El Estatuto del Periodista Profesional perderá vigencia en febrero de 2027 como consecuencia de la ley de Modernización Laboral, sancionada en febrero de este año. Aunque se presentaron distintos proyectos para impedir su derogación, ninguno consiguió avanzar en las comisiones del Congreso encargadas de su tratamiento.

La eliminación de la ley 12.908, vigente desde 1946, fue aprobada junto con la derogación de otros regímenes especiales, como los de viajantes de comercio, peluqueros y choferes particulares. En Diputados, el capítulo obtuvo 126 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones. En el Senado fue respaldado por 38 legisladores, mientras que 31 votaron en contra. El oficialismo consiguió avanzar con el apoyo de sus aliados de Pro, la UCR y los bloques provinciales.

La derogación supone la eliminación de disposiciones específicas para los trabajadores de prensa, entre ellas la jornada de 36 horas semanales, el régimen indemnizatorio agravado por despido y las categorías profesionales. La actividad quedará comprendida en el régimen laboral general, sin perjuicio de los derechos que puedan mantenerse por convenios colectivos.

El oficialismo sostiene que el estatuto quedó desactualizado frente a las transformaciones tecnológicas y laborales del sector y que su eliminación permitirá flexibilizar las condiciones de contratación. Los sindicatos de prensa, por su parte, consideran que la medida reducirá las protecciones laborales y podría afectar la independencia profesional.

En Diputados, Sebastián Galmarini y Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, presentaron iniciativas para revertir la derogación. Los expedientes fueron girados a las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión, presididas por los libertarios Lisandro Almirón y Guillermo Montenegro, respectivamente. Ninguna registró actividad durante este año.

En el Senado, Jorge Capitanich y otros legisladores de la oposición propusieron prorrogar por un año la vigencia del estatuto. El proyecto fue girado a Trabajo y Previsión Social, presidida por Carmen Álvarez Rivero, y a Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, encabezada por Carolina Moisés. Esta última abordó el tema, pero no pudo avanzar con el dictamen al no ser la comisión cabecera.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también se opuso a la derogación. En una nota enviada al Senado, reconoció que el estatuto necesita actualizarse, pero advirtió que su eliminación podría afectar las condiciones laborales de los periodistas y su independencia. Por eso, propuso reformarlo en lugar de derogarlo.

A fines de octubre, Álvarez Rivero generó una controversia en redes sociales al señalar que la precarización del periodismo existe desde hace décadas, y reivindicó el principio de igualdad ante la ley. Sus declaraciones motivaron reclamos para que convocara a la comisión que preside.

En paralelo, las organizaciones gremiales impulsan una actualización del estatuto que incorpore cuestiones vinculadas con el teletrabajo y la inteligencia artificial, además de evaluar presentaciones judiciales contra su derogación.

Hasta el momento, ninguno de los proyectos obtuvo dictamen y su tratamiento continúa pendiente.

Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, admitió que participó en el fraude con la obra pública vial en Santa Cruz y fue condenado a tres años de prisión, que con la pena que ya cumplía por lavado de dinero en la causa conocida como “La Ruta del dinero K”, suma una condena unificada de siete años y nueve meses de cárcel.

Así lo resolvió hoy el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo de Andrés Basso en un juicio unipersonal, al homologar el juicio abreviado que acordaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola con seis acusados del segundo tramo de la causa Vialidad, conocida como “Vialidad II”. La Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante, prestó su conformidad.

La noticia se conoció en momentos en que Lázaro Báez, preso en Ezeiza, es investigado por sus vínculos con una persona de su confianza bajo sospecha lavado y de tráfico de drogas.

Los fiscales son los mismos que en la primera parte de esta causa lograron la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez a seis años de prisión.

El acuerdo cierra sin juicio oral la segunda parte del expediente donde además ya están condenados el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nelson Periotti, entre otros, por defraudación contra el Estado. La Corte dejó firme esa sentencia.

Los dos condenados con mayor peso en este juicio abreviado son los empresarios. Ahora admitieron que entre octubre de 2007 y diciembre de 2015 Martín Báez fue accionista y apoderado de Austral Construcciones, socio gerente de Loscalzo y Del Curto, y apoderado, vicepresidente y presidente de Kank y Costilla, las empresas del Grupo Báez que se quedaron con cerca del 80% de la obra vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Desde esos cargos, y según la causa, Martín Báez decidió que varias empresas del mismo grupo se presentaran en una misma licitación pese a que estaba prohibido, firmó contratos sabiendo que violaban los pliegos y se benefició de un “canal exclusivo de pago anticipado” que hizo que, al terminar el mandato de Cristina Kirchner, las firmas de su padre fueran las únicas contratistas del país a las que el Estado no les debía un peso.

La confesión confirma la acusación de la causa Vialidad, porque son los propios acusados los que admitieron su responsabilidad.

Martín Báez ya tenía una condena firme por lavado de activos agravado de seis años y seis meses que le impuso la Cámara Federal de Casación en la causa de “La Ruta del dinero K”, confirmada el 29 de mayo de 2025.

Desde el 12 de junio de ese año goza de libertad condicional. Por eso, el juez unificó ambas penas en una sola de siete años y nueve meses de prisión, más una multa de cinco veces el monto de las operaciones de lavado.

La misma pena recibió Julio Mendoza, que presidió Austral Construcciones entre 2004 y 2015. Recibió tres años por Vialidad, que se unificaron con los cinco años que ya tenía por lavado en “La Ruta del dinero K”, para una pena única de cinco años y nueve meses.

Basso le mantuvo la prisión domiciliaria que ya le había concedido el Tribunal Oral Federal 4, por tener 71 años y por razones de salud.

El tercer empresario, Fernando Butti, que fue accionista y apoderado de Austral y representante de Lázaro Báez en Kank y Costilla entre 2003 y 2008, recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso. Los tres fueron condenados como partícipes necesarios.

Entre los funcionarios, los condenados fueron tres exgerentes de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), como autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Cada uno recibió dos años y ocho meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Uno de ellos es Sergio Passacantando, gerente de Administración entre 2006 y 2015, a quien se le atribuyó haber montado el esquema de pagos preferenciales para las empresas de Báez.

El otro, Jorge Gregorutti, gerente de Obras y Servicios Viales entre 2008 y 2015, que firmó todos los certificados de avance de las obras investigadas sin controlarlas; y Carlos Alonso, subadministrador general entre 2011 y 2015.

En la sentencia, de 42 páginas, Basso destacó que no se trataba de un juicio abreviado como cualquier otro, sino que los hechos que admitieron los seis acusados son los mismos que se probaron en el juicio oral contra Cristina Kirchner en Vialidad I.

De modo que la existencia de la maniobra ya estaba establecida por una sentencia firme. Esa coincidencia entre lo probado en el debate y lo reconocido por los imputados, escribió el juez, le da a la reconstrucción de los hechos una solidez mayor que la que suele tener un juicio abreviado.

Los fiscales consideraron como agravante la “extrema gravedad” de la maniobra, a la que definieron como “una colosal maniobra de corrupción”, y como atenuante que los acusados admitieran su participación y aceptaran una pena.

Graduaron las condenas según la jerarquía de cada funcionario y el peso de cada empresario dentro de las constructoras. El delito prevé de dos a seis años de prisión.

Los seis acusados ratificaron el acuerdo ante el juez. Basso también incluyó a los seis condenados en el mismo decomiso dispuesto en el primer juicio, que se actualizó en julio de 2025 a 684.990 millones de pesos.

No es una deuda nueva ni se suma a la anterior. El juez explicó que, así como los hechos juzgados son los mismos, “el objeto del decomiso es también uno solo”, y que extenderlo a estos acusados no implica “una duplicación de lo ya decomisado”. El monto deberá volver a actualizarse cuando llegue el momento de ejecutarlo.

La sentencia dice que luego se decidirá “el orden de prelación entre los obligados” para pagar lo que no se cubrió y la incidencia de lo que ya se haya recuperado en el primer tramo de la causa, en el que fueron condenados Cristina Kirchner y Lázaro Báez.