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POLITICA

Macri encabeza hoy un acto en Vicente López mientras prepara una gira de 20 días para posicionar al PRO

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El expresidente Mauricio Macri vuelve a encabezar un acto del PRO este viernes, con la intención de posicionar al partido que fundó hace 20 años rumbo a las elecciones del año que viene. Será el principal orador de un evento en Olivos y luego encarará una gira que lo llevará a Mendoza y Santa Fe.

El PRO está decidido a jugar fuerte políticamente en el 2027 y por eso busca ganar terreno en la escena pública. En este sentido, Macri es quien encabeza esta suerte de refundación del partido, que busca revalidar su identidad y sus credenciales como “garantía del cambio”.

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Es por eso que desde hace tiempo el exmandatario levantó el perfil y se muestra activo, con actos en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en el resto del país. Y este mes no será la excepción: el 22 de mayo tiene previsto aterrizar en Mendoza para otro gran encuentro y el 28 hará lo propio en CABA con legisladores. Luego, el 5 de junio visitará Santa Fe.

Mauricio Macri junto al diputado Fernando de Andreis y la vicepresidenta del PRO e intendenta Soledad Martínez. Fuente: TN-Agustina Ribó.

En cuanto al evento de este viernes, comenzará cerca de las 11, con el primer panel que lo encabezarán el diputado nacional Martín Yeza y la legisladora provincial Aldana Ahumada. Allí harán el lanzamiento de “Radar PBA”, una herramienta que “cruza tecnología con trabajo humano, en equipo”, señaló Yeza a TN.

Leé también: Diputados: LLA convocó a una sesión para bloquear eventuales pedidos de interpelación contra Adorni

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“No se puede cambiar lo que no se conoce”, enfatizó el diputado nacional. Yeza presentó distintas herramientas de este tipo en actos anteriores, donde se aplica la inteligencia artificial sobre datos públicos. En este caso, en toda la provincia de Buenos Aires.

Luego será el turno de un espacio más político, con la participación del también diputado nacional Fernando De Andreis, que es además secretario general del PRO y está a cargo de la estrategia política del partido. En ese bloque hablarán también la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el jefe de bloque en la Cámara baja, Cristian Ritondo.

Macri refuerzala identidad del PRO y le marca límites al Gobierno de Javier Milei, aunque también defiende «el cambio». (Foto: TN/Agustina Ribó)

El cierre, sobre el mediodía, estará a cargo de Mauricio Macri, donde volverá a hacer hincapié en la necesidad de “defender al cambio” pero pensar en “el próximo paso”.

Tomar distancia de LLA, sin romper

“Nuestra visión es que, por encima de cualquier diferencia, tenemos la obligación de cuidar esta oportunidad de cambio que eligieron los argentinos. Podemos tener matices o distintas miradas con el gobierno, y cuando vemos un error lo señalamos con responsabilidad”, explicaron fuentes del PRO a este medio.

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“Pero lo que no tenemos que hacer, bajo ningún punto de vista, es hacerle el juego a los que quieren que todo explote para volver al pasado”, aclararon en referencia al kirchnerismo. “Es importante cuidar la idea e intentar construir y fortalecer aún en las diferencias”, añadieron.

Por supuesto, no se trata de un apoyo incondicional: “Esto no es solo una responsabilidad del PRO, también lo es del oficialismo y de todas las fuerzas que, aun teniendo diferencias, entienden que no podemos volver atrás y echar por tierra el esfuerzo y la esperanza de millones de argentinos”.

Los referentes del PRO en la cumbre en Parque Norte, encabezada por el líder del partido, Mauricio Macri. (Foto: prensa PRO)
Los referentes del PRO en la cumbre en Parque Norte, encabezada por el líder del partido, Mauricio Macri. (Foto: prensa PRO)

La cuestión de fondo es que de uno y otro lado (PRO y La Libertad Avanza) están convencidos de que no hay manera de ganar la provincia sin el otro. Eso incluye al propio Macri, aun mientras dentro y fuera de su partido crecen las presiones para que encabece una lista el año que viene.

“No va a armar una candidatura si eso le hace ganar al kirchnerismo”, sentenció a TN un referente bonaerense. En ese sentido, sí valoró la posibilidad de posicionar al PRO en el tablero político. “Cada uno tiene que hacer su juego, pero dentro de ese marco”, expresaron.

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“Hay matices, pero no hay grandes diferencias”, explican, al mismo tiempo que aclaran: “No somos LLA, somos el PRO”. De esta manera, la estrategia que hoy gana terreno en el partido es la de fomentar candidatos en todos lados, pero preferiblemente dentro de una alianza.

Ese acuerdo político incluiría a La Libertad Avanza pero también a al menos parte de la Unión Cívica Radical.

Mauricio Macri, PRO, Elecciones

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Caos por los pliegos judiciales: Santiago Caputo quiso vetar a una candidata ligada a Cúneo Libarona, pero Karina Milei lo impidió

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Pese al intento del Gobierno de avanzar en el Senado con una tanda de acuerdos judiciales, el oficialismo volvió a quedar atrapado en sus propias disputas internas. La controversia se concentró en una candidata cuyo pliego Santiago Caputo buscó bloquear, pero su tratamiento terminó siendo avalado por Karina Milei. La pulseada derivó en una decisión de último momento: incluir en el temario la totalidad de los pliegos con dictamen y desatar un fuerte conflicto parlamentario.

El nombre en cuestión es el de Yamile Susana Bernan, postulada para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Su pliego había sido enviado por el presidente Javier Milei y contaba con despacho favorable de la Comisión de Acuerdos.

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Yamile Susana Bernan, postulante para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Captura

Sin embargo, Bernan es la esposa de quien fue jefe de Gabinete del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona (Diego Guerendiain), enfrentado con Sebastián Amerio, exviceministro de Justicia y actual Procurador del Tesoro, uno de los funcionarios más cercanos a Santiago Caputo.

Según pudo reconstruir , el conflicto comenzó durante la madrugada, cuando sectores del oficialismo intentaron modificar la nómina de candidatos que serían sometidos a votación. En la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque habían acordado tratar alrededor de 50 pliegos, aunque nunca se difundió el detalle completo de los nombres incluidos.

Juliana Di Tulio y Anabel Fernández SagastiFabián Marelli –

La falta de precisiones respondía, según distintas fuentes parlamentarias, a que el oficialismo todavía no había logrado unificar criterios sobre qué nominaciones impulsar en el recinto.

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La disputa quedó expuesta pocas horas después. El listado previsto inicialmente se amplió de manera abrupta: primero pasó de 50 a 53 candidatos y, apenas media hora antes del inicio de la sesión, ascendió a 73 pliegos.

Tanto fuentes oficialistas como opositoras atribuyeron el desorden a la interna libertaria.

De acuerdo con esas versiones, Amerio y Caputo promovían excluir a Bernan por sus vínculos con el entorno de Cúneo Libarona. En las conversaciones también apareció el nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, otro de los actores alcanzados por las tensiones entre distintos sectores del oficialismo. Caputo, indirectamente, quedó enfrentado con el presidente del máximo tribunal a raíz de los intentos fallidos de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte.

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El Gobierno impulsa el ascenso judicial de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte SupremaCaptura

La maniobra fue finalmente desactivada por Karina Milei y su entorno político. Para evitar vetos selectivos y cerrar la discusión, resolvieron incorporar al temario todos los pliegos que habían obtenido dictamen en la Comisión de Acuerdos.

Cruces en el recinto

La decisión, sin embargo, provocó una fuerte reacción en el recinto.

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“¿Qué está pasando, presidente? Los acuerdos de Labor Parlamentaria se cumplen. Si no, ¿para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria?”, protestó la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien acusó al oficialismo de incurrir en una “traición parlamentaria”.

En la misma línea se expresó el jefe del interbloque peronista, José Mayans, que reclamó respetar lo acordado previamente entre los bloques.

La propia vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia del episodio y responsabilizó a la conducción libertaria en el Senado.

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Habría que preguntarle a Bullrich. Nos somete a esta situación. Pasamos de 50 a 53 y después a 73 pliegos. No es serio. No estamos juntando caramelos en un kiosco”, respondió a al ser consultada sobre los cambios de último momento.

Más tarde, durante el intercambio con Mayans, Villarruel insistió: “En efecto se habían hablado 50 pliegos. A media hora de la sesión se empezaron a agregar y terminamos con 73, excluyendo a la jueza Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y vetada por Milei)”.

La controversia obligó finalmente a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, a solicitar un cuarto intermedio. La sesión quedó interrumpida en medio de una discusión que expuso, una vez más, las tensiones internas del oficialismo.

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avanzar en el Senado,Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Cruce en el Senado. Los K vincularon la condena a Cristina con la violencia de género y Bullrich respondió con la baja de femicidios,,Senado. Se debate la agenda de Milei, pero el conflicto por el caso Michelli sigue abierto,,Debate. El Senado sesionará este jueves, pero no tratará el caso de la candidata a jueza vetada por ser familiar de un periodista

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Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales

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El cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) graves violaciones a los derechos laborales por parte del gobierno de Javier Milei, en una presentación en la que advirtió sobre una “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales en el país.

“En la ausencia de control estatal promovida por el Gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales -dijo el sindicalista-. Esto no es “modernización laboral”, es precarización del trabajo».

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En el discurso ante la conferencia anual de la OIT, en Ginebra, Suiza, que brindó en representación de la CGT y de las dos CTA, Sola criticó en duros términos la “demolición” de décadas de consensos sociales, “todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía”.

Gerardo Martínez (a la izquierda) fue designado vicepresidente de conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La denuncia del sindicalismo argentino sostuvo que lo que ocurre en el país “no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios”, sino “el desmantelamiento sistemático” de la administración oficial de las relaciones laborales, contrario a los convenios internacionales a los que adhirió la Argentina.

Uno de los ejes exclusivos del texto fue la acusación directa al propio Javier Milei de una voluntad explícita de “destruir al Estado”, citando su declaración de verse a sí mismo como un “topo” encargado de destruirlo “desde adentro” y de considerar “la justicia social como una aberración, como el cáncer de la Argentina”.

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El discurso efectuado ante la OIT apuntó especialmente a la violación del Convenio 150, que establece los parámetros para la administración del trabajo y exige estructuras estatales con legitimidad social, autonomía y recursos suficientes. Para la CGT y las dos CTA, la transformación del Ministerio de Trabajo en una Secretaría fue la “primera señal inequívoca” de la orientación oficial: “No es sólo una cuestión de organigrama, es una degradación funcional profunda”, señalaron, agregando que al diluir la cartera entre áreas tan dispares como salud y educación, “se ha diluido su capacidad de influencia y coordinación”.

Jorge Sola criticó en la OIT la “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales en la Argentina

La reducción de estructuras estatales, el despido de personal especializado y la “liquidación de capacidad técnica operativa acumulada durante años”, forman parte según los sindicatos del mismo proceso de debilitamiento. Se denunció que, a partir de la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164), los empleados estables del Estado pueden ser cesados “a criterio discrecional” si se considera que existe un “exceso en la dotación óptima”: “Estamos ante la legalización de la inestabilidad en el corazón del Estado”, dijo Sola durante su discurso.

El otro gran eje señalado es el modo en que el Ejecutivo, según los gremios, desplazó el diálogo social y parlamentario para “imponer unilateralmente una agenda de reformas regresivas”. Según la exposición sindical, el DNU 70/23 representó una de las transformaciones laborales más profundas desde el retorno democrático y fue la antesala de las leyes de Bases y Modernización Laboral (Leyes 27.742 y 27.802). Agrega que estas normas, que los sindicatos califican de “paradigma flexibilizador”, fueron diseñadas e impulsadas sin consulta ni diálogo genuino con los actores sociales. Se argumenta que esto contradice los principios del Convenio 144, basado en la participación tripartita (Estado, empleadores y trabajadores).

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En ese sentido, la intervención gremial destaca la respuesta de la propia Comisión de Expertos de la OIT, que fue “clara: las reformas de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos de consulta con las organizaciones representativas”. A diferencia de ese principio, sostienen que en la Argentina “el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición”.

La CGT, en una de las marchas contra la reforma laboral ante el Congreso

Sola denunció “un patrón sistemático de ataques legales y administrativos a los sindicatos y profesionales del Estado”. Un caso que mencionó fue la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó la reforma laboral el mismo día de inicio de la conferencia de la OIT, lo que interpretó como una muestra de “hostilidad” del Gobierno, con “excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución Nacional, vulnerando nuevamente el convenio 150”.

Además, cuestionó la aplicación de “sumarios administrativos, multas millonarias a gremios como La Fraternidad y UTA por ejercer el derecho de huelga» y mencionó el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyas elecciones fueron anuladas por la Justicia, que nombró un interventor al frente del gremio.

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En el plano del control estatal, se denunció la “aniquilación” del sistema de inspección del trabajo, citando a los informes de la OIT sobre la “insuficiencia crítica de inspectores”, en especial en el sector agrícola, donde “la fiscalización es casi inexistente, dejando a los trabajadores rurales en un vacío de control absoluto”.

Gerardo Martínez, líder de la CGT, y el director general de la OIT, Gilbert Houngbo

La presentación de Sola fue más allá del área laboral y enumeró “el desmantelamiento de áreas clave para el entramado social productivo”. En ese sentido, el dirigente destacó la reducción del 29% de empleados del Estado nacional centralizado desde 2023 hasta febrero de 2026, aclarando que el mayor impacto recae en organismos clave para la protección social.

Enseguida ejemplificó la situación en distintos sectores. En el CONICET, principal organismo científico, dijo que se denunciaron “más de 4000 puestos de trabajo perdidos” y la suspensión de ingresos de investigadores, lo que paraliza su funcionamiento. La interrupción de la inversión en obra pública y la afectación de organismos tecnológicos como el INTI y el INTA también forman parte del cuadro, con “cientos de técnicos” puestos a disponibilidad y la “desarticulación” de programas industriales y agropecuarios.

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La degradación del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, el despido masivo de personal en la Secretaría de Derechos Humanos (44% de la plantilla), la eliminación del Ministerio de la Mujer (con el 85% del personal desafectado) y el “desfinanciamiento crítico” de la universidad pública —que, según Sola, implicó pérdidas salariales de más del 40% para el sector universitario— fueron otras aristas del diagnóstico sindical.

El gobierno de Javier Milei fue denunciado por la CGT y las dos CTA ante la conferencia de la OIT, en Ginebra, Suiza (Foto: Luis Robayo/AFP)

En materia previsional y de protección de personas con discapacidad, el cotitular de la CGT también advirtió sobre un “deterioro deliberado” de los sistemas de cobertura, la “no actualización” de haberes y el desfinanciamiento de las prestaciones clave.

Sola denunció, además, la “política de criminalización del conflicto social” por parte del Ministerio de Seguridad, señalando la resolución 943/2023 y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos durante protestas. Planteó que esta conducta implica una “clara violación a la libertad sindical y el derecho de huelga” reconocidos internacionalmente en el Convenio 87 de la OIT.

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Para Sola, mientras que desde el Gobierno no haya una “rectificación inmediata del rumbo y no se restablezca el diálogo social auténtico”, las organizaciones sindicales recurrirán “a todas las instancias de denuncia por incumplimiento de los convenios 87 y 98”, tras lo cual dijo que “la defensa de la dignidad laboral es una causa irrenunciable que sostendrán en la calle y ante organismos internacionales”.

Roberto Baradel, representante de la CTA de los Trabajadores ante la IT (Foto: Gustavo Gavotti)

Por su parte, en representación de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA) denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Durante su intervención, Baradel reclamó que la OIT inste al gobierno argentino a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social tripartito y garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo del Salario, en cumplimiento de los Convenios 81, 129 y 150. “La justicia social no es una aberración como sostiene el presidente de la Argentina; es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la unidad y la lucha de la clase trabajadora”, sostuvo.

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El Gobierno echó a Ricardo Echegaray de ARCA tras ser condenado por administración fraudulenta

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El gobierno de Javier Milei determinó este jeuves el cese de acciones de Ricardo Echegaray en la Aduana, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que el funcionario fuera condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Según el documento al que pudo acceder , Etchegaray fue notificado este jueves a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIM).

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El organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado dispuso así la desvinculación del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cristina Kirchner y que llevaba más de 30 años dentro de la administración pública.

La condena

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La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el 5 de marzo último la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron de manera unánime el recurso interpuesto por la defensa de Echegaray y dejaron firme la condena.

El exfuncionario había sido sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

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La Justicia lo encontró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada, cometida en perjuicio de la administración pública.

La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.

El pasado marzo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a la empresa petrolera argentina Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.

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El juicio

Los entonces accionistas de la compañía Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos en ese proceso. El fallo permanece en estudio de la Corte Suprema de Justicia y el organismo ya indicó, en una sentencia anterior, que se debe revisar esa decisión.

El exfuncionario fue sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta “violación a la garantía de imparcialidad” por parte de los magistrados del tribunal oral y asegurar que habían valorado de forma doble su cargo como máxima autoridad de la AFIP para agravar la pena.

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Al haber quedado firme la condena, el único camino que le queda al ahora exfuncionario para evitar cumplir la pena de prisión es acudir a la Corte Suprema de Justicia y solicitar un recurso extraordinario o una queja. En el caso de que ambos sean rechazados, deberá ir a la cárcel.

Echegaray fue condenado a 4 años y 8 meses de prisiónArchivo

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