El debut del plan de lucha de la CGT no fue lo que muchos imaginaban como inicio de la nueva etapa de ofensiva contra el Gobierno. Los sindicatos no movilizaron mucha gente, faltó la mayoría de los líderes cegetistas y los que estuvieron ante el Congreso no se quedaron más de media hora protestando por los reclamos de los jubilados.

Pareció casi el símbolo de un desganado regreso a la protesta de la CGT: había amagado con replicar el esquema a la francesa de paros y movilizaciones por un tiempo prolongado, como el que atormentó a Emmanuel Macron en 2023, y terminó en una versión light, sin huelgas sectoriales y rotativas, sólo basado en marchas callejeras a lo largo de 2 meses, con una amenaza de un quinto paro general que hoy parece muy difuso.

Para este desteñido debut del plan de lucha, para colmo, la CGT se asoció a expresiones duras del sindicalismo como las dos CTA, la UTEP (el sindicato de los movimientos sociales) y otras organizaciones aliadas que, contrariamente a lo que se preveía, no mostraron este miércoles en la calle toda su capacidad de movilización.

La columna principal de la CGT y las CTA estaba encabezada sólo por dos de los tres cotitulares cegetistas y algunos sindicatos estaban representados por no más de 20 o 30 militantes. Los manifestantes de Camioneros, liderados por Pablo Moyano y Marcelo Aparicio, eran alrededor de 1000. La UOM Capital, encabezada por Roberto Bonetti, movilizó unas 400 personas.

Desde temprano, uno de los jefes del sector dialoguista de la CGT se preocupó por aclarar a Infobae que la presencia sindical en la calle iba a ser “testimonial” porque se trata de una marcha que “siempre está copada por la izquierda”. “Sólo vamos a acompañar el reclamo de los jubilados, pero en las marchas que vienen vamos a movilizar con toda nuestra fuerza”, aseguró.

Lo que viene, hasta ahora, será el 7 de agosto con la movilización a la Iglesia de San Cayetano, en Liniers, y ese mismo mes tendrá lugar una marcha ante el Ministerio de Economía o el Banco Central en rechazo del endeudamiento familiar y de las pymes. En esos días, además, sí podría llevarse a cabo un paro nacional docente, proyectado por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT y con el apoyo de CTERA y otros sindicatos del sector. Y tampoco se descarta que haya otras medidas de fuerza de gremios en conflicto.

Pero, hoy, el horizonte del quinto paro general contra Javier Milei es cada vez más lejano. Lo reconocen directivos de la CGT fuera de los micrófonos, aunque insisten en una aclaración: “Al paro general hay que construirlo”. Una forma de aludir a la necesidad de ir acumulando adhesiones de distintos sectores sociales no sindicalizados para que la paralización de actividades sea contundente. Muchos admiten que el último paro general, del 19 de febrero pasado, no fue muy bueno.

Cuando nadie los escucha, algunos dirigentes ponen en duda de que sus bases acaten disciplinadamente otro paro general. Aunque palpan malestar porque los salarios no terminan de alinearse con la inflación y el consumo cayó en forma pronunciada, son conscientes de que los trabajadores no quieren resignar el pago de un día de trabajo o el presentismo, y, además, crece el miedo a perder el empleo si adhieren a una medida de fuerza.

Por eso apuestan a ir midiendo el clima social en cada una de las protestas callejeras que se irán sumando al cronograma diseñado por la CGT y las CTA antes de definir si concretan un paro general de 24 o 36 horas.

La raleada presencia sindical en la marcha de los jubilados, aseguran en la CGT, no tiene que ver con el canal de diálogo que se reabrió con el Gobierno en las últimas semanas y que permitió rectificar los límites a la caja sindical a través del flamante decreto 612.

“Esa fue una barbaridad del sector más duro del gabinete, piloteado por Federico Sturzenegger, y aceptaron corregirla porque ocasionó una oleada de cautelares en favor de los sindicatos, pero ese sólo es uno de los temas que nos preocupan”, dijo un dirigente de peso.

De todas formas, la misma fuente admitió que la predisposición del ala política del Gobierno a solucionar los problemas que generó la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral en el financiamiento de los gremios les da la esperanza de conseguir respuesta positiva a muchos de sus reclamos sectoriales.

El poder que Karina Milei le dio como jefe de Gabinete a Diego Santilli, quien, a su vez, se apuntala tanto en los Menem (Martín y Lule) como en Santiago Caputo, es una de las claves que, para la CGT, explican por qué hallaron una receptividad oficial superior a la que existía.

Pero, al mismo tiempo, los sindicalistas creen que esa mayor predisposición al diálogo de la administración libertaria sólo responde a la necesidad de buscar consensos políticos y asegurar la paz social para lograr la reelección de Javier Milei en 2027. Y se preparan para sacar provecho de esta etapa en la que la Casa Rosada deberá cerrar acuerdos con los gobernadores y con la CGT, según esperan, para seguir en el poder.

Mientras tanto, utilizarán el plan de lucha como ariete para ejercer presión sobre el Gobierno, pero sin romper una relación que en estos días volvió a encaminarse y con un ojo (o bastante más) puesto en cómo diseñar una alternativa política para frustrar la reelección de Milei.

El líder mapuche había sido declarado prófugo en febrero de 2022; la justicia federal de Bariloche inicio comunicaciones con los tribunales chilenos para formalizar el pedido de captura internacional

30 de enero de 202313:298‘minutos de lectura

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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A casi un año de que la Justicia chilena lo declarara prófugo, Facundo Jones Huala fue detenido esta madrugada en el barrio La Esperanza, de El Bolsón, durante un operativo de la Policía de Río Negro. La gobernadora Arabela Carreras contó que se encontraba “en estado de ebriedad” y que una vecina alertó a las autoridades cuando el hombre pretendía refugiarse en una casa para que los efectivos no lo hallaran.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) estaba escondido en el quincho de una casa de ese barrio, a menos de 3 kilómetros de la plaza principal de esa localidad rionegrina. La detención se produjo a las 4 de la mañana y las autoridades informaron que Jones Huala se encontraba bajo los efectos del alcohol, vestido con pollera de jean. Así se lo puede ver en las imágenes del primer traslado. Ya en la comisaría se lo observa con otra vestimenta.

Además, desde el gobierno provincial indicaron que se está trabajando “de manera articulada con la Justicia Federal y con la Justicia Ordinaria respecto a pasos procesales a seguir” para atender al requerimiento de la justicia chilena. Tampoco descartan que sea imputado por distintos cargos en causas provinciales.

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Jones Huala presenta vigente una alerta azul de Interpol, destinada a conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal. “Actualmente el Juzgado Federal de Bariloche mantiene comunicaciones con el Juzgado de origen Chile que emitió la alerta, para que en el término de 4 horas informe si transformará la misma en alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición”, informaron.

Según informaron a desde el Poder Judicial de Chile, para que avance la extradición al país trasandino hay una serie de pasos a cumplir. Primero, el Ministerio Público de Chile debe solicitar en el Juzgado de Río Bueno la extradición de Jones Huala; en segundo lugar, el Juzgado de Río Bueno debe aprobar esa solicitud y enviarla al tribunal superior de la región, que es la Corte de Apelaciones de Valdivia; en tercer lugar, ese tribunal de Valdivia tiene que aprobar la solicitud y enviar los antecedentes a la Cancillería chilena para que tramite el pedido ante los tribunales argentinos. En Chile, las extradiciones no tienen intervención política, por lo que la Cancillería trasandina solo actúa como “correo” y debe designar a un abogado en la Argentina para que represente al Estado chileno.

El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, aseguró este lunes que ya se iniciaron los trámites para solicitar la extradición de Facundo Jones Huala, informó el diario El Mercurio.

“En Río Negro mantenemos la firme convicción de que no toleramos delitos, ni abusos de armas o agresiones hacia las personas y los bienes”, señaló esta mañana la gobernadora Carreras, en declaraciones a Radio Seis. “Es para destacar la tarea que tuvo el Ministerio de Seguridad nacional con el operativo en Villa Mascardi y también la jueza y la fiscal federal, manteniendo la orden de captura respecto de las personas que están cometiendo estos delitos. De esta manera, logramos aunar criterios para tener estos resultados”, añadió la mandataria.

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La ministra de Seguridad rionegrina, Betiana Minor, estableció los tiempos que corren desde la captura de Jones Huala para que pueda ser extraditado a Chile. “No tiene pedido de captura internacional. Para eso, Chile debe elevar el nivel de alerta de azul a rojo y solicitar la extradición”, afirmó la funcionaria en declaraciones al diario Río Negro. Puntualizó que el activista de la RAM no tiene causas abiertas en la Argentina y precisó: “Tenemos un plazo corto de 24 horas por los delitos ordinarios, pero, para sostener la detención, necesitamos que Chile pida la extradición”.

Según Minor, el Juzgado Federal de Bariloche tomó contacto con el juzgado que interviene en la causa Jones Huala en Chile y le pidió que se expida en un plazo de cuatro horas. El jefe de la RAM está detenido en una dependencia policial en Río Negro, aunque el lugar exacto no se identificó para preservar su seguridad y el proceso que puede derivar en su extradición al país trasandino.

La Fiscalía de Chile emitió un comunicado en el que explicitó el interés de la Justicia chilena en lograr la extradición de Jones Huala. “Las autoridades chilenas confirmaron, a través de los canales internacionales pertinentes, que existe interés en extraditar al Sr. Jones Huala, cuya finalidad es que cumpla la condena que le fuera impuesta por su participación en calidad de autor de los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal. Cabe hacer presente que pesa sobre el requerido una orden de detención, dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno”, se informó en el comunicado. “La Fiscalía de Chile, a través de su Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones [Uciex] y la Fiscalía Local de Río Bueno, se encuentra trbajando en solicitar la extradición del Sr. Jones Huala a la mayor brevedad posible”, se añadió.

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En 2018, Jones Huala fue condenado a nueve años de prisión por provocar un incendio y por portación ilegal de armas. Los delitos fueron cometidos en 2013 en la estancia Pisu Pisué, en la Región de Los Ríos. Tras permanecer en una cárcel del sur de Chile, el 21 de enero de 2022 recibió la libertad condicional de parte de la Corte de Apelaciones de Temuco. A principios de febrero pasado, la Corte Suprema de Chile revocó ese fallo.

Desde el 11 de febrero de 2022, cuando fue declarado prófugo de la Justicia chilena, hubo múltiples versiones sobre su paradero. En octubre pasado, su madre, María Isabel Huala, indicó a que no hablaba con su hijo desde marzo del 2020: “Si alguien lo vió y tiene las pruebas, sabrán lo que tendrán que hacer”.

Las especulaciones en cuanto al paradero del líder mapuche fueron muchas en todo este tiempo, con sospechas de que podía encontrarse en la Patagonia argentina luego de no ser encontrado cuando la Corte Suprema de Chile decidió rechazar su excarcelación y que volviera a la cárcel de Temuco para completar los seis años de prisión que pesan sobre él.

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Algunos vecinos de Villa Mascardi habían incluso denunciado que el líder de la RAM se escondía en los predios tomados sobre la ruta 40. “Lo vi en Pascua. Está refugiado en el lugar más seguro de la Argentina, ninguna fuerza se anima a entrar a Villa Mascardi”, afirmó hace unos meses Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal y dueño de la cabaña La Cristalina.

Tras ser declarado en fuga, la Policía en conjunto con el Ministerio de Seguridad provincial habían encarado distintos operativos para buscarlo, con unidades especiales y personal de la Brigada de Investigaciones. “En la jornada de hoy, dichos esfuerzos rindieron sus frutos”, aseveraron desde el gobierno rionegrino en un comunicado oficial. Ahora coordinan con la Justicia Federal y la Justicia ordinaria para ver cómo serán los próximos pasos, con el líder mapuche ya detenido.

“Actualmente Facundo Jones Huala presenta vigente una alerta azul de Interpol destinada a conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal. El Juzgado Federal de Bariloche mantiene comunicaciones con el Juzgado de Origen Chile que emitió la alerta, para que en el término de cuatro horas informe si transformará la misma en alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición”, precisa la nota de prensa.

También refiere que en el marco de una causa provincial podría ser imputado por distintos cargos.

A fines del año pasado, fuentes vinculadas a la Justicia chilena decían que a Jones Huala se lo había “tragado la tierra” y reconocían que no había indicios concretos de su paradero, aunque existía una fuerte versión de que estaba en la Argentina. “Lo más probable es que no se encuentre en el país hace meses y que haya cruzado la frontera en un paso no habilitado”, le decían a desde Chile, mientras intensificaban los controles en la Cordillera.

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Paz García Pastormerlo,LA NACION,Política

Con la actividad en el Congreso todavía a media marcha, a pesar de los intentos del oficialismo para impulsar diferentes proyectos, el Gobierno busca distintas alternativas para poder avanzar con las reformas que considera prioritarias, aunque no termina de consensuar una estrategias con los aliados y las negociaciones continúan trabadas en ambas Cámaras del recinto.

La mesa política libertaria se reunió el martes pasado en la Casa Rosada para definir los próximos pasos en materia parlamentaria de cara al 6 de agosto, cuando los legisladores volverán a trabajar tras el receso invernal.

Tal como detalló Infobae, en ese encuentro se acordó que las modificaciones de la Ley de Inocencia Fiscal y de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) serán los primeros objetivos.

Sin embargo, en esa oportunidad ya se habló también de otras dos iniciativas que fueron pensadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que ya generaron debate interno.

Uno de ellos es un texto que recién se está redactando y que no se envió aún al Congreso, el cual plantea una serie de flexibilizaciones para sectores como farmacias, inmobiliarias y navegación, entre otros.

La discusión surgió porque, uno de los artículos que aparecía en el borrador que circuló en la Cámara de Diputados, establecía otorgarle nuevamente facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para que pueda implementar varios de estos cambios directamente por decreto.

El título X de la norma proponía declarar “la emergencia pública en materia administrativa y de competencia en los mercados por el plazo de seis (6) meses”, período durante el cual el Gobierno iba a tener que, paralelamente, informarle a los legisladores “trimestralmente“ el uso de este permiso constitucional.

Para justificar la aplicación una vez más de esta herramienta, el articulado fija como directrices centrales “eficientizar el funcionamiento de los mercados”, “promover la libre competencia contra toda forma de distorsión” y “favorecer la asignación eficiente de los recursos públicos”.

Asimismo, se ponía como eje ”reducir las obligaciones o cargas que las personas humanas o jurídicas privadas deban cumplir” y a “eliminar las facultades u obligaciones que las normas de rango legal vigentes atribuyan o impongan” a los organismos estatales cuando estas constituyan “restricciones que afecten el desarrollo de actividades económicas en condiciones de libre competencia”.

En el plano operativo, el proyecto facultaba al Ejecutivo a “modificar o derogar las normas de rango legal” que establezcan diversos tipos de trabas regulatorias, tales como “barreras de entrada o de salida” que generen “monopolios, oligopolios o mercados concentrados de manera artificial”.

Del mismo modo, habilitaba la revisión de “regímenes de precios mínimos, máximos, sugeridos o de referencia, bandas de precios o márgenes de utilidad”, y de cualquier “obligación de uso, preferencia o integración de productos, componentes, insumos o servicios de origen nacional, provincial o municipal”, alcanzando inclusive a las “restricciones, autorizaciones, permisos o condicionamientos de cualquier tipo que restrinjan la libre circulación interjurisdiccional de bienes y servicios”.

Sin embargo, cuando se conoció este apartado, las autoridades nacionales se encargaron de aclarar, enfáticamente, que se trata de una idea que estaba totalmente descartada.

“Ni siquiera está cerrado. Aún se están puliendo varios puntos del texto. Se está trabajando mucho con las distintas áreas“, señalaron en el entorno de Sturzenegger.

La posibilidad de tener facultades delegadas, como el Congreso le otorgó en 2024, a través de la ley bases, fue rechazada por el propio presidente Javier Milei, que internamente negó esa chance.

No obstante, los propios aliados, al enterarse del borrador que estaba circulando por la Cámara, habían planteado su malestar al respecto.

“¿Para qué quieren facultades delegadas? Si venían sacando todas las leyes que necesitaban. Ahora se les trabó el Senado, pero los proyectos venían saliendo. Además, ?a dos años y medio de gestión quieren? No, a dos años y medio ya no se les da facultades delegadas”, remarcó el referente de uno de los bloques que más acompaña a La Libertad Avanza.

En cuanto a la ampliación de la inocencia fiscal, el mismo diputado opinó que “antes de lo de Manuel Adorni ya tenía los votos garantizados, pero ahora puede que se les complique“.

Por otra parte, también generó polémica el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también diseñado por Sturzenegger, que no obtuvo consenso con los otros espacios por, principalmente, el artículo que facilita la venta de tierras a extranjeros.

La jefa de la bancada del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, acordó postergar el tratamiento hasta el 6 de agosto para evitar que todo el texto fuera rechazado.

Así lo explicó la propia ex ministra de Seguridad en la reunión de la mesa política, aunque también lo conversará personalmente con el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

La cita ya está establecida para este mismo martes por la tarde y se espera que la senadora plantee que, por lo menos, haya cambios sobre ese punto.

“Es un encuentro interno. El temario básicamente es la propiedad privada, pero es posible que vayan a ver también los otros temas que él tiene en carpeta”, explicó una persona cercana a Bullrich.