Como parte de su estrategia moderada ante el Gobierno, la CGT prevé luego de la visita del Papa y antes de fines de año un paro parcial de 2 o 4 horas y un acto en una cancha de fútbol para presionar al PJ. Pero, sin romper con la central obrera, otros sectores sindicales decidieron tomar la iniciativa por su cuenta para exteriorizar su rechazo a las políticas de la administración libertaria.

Por un lado, como anticipó Infobae, unos 50 sindicatos piloteados por Luis Barrionuevo (gastronómicos) harán una presentación conjunta ante la Justicia en reclamo de que el Ministerio de Economía libere unos 688 mil millones de dólares que tiene retenidos y de que los devuelva al sistema sindical de salud.

La decisión se convertirá, en los hechos, en un desafío a la CGT, que también está preocupada por la crisis “casi terminal” de las obras sociales, como la calificó la central obrera en un informe, pero aún no tomó ninguna medida para tratar de que el Gobierno restituya fondos que provienen de la seguridad social para revertir el agudo déficit financiero del sistema sindical de salud.

Pero ahora, además, los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resolvieron sumarse este miércoles a la habitual marcha de los jubilados ante el Congreso sin esperar el aval de la CGT y no descartan adherir a otras movilizaciones contra el Gobierno.

Aunque la iniciativa surgió del titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (CATT), enrolado en el ala dura, no hay ninguna intención de romper con la CGT. Todo lo contrario: este dirigente, así como sus colegas de Camioneros, aeronavegantes, pilotos, marítimos y fluviales, buscan una manera de que se visualice su oposición a las medidas de Javier Milei sin depender en un 100% de lo que decida la cúpula cegetista.

Por eso los gremios del transporte están organizándose para llevar una columna propia a la marcha de los jubilados, que, el 22 de julio pasado, fue la primera de las movilizaciones dispuesta por la CGT en su plan de lucha, donde, hasta ahora, se convocó a otras concentraciones callejeras y se desechó un paro general contra Milei

Por su parte, la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA), que preside Ricardo Pignanelli (SMATA), también se diferenciará de la CGT con una medida inédita que no incluirá paros ni marchas sino una campaña de videos en las redes para “mostrar la producción argentina y defender el trabajo”.

La iniciativa, organizada junto con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), consiste en una “jornada nacional” que comenzará este jueves 5, a las 12, en fábricas, talleres, comercios y empresas de todo el país con la consigna: ”Defender la producción nacional para defender tu trabajo”.

Los impulsores de esta acción procuran mostrar “qué se pierde cuando una empresa deja de producir y se destruye un empleo”. Y, a la vez, se proponen destacar “la importancia de sostener y defender a las pequeñas y medianas empresas, la industria y el comercio nacional”.

La idea de los sindicatos industriales es que trabajadores, emprendedores y empresarios filmen videos breves para contar quiénes son, dónde trabajan, qué producen y qué actividades desarrollan, imágenes que se compartirán ese mismo día y los siguientes en redes sociales, mediante cuentas personales, grupos digitales e instituciones, con el hashtag #QueremosTrabajar.

Además de SMATA, promueven esta campaña los sindicatos de metalúrgicos, alimentación, mineros, textiles, cerveceros, petroleros privados, químicos y petroquímicos, aceiteros, gráficos, personal de la carne, ceramistas, plásticos, empleados textiles, empleados del vidrio, curtidores, lecheros y papel, entre otros.

Este tipo de acciones confirma la tendencia sindical de protestar sin paralización de actividades, motivada por varios factores, como la propia renuencia de las bases a hacer huelgas que impliquen descuentos salariales o la pérdida del presentismo y, a la vez, el temor de los dirigentes a las sanciones previstas en caso de no ajustarse a los límites previstos en la Ley de Modernización Laboral para hacer paros en actividades consideradas esenciales y trascendentales, que deben garantizar un 50% o 75% de servicios mínimos.

Luego de que se desatara una polémica por el artículo que proponía gravar con Ganancias las inversiones realizadas a través de CEDEARs, el Gobierno nacional resolvió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera. De esta manera, quedará trunco el tratamiento de la iniciativa en Diputados.

Tanto desde Casa Rosada como desde el bloque de diputados libertario confirmaron a Infobae que la totalidad del proyecto será retirada. Así, cada uno de los articulados volverá a ser revisado antes de que sea tratado por ambas cámaras.

Horas antes, se había confirmado que solo iba a ser eliminado el artículo que contenía la propuesta de modificar el tratamiento tributario de los certificados de depósito argentinos, conocidos como CEDEARs. Se trata de los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.

La decisión había sido confirmada por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. “Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar”, escribió el funcionario en su cuenta de X sobre el traspié.

El objetivo del apartado era que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan. De esa forma, las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior habrían quedado alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.

Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez a este medio, la alícuota que podría haberse aplicado era de 15%. La medida contemplaba los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el Congreso aprobara el proyecto.

El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de “transparencia fiscal”, el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.

En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior.

Qué cambios buscaba impulsar el proyecto

El proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que había sido enviado este lunes a la Cámara de Diputados, reunía 240 artículos que buscaban introducir cambios en el mercado de capitales, los mecanismos de crédito, el sistema de garantías y determinadas disposiciones tributarias. La iniciativa retomaba medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en julio y apuntaba a flexibilizar regulaciones de distintas actividades del sector financiero.

Entre sus ejes figuraba la incorporación de tecnologías de registros distribuidos, como blockchain, para la emisión, guarda, transferencia y negociación de valores negociables. Además, el texto preveía que esos instrumentos pudieran operar fuera de los sistemas tradicionales de depósito centralizado, con exigencias de seguridad, trazabilidad, identificación del emisor y supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por otro lado, la propuesta contemplaba la creación de los “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”, una categoría que pretendía incluir plataformas digitales, aplicaciones y sistemas administrados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales habilitados. Así, las transacciones efectuadas en esos espacios iban a tener la misma validez jurídica que las realizadas en mercados autorizados.

La reforma también delimitaba las atribuciones del Banco Central y de la CNV. La autoridad monetaria conservaría el control sobre pagos, liquidaciones y compensaciones que involucren pesos o moneda extranjera, mientras que el organismo regulador del mercado quedaría a cargo de la emisión, el registro y la negociación de valores negociables tokenizados.

Por otra parte, el Ejecutivo proponía ampliar el universo de activos que pueden respaldar un crédito. La lista incluía activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, acciones, participaciones societarias, créditos contractuales, existencias, ingresos futuros y fondos depositados en cuentas bancarias o de proveedores de servicios de pago. Asimismo, para concentrar los datos de esas garantías, se proponía la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías.

También estaban en marcha modificaciones para pagarés, cheques, tarjetas, warrants, fideicomisos, fondos comunes de inversión y facturas de crédito electrónicas destinadas a pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el proyecto buscaba habilitar cláusulas de actualización e indexación en pagarés, admitir títulos electrónicos para los cobros con tarjeta y permitir que los fondos comunes inviertan en activos virtuales, bajo las condiciones que establezca la CNV.

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