POLITICA
Los docentes de la UBA confirmaron una nueva marcha federal universitaria tras el fracaso de las paritarias

Los docentes y nodocentes universitarios confirmaron que realizarán una nueva Marcha Federal Universitaria tras las truncadas negociaciones entre los gremios y el Ministerio de Capital Humano. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) pidieron que se convalide el 32,5% que estipula la Ley de Financiamiento y fue rechazado por el Gobierno.
En un comunicado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron que realizarán un paro de 23 días de forma escalonada y anticiparon que el próximo 15 de octubre se movilizarán al Palacio de Tribunales para llevar a cabo la quinta edición de la movilización.
Según señalaron, la medida de fuerza se lleva a cabo tras el “incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno” y adelantaron que durante el paro escalonado “se realizará de forma rotativa y con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica entre el lunes 21 del corriente y el jueves 22 de octubre”.
“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, señaló el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

El conflicto tiene como telón de fondo el fracaso de la ronda paritaria celebrada este jueves en el Palacio Pizzurno, convocada por la Secretaría de Educación. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime. Los representantes gremiales reclamaron, además de esos porcentajes, una recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario. La oferta del Ministerio de Capital Humano fue idéntica a la presentada a comienzos de mes y el resultado no fue distinto.
“Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”, declaró a Infobae el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.
Los universitarios se apoyan en el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien ordenó en diciembre pasado que el Ejecutivo cumpla los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que regulan las actualizaciones salariales y presupuestarias. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido oficial para dejar sin efecto esa cautelar, y la Corte Suprema terminó confirmando su vigencia el 25 de junio.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo no cumplió plenamente ninguno de los dos artículos, pese a la medida judicial vigente, y avanza en una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la norma, pero suspendió su ejecución al argumentar que no existían recursos asignados ni fuente de financiamiento definida. Las universidades solicitaron además que se apliquen multas a funcionarios y que se evalúe una causa penal por presunta desobediencia.
Cagnacci fue más allá en su caracterización del conflicto: “Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”.

El paro rotativo comenzará el lunes 21 de septiembre con una jornada en el Rectorado y se extenderá de forma escalonada durante cinco semanas, con una repartición o unidad académica diferente por día. La primera semana, del 21 al 25 de septiembre, abarcará el Rectorado (lunes 21), la Facultad de Medicina (martes 22), la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU, miércoles 23), la Facultad de Farmacia y Bioquímica (jueves 24) y la Facultad de Ingeniería (viernes 25).
La segunda semana, del 28 de septiembre al 2 de octubre, le tocará el turno a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (lunes 28), el Centro Cultural Rojas (martes 29), la Facultad de Ciencias Económicas (miércoles 30), la Facultad de Derecho (jueves 1) y la Facultad de Odontología (viernes 2). En la tercera semana, del 5 al 9 de octubre, cesarán actividades el Colegio Nacional de Buenos Aires (lunes 5), el DOSUBA (martes 6), la Facultad de Psicología (miércoles 7), la Facultad de Ciencias Sociales (jueves 8) y la Escuela Carlos Pellegrini (viernes 9).
La cuarta semana, del 12 al 16 de octubre, contempla la Coordinación de Deportes (martes 13), la Facultad de Filosofía y Letras (jueves 15) y la Facultad de Ciencias Veterinarias (viernes 16). El ciclo de medidas concluirá en la quinta semana, del 19 al 23 de octubre, con el CBC y la Facultad de Agronomía (lunes 19), el Instituto Lanari-Vaccarezza (martes 20), el Instituto Roffo (miércoles 21) y el Hospital de Clínicas (jueves 22).
La marcha del 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales será la quinta movilización federal en defensa de la universidad pública desde el inicio de la gestión de Milei y la segunda en lo que va del año. En paralelo, desde el CIN comienza a evaluarse la posibilidad de advertir que el inicio del ciclo lectivo 2027 podría estar en riesgo, un argumento que algunos gobernadores podrían trasladar al Gobierno dada la presencia territorial de las más de 50 universidades de gestión nacional en todo el país.
POLITICA
Murió el padre de la diputada Victoria Tolosa Paz: “Te fuiste luchando”

El padre de la diputada Victoria Tolosa Paz, Juan Honorio, murió este jueves a los 76 años y la legisladora de Unión por la Patria (UxP) lo despidió mediante un sentido mensaje en sus redes. “Te fuiste luchando”, expresó. El hombre era investigador y astrólogo y una figura reconocida en La Plata.
“Hoy siento un profundo dolor pero al mismo tiempo una inmensa calma, porque te fuiste luchando. Te vi luchar hasta el final. Y al mismo tiempo sé que te fuiste de este plano, pero que vas a seguir estando siempre”, escribió Tolosa Paz vía X.
La legisladora manifestó que su padre era alguien que creía que las personas solo son una “mínima partícula” del universo y contó que su búsqueda estuvo ligada a lo “esencial de la vida, los planetas, los astros, las vidas pasadas y las vidas futuras”.
“Por eso sé que hoy estarás, sin duda, en algún lugar de ese cielo que tantas veces observaste y trataste de comprender. Querido papá, hoy te despido sabiendo que soy quien soy no solo por mi madre, sino también por vos, porque fuiste mi padre y porque dejaste en mí una manera de mirar la vida”, señaló.
A su vez, admitió que siempre se quedará con ella una enseñanza de Juan Honorio, relacionada a buscar en lo profundo de la esencia “la autenticidad del ser”.
“Ser auténticos con nosotros mismos. Vos lo resumías de una manera muy sencilla y muy tuya: uno tiene que conocer su semilla. Si naciste con semilla de naranja, tenés que lograr ser la mejor naranja. Si naciste con semilla de manzana, tenés que poder manifestarte como manzana. Detrás de esas simples palabras había una enseñanza enorme: que muchas veces el sistema de valores en el que vivimos hace que el ser humano se aleje de sí mismo”, agregó.
En ese contexto, Tolosa Paz le agradeció a su padre por las horas de astrología que compartieron, por las conversaciones sobre política, por las “miradas dolorosas” sobre el país y por haber mantenido la esperanza de que Argentina podía salir adelante.
“Me quedan tus palabras, tus enseñanzas, tu búsqueda y una parte tuya viviendo para siempre en nosotros. Te mando un beso enorme, taurino. Te quiero mucho, papá. Te vamos a extrañar siempre. Y cada vez que mire el cielo, voy a saber que allí están los Honorios de mi vida, vos y Juancho”, concluyó, en referencia a su hermano, también llamando Juan Honorio, quien murió en un accidente de tránsito en 2018.
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Victoria Tolosa Paz,Conforme a
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Acuerdo de último momento y búsqueda de los ahorros bajo el colchón: cómo el oficialismo logró la Ley de Inocencia Fiscal II

“Con firmeza frente a los fraudulentos, esta ley de Inocencia Fiscal va a poner el foco en quienes han ahorrado de buena fe y este régimen le va a permitir a la Argentina contar con un dinero que está paralizado”. Con ese argumento de Patricia Bullrich al cierre de la votación, el oficialismo en el Senado logró el apoyo de los aliados para darle el Gobierno la Ley la Inocencia Fiscal II. Tras un fuerte debate con la oposición, la votación de este jueves en el Senado se definió por 44 votos a favor y 23 en contra.
El oficialismo logró el acompañamiento de la UCR, el Pro y las fuerzas provinciales, lo que le permitió alcanzar las mayorías ampliamente y dejar en soledad a la bancada peronista. Fue un triunfo para La Libertad Avanza, en medio de una jornada atravesada por los cruces internos por los cambios a último momento que incorporó el Presupuesto 2027 sobre discapacidad.
Desde la bancada Justicialista, José Mayans marcó el tono del rechazo: “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”.
Por su lado, el peronista Fernando Salino cuestionó parte de la letra chica del proyecto: “Propongo que la restricción sea para personas políticamente expuestas, que se deba responder ante ARCA por el incremento patrimonial y que no solo lo hagan funcionarios, sino sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en 1er y 2do grado”.
La sesión estuvo a punto de naufragar por falta de quorum. El oficialismo no alcanzaba los 37 senadores sentados en sus bancas para abrir el recinto de la Cámara alta y a las 11 apenas sumaba 31. La resistencia de los senadores aliados de fuerzas provinciales estaba en los cambios a la ley de Biocombustibles, que se votaba más tarde.
En el salón Rosado del Senado se reunieron con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, los legisladores Carolina Moisés, de Convicción Federal; Julieta Corroza de la Neuquinidad; Beatriz Ávila, de Independencia, y Flavia Royón, de Salta. Tras un compromiso de La Libertad Avanza de aceptar cambios, los opositores aliados ingresaron al recinto donde ya esperaban libertarios, el Pro y la UCR. Así el oficialismo respiró: alcanzó las mayorías requeridas y comenzó la sesión.
Qué significa la Inocencia Fiscal
La sanción de la norma amplía el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y limita las facultades de fiscalización de la ARCA. Se quitan los límites de ingresos anuales ($1.000 millones) y de patrimonio ($10.000 millones) para poder adherir al Régimen Simplificado de Ganancias. Además, se modifica el concepto de “discrepancia significativa” (fijando un umbral de tolerancia del 15%) y se limita el poder de investigación sobre el crecimiento patrimonial no declarado de los contribuyentes. El tapón fiscal y la presunción de exactitud se extienden hasta el 31 de diciembre de 2027. El Gobierno estima que podrían ingresar al sistema unos US$170 mil millones.
La letra del texto excluye de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones contemplados en el régimen.
La restricción alcanza a quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión al régimen, además de quienes ejerzan esas funciones posteriormente.
En el Poder Ejecutivo, quedan comprendidos los funcionarios y empleados con rango igual o superior al de secretario de Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires.
En el Poder Legislativo, la exclusión alcanza a diputados y senadores nacionales, legisladores provinciales y porteños, concejales y parlamentarios del Mercosur.
También quedan afuera de los beneficios los magistrados del Poder Judicial y los integrantes del Ministerio Público de todas las jurisdicciones, además de autoridades de organismos de control y enjuiciamiento.
Entre ellos se encuentran los defensores del Pueblo, miembros del Consejo de la Magistratura y de los Jurados de Enjuiciamiento.
Transferencia de la justicia nacional a CABA
Luego de la Ley de Inocencia Fiscal II, el Senado aprobó por 44 votos contra 21 los convenios firmados entre Nación y la ciudad de Buenos Aires de fueros penales, en materia de los delitos penales cometidos por los menores, y de integridad sexual.
El acuerdo transfiere la justicia criminal y correccional de menores a la Ciudad de Buenos Aires, quien asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.
También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección. Se mantienen en la justicia federal los delitos federales y los delitos comunes que, por su conexión con aquellos, deban tramitar en ese fuero.
POLITICA
Malvinas: el proyecto del Gobierno fija penas de prisión por “campañas de desinformación masiva” y se activan alarmas en el Congreso

El proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas, ingresado esta mañana a la Cámara de Diputados, quedó en la mira de varios bloques de la oposición. Es que la iniciativa del Poder Ejecutivo incluye un artículo que, con el argumento de endurecer las reglas frente a la influencia extranjera en el país, establece penas de hasta 12 años de prisión para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”.
En concreto, el proyecto propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal, a fines de sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
La iniciativa también apunta contra aquellos que “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”. En ese caso, el texto oficial establece penas mayores que van de 8 a 15 años, “si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales”.
El articulado no pasó inadvertido entre los bloques críticos que reparan en su ambigüedad y advierten que puede ser utilizado como una herramienta de “persecución política” contra la prensa y la sociedad civil bajo la excusa de “agentes extranjeros”, como deslizan algunos legisladores de Provincias Unidas.
“Cuando (Fernando) Cerimedo hacía campañas de desinformación a favor del Presidente, financiadas por la derecha global, no se los vio tan preocupados. Si fuese ley, el exasesor estaría preso. No es que se arrepientan, esto es parte de la tentación autocrática de Milei”, apuntó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
“Lo que quiere es concentrar más poder y tener una herramienta penal de persecución política. Es un nuevo tipo de delito lleno de ambigüedades, grave considerando que el Presidente cree que el 95 % de los periodistas y políticos mienten”, alertó Ferraro, al tiempo que cuestionó su vinculación con la cuestión de Malvinas.
“No se puede utilizar una causa nacional y política de Estado, que nos pertenece a todos los argentinos, para colar de la nada una herramienta de control político interno, como lo intentaron con el proyecto de lobby y algunas otras iniciativas”, sentenció Ferraro.
Constitucionalistas
Algunos constitucionalistas consultados por también coincidieron con los legisladores en que el primer punto del artículo es complejo “porque el tipo penal es muy abierto”, y podría llegar a ser utilizado para “perseguir a opositores”.
“El Presidente que se inventó que durante 2025 sufrió un intento de golpe de Estado con siete intentos de juicio político incluidos y que este año acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el Gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso”, alertó en redes sociales el diputado Pablo Juliano.
Desde la bancada de Unión por la Patria (UP), que conduce Germán Martínez, también ironizaron sobre la situación del exasesor de Milei, Fernando Cerimedo, hasta hace menos de un mes titular del 50% de las acciones del portal La Derecha Diario. Señalaron que, si la ley estuviera vigente, el consultor político debería haber ido preso.
La referencia apunta al medio libertario del que Cerimedo fue uno de los principales accionistas, cuestionado en varias oportunidades por la difusión de fake news. Asimismo, el consultor político admitió haber llevado adelante “campañas negativas” durante procesos electorales en distintos países, además de reconocer el uso de bots y trolls.
Más allá de las críticas dentro del Congreso, que se prevé se repliquen en los debates de comisiones donde se tratará el proyecto la semana del 7 de octubre, algunas organizaciones civiles también pusieron el foco sobre esta cuestión.
“Vemos que están introduciendo en esta normativa cosas que no salieron en otros proyectos enviados, como la Ley de Lobby, donde se incluía algo de esto”, señalaron desde Poder Ciudadano. “Nos preocupa que bajo la excusa de luchar contra la desinformación termine siendo una herramienta de censura y preocupacón para periodistas y organizaciones de sociedad civil”, agregaron.
Noticia en desarrollo
ley de defensa de la soberanía de Malvinas,,(Fernando) Cerimedo,https://t.co/BRvRT0sB5D,September 17, 2026,September 17, 2026,Delfina Galarza,Conforme a
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