POLITICA
Lo que el financista vinculado a la AFA se negó a responder ante el juez: perjuicio millonario a los clubes, contratos usurarios y el entramado de testaferros
Maximiliano Ariel Vallejo, el empresario financiero imputado como jefe de una asociación ilícita que habría operado a través del conglomerado Sur Finanzas, se presentó este martes 26 de mayo ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, a cargo de Luis Armella, tal como informó este medio, y optó por el silencio selectivo frente a los cargos más pesados de la investigación. El hombre ligado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, No respondió sobre el perjuicio causado a entidades deportivas del fútbol argentino, las tasas usurarias de los contratos financieros, el uso de familiares y allegados como presuntos testaferros ni el circuito de lavado de activos por más de U$S 108 millones que la acusación le atribuye.
La audiencia se realizó a exactamente 16 días del partido inaugural del Mundial FIFA 2026, que arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y en el cual Argentina, con Tapia como el dirigente de mayor peso, defenderá el campeonato mundial obtenido en 2022.
La lectura de cargos llevó varias horas. La fiscal adjunta Guillermina Luque Wickham le imputó, entre otros delitos, haber obtenido ganancias ilícitas a partir del perjuicio patrimonial causado a clubes de fútbol como Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur y el Club Atlético Temperley, entre otros. Esas ganancias, según la acusación, fueron luego inyectadas al mercado formal para dotarlas de apariencia de licitud mediante la adquisición de bienes registrables y la constitución de nuevas sociedades.
Por qué el silencio no implica culpa
Antes de ingresar al contenido de los descargos, y los largos silencios del financista, vale precisar el marco legal del acto. La declaración indagatoria está regulada por los artículos 294 a 300 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y es el mecanismo por el cual un juez federal convoca a una persona sobre quien recaen sospechas fundadas para que tome conocimiento de los cargos y, si lo desea, brinde su versión. No es un interrogatorio ni una obligación de confesar: su naturaleza jurídica es dual, ya que funciona al mismo tiempo como acto de defensa y como acto de investigación.
El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo —la llamada garantía de no autoincriminación—, y el artículo 298 del CPPN obliga al juez a advertirle al imputado, antes de que hable, que puede negarse a declarar sin que ese silencio sea interpretado como indicio de culpabilidad.
Esa advertencia es requisito de validez del acto. El imputado tiene tres opciones: declarar libremente, negarse en forma total o declarar de manera parcial —el llamado silencio selectivo—, sin que ninguna de esas posturas genere consecuencias procesales adversas. El CPPN prohíbe además cualquier forma de coacción, amenaza o pregunta capciosa para obtener una declaración. Vallejo eligió la tercera vía: habló sobre algunos puntos y al cierre indicó expresamente “no voy a contestar preguntas”.
Desde el punto de vista de la defensa penal, esa estrategia es frecuente en causas complejas: permite fijar una posición pública sin comprometer al imputado con una versión detallada que pueda ser confrontada con la prueba reunida. Los abogados a cargo de la defensa de Vallejos, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera reservaron los argumentos de fondo para un escrito ampliatorio o una declaración posterior.
El perjuicio a los clubes y los contratos que no explicó
Los funcionarios judiciales acusaron a Vallejo de ser el jefe de una asociación ilícita que tejió un esquema preciso de extracción de fondos de las entidades deportivas: descuento de cheques bajo condiciones abusivas, mutuos usurarios, obligación de utilizar el medio de pago provisto por Sur Finanzas y contratos de sponsorización simulados o sin ejecución real.
El caso más documentado en el expediente es el de Banfield. El 17 de julio de 2023, Vallejo suscribió en carácter de apoderado de Sur Finanzas Group S.A. un primer contrato de mutuo con ese club por U$S 500.000, con una tasa de interés compensatorio del 3% mensual en dólares. Tres meses después, el 9 de octubre de 2023, firmó un segundo instrumento por otros U$S 500.000, con la tasa elevada al 4% mensual en moneda extranjera. Ambos contratos contemplaban además un interés punitorio del 5% mensual. Los directivos del club —Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— declararon en los documentos haber recibido “el dinero en efectivo y en la citada moneda (dólares estadounidenses)” antes de la firma, según consta en el expediente.
Vallejo no respondió sobre ninguno de esos términos. Tampoco se pronunció sobre las operaciones con San Lorenzo, Argentinos Juniors, Temperley ni Estrella del Sur, ni sobre los contratos de sponsorización tachados de simulados.
Sobre Banfield, su descargo se redujo a tres afirmaciones: que desconocía los manejos internos del club, que era “un simple sponsor, presidente de una entidad, de la cual le hice un préstamo” y que “al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses”. Dijo ser socio e hincha del club “por haber nacido en Banfield”.
La red de allegados señalada como testaferros
Uno de los bloques más extensos de la imputación que Vallejo dejó sin respuesta fue el que describe el uso de familiares, su pareja y personas de confianza como presuntos testaferros para ocultar su patrimonio real y canalizar fondos ilícitos.
Graciela Beatriz Vallejo, su madre, aparece vinculada a trece empresas del holding —entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Sur Finanzas Group S.A., Sur Crypto S.A. y Sur Pagos S.A.— y habría administrado fondos por $669.800.081 en el Banco Masventas entre octubre de 2022 y mayo de 2023. A su nombre figuran además un Mercedes Benz GLC 300 Coupé AMG-Line valuado en $7.275.000, un inmueble en el Centro Comercial Plaza Canning de Ezeiza adquirido por U$S 120.000 y un BMW X2 valuado en $49.374.400, entre otros bienes. El 25 de febrero de 2025 sumó a ese patrimonio un Alfa Romeo Stelvio Veloce valuado en $96.450.000.
Maite Sofía Lorenzo, pareja actual de Vallejo y madre de su hijo de un año —quien además figura como titular del contrato de alquiler del domicilio familiar en el barrio Adrogué Chico—, aparece como administradora titular de Neocam S.A.S. La acusación sostiene que su rol fue ejecutar actos de administración para que Vallejo, como administrador real, permaneciera oculto. A su nombre se registra la adquisición de una Jeep Renegade valuada en $8.245.900.
María Fernanda Sena Argis ocupó la presidencia de Roma Inversiones S.A., Sur Pagos S.A. y Sur Finanzas Group S.A., entre otras firmas, en lo que la fiscalía califica como “roles administrativos ficticios” por orden y cuenta de Vallejo. A través de esas posiciones habría canalizado fondos para la compra de al menos quince vehículos —entre ellos un Mercedes Benz Atego, un Toyota SW4, un Audi Q5 valuado en $87.820.000 y un BMW 320i valuado en $39.500.000— y para la adquisición del inmueble de la Casa Central de Sur Finanzas en calle Seguí 764/768/780 de Adrogué, por $45.000.000. También transfirió desde la cuenta de Roma Inversiones $92.095.000 a una cuenta de la empresa RDA entre octubre y diciembre de 2025.
Su hermana, Bárbara Denise Sena Argis, presidenta de Cluster Palace Beach S.A., habría servido para disimular el patrimonio real de Vallejo. A través de esa empresa figuró como titular del Ferrari California Descapotable —dominio AG-895-HZ, valuado en $152.100.000— que la acusación señala como de uso personal del imputado, hasta que el Fisco descubrió la maniobra. Luego de los allanamientos, ese vehículo fue transferido a un tercero. Cluster Palace Beach adquirió además tres inmuebles en Adrogué por U$S 300.000 y otro en San Vicente por $395.400.000.
Silvia Torrado, madre de la ex pareja de Vallejo, aparece como socia gerente de Centro de Inversiones Concordia y presidenta de SF Inversiones S.A. y Sur Crypto S.A. La fiscalía le atribuye la función de ocultar al administrador real en las empresas que dirigía y facilitar la integración de activos ilícitos bajo el amparo de la formalidad societaria. Gerardo Salvador Carrozza, asesor de confianza de Vallejo y vicepresidente de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP S.A., habría certificado sucesivos orígenes de fondos falsos: $45.000.000 mediante un mutuo ficticio de Roma Inversiones para justificar la compra de la sede de la firma; $109.800.000 de Graciela Vallejo ante REBA Compañía Financiera, presentados como “anticipo de honorarios”; y fondos millonarios del propio Vallejo mediante préstamos cruzados entre empresas investigadas. Vallejo no respondió sobre ninguno de estos vínculos ni sobre los montos consignados.
La retención de aportes, el lavado y lo que sí respondió
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— denunció que Vallejo, en su carácter de presidente de Sur Finanzas Group S.A. desde el 21 de noviembre de 2024, retuvo sin depositar dentro del plazo legal los aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y obras sociales de sus empleados. Los períodos y montos consignados en el expediente son: noviembre de 2024 por $9.509.819,62; diciembre de 2024 por $13.037.422,26; julio de 2025 por $4.435.386,94; y noviembre de 2025 por $4.351.213,87.
Ante esa imputación, Vallejo argumentó que su función era la de presidente y accionista y que desconocía la gestión administrativa, contable y tributaria, delegada en asesoría interna y externa. Luego trasladó la responsabilidad a las consecuencias de los propios allanamientos: sostuvo que a partir del 1° de diciembre de 2025 la empresa quedó sin actividad comercial, con cuentas bloqueadas, inhibidas y embargadas, y que más de cien empleados quedaron sin cobrar sus salarios. “La empresa no pudo pagar por no tener actividad comercial y si lo tuviera lo hubiera pagado”, afirmó, y señaló que el juzgado recién lo notificó de esa situación en febrero de 2026.
Ante la imputación por lavado de activos, Vallejo tampoco contestó la parte de la acusación que vincula las ganancias obtenidas a través de los clubes con la adquisición de bienes registrables y la constitución de empresas como mecanismo de reciclaje, ni se refirió al capital inicial de U$S 108.138.762 que la fiscalía señala como el origen espurio del holding, generado a través de Centro de Inversiones Concordia mediante intermediación financiera no autorizada e infracciones al régimen cambiario.
Su defensa en este punto fue exclusivamente general: “Creo y pretendo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”, declaró.
Los descargos concretos de Vallejo se limitaron a su patrimonio personal. Afirmó que al 1° de diciembre de 2025 tenía “mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo, de mi sudor y de mi empresa”, y que su salario de $70 millones mensuales como CEO de Sur Finanzas, proyectado a tres años, explica la suma declarada ante ARCA. Los U$S 111.500 en divisas, dijo, fueron adquiridos de forma bancarizada a través del Banco Hipotecario tras el levantamiento del cepo cambiario en abril de 2025. Sobre la asociación ilícita se declaró inocente y cuestionó el tratamiento mediático: “Los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad”, apuntó.
Al cierre de la audiencia se negó a responder preguntas. su defensor Parera aclaró que el pasaporte de su asistido se encuentra en la sede de Seguí 776, clausurada cautelarmente en el expediente CFP 7811/2021/2, razón por la cual Vallejo no puede presentarlo físicamente ante el juzgado. La defensa anticipó que ampliará sus argumentos mediante un escrito posterior.
La pelota, en términos procesales, ahora quedó del lado de los otros imputados. Vallejo dejó en claro que espera que sean ellos quienes aclaren lo que la acusación le adjudica en relación al Club Atlético Banfield en sus indagatorias: Eduardo Juan Spinosa, presidente del club al momento de los hechos; Federico José Spinosa, secretario; e Ignacio Javier Uzquiza, tesorero, los tres firmantes de los contratos de mutuo por U$S 1.000.000 en total que la fiscalía califica de ruinosos para la institución.
El diputado nacional Lisandro Almirón cuestionó los fuertes cruces que se produjeron durante una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados y consideró que Juan Grabois aprovechó el episodio para reforzar su perfil opositor al Gobierno. “Logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”, sostuvo en Infobae al Regreso.
La reunión había sido convocada por las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación Penal y Defensa para abordar distintas iniciativas vinculadas con la soberanía nacional. Sin embargo, el encuentro quedó atravesado por una serie de discusiones y agravios que terminaron desplazando el tratamiento de los proyectos previstos.
“Primero creo que esto no nos hace bien en ningún tipo de discusión y menos una discusión de este tipo parlamentaria”, planteó Almirón. Según relató, el episodio se produjo hacia el final del encuentro, luego de que se resolviera levantar la reunión, y derivó en un intercambio verbal que involucró a distintos legisladores y dirigentes.
Para el diputado correntino, la tensión terminó opacando una jornada que debía estar centrada en cuestiones institucionales y de defensa. “Nos terminamos perdiendo la oportunidad de debatir cosas importantes como es este proyecto de soberanía nacional”, señaló.
Almirón también expresó su solidaridad con quienes fueron objeto de agravios durante la reunión y consideró que ese tipo de situaciones no contribuyen al funcionamiento parlamentario. En su análisis, el conflicto excedió la discusión puntual y terminó adquiriendo una dimensión política.
En particular, interpretó que Grabois consiguió convertir el episodio en una instancia de exposición pública. “Él sabe lo costoso que es tener una repercusión en todos los medios simultáneamente. Lo consiguió”, afirmó.
El legislador vinculó esa estrategia con las aspiraciones políticas del dirigente social. “Tiene aspiraciones y lo demuestra permanentemente”, sostuvo, aunque aclaró que serán los ciudadanos quienes evalúen ese posicionamiento.
La defensa del cambio en la Ley de Tierras
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la Ley de Tierras y el futuro de los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que esa normativa establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Almirón defendió la decisión del Gobierno y planteó que el debate debe contemplar las particularidades de las provincias fronterizas. “Me toca vivir en una de las provincias que linda con tres países”, explicó al referirse a Corrientes.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el régimen anterior podía condicionar inversiones y proyectos de infraestructura. “Para nosotros la Ley de Tierras es significativamente importante por el desarrollo de los puertos, por la capacidad operativa que puede tener una inversión”, afirmó.
El diputado cuestionó además el alcance de las restricciones que establecía la legislación anterior. “Hay una ley que no solamente limita, sino también de alguna manera restringe”, sostuvo, al defender un esquema que, según su postura, otorgue mayores posibilidades de inversión y desarrollo.
Consultado sobre la estrategia que podría adoptar el oficialismo frente a los bloques que buscan revertir los cambios del DNU, Almirón puso el foco en el proceso legislativo y en la necesidad de construir acuerdos.
“Estamos sujetos en el tratamiento de la ley en cuatro estadios y te diría hasta el cinco”, explicó. En ese recorrido incluyó el debate en las comisiones, el tratamiento en el recinto, la revisión del Senado y las facultades posteriores del Poder Ejecutivo.
En ese punto, destacó la importancia de la negociación parlamentaria y aseguró que el oficialismo mantiene conversaciones con distintos sectores. “Permanente”, respondió al ser consultado sobre el diálogo político dentro del Congreso.
También marcó diferencias con la posibilidad de esperar una definición de la Corte Suprema antes de avanzar con determinadas iniciativas. “Yo no lo veo de la misma manera. Podría compartirla, ella tiene por ahí más información, pero veo primero que yo soy abogado, creo en la división de poderes”, explicó.
Según Almirón, los tiempos judiciales no necesariamente deben coincidir con los del Poder Legislativo y el Ejecutivo. “Los tiempos de la Corte no son los tiempos de la política, ni del Congreso, ninguna de las cámaras y mucho menos de los tiempos políticos del Ejecutivo”, afirmó.
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Juan Grabois,Argentina,política
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sumó a tres camaristas federales a la comitiva oficial con la que el presidente Javier Milei llegó a París para la realización de la Argentina Week, una serie de conferencias y charlas para promover inversiones extranjeras en el país.
Uno de los invitados es el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Sergio Fernández, que además es vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El viaje ocurre mientras las causas penales contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente, pasan de un tribunal a otro sin quedar en manos de un juez definitivo.
Otro camarista que acompaña la comitiva oficial es Eduardo Farah, de la Cámara Federal, que revisa las causas de corrupción de Comodoro Py. También integra la comitiva oficial Richar Fernando Gallego, de la Cámara Federal de General Roca y el magistrado con autoridad competente en los conflictos legales que pueden haber en Vaca Muerta.
Mahiques integra la delegación oficial con Karina Milei, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y el canciller Pablo Quirno, en un evento organizado por la embajada en Francia.
El programa incluye la reunión reservada con Emmanuel Macron en el Elíseo y la entrega del Premio del Foro Económico de París a Milei.
Fernández y Farah están unidos por la misma persona. Sergio Fernández es hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación y durante años uno de los principales operadores judiciales cercanos al peronismo en los tribunales. Farah es además amigo de la infancia de Javier Fernández.
Sergio Fernández tiene peso en el fuero contencioso y comparte el tribunal de la AFA. Otros jueces renunciaron a ser integrantes de ese tribunal, pues probablemente tuvieran que intervenir en casos que involucren a la organización.
Pero Sergio Fernández no renunció a ese lugar. El camarista, que es una especie de líder entre sus colegas del fuero, comparte el Tribunal de Disciplina con el escribano Fernando Mitjans, y su hijo Manuel es vicepresidente del Tribunal de Ética de la entidad.
En ese mismo Tribunal de Disciplina figuró Esteban Mahiques, funcionario de la cancillería, hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques y hermano del ministro. informó que el camarista Carlos Mahiques festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar que la Justicia atribuye al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, pero el juez lo niega.
Las causas de la AFA llevaron a varios jueces a dejar sus cargos en los tribunales de la entidad, como Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Fernández, en cambio, se quedó. Ese tribunal deportivo fue el que sancionó a Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por no hacer el pasillo a Rosario Central con motivo del campeonato logrado.
Farah es un veterano integrante de la Cámara Federal. Tras dejar ese tribunal por una sentencia que generó controversia durante el macrismo, regresó en 2021 por un decreto de Alberto Fernández.
Farah había dejado la Cámara Federal durante el macrismo por el fallo que liberó al empresario Cristóbal López. Desde allí mantiene un perfil bajo y mira cada caso con cautela. Hoy ocupa la vicepresidencia de la Cámara Federal, donde llegó el recién designado camarista Pablo Yadarola, amigo del ministro Mahiques, y renovó su acuerdo el camarista Pablo Bertuzzi.
Richar Fernando Gallego fue designado en la Cámara Federal de General en 2012. Antes estuvo 20 años en la justicia rionegrina. La Cámara de Roca es la que revisa las decisiones de los juzgados de General Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén y Zapala.
Con el nuevo sistema acusatorio, Gallego y el juez Mariano Lozano pasaron a ser los jueces de revisión del distrito. Intervino en el pasado en la causa que condenó a penas de prisión efectiva a los prefectos del grupo Albatros que mataron al militante Rafael Nahuel. Fue apartado luego por la Cámara Federal de Casación de ese caso.
Intervino además rechazando la apelación del Estado contra la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche.
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Cruces, insultos y un final abrupto: la trastienda del plenario en Diputados sobre la Ley de Defensa de la Soberanía
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en un clima de tensión y fuertes cruces entre legisladores. El debate estuvo atravesado además por el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras.
El diputado Carlos Zapata logró encauzar la discusión durante las primeras horas, luego de las exposiciones de legisladores de distintas bancadas, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
La tensión aumentó después de un fuerte cruce entre Juan Grabois y los oficialistas Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, quienes se insultaron cara a cara. Zapata advirtió entonces que levantaría la sesión si continuaban los agravios e incluso le pidió a Germán Martínez: “Germán, controlá a los tuyos”.
Luego llegó la segunda tanda de exposiciones y fue el turno del tucumano Federico Pelli, de La Libertad Avanza. El diputado, exintegrante de las Fuerzas Armadas, cuestionó a las administraciones del Ministerio de Defensa durante el kirchnerismo. Frente a él se encontraban los exfuncionarios Jorge Taiana y Agustín Rossi.
El intercambio entre Pelli y Rossi también generó tensión y Zapata volvió a intervenir para intentar calmar los ánimos.
El momento que precipitó el final de la reunión llegó cuando tomó la palabra Grabois. El dirigente del Frente Patria Grande cuestionó al oficialismo y, tras una interrupción de Juliana Santillán, le dijo “cállate tontita”.
Poco después, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien había ordenado cortar su micrófono. En ese momento, el presidente del plenario dio por terminada la reunión.
Mientras se retiraban los legisladores, se escuchó a Grabois decir: “No te vayas Doctor Chapatín, que ahora viene una presidenta en serio”, en referencia a la diputada Agustina Propato, quien intentó asumir la conducción del plenario. Para entonces, los micrófonos del salón se habían apagado y la mayoría de los diputados se había retirado.
El puntano Carlos Almena (LLA) fue uno de los que permaneció en el lugar para responderle a Grabois.
Más tarde, el dirigente opositor publicó en sus redes sociales: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”.
Cómo continuará el debate
La Libertad Avanza definirá la continuidad del plenario para la próxima semana. La intención es realizar nuevas reuniones el martes y miércoles y mantener abierto el tratamiento de la iniciativa, que podría llegar al recinto el próximo 21 de octubre.
“Vamos a seguir tratando este tema que tenemos que priorizar todos los argentinos. Sin politizarlo, Malvinas nos tiene que unir en la defensa de su soberanía”, le dijo a TN Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
El inicio del plenario
El debate fue organizado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, conducidas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
El jefe de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, fue el encargado de abrir la discusión. “Venimos en un contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de quitarle legitimidad al CECIM La Plata”, señaló.
Antes del plenario, el bloque opositor se había reunido con representantes del CECIM La Plata en sus oficinas. Allí, según explicó Martínez, se comprometió a pedir junto con otras fuerzas una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/2023.
Por parte del oficialismo fueron convocados funcionarios del Gobierno nacional: Paula Tadei, de la Secretaría de Legal y Técnica, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Desde UxP reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente.
Los cuestionamientos de la oposición
Durante el tratamiento, la diputada Agustina Propato (UxP) cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Señaló que el proyecto aumenta las multas para las empresas petroleras que exploten en la cuenca Malvinas, pero que al mismo tiempo incorpora un capítulo de regularización con quita de multas, sanciones administrativas y sanciones penales.
“Dan una vuelta con el pago insignificante para una petrolera y vienen a explotar en la Argentina continental. Esto es lo contrario a lo que anunció por cadena nacional”, afirmó Propato.
La diputada también cuestionó el alcance de la iniciativa sobre otras normas y advirtió sobre sus efectos en materia de libertad de expresión.
“Es una ley ómnibus que modifica la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior, varios artículos del Código Penal, trae un aspecto muy preocupante para la libertad de prensa en la República Argentina que es lo que llama en este texto “campañas de desinformación masivas”, y por tal motivo hemos recibido desde ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una preocupación en relación a la modificación del artículo 225 del Código Penal, que pueden significar un atraso realmente inconcebible para la República Argentina en materia de libertad de expresión y de democracia”, sostuvo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente frente a actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
La propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que alcanza no solo a los hidrocarburos sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
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