrollo al momento de conocerse.
El proceso de reequipamiento no está exento de cuestionamientos internos. La diputada nacional Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa, había advertido semanas atrás sobre el deterioro salarial del personal militar, que a su juicio acumula una pérdida de 80 puntos porcentuales de poder adquisitivo desde 2023, y sobre la salida de 19.000 efectivos de las fuerzas armadas en ese mismo período.
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POLITICA
El cruce de Javier Alonso con Patricia Bullrich por la inseguridad en el conurbano: “No sea contradictoria”
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, protagonizó este jeuves un cruce con la jefa de bloque en el Senado de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, luego de que la legisladora criticara al gobernador Axel Kicilof por la inseguridad en el conurbano, y a quien el funcionario le pidió que “no sea contradictoria”.
El cruce comenzó con un posteo de Bullrich en X, en el cual compartió el testimonio de una madre que había sufrido este jueves un intento de robo en El Palomar este jueves cuando estaba por dejar a su hijo en la escuela.
“7:14 AM, dejando a su hija en la escuela y termina herido por el tiro de un delincuente. El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, expresó la senadora, en alusión a Marta Elba Pascual, quien quedó en el centro de la escena tras suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días.
El episodio ocurrió cerca de las 7.15 frente al colegio Emaus y un hombre, quien también estaba trasladando a su hija a la institución, sufrió una herida de bala.
Luego, la exministra de Seguridal le apuntó a Kicillof por considerarlo ausente ante el crecimiento del crimen en el conurbano.
“¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror? Y si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele: ‘Todos los días pasa lo mismo’, dicen. Nota tras nota, siempre el conurbano», manifestó.
Horas después, Alonso respondió el posteo y acusó a Bullrich de ser “contradictoria” en sus dichos y accionar.
“Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy (Alejandra) Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?“, afirmó el funcionario.
A su vez, instó a la senadora a dejar la “chicana”, trabajar y devolverle a los bonaerenses “los miles de millones de dólares que les quitaron”, en referencia a la deuda de $22 millones que, según denuncia Kicillof, Nación mantiene con Provincia.
“Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una provincia más segura. Mientras ustedes chicanean en redes, la droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener”, subrayó.
“¿No sería mejor que trabajaran seriamente para impedir que esa droga llegue al territorio bonaerense? Y no se pongan nerviosos. El gobernador está sólido, trabajando todos los días, recorriendo la Provincia y acompañado por el pueblo bonaerense en las urnas», indicó.
Asimismo, le apuntó al gobierno de Javier Milei por no gestionar ni invertir y se preguntó en sentido irónico si “mostrar indignación por redes” era lo único que la administración libertaría sabía hacer por los argentinos. “Trabajen con seriedad y dejen de mentirle a la gente”, cerró.
Nueva respuesta de Bullrich
Bullrich respondió pero dirigiéndose a Kicillof. “Primero, la inseguridad no existe solo en las redes sociales, como dice su ministro. No tomen de tontos a los bonaerenses. Caminen por los barrios, sin militantes, o, al menos, prendan la televisión”, reclamó.
“Segundo: la Argentina es hoy el país más seguro de la región gracias al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno nacional, muchas provincias y las Fuerzas. Pero ese resultado se logra, en buena medida, a pesar de la provincia de Buenos Aires.
Y prosiguió: “En los municipios del conurbano, el índice de homicidios duplica al del resto de la provincia y al nacional, mientras que los robos con violencia aumentaron más de 150% en el último año”.
“Escudarse en el cuento de los 135 municipios les permitió durante años profundizar sus políticas pro-delincuentes. Tercero: el esfuerzo para sacar a la Argentina de la catástrofe que dejó su Gobierno en 2023 lo estamos haciendo todos, menos su gobierno de la provincia de Buenos Aires”, acusó.
Y prosiguió: “Ustedes siguen con más de 20 ministerios, choferes, estructuras gigantes y contrataciones masivas. ¿Cuánto gastan en mantener todo eso? ¿Para qué tienen un Ministerio de la Mujer si no sirve? ¿De verdad no pueden achicarse para poner más recursos donde hacen falta: en seguridad, por ejemplo?”.
“Gobernador, esta pelea no tiene sentido porque nuestras posiciones sobre cómo combatir la inseguridad son opuestas. Para ustedes, una clara defensa a los delincuentes. Para nosotros, una sola regla: el que las hace, las paga”, concluyó Bullrich, al citar uno de los slogans de campaña de LLA.
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Malvinas: el Gobierno creará un Sistema de Articulación de la Política Exterior para monitorear actividades extranjeras ilegales
El Gobierno nacional anunció este jueves la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo que funcionará en el ámbito de la Cancillería y que buscará coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares.
La medida fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que enmarcó la decisión dentro de las políticas orientadas a “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.
Según el texto oficial, el nuevo sistema tendrá como objetivo “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
El comunicado precisa que la Cancillería podrá garantizar, a través de este mecanismo, que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior en materia de Malvinas.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”, y que ese trabajo conjunto permite “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.
A su vez, remarcó que la iniciativa apunta a “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”, en lo que definieron como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.
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“El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, cierra el comunicado firmado por el Presidente.
La lista de medidas que impulsó el Gobierno desde la cadena nacional de Milei sobre Malvinas
Desde el mensaje que Milei emitió junto a todo su Gabinete el jueves pasado, el Gobierno avanzó con una batería de medidas para sancionar a las empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en Malvinas y reforzar la influencia nacional sobre la región.
En ese sentido, el Gobierno reasignó $217.959 millones —unos US$142 millones— del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa destinados principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
A su vez, ordenó que los organismos del Estado que detecten incumplimientos legales informen a la Cancillería para que pueda impulsar sanciones y dispuso incorporar declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para bloquear a las empresas que operan en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.
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En paralelo, el Gobierno avanzó con una serie de denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, y otras firmas señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina, junto con otros procesos iniciados contra 60 personas jurídicas y humanas.
A esa serie de medidas se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará a Diputados en los próximos días, que además de reforzar las sanciones contra empresas que operen en las Islas sin autorización, creará un Consejo de Seguridad Nacional para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.
Gobierno, Islas Malvinas
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