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Lo que el financista vinculado a la AFA se negó a responder ante el juez: perjuicio millonario a los clubes, contratos usurarios y el entramado de testaferros

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Maximiliano Ariel Vallejo, el empresario financiero imputado como jefe de una asociación ilícita que habría operado a través del conglomerado Sur Finanzas, se presentó este martes 26 de mayo ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2, a cargo de Luis Armella, tal como informó este medio, y optó por el silencio selectivo frente a los cargos más pesados de la investigación. El hombre ligado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, No respondió sobre el perjuicio causado a entidades deportivas del fútbol argentino, las tasas usurarias de los contratos financieros, el uso de familiares y allegados como presuntos testaferros ni el circuito de lavado de activos por más de U$S 108 millones que la acusación le atribuye.

La audiencia se realizó a exactamente 16 días del partido inaugural del Mundial FIFA 2026, que arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, y en el cual Argentina, con Tapia como el dirigente de mayor peso, defenderá el campeonato mundial obtenido en 2022.

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La lectura de cargos llevó varias horas. La fiscal adjunta Guillermina Luque Wickham le imputó, entre otros delitos, haber obtenido ganancias ilícitas a partir del perjuicio patrimonial causado a clubes de fútbol como Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur y el Club Atlético Temperley, entre otros. Esas ganancias, según la acusación, fueron luego inyectadas al mercado formal para dotarlas de apariencia de licitud mediante la adquisición de bienes registrables y la constitución de nuevas sociedades.

Por qué el silencio no implica culpa

Antes de ingresar al contenido de los descargos, y los largos silencios del financista, vale precisar el marco legal del acto. La declaración indagatoria está regulada por los artículos 294 a 300 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y es el mecanismo por el cual un juez federal convoca a una persona sobre quien recaen sospechas fundadas para que tome conocimiento de los cargos y, si lo desea, brinde su versión. No es un interrogatorio ni una obligación de confesar: su naturaleza jurídica es dual, ya que funciona al mismo tiempo como acto de defensa y como acto de investigación.

El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo —la llamada garantía de no autoincriminación—, y el artículo 298 del CPPN obliga al juez a advertirle al imputado, antes de que hable, que puede negarse a declarar sin que ese silencio sea interpretado como indicio de culpabilidad.

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Claudio Tapia, allegado al Ariel Vallejo hasta el momento no está nombrado en el expediente del juez Luis Armella

Esa advertencia es requisito de validez del acto. El imputado tiene tres opciones: declarar libremente, negarse en forma total o declarar de manera parcial —el llamado silencio selectivo—, sin que ninguna de esas posturas genere consecuencias procesales adversas. El CPPN prohíbe además cualquier forma de coacción, amenaza o pregunta capciosa para obtener una declaración. Vallejo eligió la tercera vía: habló sobre algunos puntos y al cierre indicó expresamente “no voy a contestar preguntas”.

Desde el punto de vista de la defensa penal, esa estrategia es frecuente en causas complejas: permite fijar una posición pública sin comprometer al imputado con una versión detallada que pueda ser confrontada con la prueba reunida. Los abogados a cargo de la defensa de Vallejos, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera reservaron los argumentos de fondo para un escrito ampliatorio o una declaración posterior.

El perjuicio a los clubes y los contratos que no explicó

Los funcionarios judiciales acusaron a Vallejo de ser el jefe de una asociación ilícita que tejió un esquema preciso de extracción de fondos de las entidades deportivas: descuento de cheques bajo condiciones abusivas, mutuos usurarios, obligación de utilizar el medio de pago provisto por Sur Finanzas y contratos de sponsorización simulados o sin ejecución real.

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El caso más documentado en el expediente es el de Banfield. El 17 de julio de 2023, Vallejo suscribió en carácter de apoderado de Sur Finanzas Group S.A. un primer contrato de mutuo con ese club por U$S 500.000, con una tasa de interés compensatorio del 3% mensual en dólares. Tres meses después, el 9 de octubre de 2023, firmó un segundo instrumento por otros U$S 500.000, con la tasa elevada al 4% mensual en moneda extranjera. Ambos contratos contemplaban además un interés punitorio del 5% mensual. Los directivos del club —Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— declararon en los documentos haber recibido “el dinero en efectivo y en la citada moneda (dólares estadounidenses)” antes de la firma, según consta en el expediente.

Vallejo no respondió sobre ninguno de esos términos. Tampoco se pronunció sobre las operaciones con San Lorenzo, Argentinos Juniors, Temperley ni Estrella del Sur, ni sobre los contratos de sponsorización tachados de simulados.

Uno de los allanamientos a Sur Finanzas de Ariel Vallejos

Sobre Banfield, su descargo se redujo a tres afirmaciones: que desconocía los manejos internos del club, que era “un simple sponsor, presidente de una entidad, de la cual le hice un préstamo” y que “al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses”. Dijo ser socio e hincha del club “por haber nacido en Banfield”.

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La red de allegados señalada como testaferros

Uno de los bloques más extensos de la imputación que Vallejo dejó sin respuesta fue el que describe el uso de familiares, su pareja y personas de confianza como presuntos testaferros para ocultar su patrimonio real y canalizar fondos ilícitos.

Graciela Beatriz Vallejo, su madre, aparece vinculada a trece empresas del holding —entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Sur Finanzas Group S.A., Sur Crypto S.A. y Sur Pagos S.A.— y habría administrado fondos por $669.800.081 en el Banco Masventas entre octubre de 2022 y mayo de 2023. A su nombre figuran además un Mercedes Benz GLC 300 Coupé AMG-Line valuado en $7.275.000, un inmueble en el Centro Comercial Plaza Canning de Ezeiza adquirido por U$S 120.000 y un BMW X2 valuado en $49.374.400, entre otros bienes. El 25 de febrero de 2025 sumó a ese patrimonio un Alfa Romeo Stelvio Veloce valuado en $96.450.000.

Maite Sofía Lorenzo, pareja actual de Vallejo y madre de su hijo de un año —quien además figura como titular del contrato de alquiler del domicilio familiar en el barrio Adrogué Chico—, aparece como administradora titular de Neocam S.A.S. La acusación sostiene que su rol fue ejecutar actos de administración para que Vallejo, como administrador real, permaneciera oculto. A su nombre se registra la adquisición de una Jeep Renegade valuada en $8.245.900.

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El dueño de Sur Finanzas, vinculado a la AFA, está bajo investigación por presunto lavado de dinero a través de varios clubes de fútbol argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Fernanda Sena Argis ocupó la presidencia de Roma Inversiones S.A., Sur Pagos S.A. y Sur Finanzas Group S.A., entre otras firmas, en lo que la fiscalía califica como “roles administrativos ficticios” por orden y cuenta de Vallejo. A través de esas posiciones habría canalizado fondos para la compra de al menos quince vehículos —entre ellos un Mercedes Benz Atego, un Toyota SW4, un Audi Q5 valuado en $87.820.000 y un BMW 320i valuado en $39.500.000— y para la adquisición del inmueble de la Casa Central de Sur Finanzas en calle Seguí 764/768/780 de Adrogué, por $45.000.000. También transfirió desde la cuenta de Roma Inversiones $92.095.000 a una cuenta de la empresa RDA entre octubre y diciembre de 2025.

Su hermana, Bárbara Denise Sena Argis, presidenta de Cluster Palace Beach S.A., habría servido para disimular el patrimonio real de Vallejo. A través de esa empresa figuró como titular del Ferrari California Descapotable —dominio AG-895-HZ, valuado en $152.100.000— que la acusación señala como de uso personal del imputado, hasta que el Fisco descubrió la maniobra. Luego de los allanamientos, ese vehículo fue transferido a un tercero. Cluster Palace Beach adquirió además tres inmuebles en Adrogué por U$S 300.000 y otro en San Vicente por $395.400.000.

Silvia Torrado, madre de la ex pareja de Vallejo, aparece como socia gerente de Centro de Inversiones Concordia y presidenta de SF Inversiones S.A. y Sur Crypto S.A. La fiscalía le atribuye la función de ocultar al administrador real en las empresas que dirigía y facilitar la integración de activos ilícitos bajo el amparo de la formalidad societaria. Gerardo Salvador Carrozza, asesor de confianza de Vallejo y vicepresidente de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP S.A., habría certificado sucesivos orígenes de fondos falsos: $45.000.000 mediante un mutuo ficticio de Roma Inversiones para justificar la compra de la sede de la firma; $109.800.000 de Graciela Vallejo ante REBA Compañía Financiera, presentados como “anticipo de honorarios”; y fondos millonarios del propio Vallejo mediante préstamos cruzados entre empresas investigadas. Vallejo no respondió sobre ninguno de estos vínculos ni sobre los montos consignados.

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La retención de aportes, el lavado y lo que sí respondió

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— denunció que Vallejo, en su carácter de presidente de Sur Finanzas Group S.A. desde el 21 de noviembre de 2024, retuvo sin depositar dentro del plazo legal los aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y obras sociales de sus empleados. Los períodos y montos consignados en el expediente son: noviembre de 2024 por $9.509.819,62; diciembre de 2024 por $13.037.422,26; julio de 2025 por $4.435.386,94; y noviembre de 2025 por $4.351.213,87.

Ante esa imputación, Vallejo argumentó que su función era la de presidente y accionista y que desconocía la gestión administrativa, contable y tributaria, delegada en asesoría interna y externa. Luego trasladó la responsabilidad a las consecuencias de los propios allanamientos: sostuvo que a partir del 1° de diciembre de 2025 la empresa quedó sin actividad comercial, con cuentas bloqueadas, inhibidas y embargadas, y que más de cien empleados quedaron sin cobrar sus salarios. “La empresa no pudo pagar por no tener actividad comercial y si lo tuviera lo hubiera pagado”, afirmó, y señaló que el juzgado recién lo notificó de esa situación en febrero de 2026.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, indagó a Ariel Vallejo

Ante la imputación por lavado de activos, Vallejo tampoco contestó la parte de la acusación que vincula las ganancias obtenidas a través de los clubes con la adquisición de bienes registrables y la constitución de empresas como mecanismo de reciclaje, ni se refirió al capital inicial de U$S 108.138.762 que la fiscalía señala como el origen espurio del holding, generado a través de Centro de Inversiones Concordia mediante intermediación financiera no autorizada e infracciones al régimen cambiario.

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Su defensa en este punto fue exclusivamente general: “Creo y pretendo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”, declaró.

Los descargos concretos de Vallejo se limitaron a su patrimonio personal. Afirmó que al 1° de diciembre de 2025 tenía “mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo, de mi sudor y de mi empresa”, y que su salario de $70 millones mensuales como CEO de Sur Finanzas, proyectado a tres años, explica la suma declarada ante ARCA. Los U$S 111.500 en divisas, dijo, fueron adquiridos de forma bancarizada a través del Banco Hipotecario tras el levantamiento del cepo cambiario en abril de 2025. Sobre la asociación ilícita se declaró inocente y cuestionó el tratamiento mediático: “Los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad”, apuntó.

El Juzgado de Luis Armella investiga una presunta organización criminal en la cúpula del Club Atlético Banfield por delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre de la audiencia se negó a responder preguntas. su defensor Parera aclaró que el pasaporte de su asistido se encuentra en la sede de Seguí 776, clausurada cautelarmente en el expediente CFP 7811/2021/2, razón por la cual Vallejo no puede presentarlo físicamente ante el juzgado. La defensa anticipó que ampliará sus argumentos mediante un escrito posterior.

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La pelota, en términos procesales, ahora quedó del lado de los otros imputados. Vallejo dejó en claro que espera que sean ellos quienes aclaren lo que la acusación le adjudica en relación al Club Atlético Banfield en sus indagatorias: Eduardo Juan Spinosa, presidente del club al momento de los hechos; Federico José Spinosa, secretario; e Ignacio Javier Uzquiza, tesorero, los tres firmantes de los contratos de mutuo por U$S 1.000.000 en total que la fiscalía califica de ruinosos para la institución.

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Encontraron alcoholizado a un funcionario de Mendoza durante un control vial: renunció a su cargo

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Diego Silvestre, funcionario del Gobierno de Mendoza y coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael, presentó su renuncia en las últimas horas luego de que trascendiera que dio positivo en un control de alcoholemia. El abogado registró 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces por encima del límite permitido en la provincia, y además circulaba sin licencia de conducir, sin cédula del vehículo y sin seguro obligatorio.

El episodio ocurrió el último domingo en las inmediaciones de San Rafael, cuando Silvestre se desplazaba en una camioneta Fiat Strada y fue detenido en un operativo de control vial. Tras el test positivo, los efectivos retuvieron el vehículo y lo demoraron. De acuerdo con la información oficial, el funcionario permaneció 48 horas detenido.

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Diego Silvestre, ex funcionario de Mendoza

La repercusión del caso derivó en su dimisión al cargo de coordinador del ETI de San Rafael, un organismo que depende del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y de la Dirección General de Escuelas (DGE). También renunció a su reciente designación como representante de los abogados en el Consejo de Minería de Mendoza.

Ese nombramiento había sido oficializado apenas dos días antes del control de alcoholemia. El gobernador Alfredo Cornejo lo había designado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial como integrante del organismo encargado de intervenir en distintos aspectos vinculados con la actividad minera en la provincia, a propuesta de los colegios y la Federación de Abogados de Mendoza.

Antes de que se conociera la renuncia, la vicegobernadora Hebe Casado fue consultada por Radio Mitre Mendoza sobre la situación del funcionario y expresó su malestar con una frase que rápidamente tuvo repercusión pública. “Hay que ser muy boludo”, respondió al referirse al episodio.

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Tras la difusión de esas declaraciones y una vez confirmada la salida de Silvestre del Gobierno, Casado explicó a Infobae el contexto en el que realizó esa afirmación y sostuvo que reflejaba el enojo que le generó el caso.

“Salió del enojo, todos los funcionarios saben que es una política de Estado el endurecimiento de las penas para quienes incumplen la alcoholemia, que a los funcionarios que la incumplen les pedimos la renuncia. Más siendo abogado”, afirmó la vicegobernadora a Infobae.

Silvestre, de 41 años y abogado de profesión, desarrolló gran parte de su carrera en el Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza. Desde 2022 ocupó un lugar como director titular de esa entidad y también ejerció la coordinación de Comisiones e Institutos para el período 2022-2026.

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Con anterioridad, entre 2019 y 2022, presidió la Comisión de Jóvenes Abogados del mismo colegio profesional. Además, en mayo de 2020 participó en la creación del Instituto de Derecho Constitucional, donde continuó como miembro fundador.

En el plano político, Silvestre mantuvo una participación activa dentro del radicalismo de San Rafael. En diciembre de 2025 integró la lista de candidatos suplentes a concejal por la Unión Cívica Radical y también trabajó como asesor técnico vinculado al oficialismo provincial antes de incorporarse al Ejecutivo mendocino.

El caso se sumó a otros antecedentes recientes de funcionarios mendocinos involucrados en episodios de alcoholemia al volante. Uno de ellos fue el del exconcejal de Guaymallén Miqueas Burgoa, quien registró 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre tras un incidente vial y, según el acta policial, intentó invocar su condición de funcionario durante el procedimiento.

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Otro antecedente fue el de Jorge Teves, entonces presidente del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), quien fue interceptado en enero de 2025 mientras conducía un vehículo oficial con más de un gramo de alcohol en sangre. Después del procedimiento recibió una multa, fue inhabilitado para conducir durante cinco meses y presentó su renuncia al día siguiente.

También figuró entre esos casos Cristian Ochoa, entonces director de Prensa de la Municipalidad de Tunuyán, quien dio positivo con 1,42 gramos de alcohol por litro de sangre tras un choque ocurrido en octubre de 2025. La lista incluyó además al entonces concejal libertario de San Rafael Martín Antolín, aprehendido durante un control vial en la Ciudad de Mendoza luego de arrojar un resultado positivo en un test de alcoholemia.

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La Libertad Avanza busca un acuerdo con el peronismo para cambiar una ley clave que da más autonomía a los intendentes

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La Libertad Avanza buscará redactar una nueva Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) en la provincia de Buenos Aires. Se trata de la normativa que ordena el funcionamiento de los 135 municipios bonaerenses y, entre otros aspectos, establece facultades y responsabilidades de los intendentes. Es una ley aprobada en 1958 y que tiene 83 modificaciones al día de la fecha. No es la única iniciativa al respecto: el senador del bloque Hechos, Marcelo Leguizamón, presentó una iniciativa para conformar una comisión bicameral que redacte una nueva LOM.

Quien está detrás de esta cruzada es el senador libertario, Diego Valenzuela. El exintendente de Tres de Febrero es el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara Alta provincial. Esta semana encabezó una reunión de comisión en la que empezó a debatir el tema. Allí planteó que el objetivo es recortar la tutela provincial sobre los distritos, en un esquema que combine más autonomía administrativa, potestades tributarias y fondos permanentes para funciones que, según dijo, los municipios ya asumieron sin respaldo suficiente.

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“La provincia no es que perdió poder, se retiró de un montón de cosas que las asumieron los municipios y ya hoy son funciones o tareas o acciones que se realizan a nivel municipal, en educación, en seguridad, en salud, en un montón de situaciones. Modificar la LOM no es aumentar el dieciséis coma catorce, es modificar el proceso administrativo que hoy tiene a los municipios como un hijo menor tutelado por la provincia, ¿no?”, planteó Valenzuela luego de un encuentro que hubo esta semana en la comisión que preside y que participaron economistas Walter Rosales y Agustín Lodola (UNLP). La referencia del 16,14 apuntó al reparto de recursos y buscó separar la discusión sobre la estructura administrativa de los municipios de la disputa por la masa de fondos que reciben desde la provincia. Los especialistas deslizaron en su paso por el Senado que los municipios ejecutan cerca del 3% del gasto público, pero cuentan con apenas el 1,2% de los recursos. “Todo, mientras asumen cada vez más responsabilidades”, agregó Valenzuela.

Valenzuela, en la reunión de comisión en la que comenzó a discutirse el tema de una nueva ley orgánica de las municipalidades

En LLA hablan de una tensión jurídica y política de fondo: interpretan que existe una “inconstitucionalidad” en materia de autonomía municipal porque el artículo 123 de la reforma constitucional de 1994 reconoce facultades que, según admiten los libertarios, la provincia restringe. El artículo 123 de la Constitución Nacional explicita: “Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.

Valenzuela reconoció que ya viene hablando el tema con intendentes, casi todos peronistas. Admitió contactos con el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, quien le habría transmitido su conformidad en avanzar con cambios en la LOM. El bloque de LLA tiene diez integrantes en la Cámara alta provincial, donde Fuerza Patria cuenta con quórum. Sin embargo, el peronismo está sumido en una discusión interna y no muestra homogeneidad. Sin un acuerdo con el partido de gobierno provincial, el anhelo libertario deberá esperar.

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Valenzuela dijo que su iniciativa partirá de un texto propio de su espacio, aunque con la intención de sumar aportes en comisión y abrir una ronda de escucha con intendentes. Afirmó que el debate no puede quedar reducido a declaraciones y reclamó pasar a un “modelo de reformas” en un año que, remarcó, no es electoral. La interna también asoma cuando se debatió y debate la forma de distribución de una parte del Fondo de Incentivo Municipal, ya que la actual normativa la ata a la ejecución a través de tres ministerios: Infraestructura, Transporte o el Instituto Cultural. Los intendentes deben elegir con qué ministerio ejecutar esos fondos. Cada ministerio está conducido por un sector distinto del peronismo. Infraestructura por Gabriel Katopodis (Movimiento Derecho al Futuro), Transporte por Martín Marinucci (Frente Renovador) e Instituto Cultural por Florencia Saintout (La Cámpora). Valenzuela criticó además que una parte de esos recursos quede canalizada a través de ministerios provinciales y no de libre disponibilidad para las intendencias. Según describió, ese esquema mete a la política partidaria en la distribución del dinero y retrasa la aplicación de partidas destinadas a necesidades locales.

Para la modificación de la LOM, los libertarios deberán llegar a un acuerdo con el peronismo

En la LOM también se ordena el tema de las reelecciones indefinidas de intendentes. Ese punto también tuvo algunos cambios. En LLA no están de acuerdo con modificaciones en este punto, que dentro de la ley que buscan reescribir se encuadra en el artículo 3 y describe que “el Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período”, aclarando que “si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período” y dejado establecido: “Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo período sin importar que el mismo haya sido ejercido total o parcialmente”. Los intendentes del peronismo buscan modificar este punto y reestablecer las reelecciones consecutivas sin intervalos. “Es un tema que definió la política y es la política la que lo tiene que solucionar”, planteó, por ejemplo, el intendente de Pilar, Federico Achával, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. Dijo estar a favor de las reelecciones indefinidas. “Si tu gestión no es buena, es la gente la que te saca o te pone”, consideró.

Más iniciativas

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La estrategia de LLA que preside la comisión de Asuntos Municipales no es la única referida a cambios en la LOM. El senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos, también presentó este año un proyecto para modificar de base la normativa que rige el funcionamiento municipal. Leguizamón trabaja en un esquema político junto a los hermanos Passaglia —Santiago, intendente, y Manuel, diputado provincial— y elaboró un proyecto para crear una Comisión Bicameral encargada de redactar un anteproyecto para la reforma integral de la Ley Orgánica de Municipalidades. Plantea que la comisión esté integrada por cinco diputados y cinco senadores, seleccionados según la representación política de cada Cámara, y tendrá la tarea de diseñar un nuevo marco normativo que incluya administración financiera, gestión moderna y control institucional.

Al igual que lo esbozó Valenzuela, el proceso contempla la consulta a funcionarios, representantes municipales, especialistas. La iniciativa fija un plazo inicial de un año para la presentación del anteproyecto, prorrogable por otro año si es necesario, asegurando así el control parlamentario sobre el avance y la orientación del debate. El texto justifica la reforma por la brecha entre la normativa de 1958 y las demandas actuales de planificación urbana, sostenibilidad y rendición de cuentas, y advierte que solo un nuevo marco legal permitirá a los municipios bonaerenses ejercer un gobierno autónomo acorde a la realidad contemporánea.

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El gobierno de Lula sigue con preocupación los gestos de Milei hacia Bolsonaro, pero busca preservar la relación bilateral

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La decisión del presidente Javier Milei de viajar el próximo 25 de julio a San Pablo para participar del acto en el que será formalmente proclamado Flavio Bolsonaro como principal candidato de la oposición para enfrentar a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre tensa aún más la relación política entre la Argentina y Brasil.

Aunque el vínculo bilateral ya atravesaba meses de deterioro a nivel presidencial, el nuevo gesto del mandatario argentino profundiza las diferencias con el jefe de Estado brasileño.

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Desde el Palacio de Planalto, sede del Gobierno de Brasil, siguen desde hace tiempo con atención los movimientos políticos de Milei. El monitoreo se intensificó luego de que el Presidente recibiera semanas atrás en Buenos Aires al senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, durante una cumbre a la que asistió el legislador brasileño.

Fuentes diplomáticas brasileñas aseguraron entonces que habían interpretado con buena predisposición el mensaje posterior de Milei, al considerar que no había sido confrontativo ni buscaba chocar de manera directa con Lula. Esa actitud alimentó la percepción de que la moderación que, en algunos momentos, había adoptado la Casa Rosada para sostener la relación con Brasil volvía a imponerse.

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Sin embargo, el anuncio realizado este viernes por Milei durante una entrevista radial modificó ese escenario. La confirmación de su presencia en el acto de lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro volvió a poner en primer plano las diferencias políticas entre ambos mandatarios y amenaza con deteriorar aún más un vínculo que, si bien no aparece cerca de una ruptura, podría afectar las múltiples instancias de cooperación existentes entre los dos países.

El Presidente además adelantó que planea visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasil por su situación de salud. Se trata de un gesto que, según distintas miradas, trasciende lo protocolar de un viaje presidencial y constituye una señal política de respaldo al líder de la derecha brasileña, con quien Milei mantiene una afinidad ideológica, al igual que con el presidente estadounidense Donald Trump.

Especialistas consultados en Brasilia consideran que este movimiento representa un riesgo político. Señalan que, de acuerdo con las encuestas actuales, Lula se ubica por delante de Flavio Bolsonaro en la intención de voto para las elecciones de octubre.

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Ese escenario, explican, difiere del que existía meses atrás, cuando Jair Bolsonaro anunció que su hijo sería el candidato presidencial. En aquel momento, los primeros sondeos mostraban una situación de mayor paridad. Posteriormente, distintos casos y escándalos vinculados con corrupción o hechos ilícitos ampliaron la diferencia entre el actual presidente brasileño y el senador del Partido Liberal.

Pese al creciente enfrentamiento político entre los presidentes, tanto fuentes brasileñas como argentinas remarcan que la relación bilateral continúa funcionando con normalidad en otros ámbitos estratégicos.

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Consultadas por TN, ambas partes coincidieron en que la cooperación económica, comercial, científica y nuclear mantiene un buen nivel y que existe un esfuerzo compartido para impedir que la confrontación presidencial se traslade al resto de la agenda bilateral.

Milei recibió días atrás a Flavio Bolsonaro en la Quinta de Olivos. (Foto: Presidencia)

En ese sentido, sostienen que el conflicto se concentra en el plano político al más alto nivel, mientras que los sectores empresariales, diplomáticos y técnicos de ambos países buscan preservar los canales de trabajo conjunto que históricamente caracterizaron el vínculo entre las dos mayores potencias de América del Sur.

La decisión de Milei de viajar a Brasil se suma, además, a otros episodios recientes que fueron recibidos con malestar por el Gobierno de Lula.

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En Brasil ya había generado una lectura negativa la cancelación, a último momento, del viaje del Presidente argentino a la última cumbre del Mercosur, realizada en Paraguay. En aquella oportunidad, la Casa Rosada explicó la ausencia por el proceso de reordenamiento político que atravesaba el gabinete nacional.

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Sin embargo, pocos días después Milei sí participó de la celebración por el Día de la Independencia de Estados Unidos junto al embajador Peter Lamelas, en un hecho que fue observado con atención desde Brasil.

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Según las fuentes consultadas, se trató de la primera vez que un presidente argentino asistió a un evento de esas características. En el Gobierno brasileño interpretaron esa decisión como una señal de escaso respaldo al Mercosur y como una muestra de que Milei prioriza no solo cuestiones de política interna, sino también el fortalecimiento de su relación con Estados Unidos.

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