POLITICA
Tensión en Diputados por el cierre del Coro Nacional de Niños: padres increparon a legisladores y exigieron revertir la medida
La Comisión de Cultura, presidida por la diputada Lorena Pokoik (UxP), abrió el espacio de trabajo para que traten diferentes proyectos vinculados con el sector cultural y citó a invitados, entre ellos a los integrantes y autoridades del Coro Nacional de Niños.
La tensión se dio tras las exposiciones de los participantes, habilitados por la titular de la Comisión, la peronista Lorena Pokoik, para que informen a los legisladores la situación del coro. La directora Sanz afirmó: “Desde octubre de 2022, no ingresó más nadie al coro. Año tras año nos venimos achicando, porque los más grandes egresan y no se permite completar la planta con el ingreso de chicos nuevos. Esto nunca nos pasó desde que se creó el coro en 1967. Lo mismo ocurre con la estructura de los mayores, que pasó de siete a cuatro integrantes”.
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Graciela Tomasini, mamá del coro, planteó que “hace cuatro años que viene desangrándose el coro” y reprodujo un audio que les envió la diputada libertaria María Cecilia Ibáñez. “El coro no se cierra. Va a existir una escuela de formación para los chicos”, se escuchó decir a la legisladora.
También hizo uso de la palabra una de las niñas integrantes del coro, Fátima Crespo: “Desde el pasado 30 de julio, hemos dejado ensayos, conciertos y giras. Para nosotros no es solo un coro. No solo se apagó el concierto, se apagaron encuentros, aprendizajes, recuerdos y oportunidades para muchos chicos que todavía necesitan un lugar para descubrir quiénes son y qué quieren ser”.
Momento de tensión
Tras un cerrado aplauso de los diputados de diferentes bancadas y de los participantes de la comisión, los 18 niños del coro se pusieron de pie y cantaron una canción, como habitualmente lo hacían en los ensayos y en los escenarios, pero mientras cantaban, varios papás aseguraron que desde la bancada libertaria se reían. Hasta escucharon que una diputada dijo “trajeron a los chicos para dar lástima”.
Fue allí cuando uno de los padres se quejó a los gritos ante los diputados. “Mi hijo se merece por lo menos el respeto de que lo escuchen”, le dijo a TN el padre de uno de los chicos, quien se identificó como Diego Oscar García, quien se mostró indignado durante el debate en la Comisión de Cultura, quien se acercó al sector de los diputados libertarios y les señaló: “No les pueden faltar el respeto así. Yo los voté y me arrepiento”.
Por la situación y los gritos, se quejaron las diputadas María Luisa González Estevarena de La Libertad Avanza y Karina Banfi de Adelante Buenos Aires. “Se generó un clima muy desagradable que no permite trabajar con tranquilidad en un marco de respeto”, González Estevarena.
La presidenta de la Comisión de Cultura, Lorena Pokoik, dijo: “Es un padre indignado cuando sus niños menores están cantando y un grupo de diputados les da la espalda”.
El papá, más tranquilo, comentó que ve difícil que su hijo pueda regresar al Coro Nacional, y es por razones de edad, más allá de la medida adoptada por el presidente Javier Milei. Los niños ingresaban al coro entre los 8 y 12 años, y los varones lo dejan cuando empiezan a cambiar su timbre de voz entre los 15 y los 16 años. Mientras que, en las niñas, ese cambio se da a los 17 años.
El hijo de Diego, Lautaro García, tiene el sueño de ser cantante lírico. “Buscaré un profesor particular y seguiré”, le adelantó a este medio y confirmó que en la actualidad el Coro estaba conformado por 18 niños. “Hace dos años éramos 40”, precisó.
Proyectos para mantener el coro
Desde la comisión de Cultura, Pokoik anticipó que trabajarían en diferentes iniciativas para retrotraer la decisión del Poder Ejecutivo nacional.
La diputada radical, integrante de la bancada de Provincias Unidas, María Inés Zigarán, le solicitó al Poder Ejecutivo un detalle de los motivos por los cuales cerraron el Coro Nacional de Niños. Desde el Frente de Izquierda, Romina del Pla, Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño solicitaron derogar el decreto 687/2026, que disolvió el Coro Nacional.
Con iniciativas similares también se sumaron propuestas del socialista Esteban Paulón y de los peronistas Pokoik, Germán Martínez y del resto de UxP.
Mientras que, paralelamente, Nicolás Trotta (UxP) pidió por un proyecto crear el Coro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso de la Nación, como agrupación artística y formativa de carácter permanente, bajo la dependencia conjunta de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación y de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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Cierre y nuevo organismo
El pasado 30 de julio, con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, se oficializó un decreto que pone fin a una institución con décadas de historia: el Coro Nacional de Niños. Una decisión que, según se explicita, implica una adecuación de los instrumentos institucionales a través de los que el coro se desarrollaba.
Este martes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 806/2026 de la Secretaría de Cultura, que reglamenta el Programa de Formación Artística establecido en el decreto 687/2026 del Poder Ejecutivo, por el cual se decidió disolver el coro infantil creado hace 59 años.
Cultura, Diputados, coro, niños
POLITICA
El gobierno nacional cuestionó a la jueza que liberó a un ladrón de 14 años: “Le hace un daño a los argentinos”
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó a la jueza porteña Laura Beatriz de Marinis por su decisión de dictar la inconstitucionalidad del nuevo régimen penal juvenil y dejar en libertad a un menor de 14 años que había sido acusado de tentativa de robo.
“Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo”, aseguró Monteoliva en Infobae en Vivo en diálogo con los periodistas Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro.
La funcionaria recordó que la nueva ley penal juvenil fue consensuada con distintos sectores políticos en respuesta a una deuda histórica que existía sobre la cuestión.
“Estoy en total desacuerdo con esa posición, se le hace daño a los argentinos, no le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador”, puntualizó Monteoliva en Infobae a las Nueve.
Laura Beatriz De Marinis es la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes firmó una resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil, con la que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La decisión desató una oleada de reacciones políticas que incluyeron pedidos de juicio político en su contra.
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POLITICA
Discapacidad: la advertencia por una ola de juicios forzó un cambio de estrategia en el oficialismo
El frente político no fue el único factor que llevó al Gobierno a revisar su estrategia en materia de discapacidad. En el oficialismo también pesó una advertencia judicial: avanzar con una reducción de derechos y prestaciones podría multiplicar las demandas contra el Estado y trasladar a los tribunales parte del ahorro fiscal que buscaba el Poder Ejecutivo.
“Nos íbamos a llenar de juicios in aeternum por esto”, admitió a un referente libertario que sigue de cerca las negociaciones.
El aviso alcanza tanto al proyecto que el Gobierno presentó en abril en el Senado como a las derogaciones incluidas en el presupuesto 2027. “Por eso nunca se trató”, explican sobre el primero. Sobre el segundo, sostienen: “Por suerte lo podemos cambiar”.
El principal límite está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2014 tiene jerarquía constitucional en la Argentina. A ella se suman dos leyes permanentes: la 22.431, que estableció el sistema de protección integral, y la 24.901, que regula las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación.
Ese andamiaje legal obliga al Estado a garantizar los derechos reconocidos a las personas con discapacidad y vuelve especialmente sensible cualquier decisión que implique reducir prestaciones existentes.
Los cambios planteados originalmente por el Gobierno podrían, por lo tanto, ser cuestionados por los afectados y abrir una discusión judicial sobre su constitucionalidad y aplicación.
El Gobierno ya tiene un antecedente adverso. Después de que el Congreso insistiera con la ley de emergencia, Milei la promulgó, pero suspendió su ejecución hasta que el Poder Legislativo determinara de dónde saldrían los fondos. El juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y ordenó poner en marcha la norma.
El expediente se originó en un amparo colectivo presentado por familias de personas con discapacidad y derivó en sucesivas intimaciones al Poder Ejecutivo. En enero, González Charvay fijó el 4 de febrero como fecha límite para que la ley estuviera plenamente implementada. Finalmente, un día antes del vencimiento, el Gobierno la reglamentó mediante el decreto 84/2026.
El mismo magistrado ya había fijado un criterio sobre los límites del Estado para retroceder en materia de prestaciones. Al hacer lugar a una acción de amparo presentada por padres de niños con discapacidad contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad, González Charvay sostuvo que una política pública no puede contradecir las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por la Argentina si genera “un resultado regresivo incompatible con el principio de progresividad en la satisfacción de derechos fundamentales”.
Y fue más allá: “La obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles no puede subordinarse a pactos o acuerdos políticos que impliquen un retroceso de derechos”, sostuvo en aquella sentencia.
Ese antecedente también forma parte de los argumentos con los que el oficialismo busca ahora convencer a sus aliados de reemplazar la emergencia por una ley. Los libertarios sostienen que una norma extraordinaria y con plazo determinado no debería ser el instrumento para garantizar derechos.
“Queremos una ley permanente y salir de la lógica perversa de la emergencia”, resumen en el oficialismo tras un giro drástico.
Con esa premisa, el presidente de Diputados, Martín Menem, el jefe de gabinete, Diego Santilli, y la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado trabajan con los bloques aliados para acordar un texto que preserve el piso de protección y, al mismo tiempo, revise algunos criterios del sistema. Buscan un punto intermedio entre las derogaciones planteadas originalmente por el Gobierno y la continuidad de la emergencia.
A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones. “Se va a trabajar para que sea lo más justo posible”, respondió Menem tras ser consultado durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand. Ayer, como parte de la tensión que generó el tema en el oficialismo, renunció a su cargo Alejandro Vilches, secretario de Discapacidad, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Salud.
Es que a la preocupación política y fiscal que atraviesa la discusión se le suma el eje judicial. El oficialismo reconoce que el ahorro obtenido mediante la reducción de prestaciones podría terminar convertido en un costo judicial para el Estado durante años.
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POLITICA
Quién es Laura de Marinis, la jueza porteña que consideró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años
Laura Beatriz de Marinis es la jueza porteña que quedó en el medio de una fuerte controversia por la declaración de inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y el sobreseimiento a un menor de 14 años, en una causa caratulada como tentativa de robo, que derivó el pedido de juicio político de parte del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
De Marinis empezó su carrera en la Justicia en 2006, cuando todavía no se había recibido como abogada, y pasó por diversos cargos, en el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Antes de ser designada como magistrada, fue Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, que depende de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, puesto que ocupó desde 2017.
En marzo de 2023 participó de un concurso de oposición y antecedentes ante la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura, logró la calificación necesaria y el 19 de diciembre de ese año juró como jueza ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Ahora está a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de faltas N°3 de la ciudad de Buenos Aires.
A fines de 2023 dejó sin efecto la prisión domiciliaria de Carlos Manuel Andrés, el joven condenado a cuatro años y seis meses de prisión por pegarle una fuerte trompada al playero en un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat, el 19 de noviembre de 2021. El argumento de la magistrada fue que el joven tenía una tobillera electrónica que podía geolocalizarlo.
La referencia de la jueza a una canción de Lali Espósito luego de la sanción de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años
En abril, luego de la sanción de la edad de imputabilidad a 14 años, De Marinis le dio una entrevista a Lo Que No Se Dice Streaming, con referencias a la canción “No hay héroes”, de Lali Espósito.
Parte de la letra de la obra dice: “Y yo sé que ni vos sabés, que no hay héroes ni villanos, que en la guerra nadie gana, que no alcanzan las dos manos, que no siempre el malo paga”.
La jueza mencionó: “A veces el malo no siempre paga, y a veces no es justo nada”. Luego dijo: “Los jueces tenemos que trabajar con lo que la ley dice, y a veces nos colocan en esos lugares donde el malo no siempre paga. La canción es muy rica, tiene un montón de partes lindas. No sé si la vida es solo de buenos y malos”.
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