Aunque el precio internacional del petróleo había llegado a USD 122 el barril en la etapa inicial del conflicto en el Golfo Pérsico, la baja posterior al cese del fuego y el inicio de negociaciones de un acuerdo de paz definitivo habían creado la expectativa de que los precios de los combustibles podían bajar en Argentina cuando se compensara la cuenta entre productoras y refinadoras derivada del “amortiguador” (buffer) de precios que en su momento lideró YPF.

Esa expectativa se desvaneció con el recrudecimiento de la guerra en el Golfo Pérsico y la intensificación de los ataques de EEUU a Irán y del régimen iraní y sus aliados (como los hutíes de Yemen) a países vecinos, incluida su infraestructura energética y sus rutas comerciales.

Con el precio del Brent -de referencia en Argentina- que el jueves 23 llegó a superar los USD 100 el barril (aunque cedía levemente el viernes), ¿volverán a aumentar los combustibles en la Argentina?

La respuesta general es que por ahora no. De momento, el principal efecto, positivo para el país, es la mejora de los precios de exportación de crudo, principal fuerza detrás del aumento de casi 62% del superávit comercial energético del país, a USD 5.076 millones en el primer semestre.

La expectativa de una baja inmediata tampoco estaba bien fundada. Según cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la baja del precio del petróleo en junio había reducido en apenas un cuarto el saldo a favor de las productoras en la “cuenta compensadora” entre productoras y refinadoras iniciada con la instrumentación del “amortiguador” (buffer) de precios internos, para aislarlos de la volatilidad internacional, por lo que para eliminar esa brecha era necesario una caída muy pronunciada del precio internacional, lo contrario de lo que sucedió.

El propio presidente de YPF, Horacio Marín, había declarado que se estaba lejos de un eventual ajuste de precios a la baja.

Según Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, la futura evolución del precio interno de los combustibles dependerá no solo del precio internacional del crudo, sino también de la decisión de traslado de los productores locales y de las decisiones del gobierno sobre los impuestos a los combustibles, que en marzo pasado, en el momento más álgido de precios, llegó a postergar.

En un país en condiciones normales, los aumentos del crudo se trasladan, pero no es uno-a-uno: no hay un traslado total, explicó Carnicer, aunque también depende de cuánto tiempo se mantengan los precios internacionales en los niveles actuales.

“Llevamos solo 4 o 5 días con estos precios, si eso continúa va a haber traslado”, estimó. En todo caso, agregó, la Argentina como exportador neto está mejor que cuando era importador neto. Su referencia hoy es el precio de “paridad de exportación” (export parity), que al precio de referencia internacional resta el costo de transporte. Como importador debía aplicar “paridad de importación” (import parity) y al precio internacional debía sumar el costo de transporte.

Más allá de la evolución del conflicto, dijo Carnicer a Infobae, muchos países ya habían pasado 120 días sin o con poco abastecimiento de crudo; su prioridad ahora es aumentar sus reservas para llevarlas al nivel más alto posible hacia el inicio del invierno del norte. Es la situación de las economía europeas de y grandes economías de Asia, como China, Japón, Corea del Sur. Esto otorga firmeza a los precios. Sigan o no aumentando, las chances o el margen para que bajen es escaso.

En cuanto al campo, muy sensible al precio de los combustibles, por el uso de gasoil (que incide en la producción y en los costos de transporte) y de fertilizantes, Javier Preciado Patiño, de RIA Consultores, dijo que el mundo ya vio el barril de petróleo arriba de los USD 100 el barril y por ahora para el agro argentino “no es un tema: la urea (principal fertilizante) tocó los USD 1.000 la tonelada, luego se acomodó. Pronto llegarán 120.000 toneladas, más la producción de Profertil y ya se compraron varios barcos, no hay inconvenientes”.

En cambio, Preciado Patiño destacó: “sí hay efectos, por ahora positivos, del lado del precio de los granos porque los problemas de tránsito en el Estrecho de Ormuz y de Bab al-Mandab (ataque de los hutíes de Yemen a buques en el Mar Rojo) se sumaron a la escalada en el Mar Negro, con ataques (recíprocos) de Ucrania y Rusia a sus infraestructuras granarias, lo que impulsó el precio del trigo y en menor medida los del girasol y el maíz (la producción maicera también sufre por la ola de calor en Europa y en algunas regiones de Estados Unidos).

De este modo, el mercado está bullish para el trigo por la situación en el Mar Negro, caliente en maíz por cuestiones climáticas, y el precio de la soja está siendo traccionado por la demanda de aceite para producción de biocombustibles debido a los problemas de provisión de petróleo, dijo Preciado. Un combo que mejora la relación insumo-producto y la rentabilidad de los productores locales. Y eso tras un primer semestre en que las exportaciones agroindustriales ya sumaron USD 27.000 millones.

Con todo, sería erróneo asumir que son todos beneficios para la economía argentina. Por empezar, el aumento del petróleo podría frenar la secuencia bajista de la inflación interna, además de presionar hacia arriba la inflación en Estados Unidos, lo cual a su vez enfría las expectativas de una baja de tasas de interés por parte de la Fed.

El comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, el Banco Central de EEUU, se reunirá el próximo miércoles y las chances de un aumento de tasas se triplicaron en la última semana, debido a las presiones inflacionarias derivadas del aumento del petróleo (que en EEUU se traslada de inmediato a los precios) y de la nueva ofensiva arancelaria del gobierno de Donald Trump.

De hecho, la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años ya tocó el 4,7% anual, a lo cual hay que sumarle el “riesgo país” para determinar el costo del crédito soberano argentino, en vísperas de un 2027 que además de ser electoral incluirá vencimientos de capital e intereses por USD 29.400 millones, como el propio Ministerio de Economía precisó en su programa financiero hasta fines del año próximo.

El difícil panorama de la industria manufacturera, que viene recortando su nivel de producción un 5,6% interanual según el último dato EMAE correspondiente a mayo, podría mantenerse e incluso agravarse, a juzgar por los datos de la importación de maquinaria.

Es el «lado oscuro» de la euforia que vive el Gobierno ante el saldo comercial récord: el holgado flujo de dólares no sólo se explica por el boom exportador del agro y el petróleo, sino también por el desplome en la importación. Y este punto es algo que los economistas suelen asociar con la recesión.

Es así que en junio se volvió a constatar una caída en la compra de bienes de capital y de piezas y accesorios. En el primer caso, la merma interanual fue de 8%, y en el segundo, de 9,4%.

Es, a esta altura, la tónica del año, en coincidencia con un bajo uso de la capacidad instalada en las fábricas -un 58% de promedio, con casos particularmente graves como la rama metalmecánica con 38%, la del plástico con 39% y la textil con 42%-.

Y las señales no son alentadoras. De hecho, relevamientos de economistas independientes, como la fundación FIEL, anticiparon que la producción industrial de junio volvió a caer un 1,7% respecto del mes previo. Los números rojos se dan en casi todas las ramas industriales, a excepción de la petrolera, la de metales básicos y la alimenticia.

La industria no compra insumos y anticipan que seguirá estancada

Tras el EMAE de mayo, muchos economistas siguen revisando a la baja los pronósticos de crecimiento de la economía. La última encuesta REM del Banco Central marcó expectativas de 3% de crecimiento, contra un 3,5% que se estimaba en diciembre. También el Fondo Monetario Internacional corrigió su previsión a la baja, desde un 4% a un 3%.

Y, no por casualidad, estas previsiones van en línea con una expectativa de caída de las importaciones: mientras a inicio de año los economistas preveían que el país compraría mercadería por u$s80.700 millones, ahora se espera que lo que pase por la Aduana no supere los u$s76.400 millones.

Pero la situación es peor de lo que muestran los números, porque mientras la importación de insumos para la industria sigue estancada, la única parte que se muestra dinámica es la de automóviles y productos de consumo final, que ya representan más del 20% del total importado en el año. Es por eso que ocurre el contraste entre las noticias sobre el desplome importador, al tiempo que se baten récords de compras «puerta a puerta» por servicios online como Shein o Temu.

En las últimas estadísticas de comercio exterior, hubo situaciones estacionales que «inflaron» las cifras de importación. En particular, el frío invernal hizo que fuera necesario importar combustibles, como el gas licuado de petróleo, por u$s794 millones. Pero, a diferencia de lo que ocurría hasta hace pocos años, cuando el país todavía era un importador neto de energía, ahora esa compra no es la norma sino la excepción.

Hablando en números, si no fuera por esa compra no habitual de gas, el saldo comercial de junio se habría ubicado cerca de los u$s3.000 millones, y las importaciones totales del mes no habrían superado los u$s6.000 millones.

Importación en el tobogán

Si bien un amplio superávit comercial tiene, a primera vista, una connotación positiva -dado que ayuda a equilibrar la cuenta corriente y ahuyenta el temor a un default de la deuda-, también deja en evidencia la nueva realidad de una economía con sectores ganadores y perdedores.

Una regla generalmente aceptada por los economistas es que, en Argentina, para que el PBI crezca un punto, se necesita que las importaciones suban 3%, dada la dependencia del sector industrial y del agro por insumos y maquinaria importada.

Tomando en cuenta ese dato, los indicadores estarían marcando una situación preocupante: los u$s35.531 millones que se importaron durante el primer semestre del año implican una caída de 4% respecto del año pasado.

Al comienzo, la explicación que se daba para explicar esa caída era que, como en los meses previos a la elección legislativa de octubre se había generado una expectativa devaluatoria, se habían concretado importaciones «por las dudas» cuyo objetivo era acumular stock aprovechando un tipo de cambio que se percibía bajo.

Sin embargo, ese argumento, que era entendible en el momento inmediatamente posterior a la elección, ya va perdiendo fuerza nueve meses después de realizada la elección. Tanto que los economistas creen que el bajón importador no es un accidente sino una tendencia estable en la economía.

A esta altura, la mayoría de las consultoras atribuyen el rezago industrial a un problema de caída en el consumo, más que a dificultades de competitividad.

¿Adiós restricción externa?

A diferencia de lo ocurrido en otras crisis de la industria, ahora no hay restricciones en el acceso a las divisas. Aunque claro, sigue vigente el debate sobre el atraso cambiario: después de todo, el tipo de cambio apenas subió un 2% en el primer semestre, mientras que la inflación acumulada en el período fue de 16,8%.

Pero el gobierno se defiende con el argumento de que ya no puede hablarse de atraso cambiario y que, precisamente, el boom exportador es la principal prueba en ese sentido. En realidad, la discusión es más de fondo, porque para el gobierno y sus economistas afines, se está produciendo un cambio de modelo, en el cual ya no rige el clásico problema de la «restricción externa».

La clave de ese cambio es Vaca Muerta, con su boom productivo que, según la proyección de Toto Caputo, hace que en pocos años el petróleo y el gas le disputen al campo el liderazgo de las exportaciones.

De esta manera, los economistas empiezan a ver algo inusual: pese a que haya ramas de la industria que sufran por problemas de competitividad, ya eso no es el sinónimo de déficit en la cuenta corriente ni de inestabilidad en el tipo de cambio. Por consiguiente, hay predicciones en el sentido de que ya no se producirán los tradicionales ciclos del «stop and go», que justificaban los planteos de regulaciones cambiarias, cuya máxima expresión se produjo en el «cepo» de la era kirchnerista.

En definitiva, el nuevo panorama hace que un dólar de $1.490 no implique una presión en el que todos los importadores salgan corriendo a acumular stock por temor a una devaluación inminente.

Es una situación que tiene un costado positivo -se atenúa el temor a las corridas cambiarias- pero también trae nuevos temores. Por ejemplo, que se instale la llamada «enfermedad holandesa», como denominan los economistas a la situación en que se da un equilibrio de tipo de cambio bajo, que no permite competir a la industria y genera alto desempleo.

Tras acercarse a los 400 puntos básicos a principios de la semana, el riesgo país revirtió la tendencia bajista, quedó al borde de las 440 unidades y no logró escapar a la volatilidad mundial que se acrecentó en las últimas jornadas por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

Si bien la Argentina recibió noticias positivas como la mejora en la calificación de la deuda soberana por parte de Moody’s y la aprobación de garantías por USD 250 millones de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, el deterioro del contexto internacional por las hostilidades en el Golfo Pérsico barrió con el aumento de las cotizaciones de los títulos argentinos.

El índice, elaborado por JP Morgan, experimentó una suba semanal de 20 unidades y cerró en 437 puntos. La variable en cuestión calcula la probabilidad de que una nación no pague sus obligaciones en moneda extranjera. Se expresa en puntos básicos y representa la brecha entre el rendimiento de los bonos soberanos de ese país y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Un valor elevado indica mayores dudas sobre la capacidad de pago del país y suele dificultar el acceso al financiamiento y las inversiones.

La semana pasada, el indicador había tocado un mínimo desde abril de 2018 al ubicarse en los 403 enteros. Sin embargo, el agravamiento de la guerra entre Estados Unidos e Irán, sumado a la caída de las bolsas de Wall Street por un mal desempeño de las acciones de las principales empresas tecnológicas del mundo, potenciaron la aversión de los inversores y derivaron en una caída de las cotizaciones de los bonos argentinos.

En paralelo, el barril de petróleo volvió a superar los USD 100 por barril. Este viernes registraron una baja cercana al 3%, aunque se mantienen encaminados a cerrar la semana con un saldo positivo, impulsados por la inquietud ante posibles interrupciones en el suministro energético en el Mar Rojo y la posibilidad de una escalada en el conflicto en el Golfo Pérsico.

El Brent del Mar del Norte, con entrega en septiembre, retrocedía 3,04 dólares, equivalente a un 3%, hasta ubicarse en USD 97,65 por barril. En la jornada anterior, el precio superó la barrera de los USD 100 por primera vez desde mayo, luego de que los hutíes, aliados de Irán, afirmaron haber atacado dos buques petroleros saudíes en el Mar Rojo. Pese a la caída de hoy, el contrato apunta a un avance semanal cercano al 9 por ciento.

Un informe de GMA Capital remarcó que la mejora de la nota soberana por parte de Moody´s “fue uno de los hechos más relevantes de la semana”. La agencia subió la calificación de largo plazo desde Caa1 a B3, igualando los recientes ajustes realizados por Fitch y S&P Ratings. A diferencia de esas agencias, Moody’s sostuvo su perspectiva positiva, lo que podría habilitar futuras mejoras en la nota crediticia en un plazo de entre seis y veinticuatro meses.

“La reacción del mercado fue inmediata. En la rueda posterior al anuncio, el riesgo país cayó 11 puntos básicos, hasta 410 pbs, mientras que el Merval avanzó 3% medido en dólares. Al mismo tiempo, el tipo de cambio revirtió parte de la suba acumulada en las jornadas previas: retrocedió 0,2%, hasta $ 1.478, y luego se estabilizó en torno a ese nivel”, detallaron desde la ALyC.

No obstante, los analistas destacaron que el impulso fue transitorio ya que el deterioro del escenario global “terminó revirtiendo gran parte de la reacción inicial del mercado: el riesgo país volvió a ubicarse en torno a 440 pbs, mientras que el tipo de cambio recuperó las bajas posteriores al anuncio y cerró la semana con una suba de 0,2%”.

“La mejora de la calificación no alcanzó para desacoplar la deuda argentina de la dinámica internacional. No obstante, en la medida en que el proceso de estabilización macroeconómica continúe, una mejor calificación podría ampliar el universo de inversores con capacidad de comprar estos activos y favorecer una compresión adicional de spreads”, sumaron.

Más allá de las noticias de Moody’s y la CAF, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a mayo arrojó la segunda caída intermensual seguida: 0,5 por ciento. A pesar de que la actividad económica mostró una variación interanual positiva de 0,2%, encadenó dos bajas consecutivas y profundiza la dinámica “en serrucho”: avances y retrocesos alternados, sin un crecimiento consolidado.

Reducir el riesgo país resulta clave para el gobierno de Javier Milei porque es una condición necesaria para recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito, cerrados para la Argentina desde 2018.

Para que esto ocurra, el indicador debería ubicarse por debajo de los 400 puntos, e idealmente perforar el umbral de los 300 puntos. Solo en ese escenario sería factible que el país vuelva a financiarse en el exterior a tasas que el equipo económico considere razonables. Si se emitiera un bono en el exterior con los niveles actuales, rondaría el 9% anual, una tasa demasiado elevada bajo la consideración de la administración libertaria.

Aunque el programa financiero oficial está diseñado para cubrir los compromisos de deuda hasta fines de 2027 mediante alternativas que no incluyen la búsqueda de fondos en plazas internacionales (salvo por las garantías de organismos multilaterales), la compresión del riesgo país permitiría reducir considerablemente el costo del endeudamiento externo. Esto ampliaría el margen de maniobra ante eventuales imprevistos y abriría la puerta a nuevas fuentes de financiamiento de cara al proceso electoral del año que viene.