POLITICA
Los movimientos sociales buscan llegar a la Corte para reactivar el plan Volver al Trabajo, dado de baja por el Gobierno

Un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo, que el Gobierno dio de baja para reemplazarlo por vouchers de capacitación, pretende llevar su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de recibir un fallo adverso que confirmó el corte del subsidio decidido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.
Cinco beneficiarios del plan Volver al Trabajo, que habían iniciado un reclamo judicial para evitar el corte del beneficio, cuyo monto era de $78.000, presentaron un recurso extraordinario federal para que sea la Corte Suprema la que defina la situación. En abril, el juez federal de Campana Adrián González Charvay había hecho lugar a una medida cautelar que suspendía la eliminación del plan. En julio, los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocaron esa decisión del magistrado y dejaron vigente el cese de los pagos del plan, que alcanzaba a más de 900.000 personas en todo el país.
En su pedido para que tome intervención el máximo tribunal nacional, los demandantes argumentan que la eliminación del plan Volver al Trabajo confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín “deja sin efecto una tutela cautelar destinada a preservar la continuidad de prestaciones económicas de naturaleza alimentaria percibidas por personas en situación de especial vulnerabilidad social, hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se acredite la implementación de una política sustitutiva real, accesible y equivalente”, lo que redunda en un “gravamen federal actual, concreto y de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
La Cámara es la que debe definir si concede o no el recurso extraordinario; de lo contrario, los demandantes adelantan que recurrirán al máximo tribunal “en queja”.
Para justificar la llegada del reclamo a la Corte Suprema, los impulsores de la demanda sostienen que el caso “compromete de manera directa e inmediata la interpretación y aplicación de derechos, garantías y principios de raigambre constitucional y convencional”. Entre esos puntos, manifiestan que se ven afectados “la tutela judicial efectiva, el acceso a justicia, la seguridad social, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el principio de progresividad y no regresividad, la razonabilidad de los actos estatales y la protección reforzada de grupos vulnerables”.
“El pronunciamiento resulta arbitrario, pues omite ponderar constancias decisivas de la causa, prescinde del carácter alimentario de la prestación suprimida, asigna efectos sustitutivos a una política de capacitación sujeta a inscripción, vacantes y reglamentación”, consideran en la demanda que presentaron y que se elevó al máximo tribunal nacional.
En el pedido de intervención a la Corte, los afectados señalan que “la cuestión planteada no consiste en determinar si el Poder Ejecutivo puede, en abstracto, modificar, reorganizar o sustituir programas estatales”, sino “si, al hacerlo, el Estado Nacional puede interrumpir una prestación económica mensual de subsistencia sin acreditar previamente la existencia de un mecanismo sustitutivo efectivo, accesible, operativo y equivalente”.
Según el planteo de los demandantes (Andrea Liliana Ledesma, Andrea Jorgelina Rivero, Agustina Pérez, Rodrigo Mario Esquivel y Ángel Ariel Berón), “la revocación de la cautelar priva de tutela inmediata a un colectivo cuya subsistencia cotidiana se encontraba vinculada a la percepción mensual de la prestación económica del Programa Volver al Trabajo”.
Sobre el reemplazo del plan por vouchers de capacitación, los demandantes consideran que “el acceso a cursos/vouchers estaba condicionado y no garantizaba continuidad alimentaria”, y piden restablecer la vigencia del fallo favorable que había dictado González Charvay.
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El ministro de Justicia porteño promoverá un jury contra la jueza que cuestionó la baja de imputabilidad

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará “a título personal” un pedido de jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad para un caso de tentativa de robo y sobreseyó a un adolescente de 14 años.
“Yo voy a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete, porque ese es el tipo de procedimiento, si esta jueza cumplió o no con su tarea”, afirmó Tapia en diálogo con Radio Mitre.
El funcionario cuestionó la resolución de la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3. “Estamos indignados. Este tipo de fallos te ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, sostuvo.
Tapia también objetó que la magistrada evaluara la constitucionalidad de la norma. “Los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores”, dijo. Luego agregó que el pronunciamiento de De Marinis “ningunea inclusive un debate que se dio en el Congreso” y que resulta “atacable por donde se lo mire”.

El ministro remarcó que la decisión judicial no suspendió la vigencia de la Ley Penal Juvenil en el territorio porteño. “Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso. O sea que la ley está vigente en la Ciudad”, señaló.
La jueza declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad para el expediente de un joven identificado por las iniciales M.I.A., acusado de tentativa de robo. La resolución ordenó su sobreseimiento y dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que diseñe un plan de acompañamiento familiar, reinserción escolar y acceso a actividades recreativas.
Tapia afirmó que la fiscalía presentó un recurso contra la decisión. “Esta mañana acabo de cortar con el fiscal general, ya está presentada la apelación y estoy seguro que la Cámara lo va a revocar, lo va a dar vuelta, porque argumentos hay para eso”, expresó.
El funcionario vinculó la iniciativa de jury con el objetivo de que el Consejo de la Magistratura revise la actuación de la magistrada. “Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias”, planteó.
“En este caso, que deje de ser jueza”, agregó Tapia.

Consultado sobre las condiciones de alojamiento para adolescentes de entre 14 y 16 años que queden alcanzados por el nuevo régimen, el ministro explicó que la Ciudad contaba con un fuero penal juvenil y con un convenio previo en la materia.
Según Tapia, durante los 180 días previstos para la adecuación de la normativa, el Gobierno porteño trabajó sobre los lugares de alojamiento y los protocolos de actuación junto con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio de Educación y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
“El encierro es la última de las medidas que dispone la norma”, afirmó. También indicó que existen sanciones previas y mecanismos de contención y cuidado para los adolescentes alcanzados por el sistema.
El ministro diferenció el arresto de un menor de la posterior intervención judicial. “La policía, cuando alguien comete un delito, no le pide el documento antes de detenerlo. Primero lo detiene”, explicó. A su vez, sostuvo que la modificación central de la ley alcanza a los adolescentes de 14 a 16 años, quienes ahora pueden ser juzgados por determinados delitos.
“La baja de imputabilidad no cambia el arresto cuando se lo lleva detenido. Cambia adónde se lo deriva y la acción que trae la ley”, señaló Tapia.
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“Es muy difícil construir un país normal así”: la reacción de Bullrich tras el fallo de la jueza que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, cuestionó el fallo de la jueza porteña Laura De Marinis, quien declaró inconstitucional un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.
“Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así”, sostuvo la también exministra de Seguridad nacional de Javier Milei en un mensaje publicado en su cuenta de X.
Y completó: “Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.
La reacción de Bullrich se produjo después de que De Marinis, del fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad N3, declarara la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 27.801 —impulsada por el oficialismo— en el caso de un adolescente de 14 años.
La norma establece un régimen penal aplicable a las personas de entre 14 y 18 años cuando son imputadas por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales.
El fallo también dispuso el sobreseimiento del adolescente, quien había sido detenido junto con otros jóvenes tras un intento de robo. La causa se había iniciado el 10 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes intentó sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años. El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tentativa de robo.
En su resolución, De Marinis sostuvo: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”. La magistrada planteó, a su vez, que la incorporación al sistema penal debe ser “el último recurso” y rechazó un planteo de incompetencia del fuero penal, contravencional y de faltas porteño.
“Manchada de sangre”
El fallo de la jueza generó, además, una fuerte reacción del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien anticipó que solicitará el juicio político contra la magistrada. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó.
Macri también sostuvo que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito” y aseguró: “No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”.
Luego, en declaraciones a TN, el jefe porteño expresó su “profunda indignación” por la resolución y cuestionó el rol de la magistrada: “Los jueces tienen que aplicar las leyes, no hacer leyes nuevas”. Según explicó, ya instruyó a su ministro de Justicia, Gabino Tapia, para avanzar con el pedido de juicio político y anticipó que el Gobierno de la Ciudad apelará el fallo.
La resolución de De Marinis constituye el segundo fallo judicial adverso al nuevo Régimen Penal Juvenil. Anteriormente, la jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual había dispuesto la suspensión del régimen en la provincia de Buenos Aires, aunque esa decisión fue posteriormente revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.
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Kicillof viaja a Estados Unidos con una agenda de inversiones y coincidirá con la presencia de Milei en la Asamblea General de la ONU

Axel Kicillof viajará la próxima semana a Nueva York para desplegar una agenda que combinará reuniones con inversores, encuentros con empresarios y actividades de perfil internacional. El gobernador bonaerense buscará fortalecer el vínculo con fondos que poseen deuda provincial y con compañías que ya invierten o evalúan desarrollar proyectos en Buenos Aires.
La visita se concentrará entre el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre, cuando coincidirá en la ciudad estadounidense con la presencia del presidente Javier Milei, que participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque ambos tendrán actividades en paralelo, las agendas previstas son independientes.
El martes, Kicillof encabezará un encuentro con fondos de inversión tenedores de bonos de la Provincia y mantendrá otra reunión con representantes de empresas que ya operan en territorio bonaerense o analizan desembarcar con nuevos proyectos. Desde la Gobernación presentan esos contactos como parte de la estrategia para sostener el vínculo con el sector privado y mostrar oportunidades de inversión en el distrito.
Al día siguiente, el gobernador participará de una actividad organizada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a dirigentes y referentes internacionales, y más tarde disertará en una conferencia organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de la Universidad de Columbia, donde expondrá sobre los desafíos que enfrenta la Argentina en un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas y cambios económicos.
El frente financiero, uno de los ejes del viaje
El encuentro con los fondos de inversión tendrá además como telón de fondo la situación de la deuda bonaerense. La Provincia reestructuró en 2021 unos US$7.148 millones de capital correspondientes a 11 series de bonos emitidos bajo legislación extranjera. El canje alcanzó al 97,66% de los títulos incluidos y permitió modificar el calendario de vencimientos.
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