El oficialismo logró aprobar esta madrugada el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar gran parte de su iniciativa original. No se trató la ley de Tierras y, con el debate ya avanzado, se retiró también el capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.

Eso motivó pases de facturas. Terminado el debate, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, dijo que seguramente hubieran aprobado la ley completa si la hubieran tratado antes del mundial, pero que el caso Adorni se los impidió. No podían sesionar porque corrían el riesgo de que el Senado avanzara contra el entonces jefe de Gabinete, acorralado por las sospechas sobre su crecimiento patrimonial. También molesto, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch, en pleno debate, acusó de los recortes a los “tibios del medio”, que es el universo donde el Gobierno encuentra a sus aliados. Los culpó de no haber aceptado, por su “ignorancia”, votar la ley completa.

“El show mediático, el statu quo, la presión de la izquierda más rabiosa, la ignorancia de los tibios del medio nos lleva hoy lamentablemente a no poder votar este capítulo tercero, que es para los argentinos”, dijo el senador.

Se quejaba de haber tenido que dejar fuera la reforma que atenuaba límites a la venta de tierras a extranjeros. Aunque ya se sabía desde el miércoles a la tarde, el retiro de este capítulo se hizo oficial ayer, en el inicio del debate. Cayó por la pérdida de apoyos en la oposición dialoguista como consecuencia de la presión política y social que suscitó el tema en las últimas dos semanas y que se tradujo en la marcha ante el Congreso que concluyó con incidentes.

El Mundial y Adorni

En una entrevista con TN en la puerta del Congreso, con la sesión ya terminada, Patricia Bullrich aludió a los problemas que tuvieron para avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y dijo que, si se hubiera tratado antes, se hubiera aprobado completo.

“Durante meses fue muy importante que cada vez que se hablaba de algo, se hablaba de Adorni; después vino el Mundial”, afirmó Bullrich. Consultada si frenaron la actividad del Senado por miedo a que la Cámara avanzara contra el entonces jefe de Gabinete, respondió: “No fue el miedo. Fue una cuestión institucional. Considerábamos que no podíamos permitir una interpelación. Tenía que tomarse una determinación, pero no era la interpelación”. Bullrich se diferenciaba entonces del Gobierno porque se quejaba del costo político que les estaba implicando sostener a Adorni, cada vez más complicado en la Justicia.

“Seguramente se hubiera aprobado. Con la ley de tierras, con todo”, se lamentó Bullrich esta madrugada.

Benegas Lynch vs. Di Tullio

La senadora peronista Juliana Di Tullio sostuvo ayer, en el recinto, que Benegas Lynch no debía participar del debate de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por ser el dueño de una empresa que gestiona la venta de tierras extranjeras.

Benegas Lynch le respondió: “El capítulo tres no se va a votar hoy. La senadora hizo la presentación a sabiendas de que no se iba a votar. Pero por supuesto, esta es la vieja política”, se quejó.

El senador dijo que la iniciativa de Di Tullio debía ser rechazada y agregó: “Si no, apliquemos el criterio contrario y veamos dónde llega: que se abstenga el que tiene empleados cuando votamos modernización [laboral]; el que exporta, cuando votamos un tratado, no podría legislar. Si alguno de ustedes exporta algún producto, sean aceitunas o sea lo que sea, no podrían votar esto. Ni a favor ni en contra”, dijo el libertario, que ironizó: “Acá muchos venimos del sector privado… miro la banca opositora y no estoy muy seguro de eso”.

Joaquín Benegas Lynch es director de una empresa que se dedica a gestionar ventas de tierras a extranjeros en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. La firma se llama Glocal Terra, y el senador es su fundador y director, según consta en la página de internet (íntegramente en inglés) de la empresa. Glocal Terra ofrece a sus clientes inversiones y cotizaciones de tierras.

“Actuando en nombre y bajo la dirección de propietarios de tierras residentes en el extranjero, supervisamos explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elaboramos informes con observaciones actualizadas y propuestas de solución”, indica la firma que dirige el senador Benegas Lynch.

SANTA FE.- En un fallo de trascendencia institucional, política y económica para esta provincia, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional el tope a las jubilaciones de los estatales locales y, por otro, validó los aportes solidarios que en septiembre dejará de ser aplicado para activos y pasivos.

Sobre este último tema, resolvió que los demandantes tienen 30 días para adecuar su pretensión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Las resoluciones, que contaron con votaciones divididas de cuatro contra tres, marcan un precedente clave en el territorio santafesino para la normativa que afecta a trabajadores activos y pasivos.

El Ejecutivo santafecino, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, respondió con rapidez. El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, cuestionó los fallos señalando que “podemos decir que es una sentencia que en la facultad debería enseñarse como lo que no se debe hacer. Es injusta; es una sentencia donde los jueces no tuvieron prurito, ni aplicaron principios de ética ni moral porque fallaron en causa propia. Cuatro ministros de los 7 fallaron por sus intereses personales”, subrayó el funcionario.

Según trascendió, la estrategia jurídica que impulsará el gobierno local será definida por la Fiscalía de Estado y el gobernador, pero igualmente Boasso opinó que no es inapelable, sino recurrible.

El secretario hizo hincapié en una diferenciación: la mayoría falló en favor de la inconstitucionalidad del tope “que los alcanza a ellos”, pero el tema del aporte lo enviaron al Contencioso Administrativo “con un juicio ordinario que puede durar cuatro años seguro. ¿Por qué no enviaron también el tope al Contencioso?”, se preguntó.

En tanto, desde la Secretaría de Seguridad Social se explicó que el fallo sobre el tope a las jubilaciones “no hará explotar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, ya que el fallo refiere a alrededor de 50 personas de los distintos poderes del Estado que cobran más de 20 jubilaciones mínimas”.

Boasso concluyó que a su criterio “hubo desconocimiento de la seguridad social” ya que “su principio básico es la solidaridad. No hay justicia en la sociedad sin seguridad social. Y esta fue una reforma que el gobierno encaró para salvar el sistema previsional altamente deficitario que iba a trasladarse a Anses para cobrar magros haberes previsionales”, aseguró.

El dictamen

El fallo del máximo Tribunal santafecino dio respuesta a las demandas presentadas por distintos sectores. En el caso del tope jubilatorio, el camino judicial fue impulsado por Elena Virgina Ramón, camarista penal.

Al respecto, la Ley de Emergencia Previsional de la provincia de Santa Fe establecía que el límite iba a ser equivalente a 20 jubilaciones mínimas, impidiendo que cualquier pasivo ganara por encima de ese monto. Antes de la norma las jubilaciones más altas superaban a las mínimas hasta en 30 veces, generando una brecha significativa.

Ante este reclamo, la Corte consideró inconstitucional el tope que fijaba la ley, el cual funcionaba como una especie de restricción a la movilidad del haber de jueces e integrantes del Poder Judicial.

En otro orden, el aporte solidario, un recorte aplicado a los salarios de activos y a los haberes de pasivos para disminuir el déficit de la Caja de jubilaciones, fue cuestionado por una docente jubilada –Gladys Noemí Lisi–. En este aspecto, el máximo tribunal entendió que el amparo no era la vía correspondiente y se ordenó a los reclamantes acudir al fuero contencioso administrativo en un plazo de 30 días.

Debe señalarse que ambas resoluciones se definieron por un ajustado margen. Los ministros Eduardo Spuler, Rubén Weder y Rafael Gutiérrez votaron a favor de la inconstitucionalidad tanto del tope como del aporte solidario. Quien definió las mayorías fue Roberto Falistocco: votó por la inconstitucionalidad del tope fijo junto al primer grupo, pero se sumó a la rosarina Margarita Zabalza, Daniel Erbetta y Jorge Baclini para determinar que el reclamo por los aportes debía ir a la vía administrativa.